La política fiscal plantea incesantes dilemas: qué prioridades se financian, quién se beneficia de una menor carga impositiva y bajo qué condiciones. Hasta hace poco, los gobiernos no tenían que decidir de inmediato porque podían negociar préstamos favorables. Pero las cosas han cambiado: la deuda es más cara y acumula volúmenes históricos, al tiempo que crece la demanda de fondos públicos cada vez más escasos. Las sociedades pueden lograr conciliar estas prioridades contrapuestas únicamente con algo que suele pasar inadvertido y que no abunda: la confianza ciudadana.
Ya antes de la pandemia de COVID-19, la deuda pública no dejaba de aumentar. En muchas democracias, las plataformas políticas se inclinaron por engrosar el gasto y el déficit, aplazando la reforma estructural (Cao, Dabla-Norris y Di Grigorio, 2024). El crecimiento económico moderado, el costo sanitario asociado al creciente envejecimiento de la población y la renuencia a subir los impuestos no hicieron más que empeorar la situación. Las decisiones difíciles se postergaron y la deuda siguió creciendo, apuntalada por las tasas de interés inusitadamente bajas de las dos últimas décadas.
En 2020, ante el peor colapso económico desde la Gran Depresión, los gobiernos comenzaron a endeudarse con holgura. La deuda de las economías avanzadas saltó decenas de puntos porcentuales del PIB; en algunas, a más del 120% (gráfico 1). Aunque con más cautela, los países de mercados emergentes y de ingreso bajo siguieron la misma pauta. Esa reacción evitó un desenlace más catastrófico. Pero aunque su nivel en muchos casos se estabilizó, la deuda ya no es barata.
Hoy en día, las autoridades están viviendo la versión fiscal de un COVID persistente: tasas de interés más altas y deuda cada vez más costosa. La deuda pública mundial trepó al 93,9% del PIB en 2025 y va camino de superar el 100% para 2028, niveles nunca vistos en tiempos de paz y que representan un punto de inflexión para la política económica y la política en general. Entre tanto, hay fuerzas estructurales a largo plazo —el envejecimiento de la población, el cambio climático, las crecientes demandas sociales y, en los países de ingreso bajo, la disminución de los flujos de ayuda y el costo siempre elevado del endeudamiento— que siguen presionando los presupuestos, al tiempo que las incipientes tensiones geopolíticas obligan a invertir en defensa y política industrial.
La era de las tasas de interés ultrabajas ha finalizado, pero las tendencias del crecimiento económico no han cambiado mucho. En poco tiempo, el costo del endeudamiento se duplicó o triplicó. Los intereses son una partida más pesada dentro del presupuesto y desplazan otras prioridades. En Estados Unidos, por ejemplo, los pagos netos por intereses pasaron de alrededor del 2% del PIB antes de la pandemia al 4,2% en 2025 —superando el gasto en defensa— y presuntamente seguirán aumentando. En los países de ingreso bajo, los intereses consumen en promedio el 21% de la recaudación.
Una deuda abultada resta margen de maniobra para afrontar crisis, trastorna la economía general al encarecer el capital, complica la política monetaria y genera represión financiera. A la vez, puede hacer peligrar la estabilidad financiera, sobre todo en los mercados emergentes, si las tasas de rendimiento suben cuando los inversionistas comienzan a dudar de la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. La desmejora de las condiciones de financiamiento puede provocar ajustes más drásticos y repentinos; en palabras del economista Rudi Dornbusch, las crisis tardan mucho más en llegar de lo que uno cree y luego ocurren más rápido de lo que uno se imagina. A niveles elevados, la deuda también desvía recursos de la renta nacional hacia los acreedores en detrimento de otras necesidades.
En un mundo con poca deuda y bajas tasas de interés, los gobiernos podían eludir decisiones difíciles financiándose con más préstamos, confiados en que el crecimiento económico aumentaría la recaudación para atender el servicio de la deuda y, con el tiempo, amortizarla. Ese mundo ya no existe. Cada centavo de la deuda pública que no está compensado por la recaudación encierra un futuro con más impuestos o menos gastos, aunque más no sea para saldar los intereses de la nueva deuda. Pasado cierto nivel de deuda, surgen decisiones penosas, ya sea en forma de austeridad, inflación, represión financiera e incluso cesación de pagos. El dilema es insoslayable: ante un espacio fiscal limitado, ¿cuáles serán los sacrificios y en quién recaerán?
El tamaño del gobierno representa una encrucijada clásica. Gracias a la mejora de los niveles de vida, los ciudadanos esperan contar con redes de protección social fiables, atención de la salud y educación asequibles, una inversión pública sólida y protección contra riesgos cada vez más variados, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y las pandemias. Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías avanzadas ampliaron considerablemente el Estado de bienestar; muchas volvieron a hacerlo tras la crisis financiera internacional de 2008 y en respuesta a la pandemia de COVID-19. Las economías de mercados emergentes afrontan fuertes presiones para reforzar las redes de protección aún limitadas, ya que la ciudadanía exige crecimiento con equidad. El problema es que el deseo de prestaciones suele superar la voluntad social de recaudación, y los recortes de impuestos no siempre van seguidos de una moderación del gasto. Los gobiernos no pueden ofrecer prestaciones al estilo de los países nórdicos sin reproducir su tributación; incluso con ese nivel de impuestos, el envejecimiento de la población y otros factores de presión desafían la aritmética.
A la hora de equilibrar la credibilidad y la flexibilidad, aflora otro dilema. Los gobiernos necesitan espacio para poder responder a los shocks, pero también deben asegurarles a los mercados y a los ciudadanos que mantendrán la deuda bajo control. Abalanzarse a recortar el gasto y subir los impuestos o atarse a reglas fiscales inflexibles, como un tope de deuda demasiado restrictivo, pueden profundizar una recesión; además, ignorar el déficit puede suscitar una reacción negativa del mercado, como ocurrió durante la crisis de deuda de la zona del euro. El quid de la cuestión es comprometerse firmemente con la sostenibilidad sin paralizar con rigideces la formulación de políticas. Eso requiere anclas fiscales creíbles a mediano plazo con salvedades para shocks atípicos; planes transparentes que prioricen la inversión sin abandonar a los grupos más vulnerables, y marcos institucionales que promuevan la confianza sin inmovilizar al gobierno frente a una desaceleración grave. Lograr el equilibrio adecuado jamás ha sido tan importante ni tan difícil.
Un tercer dilema es si conviene invertir ahora o conservar recursos necesarios para factores apremiantes como la seguridad nacional, los shocks, la transición climática, la inclusión social y el desarrollo: por cada dólar que se gasta hoy, queda menos protección ante la próxima crisis, y en un mundo de crisis frecuentes, la disyuntiva es complicada. Los países que agotan la capacidad de endeudamiento cuando todo anda bien quedan gravemente expuestos en la próxima recesión o catástrofe. No se trata de planificar con optimismo inefable, sino de preparar estrategias fiscales que funcionen cuando posiblemente ya esté acechando otra crisis.
Hoy, cada decisión presupuestaria beneficiará o perjudicará explícitamente a alguien en un momento determinado, y resulta más complicada en términos de la economía política. ¿Quién o qué recibe prioridad? ¿Cuánta recaudación se le destina, privando a otros programas? Son preguntas que ya no es posible camuflar con deuda nueva, y darles, como corresponde, una respuesta clara resulta más que difícil.
Una deuda pública abultada no es solamente un problema macroeconómico; es también una cuestión de equidad intergeneracional. Como bien dijo Edmund Burke, la sociedad es un pacto entre los que viven, los que ya no viven y los que están por nacer. Gracias a la deuda, es posible financiar proyectos que promueven el crecimiento, amortiguar un golpe o distribuir mejor los gastos a lo largo del tiempo, pero un déficit persistente está financiado con deuda endosada a los trabajadores y los contribuyentes del mañana. Cuando la deuda es grande y las tasas de interés suben, se canalizan más recursos públicos hacia los tenedores de bonos que hacia los bienes públicos, una transferencia que continúa mientras la deuda existe y que se intensifica si la deuda crece.
El perfil demográfico añade dos complicaciones. A medida que la sociedad envejece, el costo de las pensiones y de la atención médica comienza a crecer más rápido que la recaudación. Y cuando las tasas de natalidad se desploman, ese costo recae en una fuerza laboral cada vez más pequeña. Las economías avanzadas tienen hoy unos tres trabajadores por cada jubilado, a diferencia de los cuatro que había aproximadamente en 2000, y para 2050 tendrán dos (OCDE, 2025). Además, muchas obligaciones en materia de pensiones y salud siguen fuera del balance del Estado y, a medida que la población avanza en años, estos pasivos implícitos afloran en los presupuestos, a menudo con efectos desestabilizadores. Esto plantea alternativas poco gratas: subir los impuestos, recortar las prestaciones o cruzarse de brazos y tomar más deuda.
Cuanto más se posponen las decisiones difíciles, más abrupto y oneroso es el ajuste cuando los acreedores o la realidad fiscal finalmente obligan a actuar; lo que es peor, hay menos gente para pagar la cuenta. Entre tanto, las transferencias, otros gastos corrientes y el servicio de la deuda pueden desplazar la inversión en educación, tecnología e infraestructura, quitándole prosperidad a la próxima generación. La economía política ahonda el problema. El electorado general se resiste a los recortes de prestaciones percibidas o prometidas, y la tercera edad puede ser un bloque especialmente poderoso en las urnas.
Los políticos prefieren evitar medidas impopulares como el aumento de la edad de jubilación, el recorte de las prestaciones o la ampliación de la base impositiva, y por eso optan por más deuda. Este sesgo hacia el presente plantea importantes cuestiones de equidad. Los jóvenes ven cómo se acumula la deuda y sospechan que al jubilarse les tocará pagar más impuestos a cambio de menos servicios públicos. La confianza y el contrato social entre generaciones se desgastan. Por su parte, cuando ven que el ajuste fiscal se pospone indefinidamente, los mercados financieros exigen primas por riesgo más altas o se repliegan.
Ahora bien, el endeudamiento no es intrínsecamente malo para los jóvenes. La deuda puede ayudar a construir un futuro mejor si alimenta el crecimiento o evita recesiones profundas. Las inversiones en infraestructura, educación y resiliencia climática financiadas con deuda pueden beneficiar a la sociedad del futuro. Lo preocupante es que un nivel excesivo de deuda nueva financia el consumo presente o la postergación de decisiones difíciles, lo cual traslada a los futuros contribuyentes una mayor parte de la carga en lugar de recaer en los que hoy se benefician. Corresponde preguntarse si le estamos dejando a la próxima generación un mundo mejor y más próspero o sencillamente que paguen los platos rotos.
Si la tarea de la política fiscal es distribuir los costos a lo largo del tiempo y entre los distintos grupos sociales, el factor políticamente indispensable es la confianza. Sin confianza, pueden fracasar hasta las reformas más sensatas y mejor pensadas, porque la ciudadanía sospecha de los motivos y los resultados. Con confianza, las sociedades están más dispuestas a aceptar y mantener concesiones difíciles.
Confiar significa creer que algo es seguro y fiable o que alguien es bueno y honrado. Cada uno de esos elementos tiene su equivalente fiscal; si no son comprensibles, equitativos, transparentes y efectivos, los acuerdos no inspiran confianza.
Muchas sociedades se ven aquejadas por una escasez de confianza (gráfico 2). Las diferencias de percepción que la provocan saltan a la luz en un estudio reciente, basado en una encuesta de 2024 entre 27.000 personas de 13 países (Bianchi, Dabla-Norris y Khalid, 2025). En economías tanto avanzadas como de mercados emergentes, muchas personas no comprenden cuestiones fiscales básicas. Por ejemplo, apenas un 42% de los encuestados comprendía que un aumento de los impuestos o un recorte del gasto reduce el déficit público, y más del 60% subestimaba la relación deuda/PIB de su país, especialmente en países muy endeudados. Si la gente cree que la deuda no es tan elevada ni perjudicial, naturalmente pensará que los llamados a la reforma fiscal son exagerados o tienen motivaciones políticas. Esa visión errada resta premura y apoyo a medidas correctivas oportunas.
La falta de confianza siembra pesimismo en torno a las políticas públicas. Los encuestados que declaran más confianza en el gobierno tienen un 20% más de probabilidades de creer que sus políticas contribuirán a estabilizar o reducir la deuda pública. Aunque los encuestados en general dudan de que las actuales políticas de reducción de la deuda los beneficiarán, los que confían más en el gobierno tienen un 17% más de probabilidades de esperar un efecto positivo personal.
La encuesta también reveló preocupaciones que trascienden las diferencias de ingresos y demografía. Mucha gente teme perder las pensiones o los servicios esenciales de los que depende, y duda de que la carga de solucionar los problemas fiscales vaya a repartirse equitativamente. Estas inquietudes influyen en el voto y la forma de protesta. Más allá del razonamiento económico, es mucho menos probable que una persona que teme verse perjudicada por la reforma fiscal la apoye; por ejemplo, si el trabajador de clase media presume que recortar el déficit significa postergar la jubilación o cobrar menos pensión, o si los contribuyentes acaudalados sospechan que la reforma implica un impuesto patrimonial especial, la oposición se hará sentir. Y si el público cree que los nuevos impuestos se malgastarán por corrupción o mala gestión, verán poca razón para pagarlos.
La experiencia también moldea la confianza. En los países que han soportado repetidas rondas de austeridad con escasos resultados, cualquier plan fiscal nuevo naturalmente genera cinismo: si otros recortes duros no lograron reducir la deuda, ¿por qué creer esta vez? La corrupción o la malversación de los fondos de estímulo también restan confianza en la competencia del gobierno, y hasta una tímida propuesta de reforma puede generar indignación porque la gente supone que hay motivos ocultos o efectos injustos. Si se menciona la reforma jubilatoria, estallan las protestas por el temor de que desaparezca la seguridad que tanto ha costado adquirir, y la idea de una reforma tributaria de inmediato hace sospechar a muchos que el dinero ganado con tanto sacrificio terminará en bolsillo ajeno. La experiencia con las reformas de los subsidios a los combustibles es reveladora: los costos fiscales, la falta de focalización y las distorsiones económicas son factores bien conocidos, pero la ejecución ha resultado política y socialmente compleja una y otra vez.
La desconfianza puede crear un círculo vicioso. Por temor a la reacción negativa, las autoridades posponen medidas duras; el problema de la deuda empeora y carcome aún más la confianza. Pero cuando la ciudadanía cree que los sacrificios recaen en todos y conducirán a un futuro mejor, está dispuesta a aceptar incluso reformas penosas, como los ajustes de los sistemas de pensiones (FMI 2024, 2025). La confianza es lo único que convencerá al electorado a que acepte sacrificios a corto plazo a cambio de estabilidad a más largo plazo.
El elevado nivel de la deuda pública está poniendo a prueba a gobiernos y sociedades como nunca, y está claro que urge actuar. Cada año de inacción deja a los países más expuestos a shocks en las tasas de interés y a vaivenes de la confianza de los mercados. Pero el saneamiento de las finanzas públicas no consiste en una austeridad indiscriminada, sino en medidas graduales y bien calibradas para imprimir sostenibilidad a la deuda sin dejar de invertir en el futuro. Eso exige franqueza y voluntad de compromiso: las autoridades deben sincerarse en cuanto a lo penoso de las disyuntivas y la ciudadanía debe reconocer que algunos programas que valora no pueden continuar sin recursos o reformas adicionales.
La confianza es fundamental en esta ecuación, ya que la gente necesita tener fe en que los sacrificios se repartirán equitativamente y que la reforma producirá beneficios concretos, y estará más dispuesta a apoyar medidas difíciles si considera que la política fiscal es competente, transparente y justa. La confianza, sin embargo, no es producto de un momento; hay que cultivarla y preservarla.
No existe un plan maestro para generar la confianza, pero algunas instituciones y prácticas pueden ayudar. La transparencia presupuestaria y una gestión de las finanzas públicas bien estructurada constituyen los cimientos. Los consejos fiscales independientes —con mandatos claros, verdadera autonomía y sólidos conocimientos técnicos, como en el caso de los Países Bajos— ofrecen evaluaciones imparciales y obligan al gobierno a rendir cuentas. Las evaluaciones del gasto, los informes sobre gastos tributarios y las evaluaciones de impacto a cargo del gobierno o de órganos independientes ayudan tanto a las autoridades como al público a comprender el destino y el rendimiento de los fondos. Una gestión prudente de la masa salarial pública y una contratación pública eficiente pueden despejar las sospechas de despilfarro. La reducción de regímenes tributarios especiales y de privilegios jubilatorios promueve la equidad, en tanto que una supervisión rigurosa de las empresas estatales es signo de responsabilidad y competencia. Estas medidas no constituyen una panacea, pero contribuyen a que lo técnicamente posible sea políticamente viable, y oxigenan la reforma al fortalecer la credibilidad de la política fiscal y demostrar que los gobiernos buscan seriamente obtener el máximo impacto del gasto público.
Es fundamental mantener el equilibrio entre una actitud realista en cuanto a las limitaciones y los deseos de cambio. Gestionar con prudencia el problema de la deuda permitirá sentar una base estable para la prosperidad a largo plazo y preservar el contrato social entre generaciones. De lo contrario, existe el riesgo de turbulencias económicas y una mayor pérdida de confianza en las instituciones. La senda fiscal que se emprenda hoy definirá la prosperidad y la equidad del mañana.
ERA DABLA-NORRIS es subdirectora del Departamento de Finanzas Públicas del FMI.
RODRIGO VALDES es director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI.
Bianchi, Francesco, Era Dabla-Norris, and Salma Khalid. 2025. “Perceptions of Public Debt and Policy Expectations: Evidence from Cross-Country Surveys.” NBER Working Paper 34382, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Cao, Yongquan, Era Dabla-Norris, and Enrico Di Grigorio. 2024. “Fiscal Discourse and Fiscal Policy.” IMF Working Paper 24/194, International Monetary Fund, Washington, DC.
International Monetary Fund (IMF). 2024. World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats. Washington, DC, October.
International Monetary Fund (IMF). 2025. Fiscal Monitor: Fiscal Policy under Uncertainty. Washington, DC, April.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2025. Pensions at a Glance 2025. Paris.
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