## 1. PIMA puntuaciones detalladas (tarsa2025075-source-pdf)

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### Resumen ejecutivo — Hallazgos principales
- La inversión pública del gobierno general fue en promedio de 3 por ciento del PIB desde los años 2000s.  
- El stock de capital público es alrededor de 40 por ciento del PIB.  
- Colombia tiene una brecha de eficiencia de un 50 por ciento según la metodología del FMI para evaluar la eficiencia de la inversión pública.  
- El gasto de capital como porcentaje del gasto público total ha disminuido un 6 por ciento desde el auge petrolero de 2014.  
- El gasto público rígido es ahora más de 80 por ciento del total.  
- El gobierno central es responsable del 30 por ciento del gasto de capital total; los gobiernos subnacionales desempeñan un papel importante.  
- Las transferencias hacia entes extrapresupuestales podrían ser equivalentes a un año de gasto de capital del gobierno central (monto exacto desconocido).

### I. Evolución y niveles de inversión pública
- Promedios por década:
  - Años 2000s: 2,5 por ciento del PIB.  
  - Años 2010s: 3,5 por ciento del PIB en promedio.  
  - Desde 2020: en promedio menos de 2,5 por ciento del PIB.  
- Comparaciones y stocks:
  - Stock de capital público en 2019: 38 por ciento del PIB.  
  - Stock de capital APP en 2019: 6,5 por ciento del PIB.  
  - Inversión privada estabilizada alrededor de 18 por ciento (post-2008).  
  - Inversión anual actual en acciones climáticas: 0,16 por ciento del PIB.  
  - Inversión anual requerida según estrategia de Financiamiento Climático (2022): 1,2 por ciento del PIB.  
  - Estimación Banco Mundial de inversión necesaria hasta 2050: US$92 mil millones.

### II. Composición y financiación de la inversión pública (2020-2024)
- Distribución funcional 2020-2024:
  - 39 por ciento a infraestructura económica.  
  - 45 por ciento al sector social.  
  - 5 por ciento a defensa, seguridad y justicia.  
- Gobiernos subnacionales y transferencias:
  - Más de la mitad del gasto de capital ejecutado por gobiernos departamentales y municipales en últimos cinco años.  
  - Transferencias SGP estimadas para 2022-2026: 269 billones de pesos (casi un cuarto del gasto de inversión total).  
  - Reforma aprobada a finales de 2024: casi doblará esas transferencias en los próximos 14 años.  
  - Transferencias SGR estimadas 2022-2026: 47 billones de pesos (alrededor de 4 por ciento del gasto de capital).  
  - Total PPI: 1.155 billones de pesos (Plan Plurianual de Inversiones 2023, SGISE – DNP).  
- Otros canales y estimaciones:
  - Inversión en empresas públicas: menos de 10 por ciento del total.  
  - Inversión con financiación internacional: 1 por ciento del total.  
  - Obligaciones estimadas en 2023 en 30 fondos extrapresupuestales: 3 832 billones de pesos (Observatorio Fiscal, Universidad Javeriana).  
  - Saldo de transferencias a entes extrapresupuestales según Contraloría: 24 billones de pesos.  
  - Estimación gasto comprometido en fondos extrapresupuestales en 2023: equivalente al 11 por ciento del total del gasto de inversión en el PGN.

### III. Eficiencia e impacto de la inversión pública
- Brecha de eficiencia:
  - Brecha estimada: 50 por ciento; sugiere que, con el mismo gasto, los beneficios casi podrían duplicarse.  
- Acceso y calidad:
  - Colombia por debajo de promedios de ALC y economías emergentes en acceso a infraestructura (2017-2019) y percepción de calidad (Índice Global de Competitividad).

### IV. Instituciones y gobernanza de la inversión pública
- Fortaleza institucional en diseño > efectividad práctica.  
- Evaluación PIMA por instituciones/fases: planificación, asignación, ejecución.  
- MFMP y reglas fiscales:
  - Límites deuda gobierno central: sostenibilidad 71 por ciento del PIB; ancla prudencial 55 por ciento (Art. 60° Ley 2155 de 2021 y Ley 1473 de 2011).  
  - Niveles deuda Gobierno Central: 60 por ciento (2021), 57,7 por ciento (2022), 53,8 por ciento del PIB (2023) (Fuente: MFMP 2024).  
  - Suma de entidades sujetas a reglas fiscales > 75 por ciento del gasto del gobierno general.  
  - Limitación: MFMP no distingue gasto corriente y de capital; no proyecta gasto de inversión detallado (límite en MGMP).

### V. Planificación nacional y sectorial (Institución: Media; Efectividad: Media; Prioridad: Media)
- PND 2022-2026 y PPI 2022-2026: marco estratégico, pero:
  - Ninguno de PPI, PES o PEI identifica grandes proyectos con costos; no es posible evaluar coherencia proyecto–plan.  
  - PPI muestra espacio fiscal estimado del MFMP 2022-2026: 1.155 mil millones de pesos (distribuido entre pilares sin desglose).  
- Recomendaciones prioritarias:
  - Presentar proyectos estratégicos con sus costos por prioridad en PPI, PES y PEI.  
  - Incluir estimaciones generales de costos para lograr metas de productos de inversión.  
  - Agregar columna de costo indicativo por meta en PPI.

### VI. Coordinación entre entidades (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad: Alta)
- Hallazgos:
  - No se exige publicación conjunta de planes central y subnacional; coordinación práctica limitada a proyectos compartidos.  
  - Montos previstos en transferencias notificados con poca antelación; recursos anunciados no coinciden con distribuido.  
  - SGR: ejecución ~50 por ciento en últimos bienios.  
- Recomendaciones (prioridad alta):
  - Fortalecer coordinación nacional–subnacional; considerar mesas de coordinación en calendario presupuestario.  
  - Capacitación y asistencia técnica a GSN; comunicar recursos con mínimo 6 meses de antelación.  
  - Incluir en MFMP declaración de riesgos fiscales que cubra pasivos contingentes de empresas públicas y GSN.

### VII. Evaluación y selección de proyectos (Fortaleza institucional: Alta; Efectividad: Baja; Prioridad: Alta)
- Hallazgos:
  - Metodologías ex ante existen (MGA) pero en la práctica análisis se realiza a nivel de proponentes y programas agregados; no hay publicación ni revisión externa sistemática a nivel de proyecto.  
  - Metodología estándar no distingue gestión de proyectos grandes vs pequeños ni inversión social vs infraestructura.  
- Recomendación prioritaria:
  - Definir y clasificar proyectos (grandes vs pequeños; social vs infraestructura) y desarrollar guías de gestión diferenciadas.

### VIII. Presupuestación plurianual y PIP (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad: Alta)
- MGMP:
  - Proyecciones del gasto de inversión a 4 años; desagregadas inversión/funcionamiento solo a nivel agregado.  
  - En las últimas vigencias, apropiaciones de gasto de inversión del PGN se desviaron en promedio > 20 por ciento del primer año del MGMP.  
- Recomendaciones:
  - Implementar un PIP plurianual anexo al PGN: lista de proyectos con costo total, lo pagado, lo que queda por pagar, duración, fuente de financiamiento y VF.  
  - Publicar proyecciones plurianuales de gasto de inversión por sector y ministerio.  
- Recomendación principal (prioridad alta): elaborar anualmente un PIP con columnas y datos por proyecto tal como se detalla (identificador, costos totales, año terminación, VF otorgadas, proyecciones N+1 a N+4, etc.).

### IX. Cobertura y unidad del presupuesto (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad: Alta)
- Hallazgos:
  - Marco jurídico permite gasto extrapresupuestario significativo sin rendición sistemática en PGN.  
  - SGR representa 16,6 por ciento de los gastos de inversión del PGN en 2023.  
  - 153 entidades extrapresupuestarias registradas por FMI (STA).  
  - Gasto extrapresupuestal no documentado: 9,5 billones = más del 11 por ciento del PGN en 2023 para 30 fondos.  
  - 30 proyectos con información individual sobre VF en MFMP; categoría “otros” representa la mitad del monto de las VF en 2025.  
  - Número total proyectos presupuestados para 2025: 1   059.  
- Recomendaciones (prioridad alta):
  - Inventario de entes extrapresupuestales; marco armonizado de supervisión; anexo presupuestario al PGN sobre entes extrapresupuestales; integrar inversión y gasto recurrente en programas presupuestarios; presupuestar costos recurrentes de proyectos y revisión por DGPPN.

### X. Presupuestación de las inversiones y herramientas AC-AP
- Hallazgos:
  - No se requiere documentar costo total de proyectos al inicio; sí se requiere informar VF otorgadas.  
  - Dispositivos de protección (VF, reservas presupuestarias) existen; sin embargo, en 2024 Gobierno disminuyó un 9 por ciento las asignaciones de inversión durante la vigencia.  
  - En enero 2025: aplazamiento de asignaciones de 12 billones (4,4 billones relativos a gastos de inversión).  
- Práctica internacional sugerida: régimen francés de autorizaciones de compromiso (AC) y de pago (AP) como herramienta para mejorar trazabilidad y credibilidad plurianual.  
- Recomendaciones:
  - Incorporar costo total de proyectos y cronogramas de pagos en documentación presupuestaria; considerar AC-AP.

### XI. Información sobre costos totales y compromisos plurianuales
- Prioridad: alta.  
- Ejemplo de programación (valores tal como presentados):
  - Funcionamiento: AC 20, AP 20, AC 20, AP 20, AC 20, AP 20, AC 20, AP 20, AC 20, AP 20, Total 100, 100.  
  - Inversión: 150 100 2 000 550 0 1 000 350 600 0 250 2 500 2 500.  
  - Total: 170 120 2 020 570 20 1 020 370 620 0 270 2 600 2 600.  
- Evolución del costo y duración (valores exactos):
  - Costo total en mil millones: Inicialmente 2 100; Actualizado 2 600; Desviación en % +23,81.  
  - Duración total en meses: Inicialmente 48; Actualizado 60; Desviación en % +100,00.  
- Recomendación: documentar cada año las VF otorgadas por proyecto y explicar cambios entre ediciones del PIP.

### XII. Recursos para mantenimiento (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad: Media)
- Hallazgos:
  - Manuales de mantenimiento sectoriales existen pero no obligan a presentaciones presupuestarias basadas en metodologías.  
  - MHCP presenta montos residuales asignados a mantenimiento; mezcla de construcción, mejoramientos y mantenimiento sin discriminar.  
  - No existe asignación presupuestaria específica y sistemática para mantenimiento rutinario ni para mantenimiento de capital.  
- Recomendación (prioridad media):
  - Incluir en documentación al Congreso cuadros consolidados de gasto para mantenimiento corriente y mantenimiento de capital por ministerio y análisis de suficiencia.

### XIII. Selección de proyectos y registro BPIN/PIIP
- Hallazgos:
  - Planes listan más proyectos de los que pueden financiarse; selección no priorizada.  
  - DNP revisa programas grandes pero no proyectos concretos cuando están agrupados; requisito BPIN solo para proyectos financiados por PGN y APP.  
- Reformas recomendadas (prioridad alta):
  - Guiar selección con criterios publicados y metodología de priorización; registrar grandes proyectos concretos agrupados en programas en PIIP y verificar viabilidad.

### XIV. Contratación pública (Fortaleza institucional: Baja; Efectividad: Baja; Prioridad: Alta)
- Hallazgos y datos (preservados tal cual):
  - 2024: 43 por ciento de la compra pública registrada ha sido contratada directamente y solo 28 por ciento ha resultado de modalidades competitivas.  
  - Contratación bienes de capital y grandes contratos 2024: 57 por ciento modalidad competitiva.  
  - Entre 2020 y 2024 (según SECOP, montos): 32 por ciento mediante modalidades competitivas; 38 por ciento contratación directa; 30 por ciento regímenes especiales.  
  - Entre 2020 y 2024 (número de contratos): 9 por ciento modalidades competitivas; 64 por ciento contratación directa; 26 por ciento regímenes especiales.  
  - Cobertura SECOP estimada: entre 38 por ciento y 44 por ciento del universo de contratación de bienes y servicios.  
  - Cuadro por año (monto total contratado registrado 2020–2024):
    - régimen especial: 37% 28% 37% 22% 29%  
    - contratación directa: 35% 43% 31% 39% 43%  
    - contratación competitiva: 28% 29% 33% 40% 28%  
  - Monto bienes de capital contratados 2024: régimen especial 24%; contratación directa 18%; contratación competitiva 57%.  
  - Monto de los 5% más grandes contratos 2024: régimen especial 26%; contratación directa 16%; contratación competitiva 57%.  
- Problemas SECOP y supervisión:
  - SECOP I vs SECOP II; cobertura limitada; SECOP I solo publicidad; SECOP II transaccional.  
  - ANCP no cuenta con facultades sancionadoras ni mandato para intervenir en regímenes especiales; ausencia de mecanismo administrativo independiente de reclamos bajo supervisión ANCP.  
- Reformas propuestas (prioridad alta):
  - Publicar informes analíticos periódicos; revisar documentos-tipo para promover competencia; ampliar facultades de ANCP (supervisión, sanción, registro reclamaciones); extender SECOP-II para todo ciclo de contratación y todo universo de contratación.

### XV. Disponibilidad de recursos y gestión de caja (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad: Alta)
- Hallazgos y riesgos:
  - PAC requerido pero pagos no se libran según previsiones.  
  - Promedio últimos tres años: 25,7 por ciento de la apropiación definitiva para inversión comprometida pero no pagada (por tensiones de caja).  
  - Rezago presupuestario inversión al final de 2024: 41 por ciento de la apropiación definitiva (creciente desde 17 por ciento en 2022 y 20 por ciento en 2023).  
- Cuadro rezago (2022–2024):
  - 2022: Reserva presupuestal $11.1b (15.9%); Cuentas por pagar $0.5b (0.8%); Rezago $11.6b (16.7%)  
  - 2023: Reserva presupuestal $15.6b (18.7%); Cuentas por pagar $0.6b (0.8%); Rezago $16.2b (19.5%)  
  - 2024: Reserva presupuestal $35.9b (39.5%); Cuentas por pagar $1.2b (1.3%); Rezago $37.1b (40.8%)  
- Entes con liquidez fuera CUN:
  - APP viales: 10 billones de pesos fuera de la CUN.  
  - CGR cifra saldo de transferencias a entes extrapresupuestales en 24 billones de pesos.  
- Recomendaciones (prioridad alta):
  - Contener reservas presupuestarias y mejorar previsión de efectivo; registrar devengo oportuno; inventario exhaustivo de cuentas fuera de CUN y reexaminar perímetro de la CUN; reglas para gestión de tesorería.

### XVI. Gestión y supervisión de cartera y PIIP (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad: Alta)
- Hallazgos:
  - DNP monitorea mensualmente pero sin enfoque específico sobre grandes proyectos ni análisis de portafolio.  
  - PIIP inaugurada en 2023; no todas entidades informan oportunamente; no interfaz automatizada con SIIF; PIIP no alerta sobre desviaciones ni monitorea portafolio agregado.  
  - Ejecución financiera de los dos últimos ejercicios inferior a 75 por ciento (según MapaInversiones).  
  - Evaluaciones ex post no requeridas; decreto 1082/2015 remitió lineamientos no elaborados.  
- Recomendaciones (prioridad alta):
  - Interfaz PIIP–SIIF para datos financieros en tiempo real; sistema de alertas por desviación; DNP que publique informes trimestrales sobre desempeño de proyectos prioritarios; lineamientos y realización de evaluaciones ex post para grandes obras.

### XVII. Gestión de la ejecución de proyectos y auditoría (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Media; Prioridad: Media)
- Hallazgos:
  - La mayoría de sectores elabora planes de ejecución y nomina gestores; DNP no ha elaborado lineamientos para planes de ejecución.  
  - Reglas para modificaciones existen; si cambio de alcance requiere crear nuevo proyecto.  
  - CGR audita proyectos pero realiza pocas auditorías de desempeño (< 1 de cada 10 proyectos auditados anualmente).  
- Recomendación (prioridad media):
  - Elaborar normas centrales de supervisión de proyectos para aplicación homogénea y garantizar calidad de supervisión.

### XVIII. Monitoreo de activos públicos y contabilidad (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Media; Prioridad: Media)
- Hallazgos:
  - Cada ente debe registrar activos fijos; CGN no tiene acceso directo ni controla calidad de registros.  
  - CGN consolida cuentas de 350 entes contables; modelo contable NICSP 17 en base de costo histórico menos depreciación.  
  - Tasas de amortización consolidadas: 1,5 por ciento para PPE y 2.5 por ciento para bienes de uso público (promedio).  
- Recomendación institucional prioritaria:
  - Centralizar registros de activos o requerir acceso sistemático; guías para duración de vida y tasas de depreciación por tipo de activo; reforma prioridad media.

### XIX. Evaluación C-PIMA (Cambio Climático) — resultados clave
- C1 Planificación climática: Fortaleza institucional: Media; Prioridad de reforma: Media.  
  - CDN 2020 reflejada en PND 2022-2026 y PES/PEI; no existen guías centralizadas para preparación y costeo de estrategias de inversión climática.  
- C2 Coordinación entre entidades: Fortaleza institucional: Baja; Prioridad de reforma: Media.  
  - SISCLIMA y foros existen; decisiones de inversión pública no se coordinan con enfoque climático; empresas públicas no obligadas a alinear inversiones climáticas con políticas nacionales.  
- C3 Evaluación y selección: Fortaleza institucional: Media; Prioridad de reforma: Alta.  
  - APP asignan riesgos climáticos y priorizan activos resilientes; no hay metodología estándar que exija análisis climático ex ante; cambio climático no es criterio de priorización en PGN.  
- C4 Presupuestación y gestión de cartera: Fortaleza institucional: Baja; Prioridad de reforma: Alta.  
  - No hay requisito formal para identificar gasto de inversión relacionado con cambio climático en el presupuesto; MRV no utilizado por todos los ministerios ni distingue gasto corriente/inversión.  
- C5 Gestión del riesgo: Fortaleza institucional: Media; Prioridad de reforma: Alta.  
  - PNGRD 2015–2030 actualizado 2024 publicado; no identifica riesgos asociados al cambio climático que afectan activos y redes de infraestructura pública de forma integral; mecanismos ex-ante existen (Fondo Nacional de Gestión de Riesgos; CAT DDO con BM) pero sin partida presupuestaria dedicada a rehabilitación/reconstrucción.

### XX. Integración del clima en proyectos y riesgos fiscales
- Exposición y vulnerabilidad:
  - Índice de Riesgo Mundial 2025: Colombia quinto entre 193.  
  - En últimos 20 años, desastres provocaron daños físicos > US$3 000 millones.  
  - 86 por ciento de los activos expuestos a dos o más amenazas naturales.  
  - Energía hidroeléctrica: 70 por ciento de la electricidad.  
- Riesgos fiscales y pasivos contingentes:
  - MFMP menciona pasivo contingente estimado para 2024: 4,4 por ciento del PIB total, subdividido en: 2,9 por ciento por terremoto; 1 por ciento por inundaciones; 0,3 por ciento por sequías.  
  - No hay requerimiento de análisis de riesgos fiscales relacionados con el cambio climático para activos de infraestructura.  
- Recomendaciones prioritarias C-PIMA:
  - Formalizar etiquetado del gasto climático en cartas de comunicación de cuota; habilitar informes vinculados al gasto de inversión en PGN; auditorías de desempeño sobre adaptación y mitigación; metodología de estimación de costos de mantenimiento con dimensión climática; inventario integrado de infraestructura vital con exposición/vulnerabilidad.

### XXI. Definición de inversión pública, proyectos y niveles de gestión
- Definición amplia en Colombia: incluye gastos de capital y gastos corrientes (educación, salud, transferencias).  
- Recomendación implícita:
  - Revisar concepto de inversión pública o diferenciar inversión de capital y social dentro del gasto de inversión.  
- Gestión por nivel de proyecto:
  - Actual: enfoque a programas agregados; falta información a nivel de proyecto en MGA y PIIP.  
  - Recomendación: gestionar a nivel de proyecto; registrar cada proyecto en MGA y PIIP y asignar BPIN propio cuando aplique.

### XXII. Sistemas de información e interconexiones
- Sistemas principales y funciones (resumen):
  - MHCP: SIIF (SIIF Nación), Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías.  
  - DNP: MGA, PIIP (inaugurada 2023), SUIFP (histórico), SPI, Mapa Inversiones.  
  - ANCP: SECOP-I (publicidad), SECOP-II (transaccional).  
- Deficiencias:
  - Falta de interfaces automatizadas SIIF–DNP; PIIP no actualizado en tiempo real; SECOP-II no cubre todo ciclo; coexistencia SECOP-I y SECOP-II; datos históricos no migrados.  
- Prioridades:
  - Extender SECOP-II a todo ciclo y universo de contratación; vincular PIIP–SIIF; migrar información histórica; exigir registro completo y obligatorio.

### XXIII. Plan de acción 2025–2027 (síntesis)
- Se presenta plan con seis reformas de prioridad alta y ocho de prioridad media; unidades responsables y calendarización entre 2025 y 2027.  
- Ejemplos de acciones de prioridad alta (2025–2027) y responsables:
  - Establecer órganos de coordinación entre niveles de gobierno y publicar conjuntamente proyectos (DNP/MHCP).  
  - Revisar concepto legal de inversión pública y publicar criterios específicos de selección y priorización, incluyendo criterio climático (DNP).  
  - Requerir registro de todos los proyectos en MGA y PIIP; análisis de riesgo de desastres y cambio climático en evaluación ex-ante (DNP).  
  - Desarrollar programas presupuestarios y lineamientos para presupuestar costos recurrentes de proyectos; anexar al PGN un Programa de inversión pública con listado de proyectos y VF (DNP, DGPPN).  
  - Establecer etiquetado del gasto relacionado con el cambio climático en el SIIF (MHCP/DNP).  
  - Inventario y marco armonizado para EEP; reexaminar perímetro de la Cuenta Única Nacional (CUN) (DNP, DGCPTN).  
  - Publicar informes analíticos periódicos sobre contratación y competitividad (ANCP); reforzar supervisión y normativa de contratación pública (ANCP, SIC).  
  - Desarrollar interfaz PIIP–SIIF para automatizar datos financieros y publicar informes trimestrales sobre desempeño de proyectos prioritarios (DNP).

### XXIV. Recomendaciones de prioridad alta (principales seis)
- Fortalecer coordinación nacional–subnacional para programación de proyectos e integrar enfoque climático; mejorar gestión financiera subnacional para acelerar ejecución.  
- Categorizar proyectos de inversión pública (capital vs social; grandes vs pequeños) para mejorar informes y adaptar procesos, incorporando enfoque climático.  
- Perfeccionar estructura programática y presentación plurianual del gasto de capital en el presupuesto (incluyendo enfoque climático); integrar capital y recurrente; etiquetar gasto público climático en SIIF.  
- Fortalecer marco de supervisión de entes extrapresupuestales ejecutores de proyectos (EEP): inventario y reglas armonizadas.  
- Fortalecer Colombia Compra Eficiente (ANCP) para asegurar contratación competitiva y disponer de información completa y analítica sobre compras públicas.  
- Mejorar transparencia de ejecución presupuestaria y crear monitoreo exhaustivo del avance físico-financiero vía PIIP, incluyendo enfoque climático, para producir datos financieros fiables e informes analíticos.

*Informe de Asistencia Técnica, Fondo Monetario Internacional — tarsa2025075-source-pdf*

### 1. PIMA puntuaciones detalladas ____________________________________________________ 74

### 1. PIMA puntuaciones detalladas

### Secciones incluidas
- 1. PIMA puntuaciones detalladas ____________________________________________________ 74
- 2. C-PIMA puntuaciones detalladas __________________________________________________ 75
- 3. Coherencia estrategias nacional y sectoriales, y climáticas ______________________________ 76

*Fuente: https://www.imf.org/-/media/files/publications/tar/2025/spanish/tarsa2025075-source-pdf.pdf*

### 4. Coherencia estrategias nacional y sectoriales, y climáticas ______________________________ 77

### 4. Coherencia estrategias nacional y sectoriales, y climáticas

### Resumen ejecutivo — Hallazgos principales
- La inversión pública del gobierno general fue en promedio de 3 por ciento del PIB desde los años 2000s.  
- El stock de capital público es alrededor de 40 por ciento del PIB.  
- Colombia tiene una brecha de eficiencia de un 50 por ciento según la metodología del FMI para evaluar la eficiencia de la inversión pública.  
- El gasto de capital como porcentaje del gasto público total ha disminuido un 6 por ciento desde el auge petrolero de 2014.  
- El gasto público rígido es ahora más de 80 por ciento del total.  
- El gobierno central es responsable del 30 por ciento del gasto de capital total; los gobiernos subnacionales desempeñan un papel importante.  
- Las transferencias hacia entes extrapresupuestales podrían ser equivalentes a un año de gasto de capital del gobierno central (monto exacto desconocido).

### Fortalezas institucionales identificadas
- Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) publicado y técnicas avanzadas de evaluación y selección de proyectos.  
- Procesos de presupuestación plurianual que protegen la inversión.  
- Sistemas rigurosos para Asociaciones Público-Privadas (APP).  
- Consolidación de la presupuestación por programas que integra gastos de inversión y funcionamiento en 2025.  
- En el módulo C-PIMA: planificación coherente con la Contribución determinada a nivel nacional (CDN) 2020 y normas de planificación urbana y de construcción que consideran riesgos climáticos; riesgos incorporados en contratos de APP; mecanismos financieros para rehabilitación en caso de desastres naturales.

### Principales retos y deficiencias en efectividad
- Descoordinación compleja del gasto de capital entre nivel central y subnacional, amplificada por múltiples fuentes de financiamiento.  
- Uso de entes ejecutores extrapresupuestales que afecta transparencia y manejo de caja; un tercio del gasto extrapresupuestario no se documenta en detalle.  
- Reglas de ejecución que permiten uso extensivo del rezago presupuestal, retrasando el registro oportuno del devengo presupuestario.  
- Marco de contratación pública que no garantiza competencia efectiva; cobertura limitada de la base de datos SECOP; problemas en la supervisión de reclamaciones.  
- Dificultades para el seguimiento consolidado del avance físico-financiero de proyectos a través de los distintos canales de inversión; la PIIP no provee informes globales ni alertas.  
- Falta de identificación del gasto en mantenimiento en el PGN y ausencia de metodologías sistemáticas para estimar necesidades de mantenimiento, incluida la dimensión climática.

### Evaluación C-PIMA (módulo Cambio Climático) — puntos clave
- C1 Planificación para el cambio climático: Medio. CDN 2020 reflejada en PND 2022-2026 y PES/PEI; no existen guías centralizadas para preparación y costeo de estrategias de inversión climática.  
- C2 Coordinación entre entidades: Bajo. Directrices y foros (SISCLIMA) existen, pero decisiones de inversión pública no se coordinan con enfoque climático; empresas públicas no están obligadas a alinear inversiones climáticas con políticas nacionales.  
- C3 Evaluación y selección de proyectos: Medio. APP asignan riesgos climáticos y priorizan activos resilientes, pero no hay metodología estándar que exija análisis climático en evaluación ex-ante; el cambio climático no es criterio de priorización en el PGN. (Prioridad de reforma: Alta)  
- C4 Presupuestación y gestión de cartera: Bajo. No hay requisito formal para identificar gasto de inversión relacionado con cambio climático en el presupuesto; no se requieren evaluaciones ex post sobre resultados climáticos. (Prioridad de reforma: Alta)  
- C5 Gestión del riesgo: Medio. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres publicado; existen mecanismos de financiamiento ex-ante; no hay requerimiento de análisis de riesgos fiscales asociados al cambio climático para activos de infraestructura.

### Resultados PIMA (síntesis de Cuadro 0.A)
- Diseño legal/reglamentario (fortaleza institucional) generalmente mejor que efectividad práctica.  
- Fortalezas relativas en planificación y asignación presupuestaria temprana: objetivos y reglas fiscales (Alta fortaleza institucional), evaluación de grandes proyectos (Alta), presupuestación plurianual (Media).  
- Dificultades graves en implementación: contratación (Baja fortaleza institucional y Baja efectividad), disponibilidad de recursos y gestión de caja (Media fortaleza institucional y Baja efectividad), gestión y supervisión de cartera de inversión (Media/Baja), monitoreo de activos públicos (Media/Media).

### Recomendaciones de prioridad alta (principales seis)
- Fortalecer la coordinación entre el nivel nacional y subnacional para la programación de proyectos, integrando el enfoque climático, y mejorar la gestión de las finanzas públicas al nivel subnacional para acelerar la ejecución de inversión.  
- Categorizar proyectos de inversión pública (distinguir inversión de capital y social; distinguir proyectos grandes y pequeños) para generar mejores informes analíticos y adaptar procesos de gestión y evaluación, incorporando un enfoque climático.  
- Perfeccionar la estructura programática y la presentación plurianual del gasto de capital en el presupuesto (incluyendo enfoque climático), integrar gasto de capital con gastos recurrentes y etiquetar gasto público climático en el SIIF.  
- Fortalecer el marco de supervisión de los entes extrapresupuestales ejecutores de proyectos (EEP), comenzando por un inventario de esos entes y sus cuentas, y examinar la posibilidad de reglas armonizadas.  
- Fortalecer el ente rector Colombia Compra Eficiente para asegurar contratación pública competitiva y disponer de información completa, transparente y analítica sobre compras públicas.  
- Mejorar la transparencia de la ejecución presupuestaria y crear un monitoreo fiable y exhaustivo del avance físico-financiero de los proyectos a través de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), incluyendo el enfoque climático, para producir datos financieros fiables e informes analíticos.

### Plan de acción 2025–2027 (síntesis)
- El informe presenta un plan de acción con seis reformas de prioridad alta y ocho de prioridad media, con identificación de unidades responsables y acciones concretas calendarizadas entre 2025 y 2027.  
- Ejemplos de acciones de prioridad alta (2025-2027) y responsables:
  - Establecer órganos de coordinación entre niveles de gobierno y publicar conjuntamente proyectos (DNP/MHCP).  
  - Revisar el concepto legal de inversión pública y publicar criterios específicos de selección y priorización, incluyendo criterio climático (DNP).  
  - Requerir el registro de todos los proyectos en MGA y PIIP; análisis de riesgo de desastres y cambio climático en evaluación ex-ante (DNP).  
  - Desarrollar programas presupuestarios y lineamientos para presupuestar costos recurrentes de proyectos; anexar al PGN un Programa de inversión pública con listado de proyectos y VF (DNP, DGPPN).  
  - Establecer etiquetado del gasto relacionado con el cambio climático en el SIIF (MHCP/DNP).  
  - Inventario y marco armonizado para EEP; reexaminar perímetro de la Cuenta Única Nacional (CUN) (DNP, DGCPTN).  
  - Publicar informes analíticos periódicos sobre contratación y competividad (ANCP); reforzar supervisión y normativa de contratación pública (ANCP, SIC).  
  - Desarrollar interfaz PIIP–SIIF para automatizar datos financieros y publicar informes trimestrales sobre desempeño de proyectos prioritarios (DNP).

### Acciones de prioridad media (selección)
- Distinguir gasto corriente y de capital en proyecciones del MFMP y analizar riesgos fiscales, incluyendo climáticos (MHCP).  
- Publicar declaración de riesgos fiscales que cubra pasivos contingentes de empresas públicas y GSN (MHCP).  
- Presentar grandes proyectos estratégicos con sus costos por prioridad de planes estratégicos para confrontar espacio fiscal con necesidades (DNP, Ministerios sectoriales).  
- Desarrollar metodología de estimación de costos de mantenimiento de activos incorporando dimensión climática y asignar recursos al mantenimiento (DNP).  
- Elaborar registros centralizados de activos o requerir acceso sistemático a sistemas de registro; guías para duración de vida y tasas de depreciación (CGN).

*Informe de Asistencia Técnica, Fondo Monetario Internacional*

### 1. La inversión pública del gobierno general en Colombia aumentó durante la década de

### 1. La inversión pública del gobierno general en Colombia aumentó durante la década de

### I. Evolución y niveles de inversión pública
- La inversión pública del gobierno general fue en promedio de 2,5 por ciento del PIB en los años 2000s.
- Incrementó significativamente hasta el 3,5 por ciento del PIB en promedio en los años 2010s.
- Desde 2020, la inversión pública —en promedio menos de 2,5 por ciento del PIB— ha sido más baja que en los años 2010s.
- En la última década, el nivel de inversión pública de Colombia convergió con el promedio de la OCDE, pero era un tercio más bajo que el nivel promedio de los países de América Latina y el Caribe (ALC) y de economías de mercado emergentes.
- La inversión del sector privado duplicó entre 2000 y 2007, para después estabilizarse alrededor de 18 por ciento después de la crisis financiera mundial de 2008.
- Desde 2020 la inversión privada se mantuvo por debajo de su nivel antes de la pandemia.
- El stock de capital público de Colombia era equivalente a 38 por ciento del PIB en 2019, aproximadamente la mitad del nivel alcanzado en la región y en otras economías de mercado emergentes.
- El stock de capital per cápita de Colombia está por debajo de pares regionales.

### II. Composición y financiación de la inversión pública (2020-2024)
- Distribución funcional de la inversión pública en 2020-2024:
  - 39 por ciento a infraestructura económica (transporte, minas y energía, trabajo, agricultura y desarrollo rural).
  - 45 por ciento al sector social (inclusión social y reconciliación, educación, vivienda, ciudad y territorio, igualdad y equidad, salud y protección social).
  - 5 por ciento a defensa, seguridad y justicia.
  - El restante a otros sectores como servicios generales.
- Gobiernos subnacionales:
  - En los últimos cinco años, los gobiernos departamentales y municipales ejecutaron más de la mitad del gasto de capital.
  - Transferencias estimadas del Sistema General de Participaciones (SGP) para financiar casi un cuarto del gasto de inversión pública total en 2022-2026 (269 billones de pesos).
  - A finales de 2024, el Congreso aprobó una reforma que casi doblará esas transferencias en los próximos 14 años.
  - Transferencias del Sistema General de Regalías (SGR) estimadas en alrededor de 4 por ciento del gasto de capital en 2022-2026 (47 billones de pesos).
  - NB: total del PPI de 1.155 billones de pesos (Plan Plurianual de Inversiones 2023, SGISE – DNP).
- Otros canales de inversión:
  - Inversión en empresas públicas: menos de 10 por ciento del total.
  - Inversión con financiación internacional: 1 por ciento del total.
  - Un estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana estima obligaciones de 3 832 billones de pesos en 2023 en 30 fondos extrapresupuestales; la Contraloría General de la República cifra el saldo de las transferencias a entes extrapresupuestales en 24 billones de pesos.
  - Estimación de gasto comprometido en fondos extrapresupuestales en 2023 equivalente al 11 por ciento del total del gasto de inversión en el PGN.
- Asociaciones público-privadas (APP):
  - Ley de APP de 2012 y promoción de APP aumentaron la inversión vía APP desde 2015, especialmente en transporte y energía.
  - El stock de capital de APP en 2019 fue de 6,5 por ciento del PIB.

### III. Eficiencia e impacto de la inversión pública
- Acceso y calidad (datos 2017-2019 y series históricas):
  - En acceso a infraestructura en educación, salud y electricidad (2017, 2018, 2019), Colombia se situaba por debajo de los promedios de ALC y de las economías emergentes.
  - La percepción de la calidad de la infraestructura tuvo su punto más alto a inicios de los años 2010, pero en 2006-2017 se situaba por debajo de los promedios de pares (Índice Global de Competitividad).
- Brecha de eficiencia:
  - Según la metodología del FMI que compara indicadores de calidad percibida y medidas de acceso con el stock de capital público, el puntaje híbrido de Colombia está significativamente por debajo de la frontera de eficiencia.
  - Esa brecha de eficiencia de la inversión pública se estima en un 50 por ciento, lo que sugiere que, con el mismo gasto, los beneficios casi podrían duplicarse.

### IV. Instituciones de gestión de la inversión pública y planificación fiscal
- Evaluación general (metodología PIMA):
  - Se evaluaron quince instituciones de gestión de la inversión pública, divididas en tres fases: planificación, asignación y ejecución.
  - La evaluación se basa en leyes, reglamentos, lineamientos, prácticas del país y el cuestionario PIMA; incluye reuniones con partes interesadas y revisión de datos y documentos.
  - La fortaleza institucional en gestión de la inversión pública está por encima de su efectividad en la práctica.
  - En diseño institucional Colombia muestra sólida institucionalidad comparada con la región y otras economías de mercado emergentes; la efectividad está por debajo del promedio de ALC y otras economías de mercado emergentes.
- Objetivos y reglas fiscales (institución PIMA 1):
  - Fortaleza institucional: Alta; Efectividad: Media; Prioridad de reforma: Media.
  - Límites de deuda:
    - Artículo 60° de la Ley 2155 de 2021 y Ley 1473 de 2011 fijan límite de deuda del gobierno central para garantizar sostenibilidad en 71 por ciento del PIB y ancla de deuda (prudencial) en 55 por ciento.
    - Los gobiernos subnacionales (GSN) tienen límites de endeudamiento según Ley 358 de 1997; indicadores de sostenibilidad (deuda/ingresos corrientes) y solvencia (intereses/ahorro operacional) guían capacidad de contratar nueva deuda.
    - El nivel de deuda del Gobierno Central fue 60 por ciento (2021), 57,7 por ciento (2022) y 53,8 por ciento del PIB (2023) (Fuente: MFMP 2024).
    - La deuda pública de los GSN ha estado por debajo de su capacidad de pago en los últimos tres años; según Informes de Viabilidad Fiscal (IVF) 2021-2023, solamente 1 o 2 de los 63 GSN incumplían la capacidad de endeudamiento.
  - Reglas fiscales permanentes efectivas:
    - Existe una regla fiscal para las cuentas del gobierno central definida a partir de un valor mínimo del balance primario neto estructural en función del nivel de deuda neta observado en la vigencia anterior (artículo 5° de la Ley 1473 de 2011, modificado por artículo 60° de la Ley 2155 de 2021).
    - El MFMP para entidades territoriales debe contener metas de superávit primario.
    - En los GSN existe un techo de gasto según la categoría del GSN sobre los gastos operativos (funcionamiento).
    - La suma de las entidades sujetas a reglas fiscales supera el 75 por ciento del gasto del gobierno general.
    - Estas reglas fiscales son generalmente respetadas.
  - Limitaciones del MFMP:
    - El MFMP no distingue entre gasto corriente y de capital y, por lo tanto, no informa las asignaciones en los documentos presupuestarios.
    - El MFMP incluye proyecciones de gasto primario e intereses para el año en curso, el año siguiente y las diez vigencias siguientes, pero no proyecta el gasto de inversión (este límite está en el Marco de Gasto de Mediano Plazo, MGMP).
    - El MFMP se publica en agosto con los agregados, pero no puede servir de límite de referencia al MGMP con gasto desagregado ya que se aprueba en julio.

*https://www.imf.org/-/media/files/publications/tar/2025/spanish/tarsa2025075-source-pdf.pdf*

### 17. La inclusión de más información sobre la trayectoria plurianual del gasto de inversión en

### 17. La inclusión de más información sobre la trayectoria plurianual del gasto de inversión en

### Reforma propuesta al MFMP
- La inclusión de más información sobre la trayectoria plurianual del gasto de inversión en el MFMP es una reforma de prioridad media.
- Seria pertinente reformar el MFMP para que establezca la proyección del gasto de inversión (capital), de manera que la estimación del espacio fiscal para gasto de inversión determine la presupuestación en el mediano plazo y para el ejercicio siguiente.

### 2. Planificación nacional y sectorial (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Media; Prioridad de reforma: Media)
- Hallazgos:
  - La inversión pública debe guiarse por estrategias o planes nacionales y sectoriales que establezcan prioridades, estimaciones de costes y objetivos claros y realistas para cada sector.
  - El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 (expedido por la Ley 2294 de 2023) proporciona un marco estratégico para el desarrollo nacional bajo cinco pilares e incluye el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) 2022-2026.
  - Cada ministerio tiene un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022–2026 alineado con el PND y el PPI, y coherente con su Plan Estratégico Sectorial (PES).
  - Ninguno de esos planes identifica grandes proyectos de infraestructura en los grandes sectores (educación, energía, salud, transporte), por lo que no es posible evaluar la coherencia entre proyectos financiados y planes estratégicos.
  - Ni el PPI, ni los PES o PEI incluyen información sobre el costo de proyectos o de logro de los productos o metas.
  - El PPI muestra el espacio fiscal para inversión pública estimado en el MFMP 2022-2026 en un monto total de 1.155 mil millones de pesos, con fondos desde varias fuentes (PGN, SGP, SGR, recursos propios territoriales, empresas públicas, y donantes). Esta financiación total se distribuye entre los pilares del PND sin más desglose.
  - Los PEI 2022-2026 incluyen objetivos cuantificables para productos y resultados alineados a cada pilar del PND; los indicadores de productos y resultados se usan sistemáticamente en la documentación de proyecto, incluidas las fichas publicadas en MapaInversiones.
  - El DNP utiliza los indicadores para: i) elaborar un informe anual de seguimiento "Balance de resultados del PND" y el Informe anual al Congreso de la República; ii) disponer para consulta pública la información de avance en el cumplimiento al PND; iii) desarrollar espacios interinstitucionales entre DNP y los ministerios sectoriales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia).
- Recomendaciones y prioridades:
  - Mejorar la planificación estratégica es una reforma de prioridad media.
  - Presentar los proyectos estratégicos de infraestructura con sus costos por cada prioridad en los planes PPI, PES y PEI para confrontar el espacio fiscal con las necesidades de inversión en infraestructura.
  - Incluir estimaciones generales de los costos para lograr las metas de productos de inversión en infraestructura.
  - En el PPI, agregar a la tabla de indicadores de segundo nivel por sector una columna sobre el costo indicativo para cada meta.

### 3. Coordinación entre entidades (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad de reforma: Alta)
- Hallazgos:
  - Se evalúa la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales y si el gobierno central utiliza un sistema transparente basado en reglas para realizar transferencias de capital a los gobiernos subnacionales.
  - No se requiere la publicación conjunta de planes de inversión del gobierno central y subnacional, aunque se coordinan de hecho los proyectos de responsabilidad compartida o con cofinanciación.
  - El marco normativo no tiene reglas operacionales ni un requerimiento institucional para una presentación conjunta de los planes de gasto de inversión de ambos niveles de gobierno; la concertación se limita a programas y proyectos de responsabilidad compartida o de cofinanciación.
  - Existen ejemplos de coordinación, pero los proyectos no se presentan conjuntamente ni existen discusiones formales sistemáticas entre los niveles de gobierno en materia de inversión pública.
  - Hay un sistema transparente basado en reglas para realizar transferencias de capital a los GSN (Sistema General de Participaciones, SGP y Sistema General de Regalías, SGR), pero los montos previstos se notifican con poca antelación y los recursos anunciados no coinciden con los distribuidos.
  - El SGR presenta un grado de ejecución en torno al 50 por ciento en los últimos bienios, dejando sistemáticamente un excedente para el bienio siguiente.
  - La normativa exige reporte de pasivos contingentes de proyectos APP, empresas públicas y GSN al gobierno central, pero la publicación de información completa es insuficiente; el MFMP dedica un capítulo 4 a pasivos contingentes que da información agregada sobre algunos pasivos pero no incluye sistemáticamente pasivos contingentes de empresas públicas ni de GSN.
- Recomendaciones y prioridades:
  - Fortalecer la coordinación de la inversión pública entre el nivel central y subnacional: recomendación de prioridad alta.
  - Considerar mesas de coordinación en el calendario presupuestario para la programación de proyectos.
  - Fortalecer la gestión de las finanzas públicas al nivel subnacional mediante capacitación, asistencia técnica y revisión de procesos de inversión pública para adaptarlos a las capacidades de los GSN.
  - Comunicar los recursos de los GSN con una antelación mínima de 6 meses antes del ejercicio fiscal.
  - Incluir en el MFMP una declaración de riesgos fiscales que cubra los pasivos contingentes derivados de proyectos de inversión de empresas públicas y gobiernos subnacionales.

### 4. Evaluación de Proyectos (Fortaleza institucional: Alta; Efectividad: Baja; Prioridad de reforma: Alta)
- Hallazgos:
  - La evaluación de proyectos garantiza que todos los proyectos se analicen rigurosamente antes de ser elegibles para financiamiento.
  - La evaluación incluye concepción, estudio de prefactibilidad (para grandes proyectos), estudio de viabilidad y diseño detallado; suele correr a cargo del proponente del proyecto.
  - Es importante que los grandes proyectos se sometan a rigurosos análisis económicos, financieros y técnicos; idealmente, el resumen de resultados seleccionados debería publicarse o someterse a una revisión externa independiente.
  - Las metodologías de evaluación estándar permiten la comparación entre proyectos en la revisión de resultados que se realiza en una fase posterior como parte de la selección de proyectos.
  - Dado que los grandes proyectos están expuestos a incertidumbres que pueden perturbar su ejecución, la evaluación y mitigación de riesgos son una parte esencial de la evaluación de proyectos.

_Informe de Asistencia Técnica, Fondo Monetario Internacional_

### 29. Los grandes proyectos deben ser sujetos sistemáticamente a un análisis integral de la

### 29. Los grandes proyectos deben ser sujetos sistemáticamente a un análisis integral de la viabilidad por parte de la entidad proponente, pero en la práctica, no se analiza el nivel del proyecto

### Evaluación integral de grandes proyectos: hallazgos principales
- La normativa (MGA y lineamientos del DNP) exige que el análisis de proyectos incluya una evaluación de los costos y beneficios financieros, económicos y sociales, y una evaluación de riesgos.
- En la práctica, el análisis se realiza a nivel de entidades proponentes y de programas agregados (PGN, APP) en la plataforma MGA-Web del DNP; no hay análisis publicado al nivel del proyecto en la MGA ni revisión por el ministerio sectorial en la PIIP.
- No es requisito que los resultados de la evaluación ex ante se publiquen ni estén sujetos a revisión externa independiente, excepto cuando una APP es iniciada por el sector privado.
- La metodología estándar no distingue la gestión de proyectos grandes versus pequeños, ni proyectos de inversión social versus infraestructura, por lo que los procesos y requisitos ex ante no están adaptados a diferentes tipos de proyectos.
- El análisis y plan de mitigación de riesgos están previstos por la MGA, pero en la práctica:
  - Se elaboran solo a nivel de grandes programas y de manera agregada.
  - No hay análisis de riesgos a nivel de grandes proyectos disponible en la plataforma.
  - Las revisiones sectoriales y del DNP en la PIIP no verifican riesgos.
  - No se implementan necesariamente planes de mitigación ni existen reservas de contingencia para absorber riesgos.
  - No se realiza una comparación real de alternativas que incorpore las acciones y sus costos para mitigar riesgos identificados.

### Recomendación de política prioritaria
- Mejorar la evaluación ex ante de proyectos es una reforma de prioridad alta: definir y clasificar proyectos y desarrollar guías de gestión diferenciadas para cada tipo de proyecto (grandes vs pequeños; inversión social vs infraestructura) para adaptar procesos de evaluación, planificación, selección y seguimiento.

### Metodología MGA y apoyo técnico: hallazgos
- La MGA brinda orientación detallada sobre formulación, registro, estudio de factibilidad, revisión e inclusión en el banco de proyectos para proyectos financiados por el PGN y el SGR; el DNP brinda capacitación y apoyo técnico bajo demanda.
- Para proyectos APP existen además manuales y guías de la DNP y estudios de viabilidad preparados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o por el sector privado según el tipo de iniciativa APP.
- En la práctica, la MGA se aplica a programas grandes de forma agregada y no produce información o estadísticas sobre la metodología utilizada para grandes proyectos agrupados.

### Financiamiento alternativo de infraestructuras: hallazgos y prioridades
- Fortalezas y limitaciones:
  - El marco legal apoya la competencia en la mayoría de los grandes sectores de infraestructura (telecomunicaciones, agua, transmisión y distribución de gas natural, generación de electricidad) y existen reguladores independientes.
  - Sin embargo, persisten dudas sobre la efectividad de la competencia: alta concentración en telecomunicaciones (principal operador ha tenido alrededor del 45 por ciento del mercado móvil), ausencia de nuevos operadores móviles en los últimos tres años, y falta de nuevos operadores en agua en los últimos tres años.
  - Proyectos del sector energía enfrentan dificultades operativas y financieras; algunas inversiones internacionales han sido canceladas y un operador privado está intervenido por quiebra técnica.
- APP:
  - Colombia cuenta con una política de APP clara y un marco legal establecido (Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012).
  - Las APP están sujetas a los filtros del DNP y a una evaluación de sostenibilidad presupuestaria; se aplica un tope del 0,55 por ciento del PIB a los compromisos financieros anuales con las APP.
  - Implementación lenta: en los últimos dos años no se ha contratado ningún proyecto APP de iniciativa pública (solo uno de iniciativa privada).
  - La cartera de proyectos APP representa una inversión que asciende a 6,5 por ciento del PIB y ha generado un gran volumen de costos fiscales inesperados (causas citadas: decisiones del gobierno como no actualizar tarifas por la inflación, bloqueos o vandalización de instalaciones, desastres naturales).
- Empresas públicas:
  - El reporte 2023 de la Dirección General de Participaciones Estatales (DGPE) cubre todo el patrimonio empresarial del Estado: participación en 98 empresas con operaciones comerciales, industriales o manufactureras (mayoritaria en 32 y minoritaria en 66).
  - MHCP concentra 97,33 por ciento de ese patrimonio (de 7,9 por ciento del PIB) y el resto corresponde principalmente a empresas de defensa.
  - La legislación orgánica de Hacienda (Decreto 2384 de 2015) no otorga mandato a la DGPE para examinar o evaluar los proyectos de inversión de las empresas públicas; no hay evidencia de coordinación sistemática entre el gobierno y las empresas participadas respecto a sus planes de inversión.
- Recomendaciones de prioridad alta:
  - Garantizar reguladores independientes y proteger a consumidores vulnerables sin comprometer la viabilidad del sector privado.
  - Elaborar, junto con la ANI, una revisión de la experiencia APP en Colombia para identificar fortalezas, debilidades y riesgos fiscales por sector y fortalecer la estrategia APP.
  - Ampliar el rol de supervisión de la DGPE y los ministerios sectoriales (previsto en el CONPES 3927) para revisar y reportar planes de inversión de las empresas públicas y los resultados financieros esperados.

### Presupuestación plurianual: hallazgos clave
- Objetivo de la institución: evaluar transparencia y previsibilidad de inversión de ministerios, programas y proyectos a medio plazo (horizonte de mediano plazo de cuatro años para Colombia).
- MGMP (Marco de Gasto de Mediano Plazo):
  - El MGMP presenta proyecciones del gasto de inversión a lo largo de un horizonte de cuatro años.
  - Las proyecciones plurianuales de gasto son desagregadas entre funcionamiento e inversión únicamente a nivel agregado; no se publican proyecciones plurianuales de gastos de inversión por sector ni por ministerio en el MGMP.
  - En tres de las últimas vigencias, las apropiaciones de gasto de inversión en el PGN se desvían en promedio de más del 20 por ciento de las proyecciones del primer año del MGMP.
- Techos plurianuales:
  - Los sectores reciben notificaciones de techos presupuestarios de gasto de inversión en julio (cuota de inversión y techos plurianuales), y las autoridades consideran vinculantes los techos del ejercicio en preparación mientras que los techos de los años siguientes son indicativos.
  - En la práctica, los techos pueden variar entre la cuota, el techo notificado, el techo del MGMP y el monto de gasto de inversión del PGN, con ajustes hasta el último día de la finalización del PGN.
  - En 2024, las apropiaciones de gasto de inversión en el PGN se desviaron en promedio más del 18 por ciento de los techos anteriormente notificados.
- Costos totales y transparencia:
  - La documentación presupuestaria (PGN, MFMP, MGMP, POAI) no divulga el costo total de los grandes proyectos de inversión; no existe un plan de inversiones públicas (PIP) plurianual integrado en la documentación presupuestaria.
  - En la práctica, los costos totales de todos los proyectos presupuestados son publicados en la PIIP (plataforma Mapainversiones) con desglose año por año, duración, costo total, costos ya incurridos, costos presupuestados en la vigencia actual y lo que queda por pagar.
  - Limitaciones de la plataforma y la publicación:
    - Algunos ajustes de costos no son registrados y publicados (por ejemplo, pagos realizados en el rezago del PGN).
    - Cuando se publican ajustes, no están claramente justificados.
    - No se distingue en el desglose por proyecto entre costos de inversión y costos corrientes.
    - Esto impide evaluar si las asignaciones presupuestarias son suficientes para garantizar implementación completa y eficiente y dificulta análisis agregados por sector o ministerio.
- Recomendaciones de política:
  - Implementar un PIP plurianual que incluya lista de proyectos con costo total, lo pagado, lo que queda por pagar, duración, fuente de financiamiento y compromisos plurianuales/vigencias futuras.
  - Publicar proyecciones plurianuales de gastos de inversión desagregadas por sector y ministerio para mejorar priorización y coordinación de proyectos.
  - Mejorar la trazabilidad y justificación de ajustes de costos en la PIIP y distinguir claramente costos de inversión y costos corrientes por proyecto.

### Buenas prácticas internacionales (extracto relevante)
- El PIP plurianual debe:
  - Ser actualizado cada año y anexado al proyecto de presupuesto.
  - Desglosar proyecto por proyecto las proyecciones de gasto de inversión del MGMP.
  - Informar costos totales de proyectos en curso, nuevos proyectos previstos y compromisos plurianuales ya incurridos o a contraer.
  - Documentar objetivos y resultados esperados por sector, modos de contratación (incluyendo APP), contribución al cambio climático y participaciones de empresas públicas.
  - Constar típicamente de Partes I a VII que incluyen presentación general, análisis de la rigidez del gasto, trayectoria de la inversión mediante el MGMP, enfoque en mayores proyectos, contribución al cambio climático, inversión mediante APP, inversiones de empresas públicas y listado detallado de proyectos con costos y vigencias futuras.

*FONDO MONETARIO INTERNACIONAL — Informe de Asistencia Técnica*

### 42. Elaborar y presentar un PIP plurianual en la documentación presupuestaria para dar una

### 42. Elaborar y presentar un PIP plurianual en la documentación presupuestaria para dar una visión completa de la política de inversión pública

### Recomendación principal
- Elaborar anualmente un PIP (anexado al PGN) de mismo horizonte temporal que el MGMP con el listado de todos los proyectos de inversión indicando para cada proyecto:
  - Identificador del proyecto
  - Nombre del proyecto
  - Fuente de financiamiento
  - Estatuó
  - Costos totales
  - Año de terminación
  - Ejes estratégicos perseguidos
  - Gasto acumulado hasta N-1
  - Apropiación N
  - Apropiación solicitada para N+1
  - Proyección N+2, Proyección N+3, Proyección N+4, > N+4
  - Otorgadas hasta N-1 (Periodo cubierto, Monto)
  - Previstas a partir de N (periodo cubierto, Monto)
  - Comentarios / Observaciones
- Para proyectos en curso, explicar cambios en el costo total o el ritmo de realización de la inversión entre dos ediciones del PIP.
- Explicar las principales hipótesis de dimensionamiento del coste del proyecto.
- Incluir compromisos plurianuales (vigencias futuras).

### Objetivo
- Dar una visión completa de la política de inversión pública y mejorar la transparencia y gestión plurianual de los proyectos.

### Prioridad
- Prioridad alta.

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### 7. Cobertura y unidad del presupuesto (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad de reforma: Alta)

### Hallazgos clave
- El marco jurídico permite montos significativos de gasto de inversión extrapresupuestario sin obligación sistemática de rendir cuenta sobre su uso en la documentación del PGN.
- El SGR es un sistema paralelo al PGN con presupuesto bienal aprobado por ley y no está integrado en el PGN.
  - Los gastos del SGR representan 16,6 por ciento de los gastos de inversión del PGN en 2023.
  - Presupuesto bienio del SGR 2023-24 (dividido por 2): 13,8 / 83,3 billones de pesos (presupuesto de inversión del PGN 2023).
- Existen numerosas entidades extrapresupuestarias (fondos especiales, fiducias, patrimonios autónomos) que realizan gastos de inversión fuera del PGN.
  - 153 entidades extrapresupuestarias han sido registradas por el departamento de estadísticas del FMI (STA).
- Gasto extrapresupuestal no documentado de forma transparente:
  - 9,5 billones = más del 11 por ciento del PGN en 2023 para 30 fondos.
- La información disponible es demasiado global y agregada, lo que dificulta conocer el destino y uso final de los recursos.
- Según la normativa, los proyectos de inversión pública tienen que ser incluidos en el PGN, sin importar su fuente de financiación, pero:
  - La presentación no es completa ni detallada.
  - El PGN presenta listado de todos los proyectos con asignaciones y fuente, mientras que el POAI comenta programas por sector sin información financiera por proyecto.
  - El clasificador "fuente de financiación" del PGN no permite identificar sin duda los proyectos APP o con financiación externa.
  - No hay información sobre los grandes proyectos de las empresas públicas (empresas estatales y EICE/SEM no forman parte del PGN).
- Presupuestos de inversión y funcionamiento preparados por diferentes ministerios (DNP-DPIP y MHCP-DGPPN) se reúnen en el PGN, pero:
  - No se revisa sistemáticamente el impacto de los costos recurrentes de proyectos.
  - No se aplica el presupuesto por programa como herramienta de presupuestación y ejecución.
  - La coordinación práctica entre gastos de capital y corrientes se hace en las mesas sectoriales de mayo.
- Datos de interés:
  - 30 proyectos tienen información individual sobre VF en el MFMP; la categoría “otros” representa la mitad del monto de las VF en 2025.
  - El número total de proyectos presupuestados para 2025 es de 1   059.

### Riesgos
- Incertidumbre sobre la buena presupuestación y consistencia de los gastos recurrentes con los de capital.
- Dificultad para rastrear el uso final de transferencias a entes extrapresupuestales.

### Recomendaciones de reforma (prioridad alta)
- Efectuar un inventario de los entes extrapresupuestales (misiones, normas de gestión, disposiciones jurídicas, situación financiera).
- Establecer un marco armonizado legal para supervisarlos según mejores prácticas presupuestales, contables y de manejo de caja.
- Desarrollar un anexo presupuestario al PGN para comentar la situación financiera de los entes extrapresupuestales (al menos los principales fondos).
- Mejorar la vinculación e información entre gastos de inversión y recurrentes para cada proyecto de inversión.
- Seguir desarrollando los programas presupuestarios para integrar inversión y gasto recurrente en un mismo programa.
- Presupuestar los costos recurrentes de los proyectos de inversión como gastos de funcionamiento y hacer revisar la estimación de los costos recurrentes por la DGPPN.

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### 8. Presupuestación de las inversiones (Fortaleza institucional: Alta; Efectividad: Media; Prioridad de la reforma: Alta)

### Objetivo de la institución
- Proteger proyectos a lo largo de la ejecución plurianual para que los fondos estén disponibles durante el ciclo de construcción.

### Hallazgos clave
- No se requiere documentar en el presupuesto los gastos totales de los proyectos en el momento en que comienzan; sí se requiere el impacto plurianual de sus vigencias futuras (VF).
- El marco jurídico impone dar informaciones en el presupuesto sobre las VF ya otorgadas y el volumen pendiente de pagos.
  - El artículo 23 del decreto 111 de 1996 precisa que el presupuesto tiene que incluir las asignaciones necesarias para cubrir los compromisos relativos a los proyectos de inversión autorizados con VF y que el gobierno presentará en el proyecto de presupuesto anual, un articulado sobre la asunción de compromisos para vigencias futuras.
- En la práctica la documentación presupuestaria no contiene los costos totales de los proyectos (nuevos o en curso).
  - El MFMP presenta el volumen de VF otorgadas y la lista de algunos proyectos (superiores a 1,5 billones de pesos) con VF y las asignaciones necesarias año tras año para cubrir dichas VF (se presenta lo que queda por pagar, pero no el costo total del proyecto en curso).
  - Ni el costo total ni el monto global de VF otorgadas aparecen en la ley de presupuesto.
- Protección de finalización de proyectos:
  - Tres dispositivos protegen la finalización antes de iniciar nuevos proyectos:
    1. Mecanismos de reservas presupuestales y de cuentas por pagar (rezago del presupuesto).
    2. Mecanismo de las VF que da carácter prioritario a las VF existentes en la elaboración del presupuesto.
    3. Circulares e instrucciones de elaboración del presupuesto requieren priorizar el cumplimiento de compromisos pasados y la conclusión de proyectos ya iniciados.
  - En 2022 y 2023, las apropiaciones de inversión no han disminuido entre el PGN inicial y el cierre de la vigencia.
  - En las vigencias 2024 y 2025, el Gobierno utilizó el dispositivo del aplazamiento y de recortes para disminuir las asignaciones (tanto de funcionamiento como de inversión).
    - En 2024, el Gobierno disminuyó un 9 por ciento las asignaciones de inversión durante la vigencia.
    - En enero 2025, realizó un aplazamiento de asignaciones de 12 billones (4,4 billones relativos a los gastos de inversión).
    - Con asignaciones de inversión reducidas en 2024 y 2025 (entre el 5 por ciento y el 10 por ciento del monto del presupuesto inicial), algunos mayores proyectos no recibieron la financiación necesaria.
- El Gobierno no puede realizar traslados entre funcionamiento e inversión sin pasar por el Congreso y, en la práctica, no lo hizo durante los últimos tres ejercicios presupuestarios (salvo estados de excepción).
  - Art. 80 y 83, decreto 111 de 1996.
  - Art. 76, 79 del decreto 111 de 1996 regulan aplazamientos, reducciones y límite de reservas presupuestales.

### Prácticas internacionales y herramientas sugeridas
- Recuadro 3.C expone el régimen francés de autorizaciones de compromiso (AC) y de pago (AP):
  - Las AC permiten al Estado contraer compromisos jurídicos y constituyen el límite superior del gasto que puede comprometerse.
  - Las AP permiten pagar los gastos comprometidos y constituyen el límite superior del gasto que puede pagarse durante el ejercicio para cubrir las AC.
  - Ventajas del AC-AP:
    1. Aclara el alcance de la autorización parlamentaria sobre compromisos y pagos.
    2. Mejora la trazabilidad del gasto público con incidencia plurianual.
    3. Refuerza la credibilidad de la ley de presupuesto.
    4. Mejora el seguimiento de los gastos de inversión.
    5. Aporta flexibilidad desconectando la autorización para contratar del permiso para pagar.
    6. Fomenta mejor anticipación y estimación de necesidades plurianuales.
  - La práctica AC-AP incluye cronogramas de utilización de AC año tras año y de utilización de AP necesarias para cubrir pagos vinculados con dichas AC.
  - Ejemplo aplicado a un proyecto de autovía con cronograma plurianual de compromisos y pagos.

### Riesgos y debilidades
- Documentación incompleta del costo total de proyectos dificulta el control y la programación plurianual.
- Reducciones y aplazamientos recientes han afectado la ejecución de proyectos mayores.

### Recomendaciones de política (implicadas)
- Considerar prácticas como el régimen AC-AP para mejorar trazabilidad y credibilidad presupuestaria plurianual.
- Incorporar en la documentación presupuestaria el costo total de proyectos junto con las vigencias futuras y cronogramas de pagos.
- Mantener y fortalecer mecanismos que protejan la finalización de proyectos en curso antes de iniciar nuevos proyectos.

*FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Informe de Asistencia Técnica*

### 52. Mejorar la información en el presupuesto sobre los costos totales y compromisos

### 52. Mejorar la información en el presupuesto sobre los costos totales y compromisos

### Información sobre costos totales y compromisos plurianuales de proyectos de inversión
- Prioridad: alta.  
- Producción de un PIP plurianual (Institución 6) permitiría mejorar significativamente la información presupuestaria.  
- Es necesario reforzar la información en el presupuesto sobre las VF otorgadas para dar visibilidad sobre los compromisos plurianuales ya incurridos (se podría hacer en el PIP plurianual o en cualquier otro documento presupuestario).  
- El Gobierno documentaría cada año las VF otorgadas por proyecto (recordando el objeto del proyecto, duración y costos totales).  

- Ejemplo de cuadros de programación (valores presentados en el documento):
  - Funcionamiento: AC 20, AP 20, AC 20, AP 20, AC 20, AP 20, AC 20, AP 20, AC 20, AP 20, Total 100, 100.  
  - Inversión: 150 100 2 000 550 0 1 000 350 600 0 250 2 500 2 500.  
  - Total: 170 120 2 020 570 20 1 020 370 620 0 270 2 600 2 600.  

- Evolución del costo y de la duración del proyecto (valores exactos):
  - Costo total en mil millones: Inicialmente 2 100; Actualizado 2 600; Desviación en % +23,81.  
  - Duración total en meses: Inicialmente 48; Actualizado 60; Desviación en % +100,00.  

### Recursos para mantenimiento (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad de la reforma: Media)
- Objetivo: evaluar cómo el gobierno mide y asigna fondos para mantenimiento de los principales activos de infraestructura en el presupuesto.  
- Importancia: las infraestructuras no ofrecen servicios duraderos sin mantenimiento adecuado; por tanto, es crítico asegurar fondos suficientes y metodologías sistemáticas para cuantificar necesidades.

- Hallazgos principales:
  - Existen manuales de mantenimiento rutinario en diversos sectores (por ejemplo, carreteras y colegios), pero no se exige que las presentaciones presupuestarias se basen en estas metodologías.  
  - Las entidades públicas no están obligadas a evaluar las necesidades de mantenimiento con base en metodologías al definir planes o presentar propuestas presupuestarias a MHCP y DNP.  
  - Los datos del MHCP presentan solamente montos residuales de fondos efectivamente asignados a mantenimiento (típicamente de equipos), y muchos proyectos mezclan construcción, mejoramientos y mantenimiento, sin discriminar.  
  - No hay evidencia de que la financiación actual del mantenimiento rutinario de las principales clases de activos de capital sea suficiente.  
  - Hay metodologías para estimar necesidades de mantenimiento de capital (por ejemplo, manuales de capacidad y niveles de servicio viales), pero no se discuten ni cuantifican en los planes estratégicos.  
  - El presupuesto de inversión de capital incluye una gran parte dedicada a renovación de infraestructura, especialmente en transporte y educación, pero los datos del MHCP mezclan construcción, mejoramientos y mantenimiento sin discriminar.  
  - No existe asignación presupuestaria específica y sistemática para mantenimiento rutinario (gasto corriente) ni para mantenimiento de capital; en el PGN, los proyectos de inversión suelen presentar conjuntamente construcción, mejoramientos y mantenimiento como gasto de capital.

- Recomendación de prioridad media:
  - Incluir información sobre el gasto de mantenimiento en la documentación presupuestaria remitida al Congreso (Proyecto de PGN), presentando:
    - Un cuadro consolidado de todos los gastos presupuestados para mantenimiento corriente y su descomposición por ministerio.  
    - Un cuadro similar para el mantenimiento de capital.  
    - Análisis de esa información para impulsar el debate sobre la suficiencia del gasto y facilitar discusiones entre MHCP, DNP y ministerios sectoriales hacia la optimización del gasto de mantenimiento.

### Selección de proyectos (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad de reforma: Alta)
- Definición: identificar proyectos prioritarios y maduros para ejecución; proceso independiente de planificación y evaluación de proyectos.  
- Observaciones:
  - Los planes suelen listar más proyectos de los que pueden financiarse en un año (Institución 2); las evaluaciones de proyectos abordan proyectos individuales sin priorizarlos (Institución 4).  
  - La revisión de grandes proyectos antes de su inclusión en el presupuesto debe ser realizada por una unidad central distinta de la que desarrolla la propuesta.  
  - El DNP revisa grandes programas antes de certificar viabilidad, pero no revisa en la práctica a nivel de proyecto individual porque los grandes proyectos están agrupados en programas en la plataforma PIIP (Institución 4). El DNP revisa la viabilidad solo al nivel de los grandes programas.  
  - Para proyectos con cargo al PGN, el DNP revisa centralizadamente todos los proyectos antes de poder ser financiados. Algunos proyectos del SGR se revisan por OCAD en un proceso separado; la inversión en el SGR es menos de 10 por ciento comparada con la inversión con cargo al PGN.  
  - Los criterios de selección publicados para el POAI son generales y no incluyen una metodología para priorizar entre proyectos; no se aplican a todos los proyectos.  
  - Para el SGR existen criterios específicos y una metodología del DNP para priorizar proyectos.  
  - En la práctica, ministerios presentan al DNP grandes programas agregados y luego seleccionan proyectos concretos de manera autónoma, sin registro en la PIIP ni nueva consulta al DNP.  
  - El DNP mantiene el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) que contiene programas de inversión; normativa: solo proyectos financiados por el PGN y en modalidad APP evaluados por el DNP pueden registrarse con código BPIN en la PIIP. Solo los proyectos inscritos en BPIN a más tardar el 1 de junio se tendrán en cuenta en el presupuesto del año siguiente. En la práctica, los grandes proyectos específicos de construcción no cuentan con BPIN porque están agrupados en grandes programas.

- Reforma recomendada (prioridad alta):
  - Guiar el proceso de selección de proyectos para el presupuesto con criterios específicos publicados y una metodología de priorización.  
  - Registrar los grandes proyectos concretos actualmente agrupados en grandes programas en la PIIP para permitir revisión sectorial y del DNP antes de su presupuestación.  
  - Registrar también los proyectos más pequeños en la PIIP pero con la verificación sectorial de viabilidad.

### Contratación pública (Fortaleza institucional: Baja; Efectividad: Baja; Prioridad de reforma: Alta)
- Alcance: toda la contratación pública del gobierno central, incluida la contratación de APP. Evalúa competencia, apertura, transparencia, supervisión, base de datos y mecanismos de reclamación.

- Hallazgos sobre prácticas y marco legal:
  - El marco legal (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1508 de 2012) establece modalidades competitivas como regla, pero autoriza regímenes especiales que en la práctica se usan ampliamente, creando problemas de falta de transparencia.  
  - La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) no cuenta con facultades sancionadoras ni mandato para intervenir en regímenes especiales, limitando su capacidad para corregir distorsiones y exigir rendición de cuentas.  
  - Prácticas anticompetitivas no son investigadas dentro del marco de contratación pública por la ANCP; existe obligación de reportar prácticas anticompetitivas a la Superintendencia de Industria y Comercio.  
  - Evidencia de que grandes proyectos de infraestructura no se adjudican de manera competitiva; ejemplo citado: APP portuarias dependientes de propuestas no solicitadas, poco competitivas.

- Datos de contratación (preservados tal cual):
  - En 2024, 43 por ciento de la compra pública registrada ha sido contratada directamente y solo 28 por ciento ha resultado de modalidades competitivas.  
  - En contratación de bienes de capital y en los grandes contratos, 57 por ciento del monto registrado ha seguido la modalidad competitiva.  
  - Entre 2020 y 2024, según datos SECOP:
    - 32 por ciento del monto total contratado se adjudicó mediante modalidades competitivas.  
    - 38 por ciento a través de contratación directa.  
    - 30 por ciento bajo regímenes especiales.  
    - En términos de número de contratos, entre 2020 y 2024:
      - 9 por ciento del total de contratos se adjudicó mediante modalidades competitivas.  
      - 64 por ciento a través de contratación directa.  
      - 26 por ciento bajo regímenes especiales.  
    - En términos de montos de bienes de capital contratados durante el mismo periodo:
      - 65 por ciento se adjudicó mediante modalidades competitivas.  
      - 19 por ciento por contratación directa.  
      - 16 por ciento bajo regímenes especiales.

- Cobertura y fiabilidad de SECOP:
  - SECOP incluye base de datos relevante, pero su cobertura y fiabilidad son limitadas, especialmente respecto a regímenes especiales (sectores estratégicos, entidades con autonomía, contratos bajo excepciones).  
  - SECOP se divide en dos sistemas paralelos (SECOP I y SECOP II); cobertura estimada entre 38 por ciento y 44 por ciento del universo de contratación de bienes y servicios.  
  - MHCP tiene estimaciones del gasto de contratación que desconocen otros actores como ANCP.  
  - SECOP I se usa solo para publicidad y no registra el número de ofertas recibidas; contiene errores no corregidos. SECOP II es una plataforma transaccional.  
  - No se exige la publicación de reportes analíticos para el monitoreo de la contratación ni ANCP ha publicado este tipo de informes por iniciativa propia.

- Mecanismos de reclamación:
  - No existe un mecanismo independiente de presentación de reclamos administrativos con acceso y supervisión por parte de la ANCP; las reclamaciones son examinadas inicialmente por la entidad contratante sin registro en SECOP.  
  - En segunda instancia, la jurisdicción administrativa examina las reclamaciones, cuyos plazos de resolución pueden superar los plazos de ejecución de los contratos en disputa.  
  - La Procuraduría ha denunciado prácticas anticompetitivas y dispone de poderes de investigación que la ANCP no tiene.

- Cuadro 3.B (montos contratados, por modalidad, 2020-2024) – valores por año y categorías tal como aparecen en el documento:
  - Monto total contratado registrado / 2020 2021 2022 2023 2024:
    - régimen especial: 37% 28% 37% 22% 29%  
    - contratación directa: 35% 43% 31% 39% 43%  
    - contratación competitiva: 28% 29% 33% 40% 28%  
  - Monto de bienes de capital contratados 2024:
    - régimen especial 24%  
    - contratación directa 18%  
    - contratación competitiva 57%  
  - Monto de los 5% más grandes contratos 2024:
    - régimen especial 26%  
    - contratación directa 16%  
    - contratación competitiva 57%

- Implicaciones y prioridades:
  - La falta de cobertura y supervisión integral de SECOP y la prevalencia de regímenes especiales y contratación directa limitan la transparencia y la competencia en la contratación pública.  
  - Reforma de prioridad alta para mejorar prácticas de contratación, ampliar la cobertura y calidad de los sistemas de información (SECOP), fortalecer facultades y roles de la ANCP, y garantizar mecanismos independientes y efectivos de reclamación y supervisión.

*FONDO MONETARIO INTERNACIONAL — Informe de Asistencia Técnica (fragmento del capítulo sobre inversión pública y contratación pública)*

### 67. La reforma del sistema de contrataciones para brindar mejores garantías de competencia

### 67. La reforma del sistema de contrataciones para brindar mejores garantías de competencia

### Reforma del sistema de contrataciones (prioridad: alta)
- Acción inmediata: publicar informes analíticos periódicos sobre la contratación que incluyan:
  - información estadística sobre la contratación;
  - análisis del grado efectivo de competencia;
  - análisis de la duración de las licitaciones;
  - en el futuro próximo, agregar el análisis de las reclamaciones en la licitación y de los problemas de gestión de contratos.
- Revisar los documentos-tipo desde un punto de vista de promoción a la competencia, adoptando las recomendaciones presentadas en los múltiples conceptos emitidos por la Abogacía de Competencia conforme al artículo 7 de la Ley 1340 de 2009.
- Solicitar a la Abogacía de Competencia que evalúe la competencia efectiva en la contratación pública de infraestructura y en los mercados de infraestructura abiertos a la inversión privada.
- Transformar la normativa que establece las funciones de la ANCP para convertirla en una verdadera autoridad de contratación; mandatarios propuestos incluyen:
  - supervisar los procesos de contratación pública y sancionar las desviaciones de las normas;
  - registrar y examinar las reclamaciones relativas a la contratación pública, exigiendo la adopción de medidas correctivas cuando sea necesario;
  - revisar los reglamentos de contratación de las entidades que no están sometidas a las reglas de la contratación pública pero que contraten actividades que deban pagarse con fondos procedentes del Gobierno;
  - evaluar periódicamente el grado de competitividad, equidad, transparencia y eficiencia de la contratación pública, proponiendo medidas correctivas.

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### 12. Disponibilidad de recursos (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad de reforma: Alta)

### Función y riesgos clave
- Objetivo: garantizar la disponibilidad de efectivo para efectuar los pagos de las inversiones públicas y comprometer gasto de capital conforme a previsiones fiables de tesorería.
- Riesgos por acumulación sistemática de atrasos de pagos:
  - daño a la reputación financiera del gobierno;
  - aumento de los costes de los proyectos de capital;
  - afectación al suministro de bienes y servicios.

### Funcionamiento actual y problemas
- El marco legal exige la preparación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), pero no se logran librar los pagos según las previsiones.
- A principios de año, la DGCPTN proporciona un PAC mensual y cupos de compromiso para el año, pero la disponibilidad real de efectivo tiende a ser inferior a la prevista y por lo tanto los pagos de inversión durante el año son significativamente inferiores al PAC y a los compromisos.
- En los últimos tres años, un promedio de 25,7 por ciento de la apropiación definitiva para inversión ha sido comprometida pero no pagada durante el año (Cuadro 3.C), como consecuencia de tensiones de caja.
- Existencia de varias entidades extrapresupuestarias con liquidez fuera de la Cuenta Única de la Nación (CUN):
  - para APP viales, hay 10 billones de pesos administrados fuera de la CUN y sin seguimiento por MHCP de sus movimientos de efectivo;
  - la CGR cifra el saldo de las transferencias a entes extrapresupuestales a 24 billones de pesos, comparable a un año de gasto de capital.
- El decreto 1551 de 2024 sobre excedentes de liquidez de las entidades públicas es un primer paso hacia un manejo más eficiente de la caja, pero no cubre todas las entidades con patrimonios por fuera de la CUN.
- No se garantiza la liberación oportuna de fondos para pagar proyectos porque no se exige el registro oportuno del devengo, y por tanto se desconoce cuánto hay que pagar.
- Para gestionar tensiones de caja, la DGCPTN utiliza la contratación de obra con pagos diferidos, condicionales a la disponibilidad de caja, lo que retrasa el reconocimiento de la obligación hasta que haya disponibilidad de caja.
- Se mantienen cupos de compromiso incluso cuando el efectivo escasea y al fin del año se constituyen "reservas presupuestarias" (Decreto 412 de 2018) para que la diferencia entre comprometido y obligado sea obligada y pagada en el año siguiente cuando haya efectivo disponible.
- Efectos negativos de ese mecanismo:
  - oculta la deuda pública efectiva al retrasar el devengo presupuestario;
  - aumenta el costo porque permite financiar pagos diferidos a la tasa de interés comercial que obtenga cada contratista;
  - puede reducir la competencia en la contratación pública porque exige a los contratistas acceso a financiamiento propio.
- Rezago presupuestario para gasto de inversión al final de 2024: 41 por ciento de la apropiación definitiva de ese año, creciente desde 17 ciento en 2022 y 20 ciento en 2023.

### Cuadro 3.C. Rezago en billones de pesos y en porcentaje respecto a la apropiación definitiva para gasto de inversión en cada año (2022-2024)
- 2022: Reserva presupuestal $11.1b (15.9%); Cuentas por pagar $0.5b (0.8%); Rezago $11.6b (16.7%)
- 2023: Reserva presupuestal $15.6b (18.7%); Cuentas por pagar $0.6b (0.8%); Rezago $16.2b (19.5%)
- 2024: Reserva presupuestal $35.9b (39.5%); Cuentas por pagar $1.2b (1.3%); Rezago $37.1b (40.8%)
- Fuente: Ejecución Acumulada del PGN, diciembre, años de 2022 a 2024, DGPPN/MHCP.

### Financiamiento externo y cuentas
- La Ley 80 de 1993 crea un régimen de excepción para las operaciones de crédito con multilaterales, no exigiendo su operación a través de la CUN, pero el Tesoro conoce los pagos.
- No hay restricciones a la localización de las cuentas del financiamiento externo, permitiéndose manejar los recursos de donantes fuera de la CUN y fuera del Banco de la República.
- Tesoro y Deuda Pública controlan la información sobre la financiación externa de proyectos, pero hay retrasos en el suministro de información al Tesoro sobre el acceso y la liberación de fondos externos; algunos financiadores demoran entre 3 a 4 días en informar.

### Recomendaciones y prioridades
- Contener las reservas presupuestarias y mejorar la previsión de efectivo como prioridades altas, para presupuestar solo lo que se puede pagar durante el año fiscal.
- Buenas prácticas propuestas:
  - tener buenas estimaciones de los flujos de caja;
  - registrar la entrega y verificación como devengo;
  - si ocurre falta de efectivo: acortar las cuotas de compromiso, recurrir a financiación del Estado, y finalmente reconocer el obligado y los atrasos relacionados en caso de impago;
  - distinguir entre reservas creadas para obligar y pagar obras/servicios no devengados y reservas creadas para obligar y pagar obras/servicios físicamente ya devengados, pero no obligados;
  - emitir directivas que prohíban a las entidades públicas exigir financiación de la obra/actividades después de efectivamente devengada.
- Proceder a un inventario exhaustivo de todas las cuentas y saldos fuera de la CUN y de su dinámica para reexaminar el perímetro de la CUN y establecer reglas para la futura arquitectura de la gestión de tesorería.

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### 13. Gestión y Supervisión de la Cartera de Proyectos (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Baja; Prioridad de reforma: Alta)

### Importancia y objetivo
- Gestión centralizada de la cartera de grandes proyectos para asegurar ejecución adecuada y seguimiento frente a hitos financieros y físicos predeterminados.
- Identificación temprana de proyectos en riesgo y ejecución de intervenciones oportunas para reasignar fondos.
- Realizar evaluaciones ex post de los principales proyectos para ajustar políticas y procedimientos.

### Estado actual del monitoreo y limitaciones
- El DNP monitorea mensualmente la ejecución de los proyectos de inversión, pero sin un enfoque específico sobre grandes proyectos ni un análisis del desempeño al nivel del portafolio.
- La implementación y seguimiento de los proyectos es responsabilidad de las instituciones que deben reportar mensualmente sus avances físico y financiero en la PIIP.
- La PIIP es de implementación reciente y no todas las entidades brindan la información requerida o de manera oportuna.
- La información de ejecución financiera no está actualizada en tiempo real mediante una interfaz con el SIIF, creando desfases en la información reportada en la PIIP.
- La PIIP no permite:
  - alertar sobre proyectos que no se ejecutan conforme a lo planeado;
  - monitorear la ejecución física y financiera del portafolio de proyectos en su conjunto;
  - reseñar sobre sobrecostos y atrasos de los proyectos.
- El DNP no elabora informes analíticos sobre la ejecución de los proyectos que permitan alimentar la toma de decisiones del Gobierno.
- Basado en información disponible en MapaInversiones, la ejecución financiera del gasto de inversión de los dos últimos ejercicios ha sido relativamente baja, con un nivel inferior a 75 por ciento.

### Evaluaciones ex post
- No son requeridas por el marco legal y por tanto no se realizan regularmente.
- El decreto 1082 de 2015 remite la aplicación de la evaluación posterior a la definición de lineamientos por el DNP, pero esos lineamientos no fueron elaborados ni se definió la obligación de realizar evaluaciones ex post.
- La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP realiza evaluaciones posteriores enfocadas en proyectos sociales y análisis de políticas; los ministerios sectoriales tampoco conducen regularmente evaluaciones ex post de sus proyectos.

### Recomendaciones y prioridades
- Mejorar el seguimiento financiero y físico de los grandes proyectos y desarrollar instrumentos de análisis y reporte (prioridad alta).
- Desarrollar una interfaz entre la PIIP y la SIIF para generar datos fiables y en tiempo real sobre la ejecución financiera de los proyectos.
- Adoptar una presentación del proyecto que combine desempeño anual y vida completa del proyecto, contrastándola con la planificación inicial.
- Incorporar un sistema de alerta en caso de desviaciones importantes para informar sobre ejecución financiera y física.
- Que el DNP establezca una lista de proyectos de infraestructura prioritarios del país según criterios (montos, prioridades en la planificación estratégica) y publique informes trimestrales sobre su desempeño.
- Elaborar lineamientos de evaluación ex post de proyectos de infraestructura con un enfoque de gestión por resultados y realizar esas evaluaciones para grandes obras, contratadas o realizadas directamente por la DNP o la cabeza de sector.

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### 14. Gestión de la Ejecución de Proyectos (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Media; Prioridad de reforma: Media)

### Objetivos de la institución
- Evaluar la gestión y control de los proyectos por los ministerios u organismos ejecutores:
  - elaboración previa de planes de ejecución;
  - aplicación de normas o guías para realizar ajustes si son necesarios;
  - realización y publicación de auditorías externas ex post de los grandes proyectos.

### Prácticas actuales
- La mayoría de los sectores definen responsables de la ejecución de las obras y elaboran planes de ejecución antes de iniciar los proyectos, aunque no es un requisito legal.
- La PIIP requiere, al momento de crear un proyecto, la presentación de la línea base cero del proyecto y la nominación de gestores y directores de proyectos, por lo que la mayoría de los proyectos tienen planes y responsables.
- Los sectores definen libremente el perfil de los responsables de ejecución; el DNP no ha elaborado lineamientos para definir los planes de ejecución de las obras.
- Algunas entidades disponen de manuales de diseño de obras y de interventorías, y de normas de selección de profesionales encargados.

### Reglas y modificaciones de proyectos
- Existen reglas para validar modificaciones en los proyectos y algunos proyectos han sido revisados formalmente.
- El decreto 1082 (Art. 2.2.6.4.5.) prevé una revisión de viabilidad del proyecto en dos casos:
  - cuando las apropiaciones contenidas en la ley de presupuesto y su respectivo decreto de liquidación sean diferentes a los recursos solicitados durante el proceso de planeación del proyecto;
  - cuando la ejecución del proyecto de inversión se extienda a otras vigencias fiscales no contempladas en el horizonte inicial y se requiera respaldo presupuestal para el cumplimiento de metas y cierre del proyecto.
- Si la modificación implica cambiar el alcance de un proyecto en curso, se requiere crear un nuevo proyecto.
- En 2024 no hay ningún caso documentado de proyecto cancelado luego de un rechazo.

### Auditoría y control externo
- La CGR tiene potestad para auditar proyectos y sus informes son sistemáticamente publicados y transmitidos al Congreso.
- La normativa prevé auditorías de desempeño de obras públicas, pero la CGR conduce pocas auditorías sobre el tema.
- Se estima que menos de uno sobre diez proyectos son auditados cada año por la CGR.

_Informe de Asistencia Técnica, Fondo Monetario Internacional_

### 82. Elaborar a nivel central normas de supervisión de los proyectos para que todas las

### 82. Elaborar a nivel central normas de supervisión de los proyectos para que todas las entidades las apliquen

### Normas centrales de supervisión de proyectos
- Evaluación: Reforma de prioridad media.
- Razonamiento:
  - Algunas entidades pueden elaborar sus propias normas, pero guías centralizadas garantizarían la calidad de los procesos de supervisión de obras.
  - Buenos planes de ejecución deben establecer funciones y responsabilidades del director del proyecto y del personal clave, las principales tareas, el cronograma y los recursos necesarios, los principales riesgos y los factores clave de éxito.

### Monitoreo de los activos públicos (Fortaleza institucional: Media; Efectividad: Media; Prioridad de reforma: Media)
- Objetivo de la institución evaluada:
  - Revisar el seguimiento de los activos fijos públicos: si se registran adecuadamente, si se actualizan con regularidad y si se informa de su valor y depreciación en los estados financieros anuales.
- Importancia:
  - La supervisión y las evaluaciones del estado de los activos dan como resultado activos bien mantenidos.
  - Los registros de activos fijos proporcionan información para planificación y determinación de la financiación del mantenimiento.
  - La revaluación y la depreciación deben actualizarse periódicamente sobre la base de metodologías definidas.
- Situación actual:
  - Cada ente contable debe registrar los activos fijos no financieros, pero el rector de la contabilidad nacional no tiene acceso directo a esos registros ni controla su calidad.
  - Las leyes de saneamiento contable establecen, con periodicidad irregular, la obligación de mantener registros individualizados de los activos por parte de las entidades del Estado; esos registros no son de libre acceso y la información no se centraliza a nivel nacional.
  - La Contaduría General de la Nación (CGN) no revisa si esos archivos existen, o si su información es exhaustiva y fidedigna y actualizada, por lo que no puede indicar el porcentaje de las instituciones que mantienen al día ese archivo.
  - La CGN lleva a cabo actividades de sensibilización y capacitación de las entidades para mejorar la calidad de la información contable de las entidades.
- Estados financieros y contabilidad:
  - Según las normas contables, los estados financieros del gobierno deben incluir cuentas actualizadas de activos fijos; sin embargo, se desconoce la exhaustividad de los registros.
  - El régimen de Contabilidad Pública obliga a las entidades del Estado a producir sus estados financieros y define reglas de contabilización de activos en las cuentas propiedad, planta y equipo (PPE) y bienes de uso común, que deben ser actualizadas al menos una vez al año.
  - La CGN consolida las cuentas de 350 entes contables del gobierno central y somete los estados financieros de nivel nacional a la auditoría de la CGR.
  - Esos estados financieros revelan el valor de los activos no financieros, diferenciando bienes de uso público y propiedades planta y equipo incluyendo las construcciones en proceso.
  - La norma adoptada es el modelo de costo de la NICSP 17 con una valoración en base de valores históricos menos depreciación y pérdida por deterioro.
  - No se ha analizado a nivel central ni la cobertura del registro de activos ni la calidad de la información.
- Políticas de amortización:
  - Las políticas contables definen reglas de amortización dejando a cada entidad la potestad de establecer la duración de vida de los bienes y su tasa de amortización.
  - Los estados contables presentan tanto el valor de la amortización acumulada como el valor anual de la amortización por grandes categorías de activos no financieros.
  - Las tasas de amortización, calculadas en base en las cuentas consolidados son en promedio de 1,5 por ciento para PPE y 2.5 por ciento para bienes de uso público.
  - Cada ente contable del Gobierno central define sus propias políticas contables y no hay control de la credibilidad de los parámetros de amortización por tipo de bien.
- Recomendación institucional prioritaria:
  - Centralizar la información de los registros de activos no financieros y controlar la idoneidad de las reglas de contabilización y amortización (reforma de prioridad media).
  - La DCN, apoyándose en disposiciones de su ley de creación, debe velar por la elaboración de registros centralizados de activos a nivel central o, en su defecto, requerir un acceso sistemático a los sistemas de registro de activos.
  - Complementando la norma existente para el reconocimiento, medición, revelación y presentación, la CGN podría proporcionar guías para definir valores de duración de vida y tasas de depreciación por tipo de activos conforme con las mejores prácticas internacionales, incluyendo valores adaptados en caso de activos susceptibles de ser afectados por condiciones y eventos climáticos.

### Evaluación de la gestión de la inversión pública en materia de cambio climático (C-PIMA)
- Contexto climático y exposición de Colombia:
  - Colombia es uno de los países con mayor riesgo al cambio climático por su ubicación, extensa costa y características morfológicas.
  - En el Índice de Riesgo Mundial de 2025, Colombia es el quinto país con mayor riesgo entre 193.
  - Aproximadamente uno de tres colombianos está expuesto a un riesgo alto o medio de deslizamientos de tierra, o a un alto riesgo de inundaciones.
  - Proyecciones climáticas: un aumento de 1,5ºC en la temperatura media global duplicaría el número de personas afectadas por inundaciones en el país, incluyendo un millón adicional de personas expuestas a inundaciones costeras en el Pacífico y el Caribe debido al aumento de 40-60 cm del nivel del mar proyectado para 2050-60.
- Impactos históricos y vulnerabilidad:
  - En las últimas décadas, Colombia ha sufrido daños crecientes por eventos climáticos extremos.
  - En los últimos 20 años, los desastres han provocado daños físicos por más de 3.000 millones de dólares estadounidenses.
  - Se estima que el 86 por ciento de los activos están expuestos a dos o más amenazas naturales.
  - La energía hidroeléctrica genera el 70 por ciento de la electricidad de Colombia.
  - Durante sequías (por ejemplo, El Niño 2009-2010 y 2015-2016), las fuentes térmicas tuvieron que cubrir al menos el 50 por ciento de la demanda.
  - La exposición y la capacidad de adaptación al cambio climático de Colombia es baja en comparación con países de la región.
- Emisiones y dependencia de exportaciones intensivas en carbono:
  - Colombia representó 0,57 por ciento de las emisiones globales de GEI en 2018.
  - Las emisiones han crecido desde 1990 y se aceleraron desde 2018 principalmente por la desforestación.
  - El sector minero energético es el tercero en términos de emisiones; la producción energética sigue dominada por petróleo y gas natural.
  - La proporción de exportaciones de industrias extractivas fue en promedio 53 por ciento entre 2014 y 2023.
  - Riesgo: la dependencia de exportaciones con alto contenido de carbono puede exacerbar shocks de la balanza de pagos y comprometer la sostenibilidad fiscal.
- Objetivos y metas climáticas de Colombia:
  - Objetivo de reducir emisiones de GEI en un 51 por ciento en el 2030 y alcanzar la neutralidad carbono en el 2050.
  - Ley de Acción Climática (Ley 2169 de 2022) incorporó estos compromisos.
  - Estrategia Climática de largo plazo E2050 aprobada en 2021.
  - Ley de Energías Renovables (Ley n°1715 de 2014) fomenta incentivos para reemplazar generación con diésel por renovables.
  - Plan de Adaptación al Cambio Climático aprobado en 2012 y actualizado en 2016.
  - A nivel subnacional y sectorial, los objetivos se implementan mediante planes integrales de gestión del cambio climático.
  - Impacto económico estimado si no se invierte en adaptación: reducción del PIB entre al menos un 1,5 por ciento y un 2,5 por ciento para el 2050 por daños al capital físico y a la productividad.
- Necesidades de inversión y brecha actual:
  - El Banco Mundial estimó inversiones necesarias de US$92 mil millones para alcanzar la resiliencia de la infraestructura y la neutralidad de carbono para el 2050.
  - Según la estrategia de Financiamiento Climático (2022), se necesitaría una inversión anual del 1,2 por ciento del PIB para cumplir metas de mitigación y adaptación.
  - Inversión anual actual en acciones climáticas: 0,16 por ciento del PIB.
  - Inversión requerida representa casi diez veces más que la inversión anual actual.
  - Las inversiones podrían permitir la recuperación de aproximadamente un tercio de la inversión mediante reducción de costos operativos y de mantenimiento.
  - Prioridades de inversión: adaptación en transporte, energía y construcción; medidas de mitigación drásticas en sectores forestal, transporte y energía.
- Marco C-PIMA:
  - El C-PIMA evalúa cinco prácticas clave de gestión de la inversión pública desde la perspectiva del cambio climático y amplía el marco PIMA existente.
  - Existe similitud entre instituciones C-PIMA y PIMA, aunque algunas instituciones C-PIMA combinan dimensiones de diferentes instituciones PIMA; la institución 5 en C-PIMA (gestión de riesgos) no tiene equivalente en PIMA.
  - Elementos centrales de C-PIMA (enumeración parcial del marco):
    - C1. Planificación teniendo en cuenta el cambio climático: Alinear planes nacionales y sectoriales y carteras de inversión con objetivos climáticos; incorporar clima a regulaciones sobre uso del suelo y códigos de edificación.
    - C2. Coordinación entre entidades: Integrar consideraciones verdes en gestión de la inversión pública implica coordinar niveles de gobierno, empresas públicas y APP, e integrar iniciativas conjuntas con el sector privado.

*FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Informe de Asistencia Técnica | extracto del capítulo*

### 3. Evaluación y selección de proyectos: Se trata de una fase crucial en el proceso de toma de

### 3. Evaluación y selección de proyectos: Se trata de una fase crucial en el proceso de toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura

### Integración del clima en la presupuestación, gestión y riesgos
- C.4 Presupuestación y gestión de cartera: La inversión verde y los fondos para el mantenimiento de la infraestructura pública deben presupuestarse y ser objeto de información a través del presupuesto anual y otros instrumentos fiscales como el marco de gasto a medio plazo y los estados financieros del gobierno.
- Gestión de activos, auditorías y revisiones a posteriori deberían tener en cuenta los objetivos climáticos.
- C5. Gestión del riesgo: El cambio climático conlleva riesgos que podrán tener repercusiones sobre las infraestructuras públicas y el presupuesto.
- Es importante que las estrategias de gestión de catástrofes naturales y los análisis de riesgos fiscales incorporen tales riesgos, y que las estrategias de mitigación de riesgos también tengan en cuenta las consideraciones climáticas.

### Evaluación detallada y recomendaciones C-PIMA — C1. Planificación con conciencia climática
- Fortaleza institucional: Media; Prioridad de reforma: Media
- 95. La primera institución del C-PIMA evalúa si la inversión pública se planifica desde la perspectiva del cambio climático.
  - Objetivo: evaluar en qué medida la planificación de la inversión pública tiene en cuenta la necesidad de adaptación al cambio climático y su mitigación.
  - Dimensiones: coherencia de estrategias y planes con objetivos climáticos del gobierno y resultados esperados; exigencia normativa en planificación espacial/urbana y códigos de construcción para tener en cuenta riesgos climáticos; existencia de apoyo centralizado para la planificación de la inversión pública teniendo en cuenta el clima.
- 96. Las principales metas y medidas de la CDN se reflejan en los ejes y líneas estratégicas de inversión del PND 2022-2026 y de los PES/PEI.
  - Colombia tiene tres documentos principales de estrategias globales de cambio climático: el PNACC (2016), la CDN actualizada (2020) y la Estrategia climática de largo plazo de Colombia E2050 (2021) para cumplir con el Acuerdo de París.
- 104. El PND 2022-2026 y los PES/PEI 2023-2026 constituyen las estrategias y planes de inversión pública a partir de las cuales los ministerios ponen en marcha sus políticas públicas sectoriales.
  - La mayoría de las medidas de adaptación y de mitigación de la CDN se han incorporado a estas estrategias nacional y sectoriales.
- 97. Las normas de planificación de espacios y urbana y de construcción se aplican en todo el territorio y tienen en cuenta los riesgos climáticos y su impacto en la inversión pública.
  - Ley 388 de 1997 conecta la planificación urbana a la gestión del cambio climático, la protección del medio ambiente y al uso del suelo.
  - Resolución 549 de 2015 del MVCT favorece la mitigación climática de las construcciones nuevas y propone medidas de adaptación; se aplica a todas las construcciones del territorio, excepto las viviendas de interés social.
  - La resolución establece porcentajes mínimos y medidas de ahorro en agua y de eficiencia de energía en nuevas edificaciones y adopta el guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones.
- 98. No existen guías o apoyos centralizados específicos para la preparación y el costeo de estrategias de inversión relacionadas con el cambio climático.
  - Aunque el PND 2022-2026 fue elaborado de manera participativa bajo la supervisión del DNP con contribución del MADS, y los ministerios pueden movilizar algunas herramientas (particularmente la caja de herramientas proporcionada por el DNP) y guías, no existen guías o apoyos centralizados para la preparación y el costeo de estrategias de inversión relacionadas con el cambio climático.
  - Nota sobre herramientas: La caja de herramientas para inversiones resilientes, desarrollada por el DNP, busca orientar la incorporación de los análisis de riesgo de desastres y criterios de adaptación al cambio climático en la formulación de proyectos de inversión pública. Existe también una guía "Metodología general para el costeo de las metas de adaptación" (no concierne las metas de mitigación), elaborada en 2020 por el DNP con el apoyo del Banco Mundial.
- 99. Prioridad media: las estrategias de inversión deben apoyarse en opciones y perspectivas de inversiones climáticas bien preparadas y costeadas.
  - Recomendación: apoyo conjunto del DNP, del MADS, del MHCP y otras entidades relevantes para acompañar a las entidades del gobierno central en la producción de estrategias de inversión sectoriales o institucionales.
  - Necesidad de preparar y publicar guías de planificación y metodologías de cálculo de costos, y de organizar talleres metodológicos y prácticos para fortalecer capacidades técnicas de cálculo de costos de estrategias sectoriales con acciones relacionadas con el cambio climático.

### Evaluación detallada y recomendaciones C-PIMA — C2. Coordinación entre entidades
- Fortaleza institucional: Baja; Prioridad de reforma: Media
- 100. Institución centrada en coordinación de decisiones sobre inversiones públicas relacionadas con el clima en todo el sector público.
  - Enfoque necesario: integral del cambio climático; reconocer papel clave de las empresas públicas.
  - Dimensiones: coordinación en (i) gobierno central, (ii) gobierno general (gobierno central, seguridad social y gobiernos subnacionales), (iii) sector público (gobierno general y empresas públicas).
- 101. Las decisiones sobre la inversión pública no se coordinan en todo el gobierno central teniendo en cuenta el cambio climático.
  - Decreto 298 de 2016 rige el SISCLIMA e instituye la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) como máxima instancia de coordinación para objetivos de cambio climático, pero no está encargada de coordinar la toma de decisiones en materia de inversión climática entre las entidades del gobierno central.
  - En 2022 se creó la Comisión intersectorial del Gabinete Presidencial para la Acción Climática (CIGPAC), instancia de coordinación, orientación y evaluación de avances, que tampoco coordina la toma de decisiones en materia de inversión climática entre entidades del gobierno central.
  - Corresponde al DNP asegurarse del alineamiento de los proyectos de inversión con la gestión del cambio climático, pero su rol consiste en revisar proyectos y verificar la consideración de la dimensión del cambio climático para dictamen de viabilidad; no coordina la toma de decisiones entre entidades del gobierno central.
- Cuadro 4.B (resumen de mandatos principales instituciones; textos en fuente):
  - CICC: Establece políticas y acciones de CC, acuerda criterios para articular recursos, concerta compromisos intersectoriales y prioridades, coordina evaluación y reporte de implementación.
  - Secretaria técnica de la CICC: Prepara temas y documentos; presidida alternativamente por el MADS y el DNP.
  - Consejo nacional del cambio climático: Órgano permanente de consulta de la CICC; coordinación con gremios, organizaciones sociales, comisiones quintas del Congreso y academia.
  - Comité de gestión financiera (CGF) de la CICC: Presidido por el DNP; genera lineamientos para incluir criterios de CC en planificación económica y financiera; responsable de formular, actualizar e implementar la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático.
  - CIGPAC: Coordinación, orientación y evaluación de avances de entidades del Gobierno Central respecto compromisos internacionales y metas de resiliencia climática y desarrollo bajo en carbono; impulsa procesos participativos y sinergia entre instancias gubernamentales.
  - MADS: Ente rector del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; responsable de formulación de política nacional en medio ambiente y uso del territorio; apoya ministerios y prepara planes, programas y proyectos ambientales para PND y PNI.
  - DNP: Responsable de coordinación interinstitucional de planeación y preparación del presupuesto de inversión; articulación entre niveles de gobierno; preparación, seguimiento y evaluación de políticas y proyectos del sector público; asegura alineamiento de proyectos de inversión con la gestión del CC.
  - MHCP: Definición y ejecución de política económica; apoya demás ministerios en gestión de riesgos relativos al CC.
- 102. Colombia cuenta con directrices desde el Gobierno Central para planificación y ejecución del gasto de capital que tenga en cuenta el cambio climático y el SISCLIMA contempla foros de coordinación entre niveles de gobierno.
  - SISCLIMA tiene mecanismos como los Nodos Regionales de Cambio Climático que promueven, apoyan y acompañan la implementación de políticas, planes, proyectos y acciones de cambio climático en cada región.
  - Nodos Regionales redactan actas de sus reuniones que permiten entender temas abordados y resultados.
  - Ley de directrices para la gestión del cambio climático establece que autoridades departamentales reportarán al SISCLIMA el estado de avance de sus planes, proyectos e inversiones en gestión del cambio climático y brindarán orientaciones a municipios para incluir gestión del cambio climático en planeación, gestión y ejecución de la inversión.
  - Existen guías metodológicas y directrices del Gobierno central relativas al cambio climático para gobiernos subnacionales.
  - No obstante, no se presentan conjuntamente los proyectos de inversión relacionados con el cambio climático.
- 103. Marco de supervisión de empresas con participación del Estado no promueve coherencia entre inversiones y políticas climáticas nacionales.
  - Muchas empresas del Estado adoptan acciones de eficiencia energética y resiliencia climática (ejemplo citado: Ecopetrol, compromiso climático anunciado en 25 de marzo 2021).
  - Política Nacional de Cambio Climático (MADS, 2017) requiere a empresas de servicios públicos adopción de medidas climáticas, pero no hay mecanismos que exijan coherencia entre sus inversiones y políticas nacionales.
  - Ley 1523 de 2012 y Ley 2169 de 2021 requieren a entidades públicas/privadas encargadas de prestación de servicios públicos, especialmente sectores como transporte y electricidad, realizar estudios de riesgo climático y adoptar planes de adaptación y mitigación; no se asigna a la DGPE responsabilidad en análisis de planes de inversión de empresas públicas.
- 104. Recomendación (prioridad media): establecer una instancia del gobierno encargada de coordinar las inversiones con enfoque cambio climático.
  - Objetivos de la instancia: proyectar distribución correcta de objetivos climáticos entre sectores, documentarla con inversiones necesarias y estimación de rendimientos esperados; coordinar decisión relativa a inversiones climáticas entre sectores.
  - Nivel sugerido: interministerial más alto (al nivel del CONPES) para arbitrar entre ministerios.
  - También recomendaría presentar conjuntamente proyectos de inversión relacionados con el cambio climático de diferentes niveles de gobierno.

### Evaluación detallada y recomendaciones C-PIMA — C3. Evaluación y Selección de Proyectos
- Fortaleza institucional: Media; Prioridad de reforma: Alta
- 105. Objetivo de la institución: analizar si la evaluación y selección de proyectos incluyen análisis y criterios relacionados con el clima.
  - Necesidad: garantizar que se da prioridad a las inversiones más eficaces y eficientes, incorporando consideraciones de cambio climático.
  - Dimensiones evaluadas:
    - Si la evaluación ex ante de los grandes proyectos de infraestructuras requiere análisis relacionados con el clima de acuerdo con una metodología estándar.
    - Si el marco de las APP incluye elementos relacionados con el clima.
    - Si los elementos relacionados con el clima se incluyen en los criterios de selección de los proyectos de inversión pública.

*Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Informe de Asistencia Técnica (extracto del documento proporcionado).*

### 106. La evaluación de grandes proyectos de infraestructura no exige que el análisis

### 106. La evaluación de grandes proyectos de infraestructura no exige que el análisis

### Metodologías y requisitos para incorporar cambio climático en la evaluación de proyectos
- No existe exigencia para que el análisis relacionado con el cambio climático se realice conforme a una metodología estándar.
- La ley que regula la gestión de riesgos de desastres (Ley 1523 de 2012) obliga a incorporar el análisis de riesgo de desastres en la formulación de proyectos de inversión, pero:
  - No hay exigencia respecto a los impactos a nivel de mitigación.
  - No hay requisitos formales para seguir una metodología estándar ni repercusión de esta exigencia en la normativa del DNP.
- Existen recomendaciones:
  - Riesgo de inundación en la MGA para la Formulación de proyectos (DNP 2023).
  - Guías de la Caja de Herramientas para intervenciones resilientes (DNP, 2018) con 5 documentos orientadores, pero no son un requerimiento formal.
  - Evaluaciones de impacto ambiental (PIMA 4a) no incluyen una metodología específica para aspectos de cambio climático.

### Marco para Asociaciones Público-Privadas (APP) y gestión contractual
- El marco para la gestión de contratos de APP aborda asignación de riesgos relacionados con el cambio climático y prioriza propuestas con activos resilientes (CONPES 4117 de junio del 2023).
- CONPES 4117 prevé que los efectos desfavorables derivados de eventos de cambio climático serán un riesgo transferido, incluyendo costos asociados a la reposición de la infraestructura.
- El DNP publicó la Guía para la Gestión de los Riesgos Socioambientales para proyectos APP en 2023, orientando análisis en términos de adaptación y mitigación.
- La ANI ha incorporado elementos de cambio climático en el diseño de obras: Canal del Dique (eventos extremos), puertos (ascenso del nivel del mar), vías (riesgo de movimientos en masa). Los contratos han incluido cláusulas de distribución del riesgo de desastres.

### Priorización de proyectos y presupuestación
- El cambio climático no es criterio de priorización para la presupuestación del PGN (D1082 de 2015, D111 de 1996 y Comunicación de cuota de inversión de DNP a los sectoriales).
- Alineación al PND se considera en la preparación de propuestas POAI pero no se especifica ni prioriza la presupuestación de proyectos que incluyan elementos relacionados con el cambio climático (PIMA 10b).
- Reforma prioritaria (alta): exigir consideraciones climáticas desde la fase de preparación de proyectos para evaluar:
  - Impactos potenciales sobre emisiones de gases de efecto invernadero.
  - Exposición de proyectos a daños causados por desastres relacionados con el clima.
- Oportunidad: volver obligatorios los análisis de riesgo de desastres de la Caja de Herramientas dentro de la normativa de evaluación ex ante del DNP (PIMA 4).
- Tras obligar estos análisis y complementarlos con análisis de mitigación, aplicar criterios de priorización y selección para presupuestación que incorporen factores relacionados con el clima (PIMA 10).
- Importancia de capacitación de ministerios sectoriales sobre evaluación de riesgos de desastres en el marco de evaluación de proyectos relacionados con el clima.

### C4. Presupuestación y gestión de cartera (Fortaleza institucional: Baja; Prioridad de reforma: Alta)
- Objetivo: evaluar gestión de la cartera gubernamental de proyectos de inversión pública relacionados con el clima, desde presupuestación hasta gestión de activos finalizados.
- Dimensiones: presentación en presupuesto y nivel de detalle; revisiones ex post sobre adaptación y mitigación; políticas y prácticas de gestión de activos que aborden riesgos climáticos.

Hallazgos clave:
- Los gastos de inversión relacionados con el cambio climático no son identificados en el presupuesto ni en documentos presupuestarios.
- Colombia dispone del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de Financiamiento Climático que permite analizar fuentes de recursos (público-doméstico, privado, cooperación internacional no reembolsable), pero:
  - No hay requerimiento formal para identificar gasto de inversión relacionado con el cambio climático en el presupuesto.
  - Las cartas de comunicación de la cuota de inversión del DNP no requieren marcar los recursos relacionados con el cambio climático, a diferencia de otras políticas transversales (artículo 2.2.6.7.10. del Decreto 1082 de 2015).
  - El sistema MRV no es utilizado por todos los ministerios y no diferencia gasto corriente de gasto de inversión.
- Con la taxonomía verde, Colombia tiene base para estructurar un etiquetado en el presupuesto.

Auditorías y evaluaciones ex post:
- Auditorías de desempeño contempladas en la ley (Ley 2002/73 y Guía de Auditorias de Desempeño de 2018).
- La Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales de la CGR ha realizado auditorías ambientales (ejemplo: auditoría sobre la erosión costera 2018-2023 que incluyó Proyecto de Mitigación de la Erosión Costera en Cartagena).
- La evaluación posterior de proyectos es un requerimiento general (D1082/15 capitulo 6) bajo criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, economía, calidad y sostenibilidad (PIMA 13c y 14c), pero:
  - No hay requerimientos ni lineamientos para evaluar resultados en cambio climático.

Gestión de activos y mantenimiento:
- No existen metodologías para estimar necesidades de mantenimiento de activos de infraestructura expuestos al cambio climático ni requerimientos para registrar activos considerando el cambio climático.
- Guías sectoriales de mantenimiento (vías, túneles, colegios) reconocen importancia pero no incluyen metodologia para estimar costos de mantenimiento que incorporen riesgos climáticos, pese a referencias en CONPES 4117 de 2023, Plan de Adaptación de la Red Vial Primaria y Lineamientos de Infraestructura Verde Vial-2020.
- Norma contable NICSP 17 Propiedad Planta y Equipo exige tener en cuenta pérdidas por deterioro, pero no se han emitido guías específicas para incluir información relacionada con el cambio climático.

Recomendaciones prioritarias:
- Formalizar etiquetado del gasto relacionado con el cambio climático en las cartas de comunicación de cuotas usando la actual guía metodológica para trazador.
- Habilitar generación de informes vinculados al gasto de inversión en el PGN.
- Realizar auditorías de desempeño con mayor frecuencia sobre resultados de inversiones públicas para adaptación y mitigación.
- Desarrollar metodología para estimación de costos de mantenimiento de activos incorporando consideración explícita climática.
- Crear inventario integrado de infraestructura vital con información sobre exposición y vulnerabilidad a desastres naturales.

### C5. Gestión del riesgo (Fortaleza institucional: Media; Prioridad de reforma: Alta)
- Objetivo: evaluar cómo el Gobierno identifica y gestiona exposición a riesgos fiscales relacionados con inversión pública afectados por cambio climático y catástrofes naturales.
- Dimensiones: existencia de estrategia nacional de gestión del riesgo que incorpore exposición de infraestructuras; mecanismos de financiación para costos de daños; análisis de riesgos fiscales que incluyan riesgos climáticos.

Hallazgos:
- Existe Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2030 actualizado y publicado en 2024 (PNGRD D978), pero no identifica riesgos asociados al cambio climático que afectan activos y redes de infraestructura pública; solo identifica riesgos climáticos para ciertas infraestructuras (ej.: Estrategia de Protección Financiera del Sector Transporte, 2023).
- Análisis de riesgo climático de la red vial de 2015 identificó que el 39 por ciento de las vías analizadas presentan un nivel muy alto de riesgo climático.
- Existen PIGCCS que ofrecen lineamientos sectoriales de adaptación y mitigación.
- Estrategia de Recuperación Resiliente y Adaptada al Cambio Climático con Enfoque Comunitario en preparación busca mejorar coordinación en recuperación, evaluaciones de daños y ejecución de rehabilitación y reconstrucción.

Mecanismos de financiación ex-ante y reservas:
- Mecanismos incluidos en la Estrategia Nacional de Protección Financiera del Riesgo de Desastres de 2021:
  - i) Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (art. 47 y 51 de la Ley 1523 de 2012).
  - ii) un crédito contingente (CAT DDO) con el Banco Mundial.
- Aunque el presupuesto no incluye una partida de reserva para contingencias dedicada a rehabilitación o reconstrucción de infraestructura pública en caso de desastres, hay una apropiación en los presupuestos del MHCP y del DNP que permite cubrir gastos para atención de desastres.
- Desde 2022 no hay obligación legal para adquirir pólizas de seguros de los bienes del Estado; existen “Lineamientos para el aseguramiento de los bienes fiscales ante la ocurrencia de desastres por fenómenos de naturaleza”.

Análisis de pasivos contingentes y riesgo fiscal:
- No existe requerimiento de análisis de riesgos fiscales relacionados con el cambio climático para activos de infraestructura.
- Los pasivos contingentes se deben analizar según Ley 819 del 2002, pero no hay requerimiento explícito sobre riesgos asociados al cambio climático.
- En la práctica, el MFMP incluye análisis del impacto macroeconómico del riesgo asociado con el fenómeno La Niña y menciona el pasivo contingente estimado para 2024:
  - 4,4 por ciento del PIB total pasivo contingente, subdividido en:
    - 2,9 por ciento por terremoto,
    - 1 por ciento por inundaciones,
    - 0,3 por ciento por sequías.
- El análisis no incluye evaluación cualitativa de riesgos del cambio climático para activos de infraestructura pública a mediano plazo.
- El MHCP publicó nueva metodología para estimar pasivo contingente a partir de costos de daños históricos (Resolución 760 de 2024 y la metodología).

Recomendaciones prioritarias:
- Actualizar el PNGRD para incluir enfoque en infraestructura, con análisis de principales riesgos asociados al cambio climático que afectan activos y redes de infraestructura pública (peligros, exposición, vulnerabilidad) y plan para mitigarlos.
- Continuar el trabajo del MHCP para revisar metodología de estimación del riesgo fiscal relacionado con desastres de origen natural hasta publicar análisis de riesgos fiscales con énfasis en infraestructura pública vital.
- Incorporar una evaluación cuantitativa de riesgos asociados con el cambio climático para activos de infraestructura pública a mediano plazo y políticas para mitigar estos riesgos; considerar más adelante evaluación cualitativa de riesgos a largo plazo.

*Fuente: Extracto del capítulo sobre evaluación y gestión de proyectos de inversión pública y riesgos climáticos del documento proporcionado.*

### 120. Colombia utiliza una definición amplia de la inversión pública diferente de estándares

### 120. Colombia utiliza una definición amplia de la inversión pública diferente de estándares

### Definición de inversión pública y comparación con estándares internacionales
- Colombia incluye en la inversión pública tanto gastos de capital (carreteras, edificios, automóviles, equipamiento) como gastos corrientes (gastos educativos y sanitarios, transferencias).
- Según estándares internacionales (Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, MEFP, 2014), la inversión pública significa gastos de capital —las adquisiciones menos las cesiones de activos no financieros—.  
- Recomendación implícita: Colombia podría:
  - Revisar el concepto de inversión pública en su normativa; o
  - Diferenciar, dentro de su gasto en inversión pública, según si se trata de inversión capital y social.
- Observación comparativa: Otros países de la región (por ejemplo, Honduras) utilizan un concepto holístico parecido al de Colombia pero distinguen categorías dentro de este gasto.

### Gestión de proyectos: programático vs. nivel de proyecto
- Estado actual:
  - Colombia aplica su marco legal de gestión de proyectos de inversión pública a programas de inversión (dotaciones financieras) que reagrupan varios proyectos.
  - No hay información al nivel del proyecto disponible en las plataformas MGA y PIIP para una gestión efectiva (Instituciones PIMA 4, 10, 13, 14, C3).
- Recomendación:
  - Basar la gestión de la inversión en el nivel del proyecto de infraestructura.
  - Definición propuesta de proyecto de infraestructura: proyecto de construcción destinado a construir o mejorar una estructura física específica.
  - Cada proyecto en un programa debería ser registrado en las plataformas MGA y PIIP, y aplicar el proceso y la metodología estándar para obtener su propio BPIN.

### Distinción entre proyectos grandes y pequeños
- Propuesta metodológica:
  - La metodología estándar debería distinguir entre proyectos grandes y pequeños para mejorar la eficiencia de gestión.
  - La normativa podría definir los grandes proyectos según:
    - Su importancia financiera (con un umbral financiero),
    - Importancia política,
    - Complejidad técnica,
    - Nivel de riesgo.
  - La metodología podría incluir una guía para la gestión adecuada de cada tipo de proyecto, aplicando un enfoque simplificado para los pequeños proyectos.
- Ejemplo de aplicación práctica:
  - Proyectos pequeños tendrían que registrarse en la PIIP, pero con solo la verificación sectorial de viabilidad y sin verificación central por el DNP de viabilidad como requerida para los grandes proyectos.

### Marco jurídico e integración del cambio climático en la inversión pública
- Marco jurídico existente relacionado con clima:
  - Ley 2169 de 2021 (ley de la NDC), Decreto 298 de 2016 (creación del SISCLIMA), Ley 1931 de 2018 (directrices de gestión del cambio climático), además de normas anteriores (por ejemplo, ley 388 de 1997, ley 1523 de 2012).
  - El marco jurídico establece una arquitectura institucional de gestión del cambio climático apoyada en la creación de acuerdos institucionales (CICC y nodos regionales), instrumentos de planificación (PIGCCS y PIGCCT) y sistemas de información.
- Debilidades e insuficiencias identificadas:
  - Integración del clima en la gestión de la inversión pública con debilidades que la normativa podría abordar.
  - Falta de concreción y efectividad en el marco jurídico respecto a:
    - Los recursos asignados a la política climática,
    - La capacidad institucional para manejar estas problemáticas,
    - La aptitud para evaluar las medidas implementadas.
  - Esto dificulta la coordinación de la política climática a nivel central y subnacional.
  - Específicamente, la evaluación de grandes proyectos de infraestructura:
    - No exige que el análisis relacionado con el cambio climático se realice conforme a una metodología estándar;
    - El cambio climático no es un criterio de priorización de proyectos de inversión pública para la presupuestación;
    - Falta una instancia central de coordinación para decidir las inversiones climáticas sector por sector considerando la distribución de los objetivos climáticos de la Nación por sector.

### Marco legal y regulatorio consolidado (cuadro resumido)
- El documento consolida múltiples normas y leyes vinculadas a la gestión de la inversión pública, incluyendo, entre otras:
  - Constitución Política 1 de 1991;
  - Ley 2155 de 2021, Ley 1473 de 2011, Ley 819 de 2003 (objetivos y reglas fiscales);
  - Ley 152 de 1994, Decreto 1474 de 2011 (planificación de inversión pública);
  - Ley 1508 de 2012 y decretos relacionados (financiamiento alternativo de infraestructuras, APP y EPs);
  - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 (contratación pública);
  - Ley 2169 de 2021 (desarrollo bajo en carbono);
  - Decreto 298 de 2016 (SISCLIMA y creación CICC);
  - Resolución 1447 de 2018 del MADS (Sistema MRV).
- El cuadro identifica vínculos entre normas y funciones (evaluación ex ante, programación y presupuestación, gestión de ejecución, monitoreo de activos, ordenamiento territorial, gestión del riesgo de desastres, energías renovables, etc.).

### Sistemas de información: capacidades, limitaciones e interconexiones
- Sistemas principales y funciones:
  - MHCP:
    - SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera / SIIF Nación): consolida información financiera del PGN, controla ejecución presupuestal y financiera, gestiona la CUN y sistemas de pago de abonos.
    - Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías: maneja recursos del SGR desde la Cuenta Única del Sistema General de Regalías.
  - DNP:
    - MGA: sistema y método para la formulación y estructuración de proyectos; requiere código BPIN.
    - PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública): inaugurada en 2023; permite observar y monitorear proyectos desde programación hasta ejecución y seguimiento.
    - SUIFP: antiguo sistema para proyectos del SGR y GSN (información histórica no migrada a nuevos sistemas).
    - SPI: sistema para Entidades Territoriales para actualización de proyectos.
    - Mapa Inversiones: plataforma georreferenciada para consulta de perfil de cada proyecto (objetivo, entidad responsable, monto total programado, avance físico-financiero).
  - ANCP:
    - SECOP-I (publicidad de la compra pública) y SECOP-II (sistema transaccional para contratación en línea). Ambos sistemas permanecen operativos.
- Insuficiencias y riesgos:
  - Falta de interfaces automatizadas entre SIIF (MHCP) y sistemas del DNP: los datos de SIIF no se ven de manera automatizada y actualizada en los sistemas de DNP.
  - Sistemas DNP no tienen interfaces amigables con sistemas de MHCP o ANCP.
  - SECOP-II no cubre todas las fases del ciclo de contratación (por ejemplo, no registra reclamaciones y no acomoda información sobre contrataciones complejas como APP); regímenes especiales requieren registro mínimo.
  - Existencia simultánea de SECOP-I y SECOP-II dificulta el análisis de la información y evita el registro completo de fases de contratación y de todas las entidades contratantes.
  - La inexistencia de interconexiones con sistemas de MHCP permite que haya contratos sin liquidación durante años, sin saber si han sido obligados y pagados.
  - Transferencia de datos entre sistemas no es automática; rigidez de los protocolos obliga en ocasiones a la copia manual de datos.
  - Muchos datos históricos permanecen en sistemas antiguos sin migración, exigiendo cruces de datos manuales para el análisis.
- Prioridad propuesta:
  - Extender SECOP-II para cubrir todo el ciclo de vida de la contratación y exigir registro completo a todo el universo de contratación (incluyendo regímenes especiales).
  - Vincular la extensión de SECOP-II a la ampliación de las facultades de la ANCP y proceder al traspaso de la información histórica de SECOP-I a SECOP-II para abandonar SECOP-I.

### Capacidades institucionales y gestión del cambio climático en proyectos
- Capacidad descentralizada:
  - La ejecución de muchos proyectos descentralizados requiere equipos locales con capacidades fuertes de planificación, seguimiento y monitoreo de obras.
  - Monitoreo central de pequeños proyectos podría liberarse a niveles locales si estos contaran con capacidades de implementación.
- Capacidades para inversión orientada al cambio climático:
  - Las instituciones han tomado conciencia del desafío climático, pero las capacidades para la gestión de la inversión pública orientada al cambio climático son limitadas.
  - Enfoque predominante: marco jurídico, organización institucional y planificación; algunas instituciones se han organizado para integrar cambio climático y gestión de riesgos de desastre.
  - Capacidades técnicas relevantes:
    - MADS posee fuerte experiencia técnica.
    - DNP contiene una subdirección del cambio climático y de la gestión del riesgo de desastres.
    - En el sector “transporte” existen sólidas capacidades para incorporar el tema climático en la infraestructura, incluido en las APP.
- Limitaciones prácticas:
  - Efectividad limitada por restricciones de personal y falta de capacitación.
- Recomendaciones de capacitación:
  - Capacitar ministerios sectoriales en:
    - Evaluación de los riesgos de desastres en la evaluación de proyectos relacionados con el clima;
    - Preparación de estrategias costeadas climáticas;
    - Integración de vulnerabilidades climáticas en la evaluación de necesidades de mantenimiento.

*Fuente: tarsa2025075-source-pdf - 120. Colombia utiliza una definición amplia de la inversión pública diferente de estándares*

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_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/tar/2025/spanish/tarsa2025075-source-pdf.pdf_