Panamá: Declaración del personal técnico al término de la misión de la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2026
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- Published: 7 de octubre de 2026
Perspectivas y riesgos macroeconómicos
- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigida por Naomi Griffin, se reunió con las autoridades panameñas entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre de 2026 para la consulta del Artículo IV de 2026.
- Actividad económica:
- El PIB real creció un 4,4% en 2025.
- Se prevé un crecimiento de alrededor del 5% en 2026.
- Perspectiva a mediano plazo: crecimiento en el rango del 4–5%.
- Inflación y cuenta corriente:
- Se espera que la inflación aumente temporalmente hasta situarse ligeramente por encima del 2%, antes de volver al rango del 1–2% a mediano plazo.
- Se prevé que el déficit en cuenta corriente se amplíe hasta alrededor del 1½% del PIB en 2026.
- Riesgos:
- Equilibrados en términos generales, con elevada incertidumbre.
- Riesgos externos: crecimiento o comercio mundial más débiles, condiciones financieras internacionales más restrictivas, persistencia de precios elevados de los combustibles.
- Riesgos internos: desviaciones fiscales, tensiones sociales, cuestiones jurídicas y de arbitraje relacionadas con Cobre Panamá y concesiones portuarias, reaparición de la sequía por El Niño.
- Riesgos al alza: aplicación más firme de reformas, ejecución eficiente de inversión pública, mejora en la gestión del agua, mayor resiliencia del canal, desarrollo de plataformas logísticas y energéticas, solución duradera a la cuestión de Cobre Panamá.
Política fiscal: recomposición de colchones fiscales y fortalecimiento institucional
- Avances y cumplimiento:
- El déficit del sector público no financiero se redujo al 3,7% del PIB en 2025, por debajo del límite máximo del 4% establecido en la LRSF.
- Datos preliminares indican que las autoridades van bien encaminadas para cumplir el límite máximo de déficit del 3,5% del PIB fijado para 2026.
- El personal técnico respalda el objetivo de las autoridades de reducir el déficit al 3% del PIB en 2027 y a 1½% para 2030.
- Sostenibilidad y riesgos:
- La deuda pública se considera sostenible en la proyección de base, con un riesgo moderado de tensión soberana si se mantiene la trayectoria fiscal de la LRSF.
- Preocupación por el rápido aumento del endeudamiento en divisas distintas del dólar de EE.UU.; se requiere gestión prudente de riesgos cambiarios y de tasas de interés.
- Recomendaciones de política fiscal:
- Destinar todo ingreso extraordinario y temporal derivado de una mayor actividad del canal a reducir la acumulación de deuda, no a financiar gasto.
- Medidas en ingresos:
- Modernizar la administración tributaria.
- Fortalecer la gestión del riesgo de incumplimiento.
- Mejorar el uso de la información de terceros.
- Aumentar la eficacia de auditorías y recaudación.
- Reforzar controles sobre facturas y créditos fiscales.
- A mediano plazo, ampliar la base del ITBMS, racionalizar gastos tributarios ineficientes y revisar la tasa nominal del ITBMS (descrita como muy baja), considerando efectos distributivos.
- Medidas en gasto:
- Aumentar la flexibilidad del gasto y mejorar priorización y eficiencia.
- Reducir rigidez salarial y mejorar focalización de subvenciones.
- Institucionalizar revisiones sistemáticas del gasto.
- Fortalecer la gestión de la inversión pública.
- Emprender reformas de gestión de las finanzas públicas.
- Pensiones:
- La reforma de las pensiones de 2025 abordó la brecha de financiamiento a corto plazo; se requieren nuevas reformas paramétricas a partir de la revisión actuarial prevista en la ley modificada.
- Fortalecimiento del marco fiscal:
- Mejorar trazabilidad y seguimiento mediante tecnología.
- Mejorar procesos de presupuestación basada en resultados.
- Aplicar recomendaciones de asistencia técnica del FMI sobre gestión de tesorería, estadísticas fiscales y divulgación de estrategia y riesgos fiscales.
- Avanzar en la aprobación de la Ley de Presupuesto General y en un marco presupuestario a mediano plazo creíble.
- Reformar el Fondo de Ahorro de Panamá para mejorar su eficacia como mecanismo de estabilización macrofiscal.
- Mejorar controles de compromisos y caja, gobernanza, seguimiento y divulgación de cuentas por pagar atrasadas y otros riesgos fiscales.
- Alinear estadísticas fiscales y de deuda con normas internacionales, publicar estados financieros consolidados del sector público y estados financieros auditados de empresas estatales, y poner en funcionamiento un Consejo Fiscal independiente.
Política del sector financiero: reforzar la resiliencia en un sistema dolarizado
- Condición del sistema:
- El sistema bancario sigue bien capitalizado y rentable; cartera vencida bajo control.
- Pruebas de tensión muestran resiliencia ante escenarios adversos plausibles.
- Áreas de vigilancia y riesgos:
- Exposiciones a sectores: construcción, inmuebles comerciales, vivienda preferencial y créditos de consumo.
- Prácticas de constitución de provisiones.
- Número reducido de bancos que requieren supervisión más estrecha.
- Liquidez:
- Bancos mantienen colchones de activos líquidos, pero estos han disminuido respecto a niveles máximos previos.
- Recomendaciones: gestión de liquidez como primera línea de defensa; colchones adecuados, fuentes de financiamiento diversificadas y planes de financiamiento de contingencia creíbles; requerimientos de supervisión que incentiven la consideración plena del riesgo de liquidez a nivel consolidado.
- Mecanismo de liquidez del sector público:
- Un mecanismo bien diseñado daría a las autoridades una herramienta para contener shocks de liquidez y reforzaría la confianza.
- En ausencia de banco central y con recursos limitados en dólares EE.UU., dicho mecanismo debería contar con financiamiento previamente acordado, objetivos claros, salvaguardas sólidas, gobernanza robusta e independencia operativa.
- Debe estar adscrito a una autoridad del sector público, no a un banco comercial, y brindar apoyo temporal únicamente a instituciones viables con presiones de liquidez de corto plazo.
- Implementación de recomendaciones del PESF de 2023:
- Positivas: introducción de colchón de conservación de capital y recargos para bancos nacionales de importancia sistémica; mejoras en análisis macroprudencial y pruebas de tensión; esfuerzos para fortalecer el marco de resolución bancaria.
- Prioridades: completar marcos jurídicos de pagos y de resolución bancaria; fortalecer redes de seguridad financiera; abordar riesgos cibernéticos; establecer marco regulatorio eficaz para criptoactivos que salvaguarde integridad financiera, protección de consumidores y estabilidad financiera.
- Integridad financiera y transparencia fiscal:
- Mantener regulación y supervisión más rigurosas y basadas en el riesgo en materia de LLD/LFT para bancos y agentes residentes; mejorar registro de beneficiarios finales.
- Prioridades: ultimar marco de LLD/LFT para proveedores de servicios de activos virtuales; avanzar en reformas para eliminar acciones al portador.
- Medidas adoptadas para abordar inclusión de Panamá en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales: promulgación de la Ley de Sustancia Económica y sus reglamentos; obtención de una revisión acelerada del marco de intercambio de información de Panamá por parte del Foro Global, mucho antes de lo previsto.
- Resultado esperado: salir de la lista fortalecería flujos de inversión extranjera directa, reduciría costos de cumplimiento y consolidaría la posición de Panamá como centro financiero y de negocios confiable.
Políticas estructurales: aumentar productividad y ampliar beneficios del crecimiento
- Mercado laboral y empleo:
- Empleo y salarios reales han crecido por debajo de la producción.
- La informalidad laboral ha aumentado.
- La reducción de la pobreza se ha desacelerado.
- Persisten disparidades regionales pronunciadas.
- Recomendaciones para el mercado laboral:
- Reducir obstáculos y desincentivos a la formalización.
- Mejorar la adecuación entre competencias de trabajadores y necesidades del mercado.
- Fortalecer formación profesional y aprendizaje permanente.
- Mejorar movilidad hacia sectores de mayor productividad.
- Invertir en competencias digitales y preparación para la inteligencia artificial.
- Educación:
- Autoridades planean una reforma educativa integral, incluida la adopción de una nueva ley de educación.
- Objetivos de la reforma: resultados del aprendizaje, calidad y rendición de cuentas de docentes, reducción de disparidades regionales, mejora de eficiencia del gasto, mayor adecuación entre educación y necesidades del mercado laboral.
- Clima de negocios e inversión pública:
- Necesidad de un clima de negocios más previsible, transparente y basado en normas para reactivar la inversión privada y mejorar eficacia institucional.
- Reforzar gobernanza, salvaguardias contra la corrupción, Estado de derecho y gestión de incentivos tributarios.
- Mejorar gobernanza y transparencia de empresas estatales.
- Priorizar inversión pública según rentabilidad económica y social, con énfasis en seguridad hídrica, resiliencia climática, conectividad y proyectos que atraigan inversión privada.
Datos y estadísticas: fortalecer formulación de políticas y transparencia
- Progresos:
- Avances hacia adhesión a las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD).
- Mejoras en puntualidad del indicador mensual de actividad y publicación de estadísticas fiscales mensuales.
- Trabajo en cuentas nacionales, sector externo y estadísticas financieras.
- Necesidades pendientes:
- Mejorar cobertura y coherencia de datos fiscales y de deuda.
- Reducir errores y omisiones en la balanza de pagos.
- Mejorar disponibilidad y puntualidad de datos sobre mercados laboral y de la vivienda y sobre el sector financiero no bancario.
- Datos proporcionados al FMI presentan algunas deficiencias, pero en general son adecuados para la supervisión.