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Las perspectivas económicas para las Américas
en el contexto de una nueva arquitectura financiera

Palabras de Michel Camdessus1
Director Gerente del Fondo Monetario Internacional
en la Conferencia de Montreal
Montreal, Canadá, 2 de junio de 1999

Es un gran placer para mí participar en esta conferencia, no sólo por tratarse de un tema de gran proyección futura, no sólo por el enfoque positivo con que ustedes abordan la globalización, sino también porque en este foro está representada una gama extraordinariamente amplia de países: países industrializados, economías de mercados emergentes y países en desarrollo de bajo ingreso, cuya presencia nos recuerda que el desafío que se nos plantea es asegurar que cada uno de los países tenga la posibilidad de beneficiarse plenamente de la globalización.

En los dos últimos años el mundo ha sufrido la crisis más grave en cincuenta años. Hoy quisiera decirles por qué se justifica cierto optimismo, aunque decididamente no la euforia, pero también por qué este optimismo debe temperarse con un alto grado de realismo y respaldarse con un continuo esfuerzo de parte de todos nosotros —el sector público, el sector privado, las instituciones internacionales— para llevar adelante la reforma que ya se ha iniciado a escala nacional e internacional.

Quisiera comenzar con una nota positiva. Sí, puedo confirmar que, a nuestro juicio, lo peor de la crisis de Asia ya ha pasado y que el continente americano debería beneficiarse de esta situación.

En Estados Unidos y Canadá, la expansión económica que viene observándose desde hace tiempo es el resultado de la política macroeconómica prudente que han adoptado los dos países durante esta década. La política monetaria ha llevado la inflación a bajos niveles y, en ambos, el drástico ajuste fiscal ha puesto mayores recursos a disposición del sector privado, lo que ha dado lugar a un notable crecimiento de la inversión. En Estados Unidos, el reciente ritmo de crecimiento de la demanda agregada ha sobrepasado las estimaciones generalmente aceptadas y la tasa de desempleo ha alcanzado los niveles más bajos que se hayan visto en los últimos 30 años. Esta situación indica que, con un firme y acelerado crecimiento de la demanda, la economía podría alcanzar rápidamente sus límites, lo que plantea el riesgo de un resurgimiento de las presiones inflacionarias. Al mismo tiempo, la vacilante recuperación económica de Europa y la lenta recuperación de la economía japonesa, en particular, ponen de manifiesto la necesidad de que estos países emprendan nuevas iniciativas de política económica que contribuyan a restablecer una trayectoria de crecimiento económico mundial más equilibrada.

Más al sur, encontramos elementos que también justifican un optimismo prudente. En los últimos dos meses hemos observado un resurgimiento de la confianza de los inversionistas, y hay indicios de que la desaceleración de la actividad ha sido menos pronunciada que lo previsto, especialmente en Brasil. La crisis parece haber tocado fondo, y en algunos casos vemos incluso el comienzo de una reactivación. En consecuencia, hemos revisado nuestros pronósticos al alza y prevemos una situación neutra para la región en conjunto en 1999, y una cierta recuperación del crecimiento en el año 2000. Igualmente sorprendente ha sido la repercusión relativamente suave de la crisis de Brasil en otros países, sobre todo Argentina, Chile y México. Sin duda, es muy pronto para cantar victoria, pero estos países son dignos de elogio por haber reforzado su capacidad de resistencia impartiendo a la política económica una orientación enérgica. Durante más de 10 años, su sólida política macroeconómica ha contenido la inflación, en tanto que la menor absorción de recursos por el sector público y las amplias reformas han fortalecido la economía, especialmente el sector financiero. Creo que, a partir de estas crisis, dado el permanente riesgo de volatilidad de los flujos de capital, muchos países están reconociendo el valor de la pronta adopción de medidas de política frente a las presiones externas, y muchos inversionistas están aprendiendo a establecer diferencias entre las economías. Esperemos que estas lecciones sean asimiladas y recordadas, sobre todo por los pocos países de la región que aún se ven confrontados con grandes desafíos.

¿Y qué sucede con los otros países de la región: los países de América Central y el Caribe? La persistente crisis de la pobreza y las catástrofes naturales —que tan a menudo parecen asolar a los mismos países menos afortunados— requerirán más tiempo para superarse que las crisis de los mercados emergentes. Me referiré nuevamente a estos países en un momento, porque creo que su situación debe ser uno de los temas prioritarios de nuestro programa de trabajo al aproximarnos al fin del siglo. De hecho, puedo asegurarles que no hemos olvidado las necesidades de estos países: en estos momentos, mediante el SRAE2, proporcionamos financiamiento en condiciones muy concesionarias a las cinco economías más pobres del continente. De éstas, dos son países que ya están habilitados para recibir alivio de la deuda de carácter excepcional en el marco de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (Iniciativa para los PPME) y otros dos pueden quedar habilitados pronto. En lo que se refiere al impacto de las catástrofes naturales, en 1998 se ha proporcionado ayuda de emergencia a cuatro economías de América Latina o el Caribe que quedaron devastadas por huracanes. Asimismo, el FMI participó activamente en los esfuerzos internacionales para respaldar la reconstrucción en América Central tras el huracán Mitch. Pero suministrando respaldo a cada país individualmente no lograríamos mucho si no atacáramos los problemas básicos que desencadenaron la crisis de proporciones mundiales que acabamos de sufrir. ¿En qué etapa de esta tarea nos encontramos?

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La crisis puso de manifiesto las deficiencias del sistema financiero internacional tanto en lo que respecta a los deudores —deficiencias de las políticas e instituciones nacionales— como a los acreedores, sobre todo en cuanto a la capacidad y disposición de éstos para realizar una evaluación adecuada de los riesgos, y de las autoridades de supervisión para controlar debidamente las actividades de los acreedores. La comunidad internacional ha analizado y debatido intensamente las razones de la crisis y la forma de prevenir este tipo de crisis y, en el caso de que se produzcan, la forma de preverlas y controlarlas mejor. Permítanme que trate de describir el avance logrado en ese debate y lo que aún queda por hacer.

Primero debemos plantearnos qué tipo de economía mundial queremos para el futuro. Una economía que haga hincapié en los mecanismos de libre mercado —en un contexto de apertura del comercio exterior y de los movimientos de capital— respaldados por sistemas financieros nacionales sólidos y por una buena gestión de los asuntos públicos y de las empresas. Una economía en la cual el sector privado sea el principal motor de la inversión y el crecimiento y en la cual los inversionistas evalúen los riesgos de manera realista y operen en un marco claramente definido, aunque no opresivo, de leyes y reglamentaciones. Y, por supuesto, una gestión macroeconómica correcta que respalde la estabilidad nacional y mundial. Esto no es más que una reafirmación de ideales que nos resultan familiares. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que estas características deseables no se vean permanentemente expuestas a los riesgos de crisis y de contagio? En este ámbito creo que existe acuerdo en un valor esencial y un método central.

  • El valor esencial es la transparencia. La transparencia es la regla de oro, el principio que infiltra la mayor parte de la labor relacionada con la nueva arquitectura y define un conjunto de relaciones maduras entre los participantes en el mercado y los gobiernos.

  • El método central es la adopción de normas aceptadas a escala internacional en una amplia gama de esferas para generar mercados mundiales verdaderamente modernos —y me atrevería a decir— verdaderamente civilizados.

Para que la transparencia y las normas vayan imponiéndose progresivamente, aún se requieren mayores esfuerzos en muchos frentes: en las instituciones internacionales y en todos los países, incluidos los países de mercados emergentes y los países en desarrollo, así como los países industriales.

El FMI debe seguir desempeñando su papel tradicional para ayudar a los países a prevenir o resolver las crisis, y simultáneamente debe desempeñar el papel central que le corresponde en el diseño de la nueva arquitectura.

Por supuesto, seguimos manteniendo nuestras relaciones tradicionales con los países miembros mediante la supervisión, que es un diálogo sobre política económica con todos los países miembros, la asistencia financiera a los países que enfrentan dificultades de balanza de pagos, y la asistencia técnica y la capacitación para ayudar a los países a crear la capacidad necesaria para la gestión y el desarrollo de sus economías. Esta estructura básica sigue en pie, pero se está adaptando su contenido, en el contexto de este nuevo tipo de crisis que se ha desencadenado en Asia y en los mercados emergentes. El FMI ha tenido que responder con más rapidez, con programas de más extensa cobertura, con mayores montos de recursos y con una colaboración más amplia que en años anteriores.

En estrecha colaboración con el Banco Mundial, hemos intensificado nuestros esfuerzos por promover la solidez del sector financiero. En todos los programas que hemos respaldado en los últimos años —inclusive en Asia, Rusia y Brasil— incorporamos los componentes principales de la reforma del sector financiero. Para ello nos guiamos por los principios básicos de Basilea para una supervisión bancaria eficaz, que también ayudamos a diseñar.

Con respecto a las nuevas normas a las que asignamos tanta importancia, nos espera una ardua tarea: su divulgación, aplicación y seguimiento. No cabe duda de que tendremos que difundir las normas respecto a las cuales el FMI está tomando la iniciativa —divulgación de datos, transparencia en las políticas fiscales, monetarias y financieras— y, con otras entidades, las normas relativas al sector financiero. En los demás aspectos, si bien muchas instituciones están preparando o actualizando sus propias normas, necesitarán cierto respaldo para divulgarlas. En este aspecto, se está recurriendo al FMI para que, en el contexto de las consultas que celebra regularmente con los países, aliente la adopción de las normas y evalúe el avance logrado en su aplicación.

Una dirección promisoria hacia la cual nos puede llevar esta tarea, pese a que aún se encuentra en la etapa experimental, es la elaboración de informes sobre la transparencia. En este sentido se le pide al FMI que, junto con los países, informe de manera sumaria en qué medida las prácticas que siguen los países son congruentes con las diversas normas que se están elaborando. Me complace anunciar que América Latina lleva la delantera: Argentina fue uno de los tres primeros países —junto con Australia y el Reino Unido— que preparó un informe de ese tipo. Quisiera instar a otros países a seguir este ejemplo.

Siempre con miras a ayudar a prevenir las crisis, el FMI emprendió una importante innovación al establecer la nueva línea de crédito contingente para otorgar financiamiento precautorio a los países cuya economía es básicamente sólida pero que están amenazados por los efectos potenciales del contagio. Esta nueva ventanilla de acceso a los recursos del FMI representa una importante modificación de nuestro enfoque. La línea de crédito contingente está especialmente diseñada para ayudar a los países a evitar crisis y no solamente reaccionar a posteriori: es un cambio de enfoque, de la cura a la prevención. Un criterio importante para evaluar si un país reúne los requisitos de acceso a ese servicio es la medida en que se acoge a las normas reconocidas internacionalmente. Sería aún prematuro determinar exactamente cuáles son esos países, pero no dudaría en pensar que varios candidatos a hacer uso de la línea de crédito contingente se encuentran en América Latina.

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Veamos cuánto han avanzado los países del continente para poner en práctica los elementos de esta nueva arquitectura.

Durante más de una década, los países de América Latina han desplegado decididos esfuerzos para reformar su economía, realizar una gestión económica sana e integrarse a la economía mundial. Estos esfuerzos se redoblaron a raíz de la crisis mexicana de 1994-95. Entre otras medidas adoptadas para fortalecer los sistemas financieros, se ha reforzado la supervisión mediante el perfeccionamiento de los procedimientos de evaluación de riesgos, los sistemas de divulgación de información y las normas contables, la adopción de exigencias más estrictas en materia de capitales, la reestructuración de los activos de los bancos, la privatización de los bancos y la apertura a la participación extranjera en el sector bancario. Chile, Argentina, Brasil, Perú y Venezuela han llegado lejos en esta empresa y recientemente México ha tomado medidas en este sentido. Al verse golpeadas por la crisis, en general las economías de la región no se replegaron tras barreras proteccionistas; más bien, demostraron estar resueltas a fortalecer la orientación de sus políticas.

No obstante, considero que todavía podemos hacer más: la liberalización del comercio exterior, la reforma del sector empresarial y la eficiencia del sector público son aspectos que siempre pueden mejorarse. Al ir consolidándose las reformas, unos pocos países ya han comenzado a superar los coeficientes prudenciales establecidos en los principios básicos de Basilea. A medida que continúe este proceso, dado que los riesgos para los bancos de la región pueden ser mayores que los riesgos para los bancos internacionales más diversificados, los países podrían considerar la posibilidad de establecer normas regionales que vayan más allá de los mínimos internacionales en lo que respecta a la solidez del sector financiero. ¿Qué mejor forma de demostrar la fortaleza de la región?

¿Qué otras repercusiones tendrá para estos países la nueva arquitectura? Al igual que las economías de todas las regiones, espero que den muestras de su determinación de operar sus economías ateniéndose a las normas más elevadas en materia de transparencia y buen gobierno. Esto significaría adaptar las leyes, códigos de conducta y normas nacionales a las normas de aceptación internacional que se están formulando o revisando en materia de contabilidad, auditoría, valores, seguros, gestión de empresas, quiebras, sistemas de pagos y liquidación. En el sector público, se está fomentando la transparencia mediante tres códigos que el FMI ya ha diseñado o está diseñando en colaboración con otros organismos. El primero es un código sobre la divulgación de datos, orientado a los países que aspiran a movilizar recursos en los mercados internacionales de capital; este código se encuentra en pleno funcionamiento y ya ha sido adoptado por nueve países americanos3. El segundo código, el código de transparencia en la política fiscal, que también se encuentra en funcionamiento, y el tercero, un código de transparencia en las políticas monetarias y financieras, que se encuentra en las etapas finales de preparación, deberían ayudar a que las estrategias y medidas formuladas por las autoridades sean más transparentes para los participantes en el mercado.

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En lo que atañe a Canadá y Estados Unidos, quisiera señalar tres maneras en que los países industriales podrían contribuir a establecer cimientos sólidos para esta nueva arquitectura.

  • Deben sentar el ejemplo en la aplicación de normas nuevas o revisadas, aunque, por supuesto, suelen estar muy avanzados en muchos respectos. Cabe citar el proyecto de código de transparencia en las políticas financieras y monetarias, que traerá aparejado un importante cambio en la cultura, un cambio que en realidad ya ha comenzado. En lugar de basarse en cierta "ambigüedad constructiva" en la conducción de las políticas monetarias y financieras, se invitará a los bancos centrales a funcionar dentro de un marco transparente para formular y comunicar las modificaciones de política. Canadá, nuestro país anfitrión, ha estado a la vanguardia en este ámbito al aplicar un marco de política monetaria cuyas metas específicas de inflación han dado más transparencia a la ejecución de la política. A su vez, la determinación con que se puso en práctica este enfoque redujo la inflación y dio mayor credibilidad al banco central.

  • Los reguladores, los supervisores y los participantes en el mercado tienen todos una función concreta. Los grupos de trabajo iniciales del nuevo Foro sobre Estabilidad Financiera —creado por el Grupo de los Siete— aportarán valiosos puntos de vista sobre el grado en que los flujos de capital de corto plazo, el elevado apalancamiento de las instituciones financieras y las operaciones de los centros financieros extraterritoriales contribuyen a la inestabilidad financiera. Todas estas son esferas a las cuales las autoridades de reglamentación y supervisión de los países industriales deben prestar especial atención, y Canadá ha formulado propuestas muy valiosas a este respecto. Sin embargo, las conclusiones a las que se llegue en el Foro tendrían aún más peso si participaran otros países en las deliberaciones, además de los miembros del Grupo de los Siete. Por otra parte, cabe esperar que los participantes en el mercado examinen y adapten sus prácticas, sobre todo revisando profundamente los modelos que emplean para evaluar el riesgo país.

  • Por último, durante muchos años habrá una fuerte demanda de asistencia técnica a medida que los mercados emergentes y los países en desarrollo encaren la tarea de fortalecer sus sistemas financieros y establecer nuevas normas. Ante la limitada capacidad interna de muchas de las entidades normativas, la experiencia de los países industriales será una importante fuente de información.

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Imaginemos ahora que se está emprendiendo en todo el mundo un esfuerzo de esta naturaleza. Sin duda, estarán de acuerdo conmigo en que la comunidad internacional ha progresado muchísimo en la tarea de crear un sistema más seguro, pero todavía tiene ante sí un amplio programa inconcluso. Permítanme mencionar someramente algunos de los temas más apremiantes o controvertidos.

Un primer aspecto en el que es necesario avanzar con urgencia y en el que los sectores público y privado deben aunar esfuerzos, desempeñando cada uno el papel que le corresponde, es la prevención y resolución de las crisis. Éste es un tema de debate delicado y, aunque las cosas se han aclarado, todavía queda camino por recorrer. Por supuesto, la atención debe centrarse en la prevención de las crisis. El sector privado puede hacerlo dando más transparencia a sus actividades y mejorando la gestión de gobierno, aplicando normas internacionalmente aceptadas, fomentando una relación de independencia con el sector público y, por lo que respecta a las instituciones financieras, desarrollando procedimientos más eficaces de evaluación, control y valoración del riesgo. En estas condiciones, si se desencadena una crisis, habrá más probabilidades de adoptar un enfoque activo basado en la cooperación. Hemos aprendido mucho de las distintas experiencias con respecto a la participación del sector privado en Corea, Tailandia, Indonesia y Brasil. Para seguir avanzando, tendremos que considerar con más atención otras iniciativas que permitan lograr una salida ordenada de las crisis si éstas llegan a producirse. En este sentido, a mi juicio, debería aprobarse la introducción de cláusulas de acción colectiva en los contratos de bonos y la definición de mecanismos apropiados que, en situaciones extremas, permitan una suspensión de los litigios para facilitar una resolución ordenada de las crisis.

Segundo, la comunidad internacional ha estado considerando si debían o no ampliarse las competencias del FMI para hacer de la liberalización de los movimientos de capital uno de los fines de la institución y extender su jurisdicción en la medida de lo necesario para alentarla a promover el proceso. El problema puede reducirse a la siguiente cuestión: Conscientes de que ya está en marcha una liberalización de facto de los flujos de capital y de que estos flujos han sido un factor crucial, tanto para los enormes avances logrados en los diez últimos años como para las crisis, ¿estamos dispuestos a aceptar un proceso azaroso, fragmentario y potencialmente inestable, o deberíamos tratar de controlarlo de tal manera que se fomenten la estabilidad y el crecimiento económicos? Está claro que es esencial adoptar un enfoque prudente y juicioso antes de proceder a la total liberalización de los movimientos de capital; los países deben cumplir dos condiciones: una, aplicar políticas económicas acertadas y, dos, contar con un sistema financiero robusto.

Aunque es comprensible que, como consecuencia de las crisis recientes, la comunidad internacional piense dos veces antes de actuar, ha llegado el momento de volver a impulsar la cuestión de si se deben o no ampliar las atribuciones del FMI a este respecto. La confianza ha retornado en parte a los mercados mundiales, los flujos financieros probablemente vuelvan a aumentar y surgirán otras innovaciones. Es esencial que esas próximas etapas de integración de los mercados financieros mundiales se inscriban en un marco bien estructurado en vez de aceptar los riesgos de un retorno al enfoque fragmentario de las últimas décadas. En el futuro, el papel del FMI a este respecto debe consistir en ayudar a los países que desean tener acceso a los mercados de capital a lograrlo de forma tal que refuerce su estabilidad, su seguridad económica, sus inversiones y sus proyectos de desarrollo.

Tercero, debemos añadir un pilar social a la arquitectura financiera internacional. Todos los países deben especificar con claridad los objetivos sociales en su respectivo marco de política económica, respaldándolos en caso necesario con asistencia técnica y financiamiento del exterior. De la misma manera, la estabilidad del sistema económico internacional requiere que uno de los elementos fundamentales de la arquitectura sea un sólido pilar social. Los desastres que afectaron el año pasado a tantos países de América Central y el Caribe refuerzan nuestra determinación en este sentido. La comunidad internacional está prestando atención explícita a este tema —en un esfuerzo liderado por las Naciones Unidas y el Banco Mundial— estableciendo principios y códigos de buenas prácticas para orientar a las autoridades nacionales en la formulación de las políticas sociales internas. Espero que en la reunión cumbre de Colonia se promueva esta orientación.

Un cuarto tema sobre el que reflexionaremos detenidamente en los próximos meses es la cuestión de los regímenes cambiarios. Es notable que todos los países afectados por la crisis en los dos últimos años estuvieran aplicando alguna modalidad de tipo de cambio vinculado o de flotación rigurosamente controlada. Hemos de considerar con atención si esos regímenes son imperfectos per se o sencillamente tienen una vida finita adecuada a determinadas etapas de la vida económica, a determinados momentos y a ciertas condiciones. Parecería estar surgiendo una preferencia, en algunos sectores al menos, por los regímenes más cercanos a uno de los dos extremos del espectro: libre flotación o cajas de conversión. América Latina, por su parte, está añadiendo una nueva dimensión a este debate con la idea de la dolarización, en cuya versión extrema una moneda de reserva internacional sustituiría total y oficialmente a las monedas nacionales. Pero el debate no ha hecho más que comenzar y podríamos recordar también que el histórico nacimiento del euro ofrece otro paradigma posible, un enfoque regional en el que la adopción de una moneda única podría constituir el objetivo a largo plazo, la etapa final de un proceso orientado a la consecución de un alto grado de integración económica entre varios países. Cabe señalar también que, para mantener estrechos lazos económicos, no es necesario adoptar una moneda común. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha permitido una mayor integración económica entre Canadá, Estados Unidos y México, al tiempo que cada uno de estos tres países sigue permitiendo la libre flotación de su moneda. Éstos son sólo unos pocos de los elementos que merecen considerarse en este debate que puede configurar el futuro de la integración económica de las Américas. Independientemente del régimen que se adopte, es la fortaleza de las políticas financieras internas la que, en última instancia, determina el éxito de las políticas cambiarias.

En una esfera conexa, me parece que cada vez es más necesario profundizar el compromiso de mantener una cooperación más intensa entre los principales países industriales en aras de un crecimiento económico equilibrado y de la estabilidad monetaria internacional. Estamos asistiendo a la aparición cada vez más clara de un sistema tripolar de monedas, reforzado por la reciente puesta en marcha del euro, y sin embargo siguen existiendo grandes desequilibrios entre los resultados económicos de las tres zonas monetarias. Es normal que los problemas internos sigan siendo la prioridad principal de cada país al adoptar las decisiones pero, dado que las decisiones que se adopten a escala nacional inevitablemente repercutirán en todo el mundo, es evidente que se necesita una mayor cooperación regional e internacional para tratar de armonizar los objetivos de la política interna con el interés común de todos los países.

Quinto, debemos redoblar los esfuerzos para integrar de la mejor manera posible en la economía globalizada a los países en desarrollo que aún no han podido beneficiarse de la globalización. El camino está plagado de grandes obstáculos. Una de las prioridades fundamentales del programa de trabajo es fortalecer la Iniciativa para los PPME, y estoy seguro de que, con tantas propuestas que ha presentado la comunidad internacional —entre ellas las propuestas sumamente constructivas formuladas por el Primer Ministro Chrétien— pronto llegaremos a un acuerdo sobre una iniciativa reforzada que permita brindar un mayor alivio de la deuda a los países que apliquen sólidos programas de ajuste y reforma. Ahora bien, la implementación de esa iniciativa sólo eliminaría uno de los obstáculos al desarrollo y favorecería a un número limitado de países. Es necesario adoptar medidas de mayor alcance. Los países industriales pueden ayudar liberalizando los regímenes comerciales para permitir que, en términos generales, las exportaciones de los países más pobres tengan acceso irrestricto a sus mercados. Igualmente importante es considerar que ya es hora de que los países industriales se liberen de la "fatiga de la asistencia" que —con unas pocas y notables excepciones— los ha venido afectando durante los diez últimos años por lo menos y que ha hecho que la asistencia oficial para el desarrollo se reduzca al nivel más bajo, en relación con el PIB, de toda una generación. No obstante, también respaldo la opinión de que la asistencia más generosa debe prestarse a quienes están dispuestos a ayudarse a sí mismos adoptando reformas económicas y medidas acertadas.

Una última cuestión se refiere a la reforma institucional de los organismos financieros internacionales para adaptarlos a las nuevas responsabilidades que deben asumir. Me referiré sólo a las estructuras de gobierno del FMI. Desde su creación, hace más de medio siglo, el FMI ha sido administrado oficialmente por la Junta de Gobernadores, un gobernador por cada uno de los 182 países miembros. Para la mayoría de los fines prácticos, los gobernadores delegaron el funcionamiento del FMI en el Directorio Ejecutivo, aunque sin otorgarle plena autoridad política para operar sin algún tipo de supervisión. En los años sesenta se introdujeron importantes enmiendas en el Convenio Constitutivo para que la institución se adaptase al nuevo entorno tras el colapso del sistema de paridades fijas de Bretton Woods, enmienda en la que se incluyó la posibilidad de crear un Consejo de nivel ministerial que "supervisará la gestión y la adaptación del sistema monetario internacional..." Pero no se alcanzó el consenso necesario para proceder a la creación de un órgano oficial con facultades decisorias y se estableció en su lugar un "Comité Provisional" que ha desempeñado desde entonces una función de asesoramiento. Llegados a este punto nos encontramos frente a una arquitectura desconcertadamente paradójica en la cual los ministros asesoran a los directores que nombran y que toman las decisiones, cuando debería ser a la inversa.

Ahora, un cuarto de siglo después, y en un momento en que estamos tratando de cubrir las deficiencias de la arquitectura mundial, tendría mucho sentido corregir esta anomalía institucional. La creación del Consejo es, a mi juicio, una idea que ya es hora de poner en práctica. Sería un gesto esencialmente simbólico, pero demostraría que, en el sistema que está surgiendo, en el cual el FMI ocupará un lugar central, se le pedirá que haga más y estará más integrado en los procesos de toma de decisiones que afectan fundamentalmente a la vida y al sustento de la mayor parte de la población mundial, los gobiernos se responsabilizan plenamente de sus estrategias. En esta era cada vez más democrática, los ciudadanos de todos los países podrían entender mejor cómo se administra el FMI y tener la certeza de que cuentan con una representación política eficaz en los asuntos de la institución. Sin embargo, es sorprendente —al menos para mí— lo lejos que nos encontramos todavía de un consenso sobre la necesidad de crear un Consejo. Creo que se trata de un tema al que habrá que seguir prestando mucha atención en los próximos meses. Pero no será suficiente. Una reforma simbólica de esa naturaleza debe ir acompañada de medidas más concretas, para asegurar en particular que todos los países se sientan efectivamente representados en el proceso de toma de decisiones. También sería útil adaptar en la medida de lo necesario la representación de otras instituciones (el Banco Mundial, la OMC y la OIT sobre todo) para que los miembros del Comité Provisional, y más adelante del Consejo, reciban todo el asesoramiento necesario para desempeñar sus funciones cada vez más amplias.

Éstos son tan sólo unos pocos de los temas que se destacan contra el telón de fondo del cambio de siglo. En los dos últimos años, nos hemos preocupado por la necesidad de resolver las crisis y ayudar a las economías a resistir el contagio. En la respuesta que han dado a estas crisis, los países de América, tanto del Norte como del Sur, han demostrado al mundo el valor de una política económica acertada y de la reforma decidida de las estructuras económicas. La capacidad de estos países para seguir resistiendo el contagio dependerá esencialmente de que puedan mantener un proceso flexible y adaptado a las circunstancias en la formulación de las políticas y un enfoque dinámico en la ejecución de las reformas. Para garantizar un orden financiero internacional más fiable, conducente a un progreso económico más sostenible, debemos aprovechar la oportunidad de llevar adelante los cambios a más largo plazo que aún se necesitan y, sobre todo, lograr que los beneficios de la globalización lleguen a un número de países mucho mayor, incluidos los países en desarrollo más pobres. La contribución de Canadá, tan presente en muchos campos de la cooperación internacional, ya sea el tratado de eliminación de minas terrestres, las actividades del Tribunal Penal Internacional o el CIDA (Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional), puede ser determinante. Señor Presidente, señoras y señores, estoy seguro de que el mundo puede contar con que ustedes promoverán nuevos y múltiples avances, reflejo del gran sentido de responsabilidad y solidaridad internacional que los caracteriza.


1Durante la intervención el orador utilizó el inglés y el francés.
2Servicio reforzado de ajuste estructural.
3Las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) están orientadas a los países que desean mantener el acceso a los mercados internacionales de capital. Han sido adoptadas por un total de 47 países, 9 de ellos situados en el continente americano: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México y Perú. El Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD), orientado a los países miembros que no se acojan a las NEDD, constituye un conjunto de normas menos rigurosas que ofrecen un marco para mejorar los datos y sirven de guía en la divulgación de datos. Otros 43 países, entre los que se incluyen 14 países americanos, han indicado su interés en participar en el SGDD.



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