Protección de los recursos del FMI: Evaluación de las salvaguardias de los bancos centrales

6 de octubre de 2016

Cuando el FMI otorga un préstamo a un país, se actúa con la debida diligencia para obtener una garantía de que el banco central del país que recibe recursos del FMI pueda administrarlos y suministrar información fidedigna. La experiencia con las evaluaciones de las salvaguardias, que se introdujeron en el año 2000, demuestra que tienen un efecto positivo en los bancos centrales, manifestado en un fortalecimiento de los mecanismos de gestión, control y divulgación de la información.

Proteger los recursos del FMI garantiza la disponibilidad futura para otros miembros

El Convenio Constitutivo estipula que el FMI debe establecer “garantías adecuadas” para el uso de sus recursos. Esto tiene por objeto asegurar el reembolso de los préstamos concedidos a los países miembros en la fecha en que venzan, para que esos recursos puedan ponerse a disposición de otros países que los necesiten. Estas garantías son de distintos tipos: límites a los montos que pueden obtenerse en préstamo, condiciones aplicables a los préstamos, medidas que deberán tomarse en caso de declaración de datos inexactos o de atrasos en los pagos, y “evaluaciones de las salvaguardias” de los bancos centrales. 

La evaluación de las salvaguardias

La evaluación de las salvaguardias consiste en un examen de diagnóstico del marco de gestión y control de un banco central. Se evalúan cinco esferas clave, que se designan con la sigla ELRIC, a fin de proteger los desembolsos realizados por el FMI y reducir al mínimo el riesgo de que se produzcan imprecisiones en la declaración de datos clave al FMI (declaración de datos inexactos). La gestión de gobierno es un principio general aplicable a todas las categorías del marco ELRIC.

Mecanismo de auditoría externa: La publicación de los estados financieros anuales de un banco central, que son auditados de forma independiente de conformidad con las normas de auditoría internacionales, es un elemento clave de la política de salvaguardias. La evaluación asimismo examina el proceso de selección y rotación de los auditores externos, la calidad de los auditores y la comunicación de estos con órganos de gestión de gobierno como el directorio o el comité de auditoría del banco central.

Estructura y autonomía jurídicas: La interferencia del gobierno puede socavar la autonomía del banco central e incrementar los riesgos relacionados con sus operaciones. Las evaluaciones se centran en las leyes y reglamentos que afectan a la autonomía, la transparencia y la gestión de gobierno del banco central, así como en las prácticas que efectivamente se siguen en esos ámbitos. También se evalúa si el marco jurídico sustenta las otras cuatro categorías del marco ELRIC.

Presentación de información financiera: Las evaluaciones de salvaguardias buscan determinar si el banco central sigue buenas prácticas internacionales de transparencia en materia de contabilidad financiera y presentación de informes. El uso de normas reconocidas a escala internacional permite que la presentación de información sea coherente y fiable. Dada la importancia que revisten los datos monetarios que se declaran en el marco de los programas del FMI, la coherencia entre la información financiera publicada y los datos contables subyacentes se examina minuciosamente. 

Mecanismo de auditoría interna: La función de auditoría interna tiene por objeto evaluar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de un banco central. El FMI evalúa si la auditoría interna cuenta con suficiente capacidad e independencia orgánica para cumplir esta misión. En las evaluaciones también se examina el cumplimiento de las normas internacionales. 

Sistema de controles internos: Para salvaguardar los activos de un banco central y gestionar sus riesgos se precisan prácticas sólidas de gestión de gobierno y políticas y procedimientos acertados. Las evaluaciones se centran en la supervisión que ejercen el directorio y el comité de auditoría del banco central y en los controles de las operaciones de gestión cambiaria, contabilidad, banca, moneda y bóveda, así como en la declaración de datos financieros al FMI.

Las evaluaciones constan de varios pasos

Los bancos centrales proporcionan al FMI información sobre las cinco esferas mencionadas, las cuales abarcan, entre otros aspectos, estados financieros, informes de auditoría interna y externa, legislación relativa al banco central y resúmenes de los controles internos. El personal técnico del FMI revisa la documentación y mantiene conversaciones con el personal y los auditores externos del banco, por lo general mediante una visita a la institución. Al cabo de este proceso se elabora un informe con recomendaciones para hacer frente a las vulnerabilidades identificadas. Las recomendaciones prioritarias pueden pasar a formar parte de los parámetros de referencia de los programas.

Las autoridades del país tienen la oportunidad de formular comentarios sobre los informes de salvaguardias antes de que lleguen a su versión final. Los informes son confidenciales y no se distribuyen al Directorio Ejecutivo del FMI. No obstante, el Directorio es notificado sobre las observaciones y recomendaciones básicas en forma resumida como parte de los informes sobre los países, y recibe cada dos años informes sobre actividades por temas. Previo consentimiento por escrito de banco central, los informes sobre salvaguardias pueden transmitirse a título confidencial al Banco Mundial o, si corresponde, al Banco Central Europeo. Se organizan sesiones informativas para los donantes, en caso de que así se solicite, con el consentimiento del banco central.

El personal técnico del FMI realiza un seguimiento de la implementación de las recomendaciones, así como de la evolución del marco de salvaguardias del banco central hasta que el crédito vigente concedido al país miembro se reduzca a un nivel inferior al umbral previsto en el seguimiento posterior a los programas; a partir de ese momento, el seguimiento se limita a un examen de los resultados de la auditoría externa anual. Los acuerdos en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) están exentos de evaluaciones completas de salvaguardias en vista de los rigurosos criterios que han de cumplirse para acceder a tal servicio. Los procedimientos de salvaguardia para las LCF se limitan a un examen de la auditoría externa del banco central más reciente. Los países miembros también pueden solicitar una evaluación voluntaria cuando tienen con el FMI un acuerdo no financiero. 

Los acuerdos sucesivos en los casos en que la evaluación haya concluido menos de 18 meses antes de la aprobación del nuevo acuerdo no precisan una actualización de las evaluaciones. Además, no se exige una evaluación para la ampliación de acuerdos vigentes, o si el banco central tiene un historial sólido y si ha llevado a cabo una evaluación en los últimos cuatro años. 

Cuando se suministra financiamiento del FMI como apoyo presupuestario directo al gobierno, el banco central y el gobierno tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus respectivas funciones y obligaciones de reembolso al FMI. En 2015 se introdujo un examen de las salvaguardias fiscales de las tesorerías estatales en los casos en que el país miembro solicita acceso excepcional, y en los que se prevé que por lo menos un 25% de los fondos proporcionados por el FMI van a destinarse a brindar apoyo presupuestario directo.

Las evaluaciones complementan otras labores del FMI

La política de evaluación de las salvaguardias se estableció en marzo de 2000, tras varios casos de declaración de datos inexactos y denuncias de uso indebido de los recursos del FMI. Ahora es parte integral de las actividades crediticias del FMI y hasta la fecha se han realizado 288 evaluaciones de 95 bancos centrales. La política ha sido revisada cada cinco años por el Directorio Ejecutivo. 

Las evaluaciones se realizan independientemente de otras actividades, como la supervisión, las conversaciones sobre programas y la asistencia técnica. Son diferentes de las iniciativas de carácter voluntario del FMI, que tienen por objeto mejorar la transparencia y la integridad de los datos, como los Programas de Evaluación del Sector Financiero (conocidos también por sus siglas en inglés, FSAP), los Informes sobre la Observancia de los Códigos y Normas (conocidos también por sus siglas en inglés, ROSC) y las normas de divulgación de datos.