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Durante la crisis financiera mundial, los responsables políticos tuvieron que hacer frente a una importante disyuntiva a la hora de elegir entre dos opciones para gestionar la quiebra de bancos. El uso de fondos públicos para rescatar bancos en quiebra (rescate público) puede debilitar la disciplina de mercado y conducir a una asunción de riesgos excesivos: el efecto de riesgo moral.
Permitir que los inversores privados absorban las pérdidas (rescate mediante recapitalización interna) puede desestabilizar el sector financiero y la economía en su conjunto: el efecto de arrastre. En la mayoría de los casos, los bancos fueron rescatados con fondos públicos.
Esta situación generó resentimiento entre la ciudadanía y motivó que los responsables públicos introdujeran medidas para transferir la carga de la resolución bancaria desde los contribuyentes a los inversores privados.
Nuestro reciente estudio , que también se presentó en un Analytical Corner durante las Reuniones de Primavera de 2018, analiza la cuestión de qué hacer cuando un banco quiebra.
En este estudio proponemos un mecanismo de resolución que equilibre con detenimiento los efectos de riesgo moral y de arrastre y que reduzca la disyuntiva a la hora de elegir entre las dos opciones. En dicho marco, los rescates públicos serían la excepción en lugar de la norma.
Equilibrar los efectos de riesgo moral y de arrastre
No todas las crisis son iguales. Algunas son aisladas y el efecto de arrastre es escaso o nulo. En estos casos, los rescates públicos solo crearían riesgo moral. La resolución de un banco en quiebra debe recurrir a un rescate mediante recapitalización interna: las partes interesadas privadas deben soportar las pérdidas.
Otras crisis son sistémicas y afectan a todos los ámbitos de una economía o a muchos países al mismo tiempo.
En una situación así, los efectos de arrastre desestabilizadores asociados a las quiebras de bancos justificarían el empleo de recursos públicos: el riesgo moral todavía existe, pero es soportable en comparación con la alternativa de una grave crisis que perjudique a todos, incluidos a aquellos sin participación en el banco con problemas.
Por lo tanto, este marco debe comprometerse a realizar rescates mediante recapitalizaciones internas en la mayoría de los casos y permitir el empleo de fondos públicos cuando los riesgos para la estabilidad macrofinanciera de las recapitalizaciones internas sean excepcionalmente graves.
Reducir la disyuntiva a la hora de elegir entre las dos opciones
La mejor forma de evitar esta disyuntiva es reducir, en primer lugar, los efectos de arrastre y la necesidad de rescates públicos. Esto se puede conseguir a través de dos mecanismos que se refuerzan mutuamente.
El primer mecanismo es reducir la probabilidad de que se produzca una crisis y minimizar los costes en el caso de que ocurra. Esto se traduce en un sistema bancario más resiliente: un menor apalancamiento y asunción de riesgos, y un mayor capital y liquidez. De esta forma, las probabilidades de que un banco tenga dificultades son menores. Y, si hay dificultades, los bancos pueden absorber las pérdidas sin necesidad de ayuda pública.
El segundo mecanismo hace que la opción del rescate mediante recapitalización interna sea viable. El problema es que los responsables políticos, aunque prometan que el rescate de los bancos en dificultades se realizará mediante recapitalizaciones internas, en un contexto de crisis, se verán tentados por llevar a cabo un rescate público. Por lo tanto, los ciudadanos no confiarán en que los rescates se realicen mediante recapitalizaciones internas y esperarán que se utilicen fondos públicos.
Este escenario contiene lo peor de ambos mundos, porque tiene efectos de arrastre y de riesgo moral.
La cuestión es de qué manera los responsables políticos pueden comprometerse de forma creíble a realizar los rescates mediante recapitalizaciones internas.
En primer lugar, debe asegurarse que los bancos tengan reservas suficientes para absorber las pérdidas y clarificar por adelantado qué tipo de activos de los inversores (por ejemplo, bonos y depósitos), en caso de quiebra, cubrirán las pérdidas y en qué orden. En segundo lugar, solo debe permitirse a los inversores profesionales, que pueden entender y absorber las pérdidas, poseer este tipo de activos utilizados en las recapitalizaciones internas. En tercer lugar, debe mejorarse la viabilidad de resolución de los bancos sistémicos a través de evaluaciones periódicas, unos planes de resolución y recuperación que expliquen de qué forma se resolverá el banco, y simulacros nacionales y transfronterizos para evaluar los efectos de la amenaza.
Y, desde el otro lado de la disyuntiva ¿qué puede hacerse para limitar el riesgo moral?
En primer lugar, es necesario un compromiso creíble de que los rescates se harán con fondos públicos solo en casos excepcionales y de forma temporal, con un plan de salida claro. En segundo lugar, solo se utilizan fondos públicos después de que aquellos que pueden absorber las pérdidas hayan participado en la operación de rescate. En tercer lugar, los fondos del rescate público se recuperan una vez que la tormenta ha pasado y se garantiza que todo el proceso se realice de forma transparente y en un contexto de rendición de cuentas.
El camino a seguir
Las reformas realizadas desde la crisis han reducido la disyuntiva a la hora de elegir entre las dos opciones, al hacer que la posibilidad de rescate mediante recapitalización interna sea creíble y que los rescates públicos sean menos probables.
Los nuevos marcos, como el de Estados Unidos y la Unión Europea, introducen amplias competencias de resolución de bancos, incluidos los rescates mediante recapitalización interna. Estas medidas buscan también contener los efectos de arrastre derivados de las recapitalizaciones internas, al garantizar que los bancos tengan unas reservas adecuadas para absorber las pérdidas, y buscan, a través de una planificación efectiva, que la resolución de los bancos sea más viable.
Apoyamos la agenda de reformas en curso e insistimos en que los marcos de resolución deben minimizar el riesgo moral. Dicho esto, también ponemos el énfasis en la necesidad de permitir una flexibilidad suficiente, aunque limitada, para el uso de recursos públicos en crisis sistémicas, cuando se considere probable que los efectos de arrastre vayan a poner en peligro de forma grave la estabilidad macrofinanciera.
