América Latina enfrenta un crecimiento más lento e inflación alta en medio de tensiones sociales

Las economías de América Latina resistieron bien el año pasado a pesar de los shocks derivados de la invasión rusa a Ucrania y las subidas de las tasas de interés a nivel mundial. En 2022, la economía de la región se expandió casi 4%, el empleo repuntó con fuerza y el sector de los servicios se recuperó del daño infligido por la pandemia.

Las presiones inflacionarias están mermando en muchos países gracias a las acciones inmediatas y decisivas de los bancos centrales y al descenso de los precios mundiales de los alimentos y la energía. No obstante, la inflación subyacente (es decir, la que excluye los alimentos y la energía) se mantiene en un nivel alto de alrededor del 8% en Brasil, México y Chile (y algo más alto en Colombia, pero más bajo en Perú).

Pese a estas alentadoras noticias sobre el crecimiento y la inflación, es probable que 2023 sea un año difícil para la región. El crecimiento este año apunta a desacelerarse a apenas 2%, en un contexto de tasas de interés más altas y precios más bajos de las materias primas. Tanto la creación de empleo como el gasto de consumo en bienes y servicios están desacelerándose, y la confianza de los consumidores y las empresas está debilitándose. El crecimiento también se verá limitado por una desaceleración en los socios comerciales, en particular Estados Unidos y la zona del euro. Además, siguen predominando los riesgos a la baja, como por ejemplo los derivados de posibles condiciones financieras más restrictivas de lo previsto, y de la guerra de Rusia en Ucrania.

Por otro lado, el retorno de la inflación hacia las metas fijadas por los bancos centrales probablemente será un proceso prolongado y expuesto a riesgos, por ejemplo por el aumento de presiones salariales.

Perspectivas socioeconómicas complicadas

La desaceleración del crecimiento, la inflación elevada y la incertidumbre mundial implican que este año los niveles de vida disminuirán para mucha gente de la región, y que habrá un mayor grado de ansiedad con respecto al futuro.

El creciente malestar social y la menor confianza en las instituciones públicas han sido una tendencia destacada en la región desde hace algún tiempo. Las tensiones sociales sin duda se vieron exacerbadas durante la pandemia. Los más pobres —en particular aquellos cuyos empleos consistían en servicios en persona— se llevaron la peor parte de las consecuencias económicas. Pese al apoyo público, muchos no pudieron blindarse completamente del al impacto negativo de la pandemia, como lo demuestra el notable aumento de la pobreza. La mayor inseguridad alimentaria también es un síntoma clave de los persistentes efectos socioeconómicos de la pandemia.

La clase media de la región también se enfrenta a una situación económica más inestable. Muchas empresas pequeñas sufrieron durante los confinamientos, y los salarios de los trabajadores de ingreso medio se vieron erosionados por la posterior escalada de precios.

Para revertir estas tendencias y el impacto de la pandemia hay que restaurar la estabilidad macroeconómica y estimular el crecimiento de manera duradera mediante reformas estructurales. Pero encontrar acuerdos para emprender reformas económicas razonables en un entorno de fuertes tensiones sociales será una batalla cuesta arriba. Al mismo tiempo, la continua posibilidad de malestar social y paralización política puede minar la confianza y ser un lastre para la actividad económica.

Abrir camino

Pese a las evidentes dificultades, las políticas deben centrarse en lograr la estabilidad económica, estimular el crecimiento y la creación de empleo, fomentar la iniciativa empresarial y atender las acuciantes necesidades sociales a las que se enfrentan muchas personas en la región. Esto ayudará a aliviar el malestar social y a restablecer la confianza en las instituciones públicas. Pero estas medidas exigen determinación, persistencia y la creación de un consenso social en torno a diversas cuestiones:

• Los bancos centrales no deben flaquear en su lucha para reducir la inflación, que exigirá esfuerzos denodados. En muchas economías de la región está aproximándose el fin de las subidas de las tasas de interés, pero estas probablemente tendrán que permanecer en niveles altos por algún tiempo para garantizar que la inflación vuelva a descender a los niveles fijados como meta.

• La política fiscal tendrá que hacer hincapié en el gasto social para ayudar a los pobres y al mismo tiempo en reducir la deuda pública. Para alcanzar estas metas será necesario movilizar ingresos de una manera progresiva, favorable al crecimiento y equitativa. La confianza en el gobierno seguirá viéndose socavada mientras los ricos no paguen la proporción de impuestos que les corresponde. Es igualmente importante que los gobiernos establezcan claras prioridades en el gasto y busquen formas de apuntalar la credibilidad de las instituciones públicas, con buena gobernanza y transparencia.
• Se deben seguir mejorando las redes de protección en la región, construyendo sobre los avances recientes, a fin de garantizar asistencia social fiable y suficientemente generosa para quienes más la necesiten.
• Estas medidas no deben reemplazar los cambios de políticas más profundos que son necesarios para mejorar la productividad, promover la inversión y facilitar la creación de empleo. Esas reformas serán, a la larga, el camino principal para elevar los niveles de vida de la población de la región.