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La recuperación económica de Brasil después de la recesión de 2015−2016 se mantiene lenta. El crecimiento real per cápita ha caído un 8% desde el comienzo de la recesión en 2014, y la pobreza y la desigualdad están en aumento. Si bien la tasa de desempleo sí ha descendido este año, sigue siendo elevada en comparación con los niveles previos a la crisis.

Para impulsar el crecimiento y crear más empleos, Brasil necesita avanzar vigorosamente con las reformas del sistema tributario y del sistema de pensiones, la apertura comercial, la inversión en infraestructura y reformas financieras clave, según manifestó el FMI en su última evaluación económica anual.

Por ejemplo, la reforma de las pensiones que actualmente está debatiendo el Congreso brasileño es un paso fundamental para rejuvenecer la economía del país. Seguir implementando estas políticas —que son una parte importante de la agenda del gobierno— será crucial para mejorar el crecimiento futuro de Brasil.

He aquí seis gráficos que resumen la situación:

• La recuperación económica de Brasil se mantiene lenta, pero se prevé que se fortalezca en 2020.   Después de la recesión de 2015−2016, el PIB real creció solo 1,1% en 2017 y 2018. Se prevé que en 2019 el crecimiento permanezca moderado, a una tasa de 0,8%. La aprobación de la reforma de las pensiones —que actualmente está siendo tratada por el Congreso de Brasil— y los avances en completar y poner en práctica la agenda de reformas estructurales del gobierno elevarían el crecimiento del PIB a 2,4% en 2020.
  
• Ubicar la deuda —actualmente equivalente al 88% del PIB— en un sendero más sostenible es crucial para el crecimiento económico.   La deuda pública es elevada según los parámetros internacionales y está aumentando, lo cual expone a Brasil al riesgo de su sostenibilidad.
  
• La reforma de las pensiones, que está actualmente en curso, es un crucial primer paso para reducir la deuda.   El gasto en pensiones y en salarios públicos representa una gran proporción del gasto total del gobierno. De no haber reformas, se proyecta que el gasto en pensiones aumente sustancialmente, a causa del envejecimiento poblacional de Brasil. Además de ser insostenible, el sistema actual también es perjudicial para la distribución del ingreso. La reforma de las pensiones, actualmente en estudio por el Congreso, también es clave para poner la deuda en un sendero sostenible.
  
• La adopción de medidas orientadas a mejorar el sistema tributario contribuirá a atraer inversiones.   Brasil tiene un sistema tributario complejo. Por ejemplo, el ICMS —el impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios— es importante en términos de ingresos fiscales. Sin embargo, está también plagado de importantes distorsiones y exenciones. Dado el nivel relativamente alto de carga impositiva, la reforma tributaria debería estar encaminada a armonizar el sistema y reducir las costosas y distorsivas exenciones impositivas al tiempo que se recauda el mismo monto de ingresos fiscales. Al simplificarse el sistema tributario también se incentivaría la inversión privada. Una reforma tributaria con efecto neutro en los ingresos es una alta prioridad para el gobierno, y podría ser adoptada tras la reforma del sistema de pensiones.
  
• Una apertura de la economía sería beneficiosa para Brasil. La economía brasileña es una de las más cerradas del mundo debido a las barreras tanto arancelarias como no arancelarias. Abrirse más al comercio es esencial para mejorar la competitividad y podría dar un muy necesario estímulo a la inversión. A este respecto, el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y los esfuerzos para cumplir con los códigos de liberalización de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ofrecen importantes oportunidades para fomentar la integración comercial.
  
  
  
• Al cerrar la importante brecha de infraestructura se fomentaría la productividad.  El stock de capital público y la calidad de la infraestructura de Brasil son inferiores a los de países comparables debido a la baja inversión pública —especialmente en infraestructura— registrada durante las últimas dos décadas. Reducir el déficit de infraestructura exigirá un gasto más eficaz de los fondos de inversión pública, complementado con la movilización de capital privado mediante concesiones.