Preguntas Frecuentes sobre el Servicio Ampliado del Fondo para Ecuador

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El nuevo acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) tendrá como objetivos:
- (i) fortalecer la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los grupos vulnerables;
- (ii) salvaguardar la dolarización y la estabilidad macroeconómica;
- (iii) reconstruir las reservas de liquidez;
- (iv) mejorar la estabilidad e integridad financiera; y
- (v) avanzar aún más en la agenda de reformas estructurales para promover un crecimiento sostenible e inclusivo.
El programa preservará espacio para el gasto prioritario necesario en seguridad, protección social e inversión pública.
También apoyará los esfuerzos de reforma en las áreas financiera, de gobernanza y estructural, incluida la transición climática.

El nuevo programa respaldado por el FMI —denominado "Servicio Ampliado del Fondo" (SAF)— proporcionará acceso a Derechos Especiales de Giro (DEG) 3.000 millones (alrededor de US$ 4.000 millones) durante un período de 4 años.
De acuerdo con las políticas del Fondo, estos recursos podrán utilizarse para apoyar el presupuesto público.
El nuevo SAF también ayudará a movilizar recursos adicionales para Ecuador procedentes de otros organismos internacionales de desarrollo.

El programa respaldado por el FMI ayudará a:
- mejorar la liquidez y la situación fiscal;
- salvaguardar la dolarización y la estabilidad macroeconómica; y
- fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo.
Las políticas respaldadas por el nuevo SAF se centran en la protección de los más vulnerables, así como en la mejora de la gobernanza y la transparencia.
El programa priorizará la protección social y no contempla recortes al gasto social.
El programa apoyará el gasto prioritario necesario en seguridad e inversión pública.

Un acuerdo a nivel de personal técnico (SLA) denota el entendimiento alcanzado entre el personal técnico del FMI y las autoridades sobre un conjunto de políticas que pueden estar respaldadas por un programa apoyado por el FMI.
El SLA está sujeto a la aprobación de la Gerencia y del Directorio Ejecutivo del FMI.
Una vez alcanzado un SLA y cumplidas todas las políticas aplicables del FMI, se presenta al Directorio Ejecutivo el programa de políticas, incluyendo la "Carta de Intención" y el "Memorando de Políticas Económicas y Financieras" de las autoridades.
Si el Directorio Ejecutivo lo aprueba, el país puede solicitar financiamiento en tramos sujetos a la revisión periódica de los resultados del programa y de la implementación de las políticas acordadas.
El SLA con Ecuador siguió el proceso regular del FMI; un equipo del FMI visitó Quito a principios de abril y se reunió con las autoridades del sector público y representantes del sector privado.

Un país miembro está sujeto a la Política de Acceso Excepcional del FMI cuando tiene más del 600 por ciento de su cuota en créditos vigentes con el Fondo.
Antes de la aprobación del nuevo acuerdo SAF, el crédito total pendiente de Ecuador con el Fondo superaba el 800 por ciento de su cuota en el FMI, lo que hace que el nuevo SAF esté sujeto a la política de acceso excepcional.
Para conceder acceso excepcional, el Fondo evalúa criterios como que el país tenga buenas perspectivas para recuperar el acceso a los mercados internacionales de capital.
Una discusión detallada de los criterios de acceso excepcional se incluirá en el informe del FMI que se publicará posteriormente.

En 2022, Ecuador concluyó con éxito un acuerdo respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) (sujeto a la política de acceso excepcional del FMI) que desembolsó alrededor de US$6.500 millones desde su aprobación en septiembre de 2020.
En el marco de otro acuerdo SAF aprobado en 2019 y finalizado en 2020, Ecuador recibió alrededor de US$1.400 millones.
Una Evaluación Ex-Post del FMI del acuerdo SAF 2020-22, publicada en 2023, encontró que el programa logró su objetivo principal de restablecer la estabilidad macroeconómica en el contexto de una recesión económica histórica desencadenada por la pandemia del COVID-19.
En 2016 se aprobó un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) por aproximadamente US$364 millones tras un terremoto.
En 2020 se aprobó otro IFR por aproximadamente US$643 millones para ayudar a los sistemas sanitario y de protección social durante la pandemia de COVID-19.

Las medidas para reforzar la gobernanza pueden formar parte de un programa de préstamos del FMI cuando se considere necesario.
Estas medidas pueden incluir:
- reforzar los controles del gasto público;
- reducir la discrecionalidad en la administración de los ingresos;
- publicar cuentas auditadas de los organismos públicos, los bancos centrales y las empresas estatales;
- aumentar la transparencia de la gestión de los recursos naturales;
- mejorar la supervisión bancaria; y
- intensificar la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.
Para salvaguardar sus recursos, el FMI también evalúa los marcos de gobernanza y transparencia de los bancos centrales de los países a los que presta dinero.
En actividades de capacitación, el FMI colabora con los países proporcionando asistencia técnica y formación sobre cuestiones macroeconómicas fundamentales.