Discursos

98/22 (S)

inglés

Discurso pronunciado por Michel Camdessus,
Director Gerente del Fondo Monetario Internacional,
ante la Federación Latinoamericana de Bancos,
Panamá, 18 de noviembre de 1998

Me siento sumamente complacido por tener la oportunidad de participar en esta sesión inaugural de la Federación Latinoamericana de Bancos y discutir cuestiones y políticas financieras encaminadas a dar respuesta a la crisis económica que ha afectado a tantos países del mundo durante este año. Pero también tenemos otras preocupaciones más inmediatas. Es doloroso que nuestra participación se produzca en el contexto de la devastación causada por el mortal huracán que ha afectado a varios países de la región, sobre todo Honduras y Nicaragua. Todos esos millones de personas que han sido víctimas de este desastre y han perdido la vida, su hogar y sus medios de subsistencia, y entre ellas muy particularmente las personas tan gravemente damnificadas que acabo de visitar cerca de Managua, están muy presentes en nuestro pensamiento. Como bien lo imaginan, el FMI está ya muy involucrado en ayudar a estos países en la ardua tarea de recuperación que les espera. De hecho, el FMI prevé otorgar ayuda de emergencia inmediata a Honduras y Nicaragua, y estamos considerando la posibilidad de brindar asistencia a otros países, concretamente El Salvador y Guatemala.

Pero, señores, si es difícil ampararse de desastres naturales de tal magnitud, al menos tenemos que preguntarnos cómo proteger mejor al mundo de terremotos en los mercados financieros internacionales del tipo de los que se han propagado a todo el planeta en los últimos 18 meses.

Poco después de que hiciera eclosión la crisis de México en 1995, me preguntaron dónde se produciría el siguiente acontecimiento de esa naturaleza. No pude precisar ni el lugar ni el momento, pero dije --muchos de ustedes lo oyeron-- que estaba seguro de que se originaría en el sector financiero, o afectaría a éste de manera dramática. No presumo de clarividencia porque la cosa era obvia, pero debo reconocer que no pensé que la crisis pudiera ser tan grave, ni tampoco en la rapidez de su contagio.

Durante más de 50 años, el mundo se ha beneficiado de la progresiva liberalización del comercio y de la amplificación de los flujos financieros internacionales. En el último cuarto de siglo, este proceso se ha acentuado con la globalización de los flujos de capital, lo que ha traído consigo un aumento de las inversiones, una aceleración del crecimiento y un aumento del nivel de vida, que han beneficiado a muchos países y muchas personas en todo el mundo. América Latina se cuenta entre los principales beneficiarios, sobre todo desde que la región volvió a una situación de mayor normalidad tras la crisis de la deuda de los años ochenta. La entrada neta de capital privado a los mercados emergentes en 1996, antes de que se desencadenara la crisis de Asia, ascendió a más de US$200.000 millones, es decir, 15 veces el nivel registrado a mediados de los años ochenta. América Latina, que a mediados de la década de los ochenta registraba una salida neta de capital, recibió alrededor del 30% de los flujos totales de capital privado destinados a los mercados emergentes (casi el 5% del PIB de la región), desde luego con una alta concentración en las economías más grandes.

La evolución reciente de los acontecimientos ha puesto de manifiesto dos defectos del sistema. Primero, aunque los mercados se hayan vuelto muy sofisticados desde el punto de vista técnico, el gran volumen de fondos ha hecho que los mercados sean propensos a la inestabilidad de los movimientos de capital; ello se debe a un gran número de deficiencias, entre ellas, la fragilidad de las instituciones bancarias, la falta de transparencia de los movimientos de capital, y un entorno en el que la reglamentación, la supervisión y el seguimiento de las instituciones financieras en todo el mundo no se ha mantenido al compás de la evolución de los mercados. Esto, a su vez, ha dado lugar a que los países de mercados emergentes, beneficiarios de los flujos, sean más vulnerables a las crisis periódicas y a los efectos de contagio. Segundo, todavía son demasiado pocos los países que han podido beneficiarse suficientemente, o en alguna medida, en su desarrollo del enorme potencial que encierra la globalización. Si se solucionara el primer problema, logrando que los flujos de capital fuesen más previsibles, en una economía mundial más integrada, aumentarían las oportunidades de desarrollo sostenible en el mundo; por supuesto, no bastará con eso. Esto pone de manifiesto la importancia de la reforma del sistema financiero internacional, y de hecho, de uno de sus aspectos concretos: la solidez del sector financiero.

El sistema financiero internacional sólido que todos deseamos ha de incluir sistemas financieros nacionales robustos y resistentes en todos los países del mundo, regulados y supervisados conforme a una serie de normas transparentes y coherentes a escala internacional y a códigos de buenas prácticas. Para crear un entorno propicio a los flujos de capital sostenibles, será necesario además que los países que deseen atraer estos flujos mantengan la confianza de los inversionistas estableciendo economías sólidas y bien administradas, basadas en una formulación transparente de las medidas de política.

Reflexionemos, pues, sobre estas dos perspectivas de la solidez de los sistemas financieros, analizando en primer lugar la experiencia de las economías de mercados emergentes, para considerar después, desde una perspectiva más general, algunos de los aspectos que cada país debe tener en cuenta para lograr dicha solidez.

Perspectiva nacional: Las economías de mercados emergentes

La experiencia de las economías de mercado exitosas, independientemente de su grado de desarrollo, subraya la necesidad de aplicar una estrategia de política económica basada en tres elementos: primero, políticas macroeconómicas acertadas; segundo, instituciones financieras robustas, establecidas en el contexto de un marco reglamentario sólido respaldado por una supervisión prudente y eficiente; tercero, un sistema de gestión de gobierno basado en la transparencia, y en una cultura económica, manteniendo el mayor grado de independencia posible entre las funciones del Estado, las empresas y el sistema financiero. Cuando se han descuidado claramente uno o más de estos elementos, el país se ha vuelto vulnerable, como lo demuestran algunos de los principales acontecimientos en el contexto de las actuales turbulencias. Por ejemplo:

• En Asia oriental, los efectos acumulados de las deficiencias, al menos en dos de estos frentes --solidez del sector financiero y buen gobierno--, explican los cambios de actitud de los mercados y una brusca salida de capital.

• Rusia tuvo problemas en los tres frentes. Un persistente desequilibrio macroeconómico central: el presupuesto; un sector financiero incipiente y plagado de dificultades, y problemas endémicos de mala gestión de gobierno.

Estos países, y de hecho la comunidad internacional en su conjunto, si bien trataron de beneficiarse de una afluencia de capital potencialmente grande, no prestaron suficiente atención a las enseñanzas de la crisis de México. Esto los hacía especialmente propensos al contagio.

Por varias razones, cabe suponer que los países de América Latina están en una situación más favorable para hacer frente a los efectos de contagio. Durante más de una década, después de la crisis de la deuda, muchos de sus países han fortalecido su economía. Tras la crisis de México, actuaron con más determinación. La aplicación de políticas macroeconómicas firmes ha dado fruto. Una región caracterizada en otro tiempo por la presencia de tasas de inflación de tres dígitos o más, se ha acostumbrado hoy día a que la inflación no sobrepase niveles de un solo dígito. Antes de la eclosión de la crisis actual, las economías de la región registraban altas tasas de crecimiento y sus reservas internacionales habían aumentado.

Como muy bien saben ustedes, es cierto que el sector bancario de América Latina ha registrado deficiencias a lo largo de los años, pero muchos países han adoptado con determinación las medidas necesarias para reforzar el sistema financiero. Por muchos motivos, en toda la región, países tan diferentes como Argentina, Brasil, Chile, Jamaica, México, Venezuela y otros, han sufrido crisis bancarias desde los años ochenta, crisis cuyo número no debe sorprendernos. De hecho, las tres cuartas partes de los países del mundo --incluidos varios países industriales-- han experimentado tensiones graves en el sector financiero en los 20 últimos años. Lo que quiero decir es que muchos países de la región ya habían comenzado a hacer frente a estos problemas mucho antes de que se produjera la actual turbulencia mundial, en algunos casos, hace varios años. Las medidas adoptadas han sido distintas en cada país, pero en general, se actuó con firmeza para sanear los bancos y mejorar su gestión. Cabe señalar al respecto, la reestructuración de los activos bancarios, la imposición de normas de suficiencia de capital más estrictas, la privatización de los bancos y su apertura a la participación extranjera y la adopción de procedimientos de evaluación del riesgo, sistemas de divulgación de información y normas de contabilidad más eficaces. Con frecuencia se han reforzado también las entidades de supervisión y se ha reformado, en consecuencia, el marco jurídico. En algunas ocasiones, las autoridades no han vacilado en cerrar los bancos insolventes ni en utilizar fondos públicos. En varios casos, el gasto fiscal ha sido sumamente elevado, llegando a alcanzar niveles del 20% al 30% del PIB. Resumiendo, algunos países de la región ya han recorrido parte del camino que algunos países de Asia, incluido Japón, están apenas iniciando. Sin embargo, los avances no han sido uniformes: en un gran número de países todavía falta mucho por hacer, hasta en aspectos tales como el marco jurídico y los instrumentos incluso coercitivos de las entidades de supervisión.

Siendo así, puede América Latina resistir los efectos de contagio?

Aunque es esencial mantenerse alerta, hay motivos para confiar en los esfuerzos que están desplegando las autoridades. Un primer factor que se debe tener en cuenta son los avances en el fortalecimiento del sector financiero. El segundo es la firme orientación de la política macroeconómica que han adoptado varios países de la región. El tercer factor es nuestra experiencia de que las medidas de política rinden el máximo fruto cuando las autoridades se comprometen sin reservas a ponerlas en práctica, es decir, lo que nosotros denominamos plena identificación con dichas medidas, full ownership. Es un privilegio poder dar testimonio aquí de la determinación y el compromiso constantes de las autoridades de los países de la región.

Llegado a este punto, quisiera destacar las audaces medidas adoptadas por Brasil para evitar la grave crisis externa que han sufrido otras regiones. Gracias a estas medidas, Brasil ha podido concluir con éxito las negociaciones con el FMI hace unos pocos días. El valiente programa trienal de reforma económica y financiera incluye un considerable grado de ajuste en sus primeras etapas. Esto es un buen augurio con respecto a la capacidad del país para resistir la actual turbulencia de los mercados y mejorar las perspectivas de crecimiento en el futuro. A esto respondimos con un paquete excepcional de apoyo financiero de US$41.000 millones, de los cuales las tres cuartas partes podrán desembolsarse en los próximos doce meses. A esto debe agregarse un compromiso universal de la banca nacional e internacional. Con este acuerdo, las perspectivas de la región, y de los mercados emergentes en general, se han tornado mucho más halagüeñas. A los comentarios frívolos, a los profetas de la desdicha que escriben la crónica de la muerte anunciada del sistema financiero brasileño y latinoamericano, les digo hoy como ayer: no caerá el dominó latinoamericano. Pero esto implica --lo repito, señores-- el compromiso absoluto de sus bancos con sus países en una región donde se construyó su prosperidad. Hago aquí un llamado a su sentido de responsabilidad, a su experiencia que demuestra que el éxito no se construye sobre el cortoplacismo; hago un llamado a su visión! Trabajemos todos para que se pueda decir que en Brasil y en América Latina se controló la crisis del sistema financiero internacional.

Medidas de política desde una perspectiva mundial

Sin embargo, precisamente para consolidar este logro, quisiera consagrar unos minutos a preguntarnos: ¿cuáles son las fallas del sistema internacional, sobre todo en el sector financiero, que han contribuido a la actual turbulencia? Yo lo veo de la siguiente manera: los mercados de capital se han desarrollado muy rápidamente. Han surgido nuevas instituciones y las ya existentes se han diversificado; se han creado nuevos instrumentos complejos y han aparecido también nuevos mercados. Muchos países se beneficiaron de los flujos de capital disponibles, pero hubo una liberalización desordenada en la que los flujos de corto plazo, que entrañan un mayor riesgo, registraron paradójicamente en la práctica, una mayor apertura que los flujos de largo plazo. En el futuro, tendrán que asegurarse de que sus sistemas bancarios sean suficientemente robustos y sus políticas macroeconómicas lo bastante sólidas para resistir la inestabilidad. En cuanto a los centros financieros de las economías avanzadas, de los que procede una gran parte del capital, durante mucho tiempo han aplicado una reglamentación y una supervisión bancaria correctas con respecto a las actividades de ámbito nacional y para proteger a los pequeños inversionistas. Pero, a juzgar por los últimos acontecimientos, parece que también deberían revisarse las prácticas y las normas de supervisión en otras áreas de actividad, como las operaciones de las instituciones financieras en los centros extraterritoriales y de las que realizan operaciones con un elevado nivel de endeudamiento. Estos peligros, estos desórdenes, han dado lugar recientemente a muchas propuestas de reforma diferentes y detalladas. El Comité Provisional del FMI, nuestro órgano asesor de nivel ministerial en materia de política económica, ha formulado un amplio programa de acción para la institución en relación con muchos aspectos de la reforma. Posteriormente, los líderes de los principales países industriales, el Grupo de los Siete, respaldaron y consolidaron estos principios apoyando sin reservas una reforma duradera del sistema monetario y financiero internacional. Estas actitudes se reflejan también en las propuestas del G-22, un grupo integrado por países industriales y economías de mercados emergentes que centra específicamente su labor en las propuestas relativas a la reforma del sistema monetario internacional.

Ahora bien, ¿cuáles podrían ser los primeros elementos integrantes de la reforma financiera internacional? Quisiera destacar cinco de ellos, que contribuirían a fortalecer la integración del sistema financiero:

• Normas y códigos de buenas prácticas coherentes basados en las mejores experiencias y aceptados internacionalmente.

• Un comportamiento transparente por parte de todos los agentes del mercado.

• Sistemas financieros nacionales consolidados.

• Apertura ordenada de las cuentas de capital.

• Un sector privado que acepte los riesgos y las recompensas de los mercados emergentes y que participe en la prevención y la resolución de las crisis.

Este sistema financiero debe reunir las funciones, los derechos y las responsabilidades de los distintos grupos que participan en la economía mundial: gobiernos, ciudadanos, entidades privadas --especialmente las instituciones financieras-- y organismos internacionales. Como es obvio, no se trata de una tarea que el FMI pueda realizar solo. La institución colaborará con los gobiernos nacionales, el Banco Mundial, la OCDE, el BPI y otros organismos especializados. Todos ellos de alguna manera deberán adaptarse, y puedo decirles que ya estamos examinando con atención el papel que estamos llamados a desempeñar nosotros en el FMI, adaptándonos a las necesidades y a estas nuevas realidades de la economía mundial.

Pero detengámonos un instante para considerar las repercusiones de cada uno de estos cinco elementos en el sector financiero.

Las economías y los mercados financieros que mejor funcionan son los que operan sobre la base de un marco de normas transparentes y códigos de buenas prácticas, desarrollados y adaptados a lo largo de muchos años, que se apoyan en un cumplimiento voluntario o basado en el mercado, pero que se refuerza con un marco institucional sólido de reglamentación y supervisión. Estos códigos y normas, junto con sistemas legales y jurídicos bien definidos, forman una estructura que ayuda a los mercados a operar de manera eficiente y, en general, promueven el buen gobierno. Gran parte de la labor de reforma del sistema monetario internacional consistirá en hacer extensivos a todos los países los mismos principios y las mismas normas y códigos de conducta que existen desde hace mucho tiempo, a nivel nacional, en los sistemas financieros más desarrollados.

Reflexionemos sobre el sistema actual de reglamentación y supervisión de las instituciones financieras. El núcleo de este sistema son los esfuerzos de las autoridades nacionales. Con el paso de los años, las autoridades han reconocido cada vez más claramente la necesidad de coordinar las normas y actividades a nivel internacional, y ha surgido un gran número de grupos de supervisión internacional, la mayoría de ellos de ámbito regional. El más conocido, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, lleva varios años coordinando normas para los 10 países industriales más grandes. En una importante ampliación de sus labores en 1997, precipitada en parte por la crisis de México, el Comité de Basilea elaboró un conjunto de 25 principios fundamentales para una supervisión bancaria eficaz suficientemente flexibles para poderlos aplicar a los sistemas bancarios tanto de las economías en desarrollo como de las economías en transición. Cabe destacar que estos principios fueron desarrollados en consultas directas con las autoridades nacionales del grupo más amplio de países, que incluye a Brasil, Chile y México, y recibieron el firme respaldo de la Asociación de Organismos Supervisores Bancarios de América Latina y el Caribe. Éste es precisamente el tipo de esfuerzo de consulta y cooperación que deberá ser parte integrante del proceso de reforma financiera internacional.

La crisis de México hizo que la comunidad internacional fuera mucho más consciente de la necesidad de dar solidez al sistema financiero. Reconociendo que el FMI, en su carácter de institución casi universal puede desempeñar una importante función en la divulgación de normas y en la supervisión de su implementación, se nos ha llamado a intensificar nuestro diálogo con los países miembros. A través de nuestro mecanismo de supervisión, respaldado por una amplia asistencia técnica y recursos de capacitación, estamos en excelentes condiciones para identificar posibles problemas y ayudar a las autoridades a encontrar respuestas adecuadas. Para ello, a principios de este año, publicamos el estudio "Hacia un marco de estabilidad financiera", una especie de guía para esta labor que, junto con los principios básicos de Basilea, constituye un sólido punto de referencia para nuestra continua colaboración con las autoridades nacionales.

Permítanme subrayar algunos de los principios que se esbozan en ese estudio. Se destacan cuatro principios clave en los que yo quisiera centrar particularmente la atención de los presentes, a saber:

• Respaldar a los bancos intrínsecamente sólidos, lo que significa tratar de constituir activos de alta calidad estableciendo criterios claros de entrada y salida mediante una administración competente y profesional con un alto grado de integridad y manteniendo una relación apropiada entre el banco y sus propietarios para evitar conflictos de intereses.

• Dar más transparencia a las operaciones bancarias: Un aspecto clave es asegurar la valoración realista de los activos bancarios --declarando con exactitud los préstamos incobrables y evitando la tentación de sobrevalorar los activos-- y exigir que los bancos cumplan normas estrictas de divulgación y declaración de información de carácter prudencial. Todo esto debe basarse en sistemas de contabilidad y auditoría de validez internacional.

• Limitar las distorsiones impuestas por las políticas del sector público: es de interés de todos ustedes que se adopte el supuesto de que no se dará respaldo a los bancos en dificultades. Incluso cuando las quiebras bancarias sean resultado de la política pública --por ejemplo, porque se haya otorgado crédito dirigido o se hayan aplicado tasas de interés controladas-- deberán buscarse soluciones de mercado antes de que los gobiernos intervengan. Sé, desde luego, que por algún tiempo el deseo de evitar efectos sistémicos podrá conducir a las autoridades a intervenir --y a veces con gran urgencia-- para evitar daños mayores. Es imperativo en estos casos extremos que las garantías sean limitadas, concedidas con toda transparencia, con perfecta conciencia de su costo presupuestario, y en el marco autorizado por la política monetaria vigente. Estas operaciones no pueden justificar pérdidas cuasifiscales en los bancos centrales y los accionistas, desde luego, deberán ser totalmente responsables por las pérdidas de su capital.

• Controlar el riesgo mediante una supervisión y reglamentación prudenciales: el riesgo no puede eliminarse, ni tampoco puede evitarse que quiebren los bancos mal administrados. Las autoridades deben centrar su atención en la solidez de todo el sistema a través de entidades de reglamentación y supervisión robustas, con suficiente autonomía, autoridad y capacidad. La reglamentación prudencial que necesitarán para el desempeño de esta tarea deberá definir claramente el alcance de las actividades financieras, fortalecer la gestión de gobierno a nivel interno y reforzar la disciplina de mercado.

Por supuesto, un sistema bancario sólido requiere un marco legal y jurídico robusto. No cabe duda de que es esencial contar con una infraestructura sólida de mercados financieros que incluya un sistema eficiente de pagos y mercados de dinero, cambiarios y de capital dinámicos. Sin embargo, las normas y la reglamentación no bastan. En definitiva, un sector bancario eficiente requiere una "cultura de crédito", es decir, un entorno en el que se respeten y se hagan cumplir por norma los contratos de crédito y en el que las empresas precarias, entre ellas las instituciones financieras, estén sujetas a la "disciplina del mercado" y, en última instancia, enfrenten la posible sanción de una bancarrota. En resumen, la solidez del sistema bancario deberá estar respaldada por una buena gestión de gobierno a nivel del sector público y de las empresas, incluidas las instituciones financieras.

Consideremos ahora el tema de las autoridades nacionales, y de su particular deber de transparencia en la formulación de la política económica. La comunidad internacional, a través del Comité Provisional, solicitó al FMI que preparase un código de buenas prácticas sobre transparencia fiscal; el código se dio a conocer a mediados de 1998. Posteriormente, ha instado a que se formule un código de buenas prácticas sobre política monetaria y financiera, y el FMI está desarrollando esta importante labor en estos momentos. Si bien aún estamos trabajando en este proyecto, puedo mencionar algunos principios clave que parecen fundamentales para un código funcional de esta índole.

Los argumentos a favor de la transparencia en este ámbito --hasta ahora uno de los aspectos de la formulación de la política económica con respecto al cual, en la mayoría de los países, se toleraba o fomentaba una total opacidad-- presentan dos facetas. En primer lugar, la transparencia promueve la rendición de cuentas e impone disciplina a los responsables de la política económica. Éste es un requisito esencial del buen gobierno, especialmente si --como es conveniente-- se otorga considerable autonomía al banco central y a otras entidades oficiales responsables de la reglamentación y la supervisión. En segundo lugar, la transparencia puede dar más credibilidad a las autoridades. Con ello aumenta la eficacia del proceso de formulación de las políticas en la medida en que el sector privado estará en mejores condiciones para anticiparse a las intenciones y a la posible reacción de las autoridades ante un cambio de circunstancias.

El código no adoptará ninguna postura en materia de políticas monetarias y financieras específicas, sino que se basará en el supuesto de que uno de los objetivos fundamentales de la política económica es promover y desarrollar los mercados de dinero y de capital, y fomentar el uso de instrumentos de mercado en la implementación de la política monetaria. Por consiguiente, la promoción de la transparencia se basa en cuatro principios clave:

• Deberán definirse claramente las funciones, responsabilidades y objetivos de las instituciones oficiales clave del sector financiero, dándoles tanta autonomía como sea posible. Me refiero, por supuesto, al banco central y a otras entidades oficiales de reglamentación y supervisión financieras.

• Estas entidades deberán estar sujetas a estrictas normas de rendición de cuentas e integridad.

• La política económica deberá formularse de manera abierta y previsible. Por ejemplo, algunos bancos centrales han comenzado a divulgar sin demora al público las actas de las reuniones sobre políticas.

• La información permite un funcionamiento más fluido de la economía de mercado, y las entidades oficiales deberán declarar de manera rutinaria, habitual y puntual las estadísticas y la información monetaria y financiera de que disponen para facilitar la toma de decisiones en materia de política económica.

Estas cuatro virtudes --autonomía, responsabilidad, divulgación de información y transparencia en la formulación de la política económica-- deberían quedar grabadas en mármol en las salas de reuniones ministeriales y --me atrevería a decirlo-- ¡en las salas de juntas de los bancos centrales de todo el mundo!

¿Qué puede decirse de la reglamentación y la supervisión de las instituciones que participan en los flujos internacionales de capital? Por el momento, la supervisión de las operaciones extraterritoriales o de las que entrañan un elevado nivel de endeudamiento es competencia de las autoridades nacionales, especialmente, de las de los países en los que se localizan los principales centros financieros. Al abordar esta tarea, será necesario actuar en varios frentes, cada uno de los cuales --lo confieso-- plantea difíciles cuestiones de implementación.

• En primer lugar, es posible que haya que hacer extensivas las funciones de reglamentación y supervisión de las instituciones bancarias a una gama más amplia de actividades, para incluir específicamente y con mayor grado de detalle las actividades transfronterizas, teniendo en cuenta explícitamente no sólo los intereses de los inversionistas nacionales, sino también el objetivo de preservar la estabilidad internacional.

• Segundo, las normas de reglamentación y supervisión tendrán que coordinarse y armonizarse de forma más amplia entre las naciones.

• Tercero, habrá que formular normas para las actividades ajenas al sector puramente bancario, lo que equivale a hacer extensiva la filosofía de los principios básicos de Basilea a una gama más amplia de mercados, instituciones y transacciones. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) ya preparó un documento que contiene los principios y recomendaciones para la regulación y la supervisión de mercados de valores, que sienta las bases para fomentar estrictas normas de regulación a efectos de mantener mercados de valores justos, eficientes y sólidos.

* * * * *

En resumen, al analizar los cambios que habrá que introducir en los sistemas financieros, observamos que cada uno de los principales componentes está llamado a desempeñar una función, con las consiguientes responsabilidades. El cambio entrañará progreso. Podemos prever que la economía mundial comenzará claramente a cosechar los frutos a medida que el sistema internacional empiece a funcionar en forma más eficiente dentro de un marco jurídico y reglamentario más completo.

Entre las prioridades de las autoridades nacionales se incluye el mantenimiento de políticas macroeconómicas que promuevan un crecimiento de alta calidad, sostenible y equitativo, como condición previa para la estabilidad del sistema bancario, así como la existencia de instituciones, leyes, regulaciones, normas y códigos de buenas prácticas que respalden un sistema eficiente de supervisión y reglamentación prudencial. Las autoridades nacionales de reglamentación y supervisión de los principales mercados e instituciones deberán tener incluso más en cuenta las repercusiones sistémicas de ciertos tipos de operaciones.

Los bancos y las instituciones financieras deberán perseverar en lo que saben hacer mejor: buscar oportunidades basándose en una buena gestión y una evaluación rigurosa de los riesgos. De esa manera podrán darse cuenta de que el fomento de una expansión ordenada --y, de hecho, la liberalización-- de la economía mundial puede muy bien suponer la ampliación, al ámbito internacional, de las prácticas de reglamentación y supervisión que ya se aceptan como norma en los mercados financieros más avanzados.

El FMI, en colaboración con otras instituciones y como parte de su adaptación a las demandas de la economía mundial, intensificará la supervisión que ejerce, concretamente aumentando la cobertura de los aspectos del sector financiero en el marco de esa supervisión. Participaremos en la formulación de nuevas normas y contribuiremos a su divulgación y al seguimiento de su implementación.

Sin lugar a dudas, se trata de un ambicioso programa de trabajo, un programa que nos mantendrá ocupados durante muchos años. Cabe señalar que una de las lecciones que podemos extraer de esta crisis es la necesidad de estar constantemente alertas y adaptar las políticas, las prácticas y las instituciones para mantenerse al día en un mundo en el que las finanzas y la economía están en constante evolución. Otra lección, y con esto concluyo, es que estos esfuerzos deben hacer hincapié en una mayor cooperación internacional, que es y será más que nunca la condición sine qua non de la estabilidad y la solidez de la economía mundial.