Credit (Photo: Jeffrey Arguedas/EFE/Newscom)
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En la última década, la desigualdad se ha convertido en uno de los problemas más complejos y desconcertantes de la economía mundial.
Desigualdad de oportunidades . Desigualdad intergeneracional . Desigualdad entre mujeres y hombres. Y, desde luego, desigualdad del ingreso y la riqueza . Todas estas desigualdades están presentes en nuestras sociedades, y en muchos países, desafortunadamente, están en aumento.
Lo bueno es que contamos con las herramientas para abordar estos problemas, siempre y cuando tengamos la voluntad para hacerlo. Ejecutar estas reformas es difícil desde el punto de vista político, pero los réditos en materia de crecimiento y productividad valen la pena.
Políticas para abordar la desigualdad
Para abordar la desigualdad es necesario replantear el problema. Antes que nada, en lo que se refiere a políticas fiscales y tributación progresiva.
La progresividad de los impuestos es un aspecto fundamental de una política fiscal eficaz. Nuestras investigaciones muestran que en el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico.
El uso de herramientas digitales en la recaudación de impuestos también puede formar parte de una estrategia integral para estimular los ingreso internos. Al reducir la corrupción se puede mejorar la recaudación y además reforzar la confianza en el gobierno. Y lo que es más importante, estas estrategias permiten generar los recursos necesarios para realizar inversiones que multipliquen las oportunidades para las comunidades y las personas que han estado quedando rezagadas.
La presupuestación con perspectiva de género es otra valiosa herramienta fiscal en la lucha contra la desigualdad. Muchos países reconocen la necesidad de mejorar la igualdad de género y de empoderar a la mujer, pero los gobiernos pueden recurrir a la presupuestación con perspectiva de género para estructurar el gasto y la tributación de manera que den un mayor impulso a la igualdad de género; a su vez, el aumento de la participación femenina en la fuerza laboral afianza el crecimiento y la estabilidad.
En segundo lugar, las políticas de gasto social revisten cada vez mayor importancia a la hora de combatir la desigualdad. Cuando están bien concebidas, pueden ser fundamentales para mitigar la desigualdad del ingreso y sus efectos negativos en la desigualdad de oportunidades y la cohesión social.
La educación, por ejemplo, prepara a los jóvenes para que cuando sean adultos sean ciudadanos productivos que contribuyen a la sociedad. La atención de la salud no solo salva vidas sino que puede mejorar la calidad de vida. Los programas de pensiones pueden ayudar a preservar la dignidad de las personas en la ancianidad.
La capacidad para incrementar el gasto social también es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un nuevo estudio del FMI muestra que el incremento necesario varía considerablemente entre los países.
En tercer lugar, las reformas de la estructura de la economía podrían respaldar aún más la lucha contra la desigualdad al reducir los costos de ajuste, minimizar las disparidades regionales y preparar a los trabajadores para que cubran el creciente número de plazas de trabajo en el sector verde.
Las políticas activas del mercado laboral pueden reforzar las aptitudes de los trabajadores y reducir los períodos de desempleo. Entre esas políticas están la ayuda para la búsqueda de empleo, los programas de capacitación y, en ciertos casos, los seguros salariales.
Al facilitar la movilidad de los trabajadores entre empresas, sectores y regiones se reducen a un mínimo los costos de ajuste y se promueve un rápida reinserción laboral. Las políticas de vivienda, crédito e infraestructura pueden facilitar la movilidad de los trabajadores.
Las políticas e inversiones focalizadas geográficamente pueden complementar las transferencias sociales ya existentes.
Cómo ayuda el FMI a los países a reducir la desigualdad
A lo largo de la última década, las iniciativas del FMI para corregir la desigualdad han sido incorporadas en nuestras labores de supervisión, préstamo, investigación y fortalecimiento de las capacidades, y eso continuará en el próximo decenio.
Una de las piedras angulares de la manera en que abordamos las cuestiones relacionadas con la inclusión económica es nuestra estrategia de gasto social .
Nuestra interacción con los países parte de la premisa de que el gasto social no solo ha de ser suficiente sino también eficiente, y debe estar financiado de forma sostenible. Estos conceptos no son meros indicadores; son los principios rectores sobre los que se asienta el asesoramiento que brindamos en materia de políticas.
Por ejemplo, si el gasto social es insuficiente para lograr los ODS o para proteger a una proporción significativa de hogares pobres y vulnerables, entonces es necesario incrementarlo.
Asimismo, las cambiantes condiciones demográficas elevarán los temas relacionados con la sostenibilidad fiscal al primer plano en los debates sobre gasto social, incluido el gasto en salud y pensiones.
Y lo más importante: mitigar los efectos adversos del ajuste en los pobres y los vulnerables es y seguirá siendo un objetivo fundamental.
La implementación en la práctica
Algunos ejemplos recientes de nuestras interacciones en materia de gasto social con los países ofrecen enseñanzas valiosas:
Durante la implementación del programa respaldado por el FMI, Egipto amplió a más del doble la cobertura de sus transferencias monetarias, de las que se beneficiaron 2.3 millones de hogares.
En Ghana ayudamos a crear margen el presupuesto para aumentar el gasto en educación pública, de modo que el país pueda lograr el objetivo de proveer una educación secundaria universal.
Brindamos asesoramiento a Japón sobre el diseño de opciones para la reforma de las pensiones, tan necesaria en una sociedad que envejece.
Es importante reconocer que la presencia de un atractivo informe en una estantería no beneficia a nadie. Por tal motivo, para ejecutar nuestra estrategia de gasto social estamos procurando incorporarla de forma más intrínseca en nuestras labores, para que al trabajar con los distintos países podamos hacerles recomendaciones adaptadas más específicamente a sus preferencias y circunstancias.
Colaboración con socios
Ya sea que abordemos la desigualdad o que brindemos asesoramiento sobre gasto social, somos conscientes de que no podemos hacerlo sin ayuda.
Nuestra visión es la de una alianza en la que organizaciones internacionales, instituciones académicas, autoridades nacionales, la sociedad civil y el sector privado trabajan juntas para reforzar las políticas de gasto social y sentar las bases para el cumplimiento de los ODS.
Por ejemplo, hace poco me reuní con los ministros de trabajo de los países del G-7, que cuentan con una amplia experiencia en cuestiones sociales, laborales y de empleo que puede ser útil para apuntalar nuestro asesoramiento sobre políticas. Y nosotros en cambio podemos ayudar dando más relevancia a estos temas en el diálogo más general sobre política económica en torno a la estabilidad y el crecimiento.
Además, organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo cuentan con conocimientos invaluables sobre gasto social.
Y la sociedad civil, los sectores académicos, los centros de estudios y los sindicatos aportan sus propios puntos de vista acerca del gasto social, que enriquecen nuestras opiniones, nos ayudan a resistir cualquier tentación de caer en una endogamia intelectual, y nos permiten apreciar mejor las condiciones específicas de cada país.
Desde luego, en lo que se refiere a gasto social, no hay una solución aplicable a todos los casos. Los países tienen diferentes preferencias, enfrentan retos distintos y tienen diversas aspiraciones. Pero si trabajamos juntos es más probable que formulemos las preguntas correctas y que por ende encontremos las respuestas correctas.
