Llegar a cero emisiones netas

[caption id="attachment_16000" align="alignleft" width="1024"] (foto: Tamara Merion/IMF Photos)[/caption]

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La adopción de medidas sobre el clima está cobrando ímpetu. Desde la firma del Acuerdo de París en 2015, los países han intensificado sus medidas sobre el clima y muchos se han comprometido a llegar a las cero emisiones netas en 2050, lo que significa que toda emisión adicional de carbono estará completamente neutralizada por emisiones de carbono retiradas de la atmósfera.

No obstante, el presupuesto de carbono, o la cantidad máxima de emisiones permitida, para limitar el calentamiento mundial a bastante menos de 2°C está agotándose rápidamente. Los desastres más frecuentes y graves, una merma de la productividad agrícola y el aumento de los niveles del mar se harán más habituales si no se alcanza esta meta.

En nuestra reciente Nota de referencia para el G-20 sobre política climática explicamos en detalle las políticas y, lo que es crucial, el monto de las inversiones que se necesitan en los próximos 5 a 10 años para alcanzar la meta de cero emisiones netas en 2050 de una manera que no perjudique el crecimiento. La estrategia tiene tres componentes principales: tarificación del carbono, un plan de inversión verde y medidas para una transición equitativa.

Tarificación del carbono: La tarificación del carbono puede realizarse mediante un impuesto al carbono o mecanismos de comercio de emisiones (o medidas equivalentes como regulaciones a nivel de sectores), que son componentes fundamentales de la estrategia de descarbonización. Las inversiones verdes y el apoyo a actividades de investigación y desarrollo probablemente no serán suficientes para alcanzar la meta de cero emisiones netas a medidos de siglo. Al elevar el costo de la energía de uso intensivo de carbono, la tarificación incentiva un giro hacia el uso de combustibles más limpios y la eficiencia energética. En cambio, aumentar solamente la oferta de fuentes de energía limpia tiende a reducir el costo de la energía y no incentiva la eficiencia energética en el mismo grado, lo cual hace más difícil alcanzar las metas de cero emisiones.

Según nuestro análisis, si las medidas de tarificación del carbono se postergan 10 años es probable que no se alcance la meta de cero emisiones para mediados de siglo por un amplio margen, ya que los precios que se necesitarían entonces para lograr las metas parecen prohibitivos. Esa demora, en contraste con la rápida introducción de los precios del carbono, elevaría las temperaturas e infligiría daños posiblemente irreversibles en el clima y la economía. Un acuerdo sobre precios mínimos del carbono entre los principales emisores, con precios diferenciados en función del nivel de desarrollo, conforme a la propuesta reciente del personal técnico del FMI, podría facilitar la toma de medidas de tarificación del carbono, ya que abordaría las inquietudes de que las medidas unilaterales podrían dar lugar a pérdidas de competitividad en las empresas de uso intensivo de energía y los sectores expuestos al comercio, con un traslado la producción a países con precios más bajos.

Inversiones verdes: Las inversiones verdes son cruciales para facilitar la transición a una economía de bajo uso de carbono y para apoyar la respuesta a la tarificación del carbono. Para transformar radicalmente nuestro sistema energético será necesario ampliar las inversiones para financiar la transición de los combustibles fósiles a los renovables, así como para crear redes eléctricas inteligentes, adoptar medidas de eficiencia energética y electrificar sectores como el transporte, la construcción y la industria. Las inversiones deberán ser cuantiosas. Por ejemplo, un posible comprador de un automóvil nuevo quizá esté más dispuesto a adquirir uno con batería eléctrica en lugar de uno a gasolina si hubiera más estaciones de recarga eléctrica. La inversión en investigación y desarrollo también es fundamental: se necesitarán nuevos avances de las tecnología de bajas emisiones de carbono para que la transición a cero emisiones netas sea factible.

En muchos sectores, la reducción de las emisiones puede suponer una mayor inversión inicial necesaria para construir nueva infraestructura, pero esa inversión también reduce los costos ordinarios gracias a la disminución del consumo de combustibles. Por ejemplo, instalar paneles solares para hacer funcionar una bomba de agua en una aldea rural implica un nuevo costo inicial, pero la energía solar es gratis. Las inversiones para mejorar la eficiencia energética siguen un patrón similar. Como resultado, la inversión tiene una curva en forma de joroba, o U invertida, con un aumento en los próximos 20 años y un descenso hacia niveles históricos de ahí en adelante.

Se estima que en la próxima década se necesitarán entre USD 6 billones y USD 10 billones en inversiones mundiales adicionales, tanto públicas como privadas, para mitigar el cambio climático. Esto equivale a entre un 6% y 10% acumulado del PIB mundial anual.

Según datos de la Agencia Internacional de Energía, se espera que aproximadamente un 30% de la inversión adicional, en promedio a escala mundial, provenga de fuentes públicas, lo que equivale a entre 2% y 3% del PIB anual en la década de 2021 a 2030. El 70% restante vendría del sector privado.

Por el lado público, las programas fiscales de los gobiernos para apoyar la recuperación tras la pandemia de COVID-19 brindan una oportunidad singular para invertir en una transición a una economía de bajas emisiones de carbono. Y después de la recuperación, los gobiernos deberían procurar adoptar un sistema más integral de presupuestación verde, examinando los incentivos «contaminantes» y «verdes» que ofrecen los presupuestos y ayudando a alinear los presupuestos con las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y las metas del Acuerdo de París.

Los gobiernos también pueden ayudar a movilizar el capital del sector privado si mejoran los marcos de inversión, si ayudan a crear conjuntos de proyectos rentables y si usan el financiamiento internacional de forma eficaz para moderar los riesgos percibidos y reducir el alto costo del capital (esto último sobre todo en las economías de mercados emergentes y en desarrollo). Las políticas del sector financiero, como exigir la divulgación de riesgos relacionados con el clima y el establecimiento de una taxonomía común de los activos verdes y contaminantes, también serían cruciales para canalizar los flujos financieros hacia inversiones sostenibles.

Transición equitativa: Un transición equitativa abarca una dimensión nacional y otra internacional. En el plano nacional, los gobiernos necesitan tomar medidas para ayudar a que los hogares a los que ya les es difícil cubrir necesidades básicas puedan pagar los costos más altos de la energía. Estas medidas deben extenderse a los mineros del carbón y otros trabajadores y comunidades cuya subsistencia depende de los sectores que emiten mucho carbono. En el ámbito internacional, se necesitará apoyo financiero para las economías en desarrollo, que previsiblemente tendrán que asumir mayores costos en la transición pese a disponer de escasos medios para sufragarlos.

Los mayores emisores de carbono —como China, Corea, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea— se han comprometido a alcanzar la meta de cero emisiones a mediados de siglo. Esto reducirá una importante proporción de las emisiones mundiales, pero también aportará soluciones tecnológicas y políticas para facilitar y abaratar la transición de otros países. Pero sin una política climática mundial, los pequeños emisores de hoy en día se convertirán en grandes emisores conforme aumenten sus poblaciones e ingresos. También están otros países, a menudo los más afectados por los efectos del cambio climático, a los que resulta más difícil asumir los costos de la transición, debido al rápido aumento de sus necesidades energéticas y a que cuentan con menos margen en sus presupuestos para financiar inversiones verdes.

El financiamiento para hacer frente al cambio climático —es decir, recursos para costear inversiones que reduzcan las emisiones en las economías en desarrollo— ayudaría a distribuir más equitativamente la carga y a que la economía mundial alcance la meta de cero emisiones netas. Muchas economías en desarrollo están preparadas para incrementar sus NDC a cambio de financiamiento climático, y dado que muchas de las oportunidades menos costosas de mitigación están en las economías emergentes y en desarrollo, al mundo entero le conviene encontrar una manera de garantizar que esas oportunidades sean aprovechadas.