Credit (foto: hadynyah/iStock by Getty Images)
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Los que más están sintiendo los efectos de la crisis de la COVID-19 son los que ya de por sí son más vulnerables. Esta calamidad podría provocar un aumento significativo de la desigualdad del ingreso y poner en peligro los avances alcanzados en materia de desarrollo, como los logros educativos y la reducción de la pobreza. Nuevas estimaciones indican que cerca de 100 millones de personas de todo el mundo podrían caer en la pobreza extrema, suprimiendo así todos los avances en la reducción de la pobreza logrados en los últimos tres años.
Por esta razón, las autoridades económicas deben hacer todo lo que esté a su alcance para promover una recuperación más inclusiva, que beneficie a todos los segmentos de la sociedad.
Nuestro nuevo estudio, preparado conjuntamente con el Banco Mundial para el G-20, se centra en cómo ampliar el acceso de los ciudadanos a las oportunidades, sean quienes sean y vengan de donde vengan. Un acceso más equitativo a las oportunidades está asociado a un crecimiento más fuerte y sostenible, así como a un mayor aumento del ingreso de los pobres. No obstante, desarrollar la capacidad máxima de todas las personas no es tarea fácil.
Lo cierto es que el virus genera mayores riesgos para la salud de los hogares de bajo ingreso, los más damnificados por el desempleo récord y con menos probabilidades de beneficiarse del aprendizaje a distancia. La nutrición infantil también puede verse perjudicada por la interrupción del servicio de comedor escolar. Según estimaciones de las Naciones Unidas, más de 500 millones de niños de todo el mundo se han quedado sin acceso a la educación debido al confinamiento por el coronavirus. Muchos de ellos no volverán a las aulas tras la pandemia, con mayor probabilidad en el caso de las niñas.
Estas desigualdades son realmente alarmantes, pero no inesperadas. Sabemos por experiencia y gracias a análisis recientes del FMI que las grandes epidemias suelen agravar la desigualdad del ingreso ya existente.
Una respuesta de política sin parangón
La buena noticia es que gobiernos de todo el mundo han adoptado medidas de política extraordinarias para salvar vidas y proteger medios de subsistencia. Entre ellas cabe destacar nuevas iniciativas para proteger a los pobres: muchos países han ampliado la ayuda alimentaria y las transferencias monetarias focalizadas. A escala global, las medidas fiscales adoptadas hasta la fecha ascienden a unos USD 10 billones.
Sin embargo, la gravedad de la crisis obliga a realizar importantes esfuerzos adicionales. Por ejemplo, se requerirán medidas para evitar que la economía sufra daños prolongados, entre otras cosas como consecuencia de la pérdida de empleo y el aumento de la desigualdad. Está claro que ampliar el acceso a las oportunidades es más importante que nunca si queremos evitar un incremento persistente de la desigualdad.
Teniendo esto en cuenta, deseo hacer hincapié en tres prioridades:
1. Usar el estímulo fiscal de forma apropiada
Durante la fase de recuperación, deberá aplicarse un estímulo fiscal considerable para impulsar el crecimiento y el empleo. La crisis financiera mundial demostró que, en general, en los países donde las pérdidas de producción fueron más significativas respecto a las tendencias anteriores a la crisis se registró un mayor incremento de la desigualdad.
Sin embargo, no basta con asegurar la recuperación del crecimiento. Recordemos las reformas que siguieron a la crisis financiera y las inversiones que incrementaron la capacidad de resistencia de los sistemas bancarios. Durante la fase de recuperación, se requerirá un aluvión similar de reformas e inversiones para mejorar significativamente las perspectivas económicas de los más vulnerables.
Es decir, necesitaremos un estímulo fiscal que redunde en beneficios para las personas. Esto significa aumentar la inversión pública en los servicios de salud para proteger a los más vulnerables y reducir a un mínimo los riesgos derivados de epidemias futuras. Y también significa reforzar las redes de protección social; ampliar el acceso a una educación de calidad, agua limpia y saneamiento, e invertir en infraestructuras climáticamente inteligentes. Algunos países podrían ampliar también el acceso a servicios de guardería de alta calidad, con potencial para aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral e impulsar el crecimiento a largo plazo.
Estas iniciativas son indispensables para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, ¿cómo podemos aumentar significativamente el gasto si son tantos los países que actualmente afrontan un incremento de la deuda pública? En los mercados emergentes, la deuda pública ha aumentado hasta niveles nunca vistos en 50 años.
El FMI y el Banco Mundial han promovido la suspensión del servicio de la deuda como mecanismo de acción rápida a favor de países sin los recursos financieros necesarios para responder adecuadamente a la crisis. El G-20 ha respondido conviniendo en suspender el reembolso de los créditos bilaterales oficiales de los países más pobres, a partir del 1 de mayo de 2020 y hasta el final del año.
A mediano plazo, habrá margen para mejorar la eficiencia del gasto y movilizar más ingresos públicos. También lo habrá para la reforma tributaria: por ejemplo, algunas economías avanzadas y en desarrollo podrían elevar las tasas impositivas máximas del impuesto sobre la renta de las personas físicas sin frenar el crecimiento. Los países podrían tomar medidas para que el sistema de tributación de sociedades capture una parte apropiada de las ganancias extraordinarias percibidas por los «ganadores» de la crisis, quizá también las derivadas de actividades digitales. Además, deberían aunarse esfuerzos para luchar contra los flujos ilícitos y eliminar las lagunas tributarias, tanto a nivel nacional como internacional.
2. Empoderar a la nueva generación mediante la educación
Con la interrupción de los programas educativos como consecuencia del virus, millones de niños corren el riesgo de caer en la «pobreza de aprendizaje», que significa no saber leer ni entender un texto sencillo a los 10 años. La pobreza de aprendizaje, impulsada por las deficiencias de acceso a una escolarización de calidad, ya es demasiado elevada, especialmente en los mercados emergentes y los países de bajo ingreso. 
También nos preocupan los efectos a largo plazo que la crisis pueda tener sobre las brechas del ingreso y la educación. En nuestros estudios, hemos analizado la relación que existe entre educación y desigualdad. Un incremento de 10 puntos del coeficiente de Gini de un país (como los observados en algunas economías durante la crisis financiera mundial) se vincula a un grado de instrucción significativamente menor, de aproximadamente medio año. lo cual podría reducir los ingresos a lo largo de toda la vida y hacer que las diferencias de ingresos y oportunidades se transmitan de generación en generación.
Dicho de otra forma: para proteger nuestro futuro debemos proteger a nuestros hijos. Es por eso que debemos invertir más en educación, no limitarnos a gastar en escuelas y capacidad de aprendizaje a distancia, sino mejorar también la calidad de la educación y el acceso al aprendizaje y la capacitación para adquirir nuevas habilidades a lo largo de toda la vida.
La recompensa por estos esfuerzos puede ser enorme en términos de crecimiento, productividad y nivel de vida. Las simulaciones, basadas en un modelo que reproduce una economía como Brasil, demuestran que una reducción de una cuarta parte de la brecha del logro educativo, con respecto al promedio de la OCDE, podría hacer aumentar el producto económico en más de un 14%.
3. Aprovechar el poder de la tecnología financiera
La COVID-19 ha provocado una migración en masa de las tecnologías analógicas a las digitales. Sin embargo, sus beneficios no han llegado a todo el mundo, y todo apunta a que uno de los legados de la crisis será una mayor brecha digital.
¿Qué pueden hacer los responsables de la política económica? Es absolutamente prioritario ampliar el acceso de los hogares de bajo ingreso y las pequeñas empresas a los productos financieros, que les permitirán a los hogares mantener su consumo ante los shocks, y a las empresas, realizar inversiones productivas. Esta «revolución de la inclusión» está cobrando impulso, y los gobiernos están realizando transferencias monetarias de emergencia en un volumen sin precedentes. Por ejemplo, en Pakistán y Perú, los nuevos programas de apoyo abarcan a un tercio de la población.
Llegar a los más vulnerables puede resultar complicado en las economías en desarrollo, donde casi el 70% del empleo es informal, pero es ahí donde abundan las oportunidades para las tecnofinanzas. Cabe recordar que aproximadamente dos tercios de los adultos sin acceso a cuentas bancarias (1.100 millones de personas) sí tienen teléfono móvil, y una cuarta parte tienen acceso a Internet. Si los pagos rutinarios que el gobierno realiza en efectivo se realizaran mediante cuentas bancarias el número de adultos sin acceso a una cuenta bancaria podría reducirse en 100 millones a escala mundial, y las oportunidades que existen en el sector privado son incluso mayores.
Es evidente que los gobiernos también deben gestionar los riesgos derivados de las tecnofinanzas. Se requieren reformas para promover la competencia, mejorar la protección del consumidor y luchar contra el lavado de dinero. Encontrar el equilibrio adecuado será imprescindible para reducir la desigualdad e impulsar el crecimiento.
Según nuestras investigaciones, cuanto mayor es el acceso al financiamiento y la tecnología, mayor es la movilidad intergeneracional del ingreso. Asimismo, las estimaciones revelan que a largo plazo el diferencial de crecimiento del PIB es de 2 a 3 puntos porcentuales entre los países financieramente inclusivos y aquellos que no lo son tanto.
En todos estos ámbitos, el FMI trabaja con el Banco Mundial y muchos otros socios para respaldar a los países en estos tiempos de crisis. Hemos asumido el firme compromiso de ayudar a los grupos vulnerables a través de la asistencia técnica práctica, el asesoramiento de política y los programas de préstamo, prestando mayor atención a las cuestiones relacionadas con el gasto social, como las redes de protección, la salud y la educación.
Conforme avance el proceso, todos los gobiernos deberán prepararse para una recuperación más inclusiva. En este sentido, deberán adoptar las medidas adecuadas, sobre todo en materia de estímulo fiscal, educación y tecnofinanzas. Además, deberán intercambiar ideas, aprender de los demás y fomentar una mayor solidaridad.
Si la crisis actual nos ha enseñado algo es que la fortaleza de una sociedad viene definida por la de su miembro más débil. Esta debe ser la guía que nos lleve a un mundo más resiliente después de la pandemia.
