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La corrupción y la COVID-19

Vitor Gaspar, Martin Mühleisen, Rhoda Weeks-Brown

28 de julio de 2020
[caption id="attachment_13824" align="alignleft" width="1024"] (foto: Ingram Publishing/Newscom)[/caption]

Por Vitor Gaspar, Martin Mühleisen y Rhoda Weeks-Brown

(EnglishPortuguês)

La corrupción —el abuso de la función pública para beneficio propio— es algo más que un desperdicio de dinero: erosiona el contrato social y corroe la capacidad del gobierno de contribuir a que la economía crezca en forma tal que todos los ciudadanos se beneficien. La corrupción ya era un problema antes de la crisis, pero la pandemia de COVID-19 ha acrecentado la importancia de una gobernanza más sólida, por tres razones.

Primero , los gobiernos de todo el mundo están desempeñando un papel más importante en la economía para combatir la pandemia y tender un salvavidas a las personas y las empresas. Esta mayor intervención es crucial, pero también abre más oportunidades para la corrupción. Para garantizar que los fondos y las medidas ayuden a quienes más lo necesitan, es preciso que los gobiernos cuenten con procedimientos oportunos y transparentes de presentación de informes, realicen auditorías ex post y apliquen mecanismos de rendición de cuentas, y que actúen en estrecha cooperación con la sociedad civil y el sector privado.

Segundo , al deteriorarse las finanzas públicas, los países deben impedir la evasión tributaria y el derroche y la pérdida de fondos que acarrea la corrupción en el gasto público .

Tercero , las crisis ponen a prueba la confianza de la gente en el gobierno y las instituciones, y el comportamiento ético adquiere más relevancia en momentos en que la demanda de servicios médicos es tan elevada. La comprobación de hechos de corrupción podría socavar la capacidad de un país de responder a la crisis con eficacia, profundizando así el impacto económico y poniendo en riesgo la cohesión política y social.

Durante esta crisis, el FMI no ha perdido de vista su labor en lo concerniente a la gobernanza y la lucha contra la corrupción. Nuestro mensaje para todos los gobiernos ha sido claro: gasten todo lo que necesiten, pero guarden los recibos, porque no queremos que en ese proceso la rendición de cuentas quede en el olvido.

En cuanto a la concesión de préstamos, hemos realizado rápidos desembolsos de financiamiento para atender necesidades urgentes. Al mismo tiempo, se ha previsto una ampliación de las medidas de gobernanza para rastrear el gasto relacionado con la COVID-19 como parte del financiamiento de emergencia concedido a los países para combatir la pandemia.

Los países prestatarios se han comprometido a i) realizar y publicar auditorías independientes ex post respecto al gasto relacionado con la crisis y ii) publicar en el sitio web del gobierno las compras y contrataciones vinculadas con la crisis, incluyendo la identificación de las empresas adjudicatarias y sus beneficiarios efectivos. El FMI también se aseguró de que los recursos de emergencia estén sujetos a la política de evaluación de salvaguardias de la institución.

Una reforma a largo plazo más allá de la crisis

Las salvaguardias en materia de gobernanza para la asistencia de emergencia en el marco de la COVID-19 son parte de una iniciativa más integral del FMI orientada a mejorar la buena gestión de gobierno de sus países miembros y sus esfuerzos para combatir la corrupción.

En los últimos años, el FMI ha intensificado significativamente su foco en la gobernanza y la corrupción. En 2018, adoptamos un marco reforzado a fin de lograr que nuestra labor con los países sea más franca, imparcial y eficaz. Esto sentó las bases para nuestra política y respuesta de financiamiento ante la COVID-19, ámbito en el cual una gobernanza más sólida tiene aún mayor importancia.

Recientemente evaluamos los avances logrados en los últimos años y publicamos nuestras observaciones en un análisis del personal técnico. Los aspectos más destacados son los siguientes:

Poner freno a la corrupción exige que haya gobiernos comprometidos con las reformas, la cooperación internacional y un esfuerzo conjunto con la sociedad civil y el sector privado. También requiere voluntad política y tenacidad en la implementación de las reformas durante meses y años.

Esta crisis nos llevará a agudizar nuestro enfoque en la gobernanza durante los próximos años debido a los devastadores efectos y costos de la pandemia para las personas y las economías. Los países no pueden permitirse perder valiosos recursos en los mejores momentos, y menos aún durante y después de la pandemia. Si alguna vez ha habido un momento propicio para adoptar reformas anticorrupción, ese momento es ahora.

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