Credit (PHOTO: IMF PHOTO/TAMARA MERINO)
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Los recientes aumentos de los precios de los alimentos y la energía afectan a los hogares en todo el mundo. La fuerte subida mundial de los precios de la energía desde la invasión de Ucrania por Rusia subraya la necesidad de poner fin a la dependencia de las fuentes de energía sujetas a perturbaciones recurrentes. La guerra también ha afectado la seguridad alimentaria, ya comprometida por las malas cosechas y los fenómenos meteorológicos extremos debido al aumento de las temperaturas. Estos cambios muestran claramente la importancia de acelerar la transición ecológica para frenar el aumento de las temperaturas y al mismo tiempo proteger a los grupos vulnerables que son los más dependientes de los combustibles y empleos de uso intensivo de carbono.
Si bien el sistema de tarificación del carbono es uno de los instrumentos de política más eficaces para reorientar el gasto y la inversión desde la energía contaminante hacia alternativas verdes, muchos países son reacios a utilizar este instrumento. Temen una pérdida de competitividad internacional, especialmente en sectores que generan altas emisiones como el acero o los productos químicos.
Este problema podría resolverse mediante un acuerdo que fije un precio mínimo internacional del carbono. El personal técnico del FMI propuso esta solución en un documento publicado el año pasado en el cual se instó a los mayores emisores del mundo a pagar un precio mínimo entre USD 25 y USD 75 por tonelada de carbono en función de su nivel de desarrollo económico. La propuesta reconoce que algunos países podrían utilizar políticas distintas de la tarificación del carbono —regulaciones, por ejemplo— pero estas alternativas deberían permitir reducir las emisiones por lo menos tanto como el precio mínimo del carbono.
Esta propuesta se presenta con detalle en un reciente documento del personal técnico del FMI que muestra que un precio mínimo internacional del carbono introducido simultáneamente en todos los países —y con los mismos precios mínimos diferenciados en función del nivel de ingreso— tendría importantes ventajas en comparación con otros sistemas. En primer lugar, reduciría las emisiones lo suficiente como para cumplir el objetivo de 2 grados. De hecho, de todas las soluciones examinadas en el documento esta es la única opción viable para evitar que las temperaturas alcancen niveles peligrosamente elevados.
En segundo lugar, un precio mínimo internacional del carbono solo tendría un impacto moderado en el crecimiento económico mundial, siempre y cuando los países también inviertan en energía de bajas emisiones de carbono. Según nuestras estimaciones, este precio mínimo del carbono reduciría el producto interno bruto en 1,5% de aquí a 2030 en relación con lo que habría sido sin el precio mínimo, y los países más pobres del mundo experimentarían una desaceleración mucho menor (solo 0,6%). Es el precio que se justifica para prevenir los costos mucho más elevados de la reducción de las emisiones de carbono —miles de millones de dólares— como se explica en el informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Y en tercer lugar, esto permite asegurar el reparto de los costos de la transición según las responsabilidades respectivas de los países de diferentes niveles de ingreso a través de precios mínimos del carbono diferenciados. La propuesta de precio mínimo internacional del carbono fija el precio del carbono por tonelada de carbono en USD 25 para los países de bajo ingreso, USD 50 para los países de mediano ingreso y USD 75 para los países de alto ingreso. Este sistema sería más equitativo que un precio mundial uniforme y reduciría la necesidad de realizar transferencias adicionales entre países, que han resultado problemáticas desde el punto de vista político.
Solo son precios mínimos. Muchos países (en particular los países de alto ingreso) han asumido compromisos climáticos ambiciosos en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). Estos países podrían verse obligados a fijar un precio más elevado para alcanzar estos objetivos. Entretanto, para muchos países de mediano y bajo ingreso, nuestro análisis muestra que los precios mínimos son superiores a los que implican sus CDN que no son lo suficientemente ambiciosos para limitar el aumento de la temperatura. De hecho, para controlar el aumento de la temperatura a escala mundial, es fundamental reforzar las contribuciones de los países de mediano y bajo ingreso, que representan una parte cada vez mayor de las emisiones mundiales.
A falta de un acuerdo mundial, los países de alto ingreso que han propuesto políticas climáticas ambiciosas han considerado aplicar un arancel aduanero sobre las emisiones de carbono de productos importados (denominado mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono o BCA, por sus siglas en inglés). El objetivo es proteger a la industria nacional de competidores extranjeros sujetos a políticas climáticas menos estrictas. Nuestro estudio confirma las conclusiones de anteriores trabajos: si bien los BCA pueden proteger a las industrias de uso intensivo de energía y expuestas al comercio internacional, no son un incentivo suficiente para reducir las emisiones y alcanzar así los objetivos de temperatura mundiales. Esto se debe a que solamente gravan los productos exportados de países que no tienen un impuesto nacional sobre el carbono.
La cuarta ventaja de un precio mínimo internacional del carbono es que los países de alto ingreso no tendrían que aplicar el arancel BCA. Todos los grupos de países actuarían juntos, y los países de alto ingreso no sufrirían grandes pérdidas de competitividad, y esto sería cierto incluso con precios mínimos diferenciados: los productos procedentes de países de mediano y bajo ingreso suelen hacer un uso más intensivo del carbono, de manera que el precio más bajo del carbono y la intensidad en carbono más alta se compensan mutuamente. Un determinado producto requeriría así pagos de carbono similares en todos los grupos de ingreso.
Las tensiones geopolíticas se han intensificado desde la invasión de Ucrania y las perspectivas de cooperación internacional pueden parecer frágiles ahora que los países señalan su repliegue en campos rivales. Sin embargo, el cambio climático es un desafío mundial en el que podemos —y debemos— concentrarnos ya que la multiplicación de inundaciones, sequías y catástrofes meteorológicas agrava la crisis alimentaria y otros costos económicos y humanos. Nuestra propuesta de adoptar progresivamente un precio mínimo internacional del carbono de aquí a 2030 sería un gran paso para limitar el recalentamiento mundial a menos de 2 grados centígrados.
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Jean Chateau es Economista Principal en el Departamento de Estudios del FMI. Previamente, trabajó como Economista Principal en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia Internacional de Energía (AIE), y contribuye a múltiples informes en ambas organizaciones. En los últimos 20 años, sus trabajos se han centrado en los modelos de EGC, las economía climática, la economía circular y las cuestiones energéticas. El Sr. Chateau tiene un doctorado en Economía de la Universidad de París-1 Panthéon-Sorbonne.
Florence Jaumotte es Subjefa de División en el Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ha trabajado en la División de Supervisión Multilateral y en la División de Estudios Económicos Internacionales del Departamento de Estudios, así como en una serie de equipos encargados de distintos países. Sus estudios se centran en las instituciones y las políticas del mercado de trabajo, la desigualdad del ingreso y la macroeconomía de las economías abiertas. Anteriormente, trabajó en el Departamento de Economía de la OCDE en París. Se doctoró en Economía en la Universidad de Harvard.
Gregor Schwerhoff es Economista en la División de Supervisión Multilateral del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sus investigaciones abarcan diversos aspectos de la política climática, pero se centran especialmente en la incidencia de la tarificación de carbono en el bienestar. Se incorporó al FMI en 2020 tras haber trabajado en el Banco Mundial, y obtuvo su doctorado en la Universidad de Bonn, Alemania.
