foto: Getty Images/Juni Kriswanto/AFP
La precariedad del empleo y el aumento de las expectativas alimentan la frustración en las economías emergentes
MUHAMAD CHATIB BASRI es investigador visitante en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y exministro de Hacienda de Indonesia.
Las opiniones expresadas en los artículos y otros materiales pertenecen a los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.
La noche del 8 de agosto de 2025, Affan Kurniawan estaba entregando un pedido de comida a domicilio en Yakarta cuando se vio envuelto en las protestas que tenían lugar frente al Parlamento. Un vehículo blindado de la policía lo arrolló sin detenerse. A la mañana siguiente, las imágenes de la muerte del joven de 21 años circulaban por todas partes, desatando violentas protestas en toda Indonesia.
El descontento venía creciendo desde que los legisladores se aprobaron a sí mismos una generosa asignación para vivienda y se difundieron videos en los que se les veía bailando mientras se aprobaba la medida. Sin embargo, fue la muerte de Kurniawan, y la difusión viral de imágenes del incidente, lo que convirtió el descontento en un movimiento de masas.
Kurniawan no era pobre. Según un estudio de la Universidad de Indonesia, los mensajeros de superapps ganan en torno a USD 272 mensuales, nueve veces por encima de la línea de pobreza, fijada en USD 30. Aun así, estudiantes y trabajadores de plataformas digitales —un “precariado” al que le preocupa el empleo y la justicia, no su próximo plato de comida— salieron masivamente a las calles.
Visto desde afuera, podría parecer desconcertante. Indonesia registra un desempeño macroeconómico relativamente sólido: dos décadas de crecimiento al 5%, inflación reducida y déficits fiscales por debajo del 3% del PIB. No obstante, allí y en el resto de las economías emergentes de Asia, las cifras de prosperidad coexisten con la indignación en la calle. ¿Por qué el desarrollo parece más difícil incluso en países donde se registra crecimiento?
Mi razonamiento es sencillo: el crecimiento modifica la composición del empleo. Cuando el crecimiento deja de crear empleos estables y oportunidades de movilidad ascendente, la inseguridad se propaga más allá de los sectores pobres de la población y alcanza a la clase media aspiracional. Las expectativas superan las oportunidades, y la política se convierte en el principal obstáculo.
Desde la COVID-19, el crecimiento en las economías emergentes de Asia se ha ralentizado, notoriamente en Sri Lanka, Bangladesh y Nepal. Pero el malestar no se explica únicamente por la desaceleración del crecimiento. Tailandia logró el estatus de país de ingreso mediano, pero la inestabilidad política ha frenado su transformación estructural. Filipinas dio el salto de la agricultura a los servicios —centros de atención telefónica y remesas— sin construir fábricas que incorporaran trabajadores a la clase media; el porcentaje de producción industrial alcanzó su nivel máximo cuando el país tenía un nivel de ingreso muy inferior al que tenían sus vecinos cuando esto sucedió en sus economías. El patrón se repite: el crecimiento ya no se traduce necesariamente en empleos estables.
El caso de Indonesia es atípico, ya que su crecimiento se mantiene en el 5% previo a la COVID-19, y aun así el país se vio sacudido por las protestas. El problema no es la desaceleración del crecimiento, sino que este ya no genera suficientes empleos estables.
Hace treinta años, un crecimiento del 5% se traducía casi automáticamente en empleo formal en el sector manufacturero. Ese mecanismo se ha paralizado. Las cadenas de valor están bajo el dominio de unas pocas empresas establecidas, y la automatización y la relocalización interna de la producción reducen el volumen de trabajo intensivo en mano de obra que antes absorbía a quienes abandonaban la escuela. A día de hoy, el crecimiento proviene de los recursos con uso intensivo de capital —fundición de níquel y procesamiento de otros minerales, que impulsan la producción y las exportaciones, pero generan pocos empleos— y de los servicios.
Dani Rodrik, economista de Harvard, llama a este proceso desindustrialización prematura: los países pierden puestos de trabajo en las manufacturas antes de alcanzar el umbral de ingreso en el cual lo hicieron las economías avanzadas. Aunque el mecanismo todavía se está debatiendo, el patrón es claro: el crecimiento se mantiene, pero absorbe menos mano de obra. El denominador común es una clase media suficientemente amplia como para tener expectativas, pero sin la estabilidad suficiente para sentirse segura.
El caso de Indonesia arroja luz sobre esta paradoja. La pobreza disminuyó, la estabilidad se mantuvo y el país alcanzó el estatus de país de ingreso mediano. Pero, ¿qué clase de crecimiento se esconde detrás?
Después de 2019, se produjo un cambio destacado. La clase media se redujo de un 21% de la población en ese año a casi el 16,6% en 2025; por su parte, la clase media aspiracional creció hasta representar casi la mitad del país, unos 137 millones de personas en 2024. La oficina de estadística de Indonesia define este grupo como aquellos hogares con un gasto que oscila entre 1,5 y 3,5 veces el umbral de pobreza nacional: en otras palabras, familias que ya no son pobres, pero que están lejos de tener asegurado su bienestar, ya que prácticamente no tienen nada para amortiguar el próximo shock. Pese a existir redes de protección social que protegían a los más pobres, los hogares situados entre los percentiles 50 y 80 registraron una caída del consumo real entre 2019 y 2022, como explican Teguh Dartanto y Keanu Can, economistas de la Universidad de Indonesia. El gasto refleja una cautela similar: en las economías emergentes de Asia, el consumo en relación con el ingreso es más bajo que en economías similares; una protección frente a la insuficiencia de las redes de seguridad social que, a su vez, deprime el bienestar y alimenta el descontento.
Este patrón se repite en otras economías emergentes. La clase media también se está reduciendo en India, Tailandia, Viet Nam y Brasil, donde la pérdida de puestos de trabajo y el aumento del costo de vida —sobre todo, de la vivienda— han modificado la distribución del ingreso, como revela un estudio del FMI. Pero no solo es en Indonesia donde el descontento se ha traducido en violencia. En Chile, la subida de 30 pesos (USD 4 céntimos) del precio del billete de metro de Santiago provocó en 2019 los peores disturbios del país en una generación, liderados por una clase media exprimida por el estancamiento salarial a pesar de años de crecimiento.
Como ya observara Aris Ananta, de la Universidad de Indonesia, el desempleo abierto es un lujo reservado para quienes tienen ahorros o familia. El resto termina en la economía sumergida. En Indonesia, el 80% de los nuevos puestos de trabajo creados entre 2019 y 2024 fueron informales, y ofrecían una retribución aproximada de USD 114 mensuales, por debajo del salario mínimo de USD 181. Los jóvenes con mayor nivel educativo prefieren esperar a encontrar un trabajo acorde con sus aspiraciones antes que aceptar un empleo informal. El resultado es una clase media cuyas cualificaciones exceden las posibilidades de empleo.
Cuando la clase media se siente insegura, los gobiernos son más reacios a adoptar políticas que imponen costos visibles. Impulsar reformas se vuelve más complicado en el momento en que más se necesitan.
Una década atrás, los subsidios a los combustibles de Indonesia beneficiaban sobre todo a los hogares de ingreso más alto que contaban con automóviles y motocicletas. Los principales beneficiarios eran los sectores más acomodados, que podían afrontar la pérdida de esos subsidios, mientras que a los más pobres se les podía compensar con pagos en efectivo. Esta lógica acarreó una serie de recortes importantes en 2013 y 2014. Sin embargo, con el aumento de la renta, la tenencia de vehículos se extendió a niveles inferiores de la distribución del ingreso. La eliminación de los subsidios ya no solo afecta a los más acaudalados, sino también a la clase media aspiracional.
Al reducirse el sector de las manufacturas, lo normal es buscar empleo en los servicios. No obstante, la vieja dicotomía manufacturas versus servicios ya no describe la forma de crecer de las economías. Se ha producido una “terciarización” de la producción: el diseño, el software, la logística y la investigación y desarrollo (I+D) agregan más valor a un producto manufacturado que las piezas y la mano de obra empleados para su ensamblaje. La verdadera división ya no es entre producir bienes y prestar servicios, sino entre lo que puede comercializarse internacionalmente y lo que no. Sin embargo, los servicios se topan con dos limitaciones.
La primera de ellas es la polarización, relacionada con el efecto salarial de Baumol, que toma su nombre del economista estadounidense que lo describió por primera vez en la década de 1960. Los servicios transables de alta cualificación incrementan la productividad, pero absorben pocos trabajadores. En cambio, los servicios que absorben mano de obra, como los cuidados, la educación y la hostelería, presentan una productividad reducida, pero sus salarios aumentan al ritmo de la economía. Cuando estos servicios intensivos en mano de obra aumentan su peso en el empleo total, su costo relativo se dispara mientras que el producto por trabajador se estanca, lo que encarece precisamente los precios de los servicios de los que depende la clase media.
La segunda limitación es que la mayor parte de los servicios no son transables. Los barberos, el personal de enfermería y los propietarios de puestos de comida no pueden exportar su trabajo. Por ello, el crecimiento liderado por los servicios está limitado por el poder adquisitivo interno, que a su vez está condicionado por la productividad del resto de la economía. El sector manufacturero puede crecer más allá del mercado nacional al vender sus productos a otros países; los servicios, no. Es por esto que la desindustrialización combinada con niveles de ingreso bajo tiene efectos corrosivos: se elimina el único sector capaz de elevar el piso salarial en el conjunto de la economía.
Siempre existe la tentación de apostar por la solución estrella: una política industrial de amplio alcance con un nombre impactante y un lanzamiento espectacular. Sin embargo, las reformas solo dan frutos si son acordes con la realidad política del momento. En mi trabajo como ministro de Hacienda, lo he vivido en carne propia: el margen de maniobra siempre es más pequeño de lo que requiere el plan. Los recursos, el tiempo y el capital político son limitados, así que damos prioridad a lo que es factible; además, algunas de las reformas más trascendentes son casi gratuitas.
Proteger a la clase media aspiracional es la prioridad absoluta. La solución no consiste en ampliar el gasto, sino en recalibrarlo. Fijémonos en la electricidad. La compañía eléctrica nacional de Indonesia guarda los datos por nombre y dirección, con información sobre el uso de cada cliente. Esta información, junto con los datos de protección social, permite identificar a la población pobre y la clase media aspiracional con mayor precisión y focalizar los subsidios en esos grupos, mientras que los demás pagan la tarifa completa. La focalización no es perfecta, pero bien afinada consigue reducir las fugas de recursos. Las transferencias monetarias condicionadas pueden recalibrarse de esta misma forma. Compensar primero, reformar después.
No basta con proteger. El reto principal es restablecer la absorción de mano de obra. El auge de las materias primas en la década de 2000 generó una versión moderada del mal holandés: la favorable relación de intercambio atrajo capital hacia los recursos naturales, mientras que la amplitud del mercado interno redujo los incentivos para que el sector manufacturero compitiera en el exterior. Actualmente, menos del 10% del crecimiento de las exportaciones proviene de productos nuevos en mercados nuevos, y los flujos de capital siguen dirigidos al comercio y los recursos naturales, no a las manufacturas.
El verdadero reto es crear empleo productivo que pueda crecer a escala con mayor rapidez. En el pasado, esto se ha logrado con la inversión orientada a la exportación en las cadenas de valor mundiales, al aportar capital, acceso a mercados y capacitación; los servicios transables podrían ser los siguientes en desempeñar ese papel. El obstáculo reside en la escasa disponibilidad de ciertas competencias. Las actividades que requieren una alta cualificación, como el diseño avanzado de software y la ingeniería especializada, absorben pocos trabajadores y pronto se topan con el límite impuesto por la disponibilidad de talento. Una mejor estrategia consiste en absorber mano de obra de cualificación media y aumentar sus competencias en el puesto de trabajo: ensamblaje de componentes electrónicos, producción de prendas de vestir y calzado para la exportación, transformación de alimentos y trabajos digitalizados como la logística y los servicios administrativos de apoyo. La urgencia se ve agudizada por la inteligencia artificial (IA), una tecnología que amenaza con limitar la capacidad de absorción de mano de obra incluso de estas actividades, y que pone de relieve con mayor claridad la necesidad de mejorar las competencias de los trabajadores para que complementen la automatización y no tengan que competir con ella.
Es decir, se necesitan políticas industriales sobrias, centradas en el desarrollo de capacidades y compatibles con la disciplina fiscal, cuyo mecanismo principal no sea la capacitación organizada por el sector público, sino los incentivos para que las empresas capaciten directamente a sus trabajadores, puesto que son las que mejor conocen sus necesidades.
De todos modos, el verdadero obstáculo es la economía política. Con el tiempo, la burocracia genera ingresos a quienes la administran. Reducir esas trabas no consiste solamente en simplificar los procedimientos, sino que también implica eliminar los ingresos relacionados de algunos burócratas que opondrán resistencia. Para convencerlos no bastarán los buenos argumentos; el sector privado tendrá que hacer la mayor parte del trabajo. Indonesia se ha mantenido relativamente cerrada al comercio y ha dependido de su mercado nacional hasta acercarse a sus límites; reducir las barreras al comercio de bienes y servicios ayudaría a las empresas a integrarse en cadenas de valor orientadas a la exportación que aportan capital, acceso a mercados y capacitación. Un clima de negocios más propicio, una inclusión financiera más amplia y una carga regulatoria menor permitirán que las empresas privadas, en lugar del Estado, creen los puestos de trabajo que buscan los jóvenes indonesios con estudios. No hace falta dinero nuevo, sino abandonar viejas prácticas y enfrentarse a los intereses que se benefician del orden establecido.
Por esta razón, las instituciones son más importantes que cualquier reforma concreta. Una política basada en las convicciones de un ministro puede verse revertida por su sucesor. De lo que se trata es de incorporar la reforma a la legislación y las instituciones, para que siga vigente una vez que la persona que la creó ya no esté.
En las economías emergentes de Asia y en otras regiones, la política económica no es suficiente por sí sola. A medida que aumentan los ingresos, las exigencias de la clase media evolucionan: de demandar que existan bienes públicos a pedir que funcionen, de la equidad como eslogan a reclamarla como práctica cotidiana. Los ciudadanos quieren y merecen explicaciones honestas y normas transparentes. Este mismo hilo conductor une a Santiago, Yakarta y Manila. Incluso la honestidad por sí sola no siempre es suficiente. Los recortes de los subsidios a los combustibles aplicados en 2013 en Indonesia estuvieron bien fundados: se compensó a los hogares pobres y los argumentos a favor de la medida se trataron abiertamente; aun así, hubo detractores. Tener razón no es lo mismo que ser aceptado.
A Kurniawan no se le escuchó en vida, solo después de su muerte. El trabajo que queda por hacer no es solo económico, sino que también implica la ardua tarea de restablecer la confianza en que el esfuerzo dará sus frutos. Indonesia comparte este reto con todas aquellas economías donde la prosperidad que muestran los indicadores ha superado la confianza de la población.
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