Washington, DC:
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó
ayer la segunda y tercera revisión combinada del acuerdo en el marco del
Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Ecuador. La decisión del Directorio
hace posible un desembolso inmediato de DEG 568 millones (aproximadamente
USD 800 millones), lo cual sitúa el total de desembolsos en el marco del
acuerdo en alrededor de USD 4.800 millones. Las autoridades ecuatorianas
tienen previsto destinar los recursos para apoyo presupuestario.
El SAF de 27 meses de Ecuador fue aprobado por el Directorio Ejecutivo el
30 de septiembre de 2020 (véase el Comunicado de Prensa No. 20/302) por DEG
4.615 millones (alrededor de USD 6.500 millones, o aproximadamente 661% de
la cuota de Ecuador). El programa tiene por objeto respaldar las políticas
de Ecuador para la recuperación económica tras la pandemia, restablecer la
sostenibilidad fiscal con equidad, reduciendo la deuda pública y ampliando
las redes de protección social, y generar un crecimiento sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, con empleos de alta calidad que
beneficien a todos los ecuatorianos.
El Directorio Ejecutivo concedió una dispensa por la inobservancia del
criterio de ejecución cuantitativo sobre los depósitos del sector público
no financiero, en vista del carácter leve de la inobservancia y las medidas
correctivas adoptadas por las autoridades
Tras las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre Ecuador, la
Subdirectora Gerente y Presidenta Interina, Antoinette Sayeh, realizó la
siguiente declaración:
Los shocks de la COVID-19 y el precio del petróleo asestaron un duro golpe
a la economía ecuatoriana en 2020. La recuperación ha sido lenta, pero el
ritmo acelerado de la vacunación, la mejora de la economía mundial y el
financiamiento del FMI y otras instituciones financieras internacionales
están apoyando la recuperación de Ecuador.
Las autoridades han ampliado sustancialmente los programas de asistencia
social. Desde julio de 2020, más de 440.000 familias de bajos ingresos han
sido incorporadas en las redes de protección social. La continua expansión
de estas redes, a fin de incluir a familias en los grupos de ingresos más
bajos y en localidades que en general no reciben atención adecuada, será
crucial para mitigar el impacto de la pandemia en los más vulnerables.
La persistencia de la pandemia y la recuperación económica gradual hacen
necesario que se siga apoyando la economía este año. En adelante, las
autoridades están comprometidas a lograr la sostenibilidad fiscal a mediano
plazo, reducir la deuda pública y acumular márgenes de reserva mediante una
estrategia de consolidación basada en el gasto que a la vez proteja a los
más vulnerables, complementada por una reforma tributaria progresiva. Para
alcanzar las metas de gasto serán críticas la coordinación dentro del
sector público no financiero, el cumplimiento de los cronogramas de
presentación de datos y el establecimiento de topes presupuestarios en
categorías clave de gasto a corto y mediano plazo. También será esencial
avanzar con las reformas estructurales para reforzar la gestión de las
finanzas públicas.
Las autoridades han ejecutado reformas estructurales fundamentales para
apuntalar el marco de lucha contra la corrupción y las bases de la
dolarización, para lo cual promulgaron una nueva ley anticorrupción y un
código orgánico monetario y financiero.
Mejorar la transparencia y la gestión de gobierno en la administración de
los recursos públicos, incluido el gasto relacionado con la COVID, es
crucial para fortalecer la confianza en las instituciones públicas. La
implementación completa y rápida de la regulación adoptada el año pasado
para recopilar y publicar información sobre los titulares efectivos en los
contratos de adquisiciones públicas también es fundamental. Es necesario
redoblar esfuerzos para mejorar las declaraciones de activos de personas
expuestas en el ámbito político, reformando el marco de lucha contra el
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT) y realizar
auditorías tributarias.
El sistema bancario parece estar preparado para el retiro de las medidas de
respuesta a la crisis al final del año, como lo prevén actualmente las
autoridades. Subsanar progresivamente las deficiencias regulatorias en todo
el sistema financiero creará condiciones igualitarias y promoverá la
resiliencia.
La necesidad de mejorar la competitividad y elevar el crecimiento potencial
hace que sea imprescindible emprender reformas estructurales, fundamentadas
en un diálogo nacional. En este sentido, los esfuerzos que están
desplegando las autoridades para establecer nuevos acuerdos internacionales
de comercio y reformar el mercado laboral pueden ayudar a fomentar el
crecimiento del sector privado y la inversión extranjera directa.
Evaluación del Directorio Ejecutivo
Los directores ejecutivos estuvieron de acuerdo, en términos generales, con
la evaluación del personal técnico. Felicitaron a las autoridades por las
medidas adoptadas para mitigar el impacto económico y social de la pandemia
y por los avances logrados en la implementación de las reformas. Los
directores aplaudieron la decisión de dar continuidad al programa
respaldado por el SAF y a sus objetivos de apoyar la recuperación económica
tras la pandemia, restablecer la sostenibilidad fiscal y generar un
crecimiento verde e inclusivo con empleos de alta de calidad.
Los directores apoyaron una consolidación fiscal más gradual a fin de
atender las necesidades urgentes de gasto relacionado con la pandemia este
año, ampliar los programas de asistencia social y apoyar la recuperación
económica. Acogieron con satisfacción el compromiso de las autoridades con
la consolidación fiscal a mediano plazo, y destacaron la necesidad de
realizar esfuerzos firmes en materia de ingresos, incluida una reforma
tributaria progresiva, para complementar la estrategia de consolidación
basada en el gasto. Se recomendó asimismo contar con planes de contingencia
en caso de déficits financieros. Los directores recomendaron intensificar
los esfuerzos para apuntalar la gestión de las finanzas públicas, a partir
del examen previsto del gasto público, la evaluación de la transparencia
fiscal y la evaluación de la gestión de la inversión pública.
Los directores subrayaron la necesidad de continuar fortaleciendo la
transparencia y la gestión de gobierno en la administración de los recursos
públicos para mejorar aún más la confianza en las instituciones públicas.
Instaron a que se aplique de forma plena y sin demora la regulación para
recopilar y publicar la información sobre los titulares efectivos en los
contratos de adquisición pública. Recomendaron asimismo que se sigan
realizando esfuerzos para afianzar el marco ALD/LFT y para llevar a cabo
auditorías tributarias.
Los directores elogiaron las recientes enmiendas de la ley del banco
central destinadas a afianzar su independencia y gobernanza. Felicitaron a
las autoridades por el progreso logrado en la mejora del balance del banco
central y de los fundamentos del régimen de dolarización.
Los directores acogieron con satisfacción la intención de las autoridades
de replegar las medidas de respuesta a la crisis en el sistema bancario a
fin de preservar su salud y evitar crear distorsiones. El examen previsto
de la calidad de los activos de los bancos públicos por parte de un tercero
ayudaría a determinar las necesidades de constitución de provisiones y
capitalización. Los directores recomendaron elaborar un plan para subsanar
las deficiencias regulatorias, establecer condiciones igualitarias y
reforzar el sistema financiero en general.
Los directores destacaron la necesidad de avanzar en las reformas
estructurales para mejorar la competitividad, reforzar el entorno
empresarial y acelerar el crecimiento respetuoso con el medio ambiente,
impulsado por el sector privado. Los directores elogiaron los esfuerzos que
están realizando las autoridades para establecer acuerdos comerciales y
reformar los mercados de trabajo con el fin de sentar las bases para un
crecimiento mayor e inclusivo. Señalaron que una reducción de la
dependencia del petróleo ayudaría a preparar a Ecuador para la transición
mundial que busca disminuir las emisiones de carbono, promoviendo al mismo
tiempo el desarrollo de otros sectores.
Se prevé que la próxima Consulta del Artículo IV con Ecuador se celebrará
de conformidad con la decisión del Directorio Ejecutivo sobre los ciclos de
consulta de países miembros con programas del FMI.