El Directorio Ejecutivo del FMI concluye el primer examen en el marco del Acuerdo de Derecho de Giro a favor de Perú

Comunicado de prensa No. 07/145 (S)
27 de junio de 2007

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó hoy el primer examen de la evolución económica de Perú en el marco de un Acuerdo de Derecho de Giro a 25 meses por un monto equivalente a DEG 172,4 millones (aproximadamente US$261 millones).

Las autoridades indicaron que consideran el acuerdo, aprobado el 26 de enero de 2007, de carácter precautorio (véase el Comunicado de prensa No. 07/15(en inglés)).

Una vez concluido el debate del Directorio Ejecutivo, el Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio, Murilo Portugal, hizo la siguiente declaración:

"En los últimos años, gracias a la aplicación de políticas macroeconómicas acertadas y un favorable entorno externo, Perú se ha beneficiado de un crecimiento económico sin precedentes y de base amplia, una sólida situación externa, niveles bajos de inflación y una reducción de los factores de vulnerabilidad. El compromiso constante con esas políticas y con las reformas estructurales será vital para consolidar el crecimiento económico, incrementar la capacidad de recuperación de la economía ante los shocks y aliviar la pobreza.

La estrategia de las autoridades para focalizar mejor y hacer más eficaces los programas de asistencia social ayudará a redoblar los esfuerzos para aliviar la pobreza, que han de basarse en un amplio consenso. La intención de las autoridades es reforzar la capacidad del Comité Interministerial de Asuntos Sociales para garantizar que la estrategia esté bien coordinada y se ejecute con puntualidad.

Las políticas fiscales sólidas que apuntalan la estabilidad siguen siendo el fundamento de un programa cuyo fin es garantizar un gasto público de alta calidad para atender necesidades básicas en el ámbito social y de la infraestructura. La reestructuración del Sistema Nacional del Inversión Pública acelerará la aprobación de proyectos de inversión pública sin descuidar su calidad. Están tomándose medidas para afianzar la capacidad de los gobiernos subnacionales a la hora de evaluar y ejecutar los proyectos, inclusive con apoyo del sector privado. La rápida adopción de un marco jurídico integral para las asociaciones público-privadas ayudará a garantizar que la inversión pública siga siendo de alta calidad y que los riesgos se distribuyan equitativamente entre los sectores público y privado.

Es encomiable la intención de las autoridades de enmendar la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal para establecer sanciones estrictas en caso de incumplimiento de las metas fiscales fijadas en la Ley. A fin de velar por la prudencia fiscal, en el Ministerio de Economía y Finanzas se creó una unidad que vigilará el cumplimiento de la Ley por parte de los gobiernos subnacionales, y se desplegarán esfuerzos para garantizar que al devolver las funciones fiscales a los gobiernos subnacionales se preserven los mecanismos eficaces de acreditación y la prudencia fiscal.

Se han racionalizado los incentivos tributarios, ciertas exenciones regionales han sido reemplazadas con transferencias presupuestarias, y se ha fijado un cronograma para la reducción de los impuestos que crean distorsiones. Es importante que se resistan las presiones para conceder nuevas exenciones. La administración tributaria se fortalecerá a partir de los avances recientes.

La política monetaria ha sido prudente. Es de esperar que la nueva meta de inflación afiance más la estabilidad de los precios y ayude a reducir la dolarización. Los holgados niveles de las reservas oficiales y la mayor capacidad de recuperación del sistema bancario ante los shocks cambiarios deberían hacer posible una flexibilización del tipo de cambio, que permita tomar más conciencia de los riesgos cambiarios y desarrollar aún más los mercados financieros internos.

Las reformas del sector financiero han ayudado a atenuar los riesgos derivados de la dolarización del sistema financiero, pero se precisan más medidas para reducir la dolarización de las hipotecas. Las leyes previstas para reforzar la supervisión regulatoria de las instituciones financieras públicas son motivo de satisfacción, y es menester garantizar que los bancos públicos no menoscaben la competencia del sector financiero", concluyó Portugal.



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