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(foto: LoveTheWind/iStock by Getty Images)[/caption]
(English)
Las diferencias en el acceso a las vacunas y la capacidad para desplegar políticas de apoyo están generando una creciente divergencia entre las economías avanzadas y muchas economías emergentes y en desarrollo. Ante los elevados déficits y los niveles históricos de deuda a los que se enfrentan, los países con un acceso limitado al financiamiento están caminando por una elevada cuerda floja fiscal entre la necesidad de proporcionar un apoyo adecuado y la de preservar la estabilidad financiera.
Si no se toman medidas contundentes para abordar esta brecha creciente, la COVID‑19 continuará cobrándose vidas y destruyendo empleos, infligiendo daños duraderos en la inversión, la productividad y el crecimiento en los países más vulnerables. La pandemia seguirá perturbando la vida de las personas más vulnerables, y los países se verán afectados por un aumento de la pobreza extrema y la malnutrición, eliminando toda esperanza de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para reducir la brecha que genera la pandemia es necesario actuar de manera colectiva para mejorar el acceso a las vacunas, conseguir financiamiento crítico y acelerar la transición hacia un mundo más verde, digital y más inclusivo.
Conseguir financiamiento
Como resultado de la pandemia, la deuda y los déficits, que ya se mantenían en niveles históricamente elevados, han aumentado drásticamente. En promedio, en 2021 los déficits fiscales globales como proporción del PIB se situaron en 9,9% en el caso de las economías avanzadas, 7,1% en el de las economías de mercados emergentes y 5,2% en el de los países en desarrollo de bajo ingreso. Se proyecta que la deuda pública se aproxime al 99% del PIB de aquí a finales de 2021.
En este contexto, el apoyo del FMI ha sido un factor de importancia crítica para salvar vidas y medios de vida. En respuesta a la crisis, el FMI ha otorgado USD 117.000 millones en nuevo financiamiento y alivio del servicio de la deuda a 85 países alrededor. Esto incluye asistencia financiera a 53 países de bajo ingreso y alivio del servicio de la deuda basado en donaciones a 29 de sus países miembros más pobres y vulnerables. Estimamos que en 2020 el apoyo del FMI facilitó un gasto adicional de del 0,5% del PIB en las economías de mercados emergentes y de casi el 1,0% del PIB en los países en desarrollo. El apoyo del FMI se centró en lo más importante.
Las favorables condiciones financieras mundiales han permitido a los países con un riesgo crediticio bajo desplegar una expansión considerable y duradera del gasto público para responder a la pandemia. Sin embargo, en los países con acceso más limitado al financiamiento externo se proyecta que el gasto primario sea aún más bajo que el previsto antes de la pandemia.
Un momento decisivo
Se necesita urgentemente una acción multilateral para reducir las diferencias en el acceso a las vacunas y poner fin a la pandemia. En este sentido, la propuesta reciente del personal técnico del FMI por un monto de USD 50.000 millones para poner fin a la pandemia, avalada por la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, fija como objetivo la vacunación de 40% de la población de cada país como mínimo para fines de 2021 y de 60% como mínimo para mediados de 2022, al mismo tiempo que busca asegurar un volumen adecuado de elementos de terapia y diagnóstico. Se ha avanzado en varios frentes, pero es necesario redoblar los esfuerzos. El Grupo de trabajo sobre vacunas contra la COVID-19 también ha puesto en marcha un tablero de datos para identificar claramente y subsanar urgentemente las deficiencias en el acceso a las herramientas contra la COVID-19.
Los países también tendrán que ver cómo movilizan recursos a escala nacional y mejoran la calidad del gasto. La COVID-19 ha agravado la tensión entre las importantes necesidades de desarrollo y los escasos recursos públicos. Para recaudar los ingresos fiscales tan necesarios, los gobiernos deberán reforzar los sistemas tributarios, una tarea especialmente ardua ya que la competencia tributaria, las cuestiones relacionadas con la asignación de la base tributaria y las técnicas agresivas de planificación tributaria han puesto la tributación del ingreso bajo presión.
Sin embargo, es posible aumentar los ingresos, y deberá hacerse de una forma que promueva el crecimiento y favorezca la inclusión. Los gobiernos deberán tratar de mejorar la eficiencia, simplificar los códigos tributarios, reducir la evasión fiscal y mejorar la progresividad. También será esencial fortalecer la capacidad del Estado para recaudar impuestos y potenciar el papel del sector privado. Mientras dure la pandemia, la política fiscal debe seguir siendo ágil y responder a las circunstancias en constante evolución.
La acción colectiva puede contribuir a reducir las diferencias. El fondo de la Unión Europea, conocido como Next Generation European Union (NGEU), del cual el 50% son donaciones, ha sido una importante fuente de financiamiento para los Estados miembros de la UE con espacio fiscal limitado. El acceso al apoyo en el marco del NGEU y los costos de endeudamiento bajos son factores decisivos que explican la falta de divergencia que se prevé que existirá entre las economías avanzadas y las de mercados emergentes en la Unión Europea.
La comunidad internacional deberá desempeñar, en consecuencia, un papel fundamental para asegurar el financiamiento que necesitan los países más vulnerables. La asignación general de DEG por un monto de USD 650.000 millones, aprobada recientemente por el FMI, proporcionará a los países liquidez adicional y los ayudará a abordar los difíciles dilemas de política económica que enfrentan. La canalización de DEG de los países ricos a los países en desarrollo reforzará aún más este apoyo. El FMI está estudiando con los países miembros la posibilidad de crear un nuevo servicio financiero —el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad— destinado a ayudar a las economías de mercados emergentes y en desarrollo a afrontar los desafíos del cambio climático y construir economías resilientes. Sin embargo, este apoyo por sí solo no será suficiente; también se necesitarán otras fuentes de apoyo de donantes.
Una señal alentadora es el acuerdo histórico sobre la tributación internacional de las empresas, avalado por más de 130 países, que incluye una tasa mínima del impuesto sobre la renta de las sociedades del 15%. Esto detendrá la carrera mutuamente destructiva para reducir los impuestos sobre la renta de las empresas internacionales. Es fundamental resolver los detalles para que el acuerdo contribuya a obtener recursos para inversiones esenciales en salud, educación, infraestructura y gasto social en los países en desarrollo.
Esta señal prometedora presenta una oportunidad. La urgencia de los desafíos mundiales —la COVID-19, el cambio climático y el desarrollo inclusivo— requiere tomar medidas a escala internacional. Este es un momento decisivo en la historia. 2021 debe ser el año en que nos demos todos una mano.
