La inseguridad, las turbulencias políticas y la debilidad de las instituciones entorpecen las perspectivas de un progreso económico compartido
GILLES O. YABI es fundador y ejecutivo principal del West Africa Citizen Think Tank (WATHI) e investigador no residente del Programa para África del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.
Las opiniones expresadas en los artículos y otros materiales pertenecen a los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.
“Sin un análisis del poder, resulta difícil comprender la desigualdad y otras muchas cuestiones del capitalismo moderno”, escribe Angus Deaton en el número de marzo de Finanzas y Desarrollo. El pensamiento de Deaton es igualmente aplicable a algunos de los países más empobrecidos del mundo, especialmente en África Occidental. Si no analizamos el poder político y cómo este interactúa con otras formas de poder, será imposible comprender las trayectorias económicas de los países de África Occidental y la extrema fragilidad e incertidumbre que prevalecen en el ámbito de la seguridad y la política en gran parte de la región.
La región central del Sahel ha sido objeto de especial atención en los últimos doce años debido al establecimiento de varios grupos armados no estatales, algunos de ellos terroristas. Según el Índice Mundial de Terrorismo 2024, Burkina Faso, Malí y Níger se encuentran entre los 10 países más afectados por el terrorismo en todo el mundo.
Estos tres países sufrieron golpes militares entre 2020 y 2023. Malí vivió un golpe de Estado en dos etapas en septiembre de 2020 y abril de 2021, que marcaron el inicio de una nueva fase de las largas crisis políticas y de seguridad que afronta desde 2012. Burkina Faso corrió la misma suerte en 2022, con sendos golpes de Estado en enero y septiembre. En Níger se produjo un golpe de Estado en julio de 2023, aunque la situación de seguridad era mucho menos grave que en Malí y Burkina Faso.
Algunos de los oficiales militares que tomaron el poder pueden haber estado motivados, al menos en parte, por un deseo genuino de mejorar la situación de seguridad, pero otros pueden haberse sentido atraídos por el poder y los privilegios. Los oficiales aprovecharon la frustración generalizada de la población por el deterioro de la situación de seguridad, así como por la falta de progreso económico y social con los gobiernos de los líderes democráticamente elegidos del país. Además, la incapacidad de los gobiernos civiles electos para frenar la pérdida de control efectivo sobre grandes extensiones del territorio nacional, en particular en Malí y Burkina Faso, brindó a los militares el pretexto perfecto para hacerse con el poder político. Incluso más allá de quienes actualmente llevan las riendas gubernamentales, los ejércitos están destinados a ejercer una fuerte influencia sobre el poder político en esta región durante varios años.
Una década de crisis en el Sahel ya se ha cobrado un costo muy alto, sobre todo por la pérdida de oportunidades educativas. Los que hoy son niños y adolescentes han adquirido pocos conocimientos y habilidades para la vida debido al cierre de escuelas, los desplazamientos internos y el empeoramiento de la pobreza de las familias, y estos jóvenes corren el riesgo de involucrarse en la delincuencia y el terrorismo. El empeoramiento de las condiciones de la vida cotidiana solo puede prolongar las crisis políticas y de seguridad de la región y acentuar sus fragilidades.
Aunque la situación en el Sahel se ha deteriorado drásticamente desde 2012, la fragilidad de Malí, Burkina Faso y Níger está directamente relacionada con el desafío de edificar países —en particular sus instituciones políticas, económicas y sociales— que fueron moldeados por el legado de la colonización francesa.
Más allá del legado duradero de la colonización, los países del Sahel tienen en común su juventud como Estados independientes dentro de sus fronteras actuales. La labor de construir instituciones políticas que inspiren confianza a la población de países de gran diversidad étnica, cultural y lingüística tiene apenas unas décadas y ha logrado resultados desiguales.
Por otra parte, las crisis económicas y financieras de finales de los años ochenta y noventa, seguidas de un período de estabilización macroeconómica y ajuste estructural en la región, asestaron un duro golpe a los esfuerzos por construir Estados capaces, pues redujeron significativamente su capacidad de acción y los hizo dependientes de las instituciones internacionales. En varios países vuelve a haber sistemas multipartidistas y elecciones competitivas, pero los procesos de democratización han sido frágiles y las disposiciones constitucionales no siempre se han concretado en la práctica política.
En un artículo sobre la economía política de Níger publicado en 2015, el antropólogo franconigeriano Jean-Pierre Olivier de Sardan teoriza sobre por qué los países caen en esta trampa de la gobernanza débil y la inestabilidad. Habla de las “cárceles del poder” y señala cuatro guardianes principales: las grandes empresas, los militantes, aliados y allegados de los partidos políticos, los burócratas y los expertos internacionales.
“Quienquiera que llegue al poder debe satisfacer las demandas de numerosos grupos de interés”, escribe Olivier de Sardan. “El presidente electo asigna ministerios a los partidos que ayudaron a elegirlo, los ministros deben a su vez distribuir puestos entre los activistas, y estos últimos también encontrarán pequeñas recompensas para otros activistas en forma de provisión de servicios o pequeños contratos de suministro”.
Los empresarios que ejercen influencia política buscan el retorno de su inversión en forma de protección, exenciones fiscales, puestos clave en el gobierno para sus aliados y adjudicación de contratos. Así pues, se encuentran en el centro de la corrupción sistémica, que está directamente vinculada al creciente costo de las campañas electorales en un contexto de pobreza generalizada.
Olivier de Sardan explica también de qué manera los expertos internacionales y el sistema de ayuda internacional están insertos en esta economía política, que ha venido alimentando políticas públicas ineficaces y resultados económicos decepcionantes. “El sistema de ayuda, ya sea ayuda a proyectos, ayuda sectorial o ayuda presupuestaria (las tres están interrelacionadas), induce una dependencia malsana y paralizante”, escribe.
Estos vínculos entre las prácticas políticas, las funciones del Estado, los servicios públicos y las condiciones de vida no son exclusivos del Sahel. Están presentes en la mayoría de los países de África Occidental y en otras regiones, aunque la escala y la sofisticación de la captura de las instituciones y las oportunidades económicas por parte de los grupos de interés varían. Las crisis de seguridad, que son en parte resultado de los modestos logros en la creación de instituciones y el desarrollo de la economía, añaden una capa más de complejidad.
Para frenar la captura del Estado por parte de unos pocos grupos que abusan de su cercanía de quienes detentan el poder político es necesario mejorar las instituciones, fomentando la eficacia y la integridad. Entre las acciones propuestas por el West Africa Citizen Think Tank (WATHI), que dirijo, se cuentan el fortalecimiento de las instituciones que controlan el uso de los recursos públicos y el combate contra la corrupción, así como la institucionalización de la participación ciudadana en el debate de las políticas públicas como componente esencial de la gobernanza democrática. También recomendamos un planteamiento institucional que busque específicamente reducir las desigualdades espaciales dentro de los países mediante el seguimiento de los avances en la prestación de servicios públicos.
Ayudar a estabilizar los países del Sahel es esencial para el desarrollo económico sostenible de una amplia franja del continente africano. A pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la guerra en Ucrania, varios países de África Occidental (entre ellos Benin, Côte d’Ivoire y Senegal) han logrado un notable crecimiento económico en los últimos años. No obstante, la continuidad del crecimiento depende del mantenimiento de la seguridad en sus territorios y de la percepción de riesgo, que se ve afectada por la situación en el Sahel.
Las instituciones financieras internacionales deben tomarse más en serio el contexto local y los efectos adversos de las intervenciones impulsadas desde el exterior, especialmente en el Sahel. En particular, dichas instituciones deben colaborar con los países de la región para dar prioridad a la inversión y la reforma de la educación y la formación profesional. Esto ayudará a estimular las economías locales, basadas en la producción agrícola, la ganadería y el procesamiento de recursos naturales a pequeña escala.
En toda África Occidental, el progreso económico y social sostenible —que no debe confundirse con el crecimiento económico a corto plazo— depende de reorientar los esfuerzos hacia la creación de instituciones y la inversión en las personas.
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