Credit (foto: Walter G. Allgöwer/ imageBROKER/Newscom)
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Por Era Dabla-Norris y Changyong Rhee
En Asia, como en otras regiones, el confinamiento total o parcial para frenar la propagación de la COVID-19 está teniendo efectos devastadores para empresas y trabajadores. Entre los más vulnerables, están los que trabajan en empleos temporales y a tiempo parcial sin seguro social, y en los sectores de la economía que no están ni sujetos a impuestos ni regulados por una administración pública. Estos trabajadores, llamados informales, son particularmente vulnerables a la caída del ingreso y la pérdida de sus medios de subsistencia.
Los trabajadores informales representan una parte importante de la fuerza laboral de muchos países de la región, pero no suelen tener acceso a licencia por enfermedad ni a prestación por desempleo. En muchos casos, su acceso a las prestaciones de salud es precario y, o bien no tienen ahorros, o estos son extremadamente limitados. Muchos trabajadores, especialmente autónomos y jornaleros, viven con lo justo. Si no pueden trabajar por períodos largos, la familia corre el peligro de perder sus ingresos. Proteger estos ingresos —ya sea ampliando las prestaciones por desempleo, reduciendo los impuestos sobre la renta o ampliando las licencias por enfermedad— y hacer llegar transferencias a estos trabajadores es casi imposible.
El tiempo es oro. Los trabajadores informales y sus familias deben ser objeto inmediato de respuestas de política eficaces que eviten que se hundan (todavía más) en la pobreza y protejan sus medios de subsistencia. Los países de la región, a pesar de sus limitaciones presupuestarias y de capacidad, están aplicando medidas para ayudar a los más vulnerables, pero la magnitud del shock económico hace que se necesite mucho más.
Informalidad generalizada en la región
En la región de Asia y el Pacífico, los trabajadores informales representan casi el 60% del empleo no agrícola, un porcentaje superior al de América Latina y Europa oriental, oscilando entre aproximadamente el 20% de Japón y más del 80% en Myanmar y Camboya. Aquí se incluyen trabajadores de características muy distintas en cuanto a situación laboral, ingreso y sector de actividad: desde asalariados sin cobertura social u otra forma de seguro oficial en empresas tanto del sector informal como del sector, hasta autónomos —como vendedores ambulantes y sus familiares que contribuyen a los ingresos del hogar— y jornaleros.
Los trabajadores informales tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que los trabajadores formales. Si bien algunos de estos hogares pobres son beneficiarios de programas de transferencias, la cobertura y la suficiencia de las prestaciones para luchar contra la COVID-19 siguen planteando dificultades.
Respuestas de política
La creación de amplias redes de seguridad de emergencia en la región ha hecho aparecer un vasto mosaico de soluciones de política viejas y nuevas.
Visión de futuro: un «New Deal» para la región tras la pandemia
El brote de COVID-19 ha dejado al descubierto la dificultad de proteger a los trabajadores informales y los hogares vulnerables de Asia. Sin embargo, la excepcionalidad de las circunstancias brinda también la oportunidad de resolver desigualdades de larga data —en el acceso a los servicios básicos y de salud, el financiamiento y la economía digital— y mejorar la protección social de los trabajadores informales.
La pandemia ya ha volcado las normas convencionales sobre oferta educativa y asistencia social: las plataformas de pago por internet, móvil o digitales se están abriendo a un número nunca visto de sectores de la población. Lo que los trabajadores informales necesitan ahora es un «New Deal» que les conceda protección social inmediata frente a las repercusiones económicas de la pandemia y, a la vez, siente las bases de una red de seguridad más sólida para el futuro. ¿Cómo se puede hacer?
Acertar con lo básico. Si se logra encontrar asistencia internacional y financiamiento interno, los países en desarrollo de Asia deberían utilizarlos para armar una respuesta de salud pública eficaz, que permita apuntalar las infraestructuras de salud y ampliar su cobertura, así como corregir las deficiencias de los servicios de agua limpia y saneamiento.
Crear redes de seguridad más amplias e inclusivas. Los gobiernos podrían utilizar sistemas de identificación de los ciudadanos y tecnologías digitales, como el sistema biométrico Aadhar de India, para que los programas de protección social puedan llegar al máximo de personas en riesgo posible, de forma más rápida y eficiente, y con la posibilidad de ampliarse en épocas de crisis. La tentación de recurrir a transferencias de efectivo universales y «dar dinero a todo el mundo» debería frenarse, con el objetivo de garantizar el apoyo adecuado a los más vulnerables, a un costo fiscal razonable.
Invertir en capacidad digital y ancho de banda. En todo el mundo en desarrollo, ampliar la disponibilidad de las plataformas digitales de servicios educativos y financieros ayudaría a garantizar un acceso mayor y más equitativo para todos.
Para resolver la informalidad generalizada de Asia también habrá que adoptar medidas globales para mejorar el clima empresarial, eliminar los obstáculos jurídicos y reguladores más onerosos (en especial para las nuevas empresas) y racionalizar el sistema tributario. La concreción de las políticas estará supeditada a las circunstancias de cada país, pero debería tener por objetivo proteger a los trabajadores informales mediante redes de seguridad social básicas, y aumentar a la vez su productividad.