Colombia: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2020
IMF News, February 21, 2020
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- Published: February 21, 2020
Crecimiento y efectos de la migración
- La economía colombiana creció al 3.3 por ciento en 2019.
- Proyección de crecimiento del PIB real de 3.4 para 2020, liderado por la demanda interna.
- Llegada de más de 2 millones de personas en años recientes.
- Costos fiscales anuales de la migración estimados en alrededor de ½ por ciento del PIB en el corto plazo.
- Se espera que esos costos disminuyan a medida que los inmigrantes se integren a la economía, apoyados por la expansión de programas de permisos especiales de trabajo y permanencia.
- El flujo de migrantes estimuló el crecimiento de la economía en aproximadamente ¼ por ciento en 2019, absorbido en gran parte por el sector informal y mostrando hasta ahora poca evidencia de desplazamiento laboral.
- La migración venezolana puede seguir siendo un motor de crecimiento dependiendo de la velocidad de integración al sector formal.
Desequilibrios externos y financiamiento
- El déficit de la cuenta corriente se amplió hasta el 4.4 por ciento del PIB en 2019.
- Se espera que el déficit externo se mantenga alrededor de este nivel en 2020, parcialmente por precios más bajos de productos básicos y efectos asociados al nuevo brote del Coronavirus.
- El déficit se ha financiado en gran parte por inversión extranjera directa estable; se espera financiamiento futuro mediante una creciente inversión extranjera directa e influjos de portafolio relativamente resilientes.
- Remesas más altas e ingresos por turismo han compensado en parte el deterioro de la balanza comercial.
- La flexibilidad de la tasa de cambio deberá seguir siendo la primera línea de defensa contra choques externos.
Sistema financiero y ciclo crediticio
- El crédito comercial se está recuperando; el crédito de consumo está aumentando con rapidez.
- La solvencia y la liquidez del sistema financiero continúan siendo sólidas; la cartera vencida ha disminuido desde su pico en 2018.
- Recomendación de supervisión proactiva y vigilancia continua para asegurar provisiones adecuadas frente a activos problemáticos.
- La misión apoya los requisitos de aprovisionamiento para mitigar riesgos asociados a préstamos de consumo que considera la Superintendencia Financiera (SFC).
- Se solicita a la SFC monitorizar de cerca la aceleración del crédito de consumo para evitar sobreendeudamiento y acumulación de cartera vencida.
Vulnerabilidades y riesgos a la baja
- Aumento de vulnerabilidades por mayores necesidades de financiación externa.
- Riesgos externos posibles: caída en precios de productos básicos, aumento marcado de primas de riesgo, reanudación de tensiones comerciales globales, brote más generalizado y prolongado del Coronavirus.
- Riesgos adicionales: crisis continuada en Venezuela y efectos indirectos por tensiones sociales en la región.
- Riesgos internos: nuevas protestas y paros laborales que podrían ralentizar la actividad y retrasar reformas; mayor deterioro del mercado laboral; insuficiente generación de ingresos tributarios que podría forzar recortes importantes en gastos sociales y de infraestructura para cumplir la regla fiscal.
Política monetaria y reservas
- Se proyecta que la inflación cierre 2020 cerca de la meta del 3 por ciento.
- Con una brecha del producto prevaleciente, inflación subyacente cercana a la meta y expectativas de inflación bien ancladas, la política monetaria podrá continuar siendo moderadamente expansiva.
- La acomodación monetaria puede ser removida gradualmente si la recuperación continúa y los riesgos a la baja disminuyen.
- El Banco de la República adquirió USD 2.8 miles de millones en el programa de acumulación de reservas; sumado a una rentabilidad acumulada de USD 2.3 miles de millones en 2019 aumentó la suficiencia de reservas.
- La Línea de Crédito Flexible (FCL) ofrece un colchón adicional.
- Recomendación: considerar mayor acumulación de reservas hasta donde lo permitan las condiciones de mercado.
Política fiscal y sostenibilidad
- La meta fiscal de las autoridades para 2020 reduce el déficit fiscal y estructural; ahorra parte del espacio ofrecido por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal.
- El plan de reducir la meta del déficit fiscal a un 2.2 por ciento del PIB en 2020 es adecuado, dadas la robustez de la demanda interna y el mayor déficit externo.
- En el mediano plazo, será necesario un ajuste fiscal mayor que el contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2019 para cumplir con la regla fiscal.
- Un aumento de los ingresos tributarios estructurales equivalente a 2 ó 3 por ciento del PIB podría ayudar a alcanzar los futuros objetivos de déficit y a enfrentar desafíos de crecimiento e inclusión.
- La misión valora mejoras recientes en recaudo tributario y el enfoque en eficiencia del gasto, incluyendo mejor focalización de subsidios.
- Otras medidas sugeridas: eliminación de regímenes preferenciales para sectores específicos y ampliación de la base de contribuyentes, con protección a grupos vulnerables.
Transparencia fiscal y pasivos reconocidos
- Reconocimiento por parte de las autoridades de gastos públicos no reconocidos previamente autorizado por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (sentencias judiciales, seguridad social, subsidios a la energía, pasivos por bonos pensionales y FOMAG).
- Las autoridades han implementado una estrategia para sanear estos pasivos con programación y fuentes de fondeo (combinación de caja disponible y emisión de deuda).
- Aprobación de la misión a planes para fortalecer mecanismos de gasto y provisión: manejo de sentencias judiciales, auditoría y control de gastos en salud, y mejoras en contabilidad fiscal de gobiernos subnacionales y compañías estatales.
- Expectativa: la deuda pública, incluyendo los gastos públicos reconocidos, debería comenzar a bajar en términos de porcentaje del PIB si se cumplen los objetivos fiscales.
Reformas estructurales y políticas para inclusión y competitividad
- Entrarán en vigencia a comienzos de 2020 normas reglamentarias de la Ley de Conglomerados; aumento de recursos a la SFC para supervisión consolidada.
- En 2020 también entrarán en vigencia las definiciones de requerimientos de capital previstos en Basilea III.
- Recomendación de mantener mayor nivel de supervisión durante el período de transición.
- Un Programa de Asesoría del Sector Financiero (FSAP) se llevará a cabo más tarde en 2020 para revisar marcos de regulación, supervisión y análisis de solvencia financiera.
- Necesidad de reformas estructurales para fomentar crecimiento, empleo e inclusión; prioridad a programas que aborden disparidades regionales y promuevan crecimiento incluyente según el Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo de Paz.
- Considerar una reforma pensional significativa que incluya ampliación del pilar social Colombia Mayor y eliminación de subsidios regresivos para pensiones más altas.
- Inversiones en infraestructura 4-G se esperan que reduzcan costos de transporte y contribuyan a impulsar exportaciones, especialmente si se complementan con reducción de restricciones no arancelarias.
- Dada la alta tasa de desempleo estructural, informalidad y flujos migratorios, prioridad en fomentar empleo formal.
Declaración final del personal técnico del FMI al término de la misión (21 de febrero de 2020).