Washington, DC:
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el
día de hoy en forma combinada la cuarta y quinta revisión del acuerdo en el
marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Ecuador. La decisión del
Directorio Ejecutivo permite efectuar un desembolso inmediato DEG 700
millones (aproximadamente USD 1.000 millones). Las autoridades ecuatorianas
tienen previsto destinar los recursos del desembolso a apoyo
presupuestario.
El SAF de 27 meses de Ecuador fue aprobado por el Directorio Ejecutivo el
30 de septiembre de 2020 (véase el Comunicado de Prensa No. 20/302) por DEG
4.615 millones (alrededor de USD 6.500 millones, o aproximadamente 661% de
la cuota de Ecuador). El programa tiene por objeto apoyar la recuperación
económica de Ecuador tras la pandemia, restablecer la sostenibilidad fiscal
con equidad y generar un crecimiento sostenible con empleo de alta calidad.
El Directorio Ejecutivo aprobó la solicitud de las autoridades de una
dispensa del incumplimiento del criterio de ejecución fijado para fines de
diciembre de 2021 relativo al saldo global del Presupuesto General del
Estado (PGE) y la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios
(CFDD), sobre la base de las medidas correctivas que las autoridades ya han
adoptado y las que se han comprometido a adoptar. El Directorio Ejecutivo
también examinó un informe de la Directora Gerente acerca del suministro de
datos inexactos sobre el saldo global del Presupuesto General del Estado
(PGE) y la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD), que
dio lugar a una compra improcedente por parte de Ecuador en septiembre de
2021 y un incumplimiento de la obligación en el marco del Artículo VIII,
Sección 5, del Convenio Constitutivo del FMI. La compra improcedente
obedeció al registro de una cifra más baja correspondiente a obligaciones
de transferencias por pensiones y gasto sanitario del PGE al fondo de
seguridad social (IESS).
Tras las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre Ecuador, la
Subdirectora Gerente y Presidenta Interina, Antoinette Sayeh, realizó la
siguiente declaración:
“La economía repuntó y registró un crecimiento de 4,2% en 2021, gracias a
una eficaz campaña de vacunación y una acertada gestión macroeconómica. Se
ha preservado la estabilidad macroeconómica y financiera. Aunque la actual
guerra en Ucrania ha tenido efectos perjudiciales en algunos sectores, los
precios más altos del petróleo están mejorando los saldos externo y fiscal
de Ecuador.
La asistencia social a familias de bajos ingresos continúa ampliándose. En
la actualidad, ocho de diez familias de bajos ingresos reciben apoyo del
gobierno, frente a tres de diez familias hace tan solo dos años. Este mayor
apoyo está ayudando a amortiguar el impacto que el aumento de la inflación
está teniendo en los más vulnerables.
La adopción de una ley tributaria progresiva el año pasado marcó un hito en
la mejora de la sostenibilidad fiscal con equidad. Aunque se ha suspendido
la reforma de los subsidios a los combustibles, las autoridades mantienen
su compromiso de mejorar la sostenibilidad fiscal y la equidad y de reponer
las reservas, y así lo evidencian los decretos recientemente promulgados
para mejorar la eficiencia del gasto y los planes para dar prioridad a la
inversión en capital físico y humano para fomentar el crecimiento.
Hay indicaciones de que el sector financiero goza de liquidez y que está
preparado para el repliegue paulatino de las medidas adoptadas en razón de
la crisis, manteniendo una vigilancia continua para promover la
estabilidad. La subsanación gradual de las brechas en materia de regulación
entre los bancos y las cooperativas reforzará la resiliencia del sector.
Mejorar la gestión de gobierno y la rendición de cuentas ayudará a
apuntalar la confianza en las instituciones públicas. En este sentido, son
positivos los compromisos de las autoridades para reforzar las
declaraciones de activos de las personas expuestas en el ámbito político,
afianzar el régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo (ALD/LFT) e incrementar la transparencia sobre los
beneficiarios finales efectivos de contratos de adquisiciones. Tras sufrir
demoras, las autoridades están dando pasos para incrementar la
transparencia de las empresas petroleras estatales, y mantienen su
compromiso de trabajar con el FMI en este sentido en el futuro. Mejorar la
puntualidad, fiabilidad y coherencia de las estadísticas fiscales sigue
siendo una tarea prioritaria.
Las autoridades ya han adoptado enérgicas medidas correctivas para abordar
las deficiencias institucionales y técnicas que dieron lugar a la
información inexacta. Se trata de las siguientes: i) publicar datos
históricos revisados con sus respectivas explicaciones; ii) mientras las
auditorías sobre servicios de salud estén pendientes, registrar un
estimación conservadora para las transferencias relativas a salud del PGE
al IESS correspondientes a 2017-22; y iii) suscribir un acuerdo entre el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) para poner en marcha un proceso de licitación de
una o más empresas que realicen las auditorías de servicios de salud.
Además, las autoridades se comprometieron a adoptar las siguientes medidas
correctivas en los próximos meses: i) contratar una o más empresas
independientes de auditoría de servicios de salud; ii) determinar el saldo
vigente de posibles obligaciones del PGE y compartir la información con el
personal; iii) publicar de datos históricos revisados del PGE y el sector
público no financiero (SPNF) desde 2013; iv) concluir las auditorías de
servicios de salud correspondientes a 2020 y 2021; v) incluir obligaciones
de pensiones y obligaciones estimadas de salud del PGE al IESS en el
presupuesto de 2023 y en el marco fiscal a mediano plazo; vi) establecer en
el MEF una unidad dedicada exclusivamente a las estadísticas, que esté
dirigida por un Jefe Principal de Estadística, y actualizar el plan de
capacitación en estadísticas de finanzas públicas; vii) elaborar un plan de
acción sujeto a plazos para ejecutar una reforma jurídica y adoptar medidas
administrativas encaminadas a reforzar el marco jurídico de las
obligaciones del Estado en cuanto a gasto en salud y las respectivas
auditorías.
En vista de las medidas correctivas ya ejecutadas por las autoridades y las
que se han comprometido a adoptar para mejorar la calidad de las
estadísticas fiscales, el Directorio Ejecutivo decidió dispensar el
incumplimiento del criterio de ejecución, y determinó que no se requieren
nuevas medidas correctivas con respecto al incumplimiento de obligaciones
en el marco del Artículo VIII, Sección 5.”
