La delincuencia y la violencia son desde hace mucho tiempo una de las principales preocupaciones de los hogares de América Latina y el Caribe. Casi la mitad de las víctimas de homicidio intencional de todo el mundo provienen de esta región, pese a que representan apenas el 8% de la población mundial, según datos de las Naciones Unidas.
La tasa de homicidio media de la región es 10 veces superior a la de otras economías de mercados emergentes y en desarrollo y el doble que la de África subsahariana. En la región, América Central sobresale como la subregión más violenta. La inseguridad también ha empeorado con el transcurso del tiempo, sobre todo en ciertas partes de la región. Por ejemplo, América Central y el Caribe han registrado aumentos anuales de las tasas de homicidio de aproximadamente 4% en las últimas dos décadas.
La delincuencia incide de forma directa en la vida de millones de personas y genera enormes costos sociales. La interacción entre la actividad económica y la delincuencia es sutil, y por eso determinar los efectos causales no es fácil. Un aumento de la actividad económica reducirá la delincuencia, pero una reducción de la delincuencia, a su vez, impulsará la actividad económica. Y estos dos factores se ven afectados por otros, como la solidez del Estado de derecho.
Nuestro estudio reciente muestra que el aumento de las tasas de homicidio frena considerablemente el crecimiento económico. En América Latina, se estima que un aumento del 30% en las tasas de homicidio (equivalente a una desviación estándar histórica) reduce el crecimiento en 0,14 puntos porcentuales. La investigación se basó en estudios previos del FMI sobre América Central, Panamá y la República Dominicana que usaban datos sobre deportaciones de delincuentes desde Estados Unidos para así determinar el efecto causal de la delincuencia en la actividad económica.
Nuestro estudio destaca diferentes canales a través de los cuales la inseguridad afecta el crecimiento económico. Según estimaciones, la delincuencia entorpece la acumulación de capital, posiblemente porque disuade a los inversionistas que temen al robo y la violencia, y merma la productividad, dado que tiende a desviar los recursos hacia inversiones menos productivas, como la seguridad de las viviendas.
Reducir la violencia puede generar enormes beneficios. De acuerdo con el estudio, reducir el nivel de delincuencia en América Latina al nivel del promedio mundial incrementaría el crecimiento económico anual de la región en 0,5 puntos porcentuales, lo que equivale a aproximadamente un tercio del crecimiento registrado en América Latina entre 2017 y 2019. Además, hacer frente a la inseguridad donde sea más prevalente parece arrojar los mayores beneficios. Por ejemplo, cerrar por completo la brecha de delincuencia en los países con las tasas más altas de homicidios podría elevar su producto interno bruto en alrededor de 0,8 puntos porcentuales.
Racionalizar el gasto en seguridad
Los gobiernos en América Latina ya están destinando una importante proporción de sus recursos al orden y la seguridad públicas. No debe sorprender que el gasto sea mayor en los países con índices más altos de delincuencia; países como El Salvador y Jamaica ya gastan más de 2% de su PIB en este rubro.
Este considerable gasto puede ser importante para mitigar y disuadir la delincuencia, pero también sugiere que la adopción de estrategias más eficaces podría liberar abundantes recursos para otras prioridades de gasto. La Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un valioso recurso de base científica sobre la eficacia de las soluciones existentes de seguridad y justicia. La plataforma destaca, por ejemplo, que hay pocos datos empíricos que demuestran que las tecnologías de reconocimiento de matrículas de vehículos reducen la violencia relacionada con el transporte, mientras que se observa que el impuesto al alcohol y las políticas de precios reducen claramente la violencia en ciertos casos.
La delincuencia es un problema económico y social que tiene consecuencias de amplio alcance y una diversidad de raíces entrelazadas. Si los gobiernos en la región pudieran dar prioridad a adoptar estrategias más eficaces para combatir la delincuencia, estas no solo mejorarían la seguridad pública sino que reforzarían el potencial económico de la región. De allí la importancia de que las autoridades, las instituciones financieras internacionales, el sector académico, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado colaboren entre sí para encontrar maneras de hacer frente a este grave obstáculo para el crecimiento en la región.
