Cómo promueve el FMI la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de asistencia financiera para la COVID-19

5 de mayo de 2020

La COVID-19 está causando un gran número de víctimas mortales y ha perturbado el orden social y económico de forma acelerada y en una magnitud nunca vista. El FMI está trabajando estrechamente con sus países miembros para satisfacer las necesidades de financiamiento de emergencia de estos, a la vez que mantiene la lucha contra la corrupción y la malversación de las ayudas financieras urgentes. En una época de crisis como la actual, más que nunca, es importante garantizar que los recursos se utilizan para salvaguardar vidas y medios de subsistencia.

¿Cómo ayuda el FMI a los países a mejorar la gestión de gobierno y luchar contra la corrupción?

En 2018, el FMI adoptó un marco para reforzar la labor del FMI sobre gestión de gobierno. Desde entonces, el FMI viene entablando conversaciones más profundas y sinceras con los países miembros cuando estas cuestiones podrían minar el funcionamiento eficiente de la economía y poner en peligro los intereses de sus ciudadanos. Estas conversaciones se llevan a cabo a través de varios canales:

  • Supervisión en el marco de las consultas del Artículo IV: Los equipos de país del FMI analizan las cuestiones relacionadas con la gobernanza y la corrupción, y formulan recomendaciones específicas para mejorar el buen gobierno y abordar las vulnerabilidades por corrupción, por ejemplo mediante la lucha contra la corrupción transnacional[1]. Hasta la fecha, más de 30 informes del personal técnico han incluido anexos detallados o documentos de la serie “Selected Issues Papers” sobre estos temas[2]
  • Programas de préstamo: Incluyen condicionalidad relacionada con una buena gestión de gobierno cuando dichas vulnerabilidades son cruciales para la consecución de los objetivos del programa del país miembro[3]
  • Diagnóstico de la gobernanza: El personal técnico viene realizando estudios detallados de la gobernanza para ayudar a identificar las reformas concretas que se requieren para reforzar el buen gobierno en distintos ámbitos. Por el momento, se han completado o se están preparando 10 informes de este tipo[4]
  • Fortalecimiento de las capacidades: El FMI presta amplia asistencia técnica y capacitación en los ámbitos de la gobernanza fiscal, la supervisión del sector financiero, el buen gobierno del banco central, las medidas de prevención del lavado de dinero y los marcos de lucha contra la corrupción. 
  • Estudio y divulgación: El FMI persigue un amplio programa de trabajo analítico y de estudio sobre gobernanza[5] y lleva a cabo diversas actividades de divulgación para fomentar la colaboración con otras instituciones internacionales, el mundo académico y entidades civiles en este ámbito.

¿Cómo puede el FMI ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del financiamiento de emergencia en tiempos de la COVID-19? 

A raíz de la pandemia de COVID-19, el FMI mantiene su compromiso de resolver las vulnerabilidades en materia de gobernanza y corrupción en sus países miembros. Con su labor, el FMI busca encontrar el equilibrio entre las necesidades de financiamiento inmediato por la COVID-19 y la transparencia y la rendición de cuentas apropiadas para garantizar, en la mejor medida posible, que la ayuda financiera llega a quienes la necesitan.  El financiamiento de emergencia del FMI se realiza a través de desembolsos directos por adelantado. Y aunque el margen para aplicar las condiciones tradicionales es mucho menor, el FMI trabaja en las siguientes medidas para promover la transparencia y la rendición de cuentas, y garantizar que sus recursos se utilizan para los fines previstos: 

  1. Solicitar a las autoridades de los países miembros que, en sus cartas de intención, se comprometan a asegurar que la asistencia de emergencia se utiliza para resolver la crisis actual, de extrema urgencia, y no para otros fines. Los países miembros publican sus cartas de intención, que también están disponibles en el sitio web del FMI. 
  1. Evaluar qué medidas de gestión financiera pública, lucha contra la corrupción y prevención del lavado de dinero podemos pedir que apliquen los países miembros sin demorar indebidamente los pagos que se necesitan urgentemente. Por ejemplo, el FMI ha pedido a los países miembros que han solicitado asistencia de emergencia que se comprometan a: i) ampliar la declaración de gastos relacionados con la crisis; ii) realizar y publicar auditorías ex post independientes de los gastos relacionados con la crisis; iii) garantizar la transparencia en la contratación; por ejemplo, mediante la publicación de los contratos de adquisición; y iv) evitar los conflictos de intereses y la corrupción, a través de la publicación de la información sobre propiedad efectiva de las empresas adjudicatarias de contratos de adquisición. Algunos ejemplos concretos se presentan a continuación: 
  • En Gabón, las autoridades se han comprometido a: i) divulgar trimestralmente el gasto en fondos de emergencia; ii) encargar una auditoría independiente de estos gastos en los seis meses posteriores al desembolso y publicar los resultados; y iii) hacer públicos los contratos de adquisición relacionados, así como la información sobre propiedad efectiva de las empresas adjudicatarias de estos contratos. 
  • En Moldavia, las autoridades se han comprometido a: i) publicar información sobre la contratación pública relacionada con la crisis y la propiedad efectiva de empresas que suscriben contratos con el gobierno; ii) seguir aplicando el marco de lucha contra el lavado de dinero y el régimen de declaración de activos; y iii) someter todo el gasto destinado a paliar la crisis a una auditoría especializada del Tribunal de la Cámara de Cuenta, y hacer público el informe. 
  • En Nigeria, las autoridades se han comprometido a: i) reforzar el papel de la Comisión de Cuentas Federal en la lucha contra la corrupción y el marco de declaración de activos; ii) aplicar plenamente el método basado en el riesgo a la supervisión ADL/LFT, garantizando a su vez la transparencia en cuanto a la titularidad de las personas jurídicas; iii) crear líneas presupuestarias específicas para facilitar el seguimiento y la divulgación del gasto de la respuesta de emergencia, y divulgar con periodicidad mensual los fondos liberados y los gastos incurridos en el portal sobre transparencia (http://opentreasury.gov.ng/); iv) publicar los planes de contratación y los avisos de contratación relativos a todas las actividades de respuesta de emergencia —incluido el nombre de las empresas adjudicatarias y su titularidad— en la página web de la oficina de contratación pública; y v) publicar, no más tarde de entre tres y seis meses después del cierre del año fiscal, un informe de auditoría independiente sobre el gasto en respuesta de emergencia y los procesos de contratación relacionados, que deberá ser realizado por el Auditor General de la Federación. 

En términos generales, se insta a aplicar dichas medidas por constituir buenas prácticas que mejoran la transparencia y la rendición de cuentas. En Afganistán, Bolivia, Mauritania, Pakistán, la República Dominicana, la República Kirguisa y Santo Tomé y Príncipe, así como en muchos otros países, se han asumido compromisos similares. 

  1. Garantizar que los recursos de emergencia están sujetos a nuestra política sobre “evaluación de salvaguardias”. Estas evaluaciones ofrecen al FMI garantías razonables de que el marco de gobernanza, divulgación y control de un banco central es adecuado para gestionar recursos, incluidos los desembolsos del FMI. Para los ámbitos en los que existen deficiencias, el personal técnico del FMI elabora recomendaciones sujetas a plazos determinados y controla de cerca su aplicación. Dado que el financiamiento de emergencia se realiza a través de desembolsos por adelantado, dichas evaluaciones se llevarán a cabo una vez efectuado el pago, pero antes de que se apruebe financiamiento adicional posterior para el país miembro con arreglo a un acuerdo de financiamiento plurianual tradicional. 
  1. Mantener la inclusión de medidas sobre gobernanza y lucha contra la corrupción en estos programas como parte de la actual aplicación del Marco de Mejora de la Gobernanza 2018. Muchos de los países que actualmente reciben asistencia de emergencia, o bien ya cuentan con acuerdos de financiamiento plurianual con el FMI, o los solicitarán próximamente. Estos acuerdos plurianuales resultan más adecuados que el financiamiento de emergencia a la hora de abordar los problemas estructurales de larga data que contribuyen a la mala gestión de gobierno y la corrupción.

[1] El análisis de la lucha contra la corrupción transnacional se ha centrado en cuestiones relacionadas con el soborno exterior (Francia, Alemania y Japón), la prevención del lavado de dinero (Estados Unidos) y ambos ámbitos (Suiza, Canadá, República Checa y Reino Unido).

[2] Los temas analizados en las consultas del Artículo IV son, entre otros, la gobernanza fiscal (p. ej., Bulgaria, Malasia), el buen gobierno y las operaciones del banco central (p. ej., Liberia y Mozambique), la supervisión del sector financiero (p. ej., India, Moldavia), la regulación del mercado (p. ej., Nigeria, Sudáfrica), la ejecución de contratos y los derechos de propiedad (p. ej., Yibuti), aspectos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero (p. ej., Malta, Malasia) y el marco de lucha contra la corrupción (p. ej., Bulgaria, México).

[3] Varios programas nuevos han situado la lucha contra la corrupción en la primera línea de sus objetivos principales (p. ej., Angola, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Honduras, Liberia, Mali, República del Congo).

[4] A petición de las autoridades, hasta la fecha se han llevado a cabo misiones de diagnóstico de la gobernanza en diez países (República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Honduras, Guinea Bissau, República del Congo, Paraguay, Perú y Zimbabwe).

[5] Un ejemplo de trabajo analítico es el capítulo de la edición de abril de 2019 de Monitor Fiscal sobre cómo poner freno a la corrupción. En este capítulo se evalúan los costos fiscales de la corrupción y se analizan las distintas prácticas e instituciones del ámbito fiscal que reducen las oportunidades de corrupción y sus incentivos.