¿Cuánta deuda pública puede tener un país? Hay varias maneras de responder a esta pregunta.
Una consiste en encontrar el nivel de deuda que puede ser pagado con seguridad en la mayoría de las circunstancias que enfrente un país. Otra seria observar la deuda y el espacio para aumentar el gasto público, donde surge la pregunta: ¿a qué nivel de deuda un gobierno pierde su habilidad de estimular el crecimiento expandiendo el gasto? Un tercer enfoque seria observar directamente la deuda y el crecimiento, y preguntarse ¿a qué nivel de deuda el crecimiento se ve afectado negativamente?
Según varios estudios, los niveles seguros de deuda pública (como porcentaje del PIB) son muy variables—entre el 25 al 35 por ciento para economías emergentes y entre 65 a 90 por ciento para economías industrializadas.
La intolerancia a la deuda
Un enfoque alternativo seria analizar lo que se ha llamado “intolerancia a la deuda”. Este enfoque nace de la observación de que diferentes economías tienen distintos niveles de “tolerancia” a niveles de deuda pública, en donde dicha tolerancia depende de muchos otros factores: como las instituciones, estructura económica, nivel de ingresos, crecimiento, entre los más importantes.
Algunas economías parecen ser muy intolerantes a la deuda, con un gobierno que en repetidas ocasiones entra en suspensión de pagos o reestructuración a niveles relativamente bajos (como ha sido el caso de muchos países de América Latina), mientras que otras economías pueden mantener altos niveles de deuda durante muchos años sin caer en incumplimiento (como el caso de Japón).
Nuestro estudio se basa en este último concepto. Para medir esta intolerancia a la deuda utilizamos la calificación de riesgo elaborada por la revista Inversionista Institucional (IIR, por sus siglas en inglés). Esta es una calificación que va de 1 (peor) a 100 (mejor), y que existe para más de 150 países desde 1989.
Tomando dicha calificación, tratamos de explicar su comportamiento con algunos otros indicadores como: el valor del año previo en la calificación de riesgo (la historia cuenta); la inflación (una forma de default de la deuda interna); un indicador de la lentitud en el pago de la deuda actual o de reestructuración; el nivel del PIB per cápita (un indicador que resume la capacidad de un país de hacer un uso eficiente de la deuda para estimular el crecimiento); y el nivel general de deuda pública (externa e interna).
Resultados
En el año 2010, Costa Rica tuvo una deuda pública de 37,5 por ciento del PIB y un IIR de 55. Este IIR de 55 es consistente con una calificación crediticia que se encuentra en el rango intermedio (borderline) entre grado de no-inversión (con menor IIR) y de grado de inversión (con mayor IIR).
Para los países que tienen acceso a los mercados de deuda externa, la calificación crediticia de inversión puede ser una gran ventaja, reflejándose en la reducción del costo del crédito de manera significativa. Por lo tanto, ¿qué haría falta para que Costa Rica llegue a un grado de inversión? Según nuestro análisis, tendría que usar como referencia una calificación de 58,7 en el IIR, lo cual es consistente con un nivel de deuda del 25 por ciento del PIB (véase la figura).
Este cálculo puede ser replicado en cualquier otro país para el cual los datos estén disponibles. En nuestro análisis hemos aplicado dicha metodología a varios países de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala), Panamá y República Dominicana.
Lo que encontramos es que estos países se dividen naturalmente en dos grupos. Costa Rica y Panamá son los candidatos a grado de inversión total. De hecho, Panamá ya tiene la calificación de grado de inversión, pero podría consolidar su calificación mediante la reducción de su deuda en cerca de 7 puntos porcentuales, de 40 a 33 por ciento del PIB.
El Salvador, Guatemala y República Dominicana no son de grado de inversión y podrían mejorar su calificación teniendo como objetivo alcanzar el rango medio del IIR (límite intermedio en el gráfico), donde se podría empezar a ser considerado para el grado de inversión. Para ello, El Salvador tendría que reducir su deuda en 8 puntos (al 34 por ciento del PIB), Guatemala con 13 puntos (al 11 por ciento del PIB), y la República Dominicana por 23 puntos (al 14 por ciento del PIB), lo que refleja sus diferentes niveles de intolerancia a la deuda.
