Fortunas ocultas

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El dinero ilícito distorsiona los mercados inmobiliarios internacionales y contribuye a burbujas inmobiliarias en ciudades como Nueva York, Miami, Londres y Dubái.
Grupos delincuenciales, políticos corruptos y evasores de impuestos usan el sector inmobiliario para resguardar fortunas ilícitas, inyectando miles de millones en propiedades de lujo y expulsando a compradores locales del mercado.

Estrategia típica: en lugar de comprar directamente un penthouse de USD 10 millones, se utilizan sociedades testaferro, fideicomisos y cuentas extraterritoriales creadas por facilitadores profesionales para ocultar la propiedad.
Empresas de desarrollo inmobiliario rara vez indagan sobre el origen del dinero.
Barrios enteros pueden quedar llenos de viviendas lujosas y desocupadas cuyos dueños son entidades anónimas.

Ciudades occidentales afectadas: Nueva York, Miami, Londres, Dubái.
Ciudades africanas afectadas: Lagos, Nairobi, Johannesburgo.
En mercados con regulaciones débiles y mercados inmobiliarios informales, las inversiones especulativas de fondos de dudosa procedencia elevan los precios y desplazan a compradores locales.

Estudio de Jeanne Bomare y Ségal Le Guern Herry: solo en Londres, las empresas extranjeras eran dueñas de propiedades por un valor de GBP 73.000 millones en 2018.
Según el mismo estudio, alrededor de un 90% de las compras en Londres las realizaban entidades registradas en paraísos fiscales.
Ejemplo ilustrativo de la práctica de ocultamiento: compra indirecta de un penthouse de USD 10 millones mediante estructuras opacas.

Hace dos décadas, la comunidad internacional exigía que los agentes inmobiliarios realizaran procesos de diligencia debida y denunciaran las transacciones sospechosas, al igual que los bancos.
A diferencia de los bancos, los participantes en el sector inmobiliario no siempre están sujetos a las estrictas normas de lucha contra el lavado de dinero.
A escala mundial, la detección y la aplicación de la ley siguen siendo deficientes.

Reforzar la transparencia obligando a los compradores de inmuebles a revelar su verdadera identidad, es decir, la del “beneficiario final”.
Las instituciones públicas deben:
- Comprobar la información sobre el propietario.
- Ponerla a disposición de las autoridades encargadas de investigar transacciones sospechosas cuando se activan las alertas.
Si las leyes de privacidad lo permiten, la divulgación de esta información también reforzaría la transparencia.
Medidas en marcha: países como Canadá y Estados Unidos están barajando requisitos para obligar la revelación de la identidad del comprador.

Si no se fortalecen la transparencia y la aplicación de la ley, el sector inmobiliario continuará sirviendo como escondite de fortunas ilícitas, distorsionando aún más el mercado de la vivienda y haciendo que para la gente común el sueño de la casa propia sea cada vez más lejano.

Por Chady El Khoury; FINANZAS & DESARROLLO; Diciembre de 2024.