Controlar los recibos del gasto relacionado con la pandemia

[caption id="attachment_15693" align="alignleft" width="1024"] (foto: erhui1979/iStock by Getty Images)[/caption]

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Los gobiernos de todo el mundo tienen un papel fundamental al dar apoyo a personas y empresas para ayudarlas a combatir la pandemia y sus secuelas económicas. Para fomentar la eficacia de estas iniciativas, es importante que ese gasto esté sujeto a medidas adecuadas de transparencia y rendición de cuentas.

El FMI exige una mejor gestión de gobierno a través de una mayor transparencia y ha solicitado medidas de gestión de gobierno específicas a los países que han recibido  financiamiento del FMI durante la pandemia. Estas incluyen el compromiso de publicar los contratos de adquisiciones relacionados con la pandemia y la titularidad efectiva de las empresas a las que se han adjudicado estos contratos, así como informes sobre gasto asociado a COVID-19 y los resultados de las auditorías realizadas.

Las medidas se adecuan a las circunstancias nacionales y a la gravedad de los riesgos de corrupción. Asimismo, todos los países beneficiarios se comprometen a realizar una Evaluación de salvaguardias: un ejercicio de auditoría que tiene por objetivo asegurar que el banco central del país esté en condiciones de proporcionar información confiable y de gestionar los fondos que recibe del FMI con transparencia.

Combatir la corrupción es una tarea de largo aliento. Estas medidas de gasto de emergencia no son fórmulas mágicas y no dan respuesta a desafíos más profundos. El Marco de 2018 para reforzar la labor del FMI sobre la gobernanza seguirá abordando las vulnerabilidades a largo plazo en materia de corrupción y gestión de gobierno, con énfasis en los mecanismos de préstamo plurianuales del FMI, las evaluaciones anuales de la situación económica de los países miembros del FMI y el fortalecimiento de las capacidades.

¿Se están contabilizando los recibos?

Tras haber transcurrido un año de la respuesta de emergencia, comienza a estar disponible la información sobre los avances en la aplicación de estas medidas de gobernanza del gasto asociado a la pandemia.

• En cuanto a la información por publicación de contratos, la mayoría de los compromisos están en vías de cumplirse o ya se han cumplido, incluidos, por ejemplo, la República Dominicana, Nepal, Guinea y Ucrania. En algunos países, los avances han sido acotados debido a las limitaciones de capacidad. En estos casos, el FMI ofrece asistencia en el fortalecimiento de las capacidades para ayudar a la aplicación de las medidas.
• La recopilación y publicación de la titularidad efectiva de las empresas contratistas es una medida que apunta a desalentar la corrupción, lo que incluye facilitar la detección de posibles conflictos de intereses en los que participen los funcionarios públicos. Se exige que las empresas oferentes informen los nombres de las personas que tienen el control efectivo de una empresa, es decir de los «titulares efectivos». Esta información se proporciona al organismo de contratación, el cual debe publicarla.

La aplicación de esta práctica innovadora ha resultado difícil en algunos casos, ya que solo la mitad de los países (incluidos Benin, Ecuador, Jordania, Malawi y Moldova) han instrumentado este compromiso  o hecho avances significativos en ese sentido.

Sin embargo, tales compromisos asumidos en el marco del financiamiento del FMI durante la pandemia han incentivado a algunos países, como Kenya y la República Kirguisa, a adoptar estar reforma con carácter permanente. Es decir que no la han limitado exclusivamente al gasto asociado a la pandemia.

• En cuanto a las auditorías del gasto de emergencia, la fecha límite para realizar auditorías ex post suele fijarse entre 3 y 12 meses después de cerrado el ejercicio fiscal. En consecuencia, es demasiado pronto para evaluar la aplicación; la mayoría de las auditorías están en proceso de preparación con base en los sistemas existentes.

Sin embargo, algunos países, tales como Jamaica, Honduras, Maldivas y Sierra Leona, ya se han anticipado a tomar medidas al realizar auditorías en tiempo real con base en los riesgos. En aquellos países donde es necesario, el FMI también está aumentando la asistencia para el fortalecimiento de las capacidades a fin de ayudar a las máximas instituciones de auditoría a cumplir su deber, apoyando al mismo tiempo los esfuerzos para asegurar que dicha información sea de fácil acceso. 

• En cuanto a la información sobre el gasto asociado a la pandemia, la mayoría de los países está informando, o pronto comenzará a informar, al público sobre la ejecución de este gasto.
• Las evaluaciones de salvaguardia se están realizando con rapidez, y el ritmo de estas evaluaciones se duplicó después del brote de la pandemia.

Resolución de problemas más profundos

Además de estas medidas centradas en la rendición de cuentas y la transparencia en respuesta a la crisis, las reformas más amplias de gobierno y contra la corrupción también están avanzando en el contexto de mecanismos de financiamiento plurianuales del FMI.

Dichas reformas cubren varias áreas, entre ellas gobernanza fiscal en países tales como Ecuador, Gambia, Jordania, Liberia, Rwanda y Senegal; marcos para prevención de la corrupción y del lavado de dinero en Angola, Armenia, la República del Congo, Kenya y Túnez, y supervisión del sector financiero y gobernanza del banco central en Liberia y Ucrania, entre otros.

Más allá del financiamiento del FMI

La transparencia y la rendición de cuentas en la respuesta a la crisis son importantes para todos los países, independientemente de su nivel de ingreso, y lógicamente tales medidas son habituales en muchos países, no solo en los que reciben financiamiento del FMI.

Estos esfuerzos varían. Por ejemplo, algunos países publican información integral sobre el gasto en portales especiales sobre transparencia; tal es el caso de Brasil, Colombia, Costa Rica, Francia y Perú. Otros, como Corea del Sur, realizan auditorías externas frecuentes para verificar el gasto asociado a la pandemia. Algunos desarrollan directrices claras para las contrataciones de emergencia, como en España, o identifican conflictos de intereses al analizar la información sobre titularidad efectiva y la divulgación de información financiera de los funcionarios públicos de jerarquía, como en Rumania.

Mediante el diálogo habitual sobre políticas y la Consulta del «Artículo IV» con los países miembros donde se evalúa la solidez de sus economías, el personal técnico del FMI continúa analizando la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto asociado a la pandemia, como sucede en Polonia, el Reino Unido y Estados Unidos y, en líneas más generales, en medidas fiscales, monetarias y del sector financiero.

Aprovechar los avances

Será necesario un compromiso sostenido de los países con la gestión de gobierno y las medidas contra la corrupción para promover una aplicación efectiva de las reformas adoptadas durante la pandemia y con posterioridad. Un componente clave es la implementación del Marco de 2018 del FMI. Este marco sigue siendo una prioridad para el FMI y trasciende las medidas contra la corrupción para abordar la gestión de gobierno, la supervisión del sistema financiero, la gobernanza del banco central, la regulación del mercado, el Estado de derecho y los marcos de prevención del lavado de dinero. Dado que la capacidad crítica para aplicar las medidas de gobernanza varían según el país y el tipo de medida, el personal técnico del FMI continúa proporcionando asistencia a medida para el fortalecimiento de las capacidades en estas áreas mediante canales tales como la asistencia técnica, la capacitación y los seminarios web.

El FMI medirá los avances realizados en la aplicación del marco de 2018 hacia mediados de 2022, con miras a evaluar cómo puede continuar apoyando a los países miembros en el fortalecimiento de sus respectivas gestiones de gobierno.

Los esfuerzos por mejorar la gestión de gobierno dependerán de manera más decisiva de que las reformas se identifiquen como propias en el ámbito político, de la cooperación internacional y de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil y del sector privado, entre otros grupos de interés. Para poder avanzar en este camino se requiere una aplicación sostenida de las reformas durante un plazo prolongado de tiempo. Tales avances no son fáciles, pero tampoco imposibles, y son esenciales para promover un crecimiento económico más fuerte e inclusivo.