Financiar la recuperación de los países de bajo ingreso tras la COVID-19

En nuestro estudio, estimamos que los países de bajo ingreso necesitarán aproximadamente USD 200.000 millones hasta 2025 para incrementar su respuesta a la pandemia y otros USD 250.000 millones para acelerar la convergencia con las economías avanzadas. Si se materializan los riesgos identificados en el escenario base, serán necesarios USD 100.000 millones adicionales. Satisfacer estas necesidades exigirá una fuerte respuesta coordinada y multidimensional.

Son varios los factores que obstaculizan la recuperación económica de los países de bajo ingreso. En primer lugar, estos países afrontan un acceso desigual a las vacunas. La mayoría de estos países dependen prácticamente por completo de la iniciativa COVAX, una iniciativa internacional cuyo objetivo es el acceso equitativo a las vacunas y que está liderada por un consorcio de organizaciones internacionales. COVAX abastece actualmente de vacunas a solo el 20% de la población de los países de bajo ingreso.

En segundo lugar, el margen de maniobra de la política económica para responder a la crisis que han tenido los países de bajo ingreso ha sido limitado; en particular, no han dispuesto de los medios para hacer frente al gasto extraordinario (véase el gráfico).

En tercer lugar, las vulnerabilidades preexistentes, incluidos los altos niveles de deuda pública en muchos países de bajo ingreso, y los resultados débiles, a veces negativos, de la productividad total de los factores en algunos países de bajo ingreso, continúan siendo un lastre para el crecimiento.

Necesidades de financiamiento

Nuestro estudio ofrece una estimación del financiamiento que necesitan los países de bajo ingreso en los próximos cinco años para salir de la pandemia y tener una recuperación resiliente, por encima de lo que ya se asume en el escenario base de Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, será fundamental el despliegue de un paquete financiero integral que incluya donaciones y financiamiento concesionario, así como el alivio de la deuda cuando sea necesario. El FMI y los bancos multilaterales de desarrollo desempeñarán un papel clave en ese paquete.

En segundo lugar, se necesita un ambicioso programa de reformas nacionales para que los países de bajo ingreso estimulen la competitividad y el crecimiento potencial. Estas reformas incluyen la mejora de la gobernanza y el clima de negocios, la mejora de la movilización de ingresos públicos nacionales, el desarrollo de mercados financieros nacionales y la mejora de la gestión económica y financiera.

Estas reformas, a su vez, deben estimular el tercer componente de la respuesta multidimensional: fomentar el sector privado nacional y el financiamiento privado externo. 

El FMI participará plenamente en esta respuesta multidimensional, y ya ha puesto en marcha varias medidas de apoyo para sus miembros de bajo ingreso mediante lo siguiente:

• La ampliación del acceso a recursos concesionarios en el contexto del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, que incluye la ampliación del acceso a financiamiento de emergencia. De marzo de 2020 a marzo de 2021, se han aprobado aproximadamente USD 13.000 millones para más de 50 países de bajo ingreso. El FMI está revisando actualmente su marco de concesión de préstamos a países de bajo ingreso, más allá del aumento temporal de los límites de acceso.
• La propuesta de una nueva asignación de derechos especiales de giro. Existe un apoyo cada vez más amplio entre los países miembros del FMI a favor de una posible asignación de DEG de USD 650.000 millones. Esto daría respuesta a la necesidad mundial a largo plazo de activos de reserva y ofrecería un importante aumento de liquidez a todos los miembros.
• El alivio del servicio de la deuda a través del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes a 29 países elegibles. El tercer tramo aprobado recientemente, y que abarca el período de abril a octubre de 2021, aumenta el alivio del servicio de la deuda total hasta USD 740 millones desde abril de 2020. Este alivio proporciona margen para que los países pobres aumenten el gasto en ámbitos prioritarios durante la pandemia.
• El apoyo a una nueva extensión de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) del G-20 hasta finales de diciembre de 2021. La iniciativa ha proporcionado un alivio del servicio de la deuda de USD 5.700 millones a 43 países en 2020, y se prevé que, hasta junio de 2021, proporcione una suspensión adicional del servicio de la deuda de USD 7.300 millones a 45 países.

Las necesidades de los países más pobres en los próximos cinco años son pronunciadas. Pero no son irrealizables. Se necesita un paquete de medidas sólido, coordinado e integral. Este paquete permitirá una recuperación rápida y la transición hacia un crecimiento inclusivo, digital y verde que acelerará la convergencia de los países de bajo ingreso con las economías avanzadas.