El dinero sucio distorsiona los mercados inmobiliarios
CHADY EL KHOURY es consejero jurídico adjunto y jefe de división en el Departamento Jurídico del FMI.
Las opiniones expresadas en los artículos y otros materiales pertenecen a los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.
¿Por qué los precios de la vivienda están disparándose a niveles estratosféricos? La culpa no es solo de la inflación, de la poca oferta o de las leyes de urbanismo; el dinero ilícito también es parte del problema. Los grupos delincuenciales, los políticos corruptos y los evasores de impuestos usan el sector inmobiliario internacional para poner a buen recaudo fortunas ilícitas, llevando los precios por las nubes en ciudades como Nueva York, Miami, Londres y Dubái. Al inyectar miles de millones en propiedades de lujo, estos compradores fantasma contribuyen a las burbujas inmobiliarias que dejan a los compradores locales fuera del mercado.
La estrategia es sencilla: en lugar de comprar directamente un penthouse de USD 10 millones, se valen de sociedades testaferro, fideicomisos y cuentas extraterritoriales creadas por facilitadores profesionales para ocultar su propiedad. Las empresas de desarrollo inmobiliario rara vez indagan sobre el origen del dinero. Así, barrios enteros —sobre todo en las grandes urbes mundiales— se llenan de viviendas lujosas y desocupadas cuyos dueños son entidades anónimas. Según un estudio de los economistas Jeanne Bomare y Ségal Le Guern Herry, solo en Londres, las empresas extranjeras eran dueñas de propiedades por un valor de GBP 73.000 millones en 2018, y alrededor de un 90% de las compras las realizaban entidades registradas en paraísos fiscales.
Pero este problema no se circunscribe solamente a las adineradas ciudades de Occidente. En ciudades de África como Lagos, Nairobi y Johannesburgo, las inversiones especulativas crean burbujas inmobiliarias similares. Las regulaciones débiles y los mercados inmobiliarios informales hacen de estas regiones destinos atractivos para los fondos de dudosa procedencia, que elevan los precios y desplazan a los compradores locales.
Hace dos décadas, la comunidad internacional exigía que los agentes inmobiliarios realizaran procesos de diligencia debida y denunciaran las transacciones sospechosas, tal como lo hacían los bancos. Pero a diferencia de los bancos, los participantes en el sector inmobiliario no siempre están sujetos a las estrictas normas de lucha contra el lavado de dinero. A escala mundial, la detección y la aplicación de la ley siguen siendo deficientes. Ya existen medidas que procuran subsanar estas fallas. Países como Canadá y Estados Unidos están barajando requisitos para obligar a los compradores de inmuebles a revelar su verdadera identidad, es decir, la del “beneficiario final”. Las instituciones públicas deben comprobar esta información sobre el propietario y ponerla a disposición de las autoridades encargadas de investigar transacciones sospechosas cuando se activan las alertas. Si las leyes de privacidad lo permiten, la divulgación de esta información también reforzaría la transparencia.
Si no se fortalecen la transparencia y la aplicación de la ley, el sector inmobiliario continuará sirviendo como escondite de fortunas ilícitas, distorsionando aún más el mercado de la vivienda y haciendo que para la gente común el sueño de la casa propia sea cada vez más lejano.
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