27 de marzo de 2025
OFICIAL DE PRENSA: Jose Luis De Haro
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Washington, DC: Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con las autoridades peruanas y otros interlocutores entre el 11 y el 26 de marzo para analizar la evolución reciente de la economía y las prioridades en materia de políticas. Esta declaración final resume las principales conclusiones de la misión.
Fuerte recuperación e inflación contenida
La economía peruana se recuperó en 2024 y la inflación se mantuvo firmemente dentro del rango meta. El crecimiento se aceleró al 3,3 por ciento, impulsado por una sólida recuperación en los sectores primarios, un aumento en el consumo privado y una fuerte inversión pública. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) continuó con su cauteloso ciclo de relajamiento monetario, con expectativas de inflación sólidamente ancladas dentro del rango meta. El sector financiero se mantuvo sólido y rentable. El superávit de la cuenta corriente aumentó al 2,2 por ciento del PIB, respaldado por unos términos de intercambio muy favorables. No obstante, el déficit fiscal subió al 3,5 por ciento del PIB, superando ampliamente la meta revisada de la regla fiscal del 2,8 por ciento del PIB, debido a una menor recaudación tributaria y a una ejecución más alta de la inversión pública. Las reservas internacionales permanecieron en un nivel cómodo, cercano al 27 por ciento del PIB.
Se espera una moderación del crecimiento en 2025, debido a la incertidumbre en las políticas globales y a las tensiones preelectorales. Se proyecta un crecimiento del PIB real del 2,9 por ciento en 2025, sostenido por el impulso favorable del consumo privado, mientras que la inversión pública se desacelera. Pese a los precios históricamente elevados de los metales, las tensiones preelectorales afectarían negativamente la recuperación de la inversión privada. Posteriormente, se prevé que el crecimiento converja hacia su nivel potencial estimado, cercano al 2,5 por ciento. La cuenta corriente mantendría un superávit en 2025 y retornaría gradualmente a su norma histórica—un déficit en torno al 1,5 por ciento del PIB—en el mediano plazo, a medida que la inversión privada se recupere y los términos de intercambio se normalicen. El crédito crecería modestamente, debido a una inversión privada moderada. Con la brecha del producto cerrada y expectativas de inflación sólidamente ancladas, la inflación permanecería dentro del rango meta.
Los riesgos se inclinan a la baja dada la elevada incertidumbre externa, pero Perú dispone de amplios márgenes de maniobra para hacer frente a posibles choques. A corto plazo, los principales riesgos domésticos incluyen una posible intensificación de la incertidumbre política, tensiones sociales asociadas al deterioro de la seguridad y choques climáticos. Los principales riesgos externos comprenden la incertidumbre por las políticas comerciales globales, condiciones financieras más restrictivas y volatilidad en los precios de las materias primas. Iniciativas recientes del gobierno, orientadas a acelerar la participación del sector privado en proyectos de inversión y a simplificar regulaciones excesivas, podrían reactivar la inversión privada y desbloquear proyectos mineros y de infraestructura largamente retrasados. No obstante, para el balance de riesgos prevalecen los posibles impactos significativos en el crecimiento mundial y los precios de las materias primas por la incertidumbre en las políticas globales. La resiliencia macroeconómica de Perú se fortalece gracias a colchones sólidos, incluyendo una baja deuda pública, amplias reservas internacionales y acceso favorable a los mercados internacionales de capital.
Asegurar un crecimiento sostenido y resiliente
La postura de política monetaria del BCRP es apropiada. Con expectativas de inflación bien ancladas y una brecha de producto cerrada, una posición monetaria aproximadamente neutral resulta adecuada. Ante la reciente disminución en las expectativas de inflación, un relajamiento monetario adicional podría ser posible. Sin embargo, dada la elevada incertidumbre externa, la política monetaria debería continuar siendo dependiente del comportamiento de la inflación y sus determinantes. La flexibilidad cambiaria debería mantenerse para ayudar a amortiguar posibles choques externos.
Alcanzar la meta de déficit fiscal para 2025 requerirá esfuerzos adicionales en un año preelectoral. El presupuesto de 2025 refleja el compromiso de las autoridades de reducir el déficit fiscal hasta alcanzar la meta revisada del 2,2 por ciento del PIB, principalmente gracias a ingresos tributarios cíclicos y excepcionales. No obstante, es probable que estos ingresos no sean suficientes, y serían necesarias medidas adicionales equivalentes a aproximadamente un 0,4 por ciento del PIB para cumplir con la meta de 2025. Medidas orientadas a moderar el gasto otorgarían mayor credibilidad y equilibrio al proceso de consolidación fiscal. También son necesarias reformas para reducir de manera significativa los costos de Petroperú y mejorar su transparencia y gobernanza, resguardando la credibilidad fiscal.
Sin medidas adicionales, cumplir con las metas fiscales de mediano plazo será un desafío. Para cumplir con la regla fiscal de reducir el déficit al 1 por ciento del PIB en 2028 y mantener el techo de deuda del 30 por ciento del PIB hacia 2035, el plan de consolidación fiscal contempla una reducción anual del gasto corriente en torno al 0,4 por ciento del PIB entre 2026 y 2028. Las autoridades planean introducir medidas para mejorar la eficiencia del gasto, incluyendo la nueva ley de contrataciones que entrará en vigor en abril de 2025. Sin embargo, la mayoría del ajuste depende de medidas aún no especificadas. Posibles opciones podrían incluir recortes en la masa salarial, transferencias discrecionales e inversión pública ineficiente, así como medidas en el ámbito tributario, incluyendo la reducción del gasto tributario. Iniciativas legislativas recientes implican costos fiscales significativos y complican el logro de las metas, mientras que la falta de estimaciones precisas ha reducido la transparencia fiscal. Además, propuestas para establecer zonas económicas especiales con impuestos cero y beneficios tributarios para el sector agroindustrial podrían erosionar aún más la base impositiva. Sin medidas, la deuda pública aumentaría gradualmente en el mediano plazo, aunque seguiría siendo relativamente baja comparada con otros países de la región.
Fortalecer la resiliencia del sector financiero
El sistema financiero es sólido y los riesgos sistémicos son limitados. Los bancos son rentables y poseen amplios colchones de liquidez y de capital. El índice de morosidad comenzó a mejorar en la segunda mitad de 2024, pero permanece elevado para pequeñas y medianas empresas. El crecimiento del crédito ha sido lento, reflejando una inversión empresarial débil y cautela en los préstamos para hogares de menores ingresos y para pymes.
Políticas macroprudenciales focalizadas podrían reducir vulnerabilidades financieras derivadas del crédito dolarizado. Aunque el volumen agregado del crédito dolarizado no cubierto es bajo, tiende a ser más riesgoso y está concentrado en empresas medianas y grandes de los sectores construcción, comercio y manufactura. Para contener estas vulnerabilidades, la autoridad supervisora financiera está revisando regulaciones para imponer mayores ponderaciones de riesgo a exposiciones en dólares sin cobertura. La efectividad de estas medidas podría aumentar mejorando la identificación de las posiciones sin cobertura. Para asegurar la estabilidad del financiamiento en dólares de las instituciones financieras, las autoridades podrían considerar la introducción del Ratio de Financiamiento Estable Neto (NFSR) específica por moneda, complementando así los límites existentes del Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) por moneda.
Se requieren esfuerzos de política para reactivar el mercado de capitales interno. Desde la pandemia, las emisiones públicas en el mercado local han permanecido bajas. La recuperación ha sido frenada por siete rondas de retiros de fondos de pensiones privadas, la más reciente en 2024, que han limitado la capacidad de inversión de las AFP. Es crucial mantener la prohibición de nuevos retiros de fondos previsionales privados, como establece la reciente reforma previsional, ya que éstos debilitan el funcionamiento del mercado de capitales doméstico, aumentan los costos de financiamiento e incrementan los riesgos de pobreza en la tercera edad. Las iniciativas de las autoridades para introducir nuevos productos de inversión minorista, como los fondos cotizados en bolsa (ETFs) soberanos, podrían contribuir a atraer nuevamente recursos hacia el mercado de valores.
Operacionalizar nuevas regulaciones y cerrar brechas pendientes fortalecería la resiliencia financiera. La mayoría de las instituciones ya cumplen con los requisitos de capital establecidos por Basilea III. Las autoridades han avanzado en revisar el marco de ponderación de riesgos de Basilea III y en examinar los criterios de activación del colchón de capital contracíclico (CCyB) combinando indicadores dependientes de los datos con juicio experto. Los planes de recuperación para bancos de importancia sistémica doméstica ya han sido presentados para revisión y deberían extenderse posteriormente al nivel de grupo financiero y a la planificación de resolución correspondiente.
Revitalizar el sector de minerales críticos y elevar el crecimiento potencial
Nuevas inversiones para desarrollar y exportar minerales críticos aumentarían el crecimiento potencial. Perú posee las segundas reservas más grandes del mundo de cobre, mineral crítico que, según la Agencia Internacional de Energía, enfrentará una creciente escasez de oferta global. Sin embargo, una cartera de proyectos mineros valorada en US$62.000 millones se encuentra mayoritariamente paralizada desde hace varios años debido a la complejidad burocrática y conflictos sociales. Destrabar estos proyectos y canalizar ingresos fiscales adicionales, provenientes de la expansión de las operaciones mineras, hacia inversiones públicas, podría elevar de forma permanente el crecimiento potencial. Las autoridades deberían esforzarse por adoptar los más altos estándares internacionales en materia ambiental para la minería. Asimismo, avanzar en formalizar a los mineros a pequeña escala y combatir la minería ilegal será fundamental para garantizar un entorno estable que fomente nuevas inversiones.
Actualizar el marco de descentralización fiscal podría ayudar a traducir las rentas mineras en mayor desarrollo económico. Aunque los gobiernos locales reciben casi el 2 por ciento del PIB en ingresos derivados de recursos naturales y representan más del 40 por ciento de la inversión pública, su impacto sobre el desarrollo económico ha sido limitado. Los esfuerzos deberían centrarse en aumentar la escala y el impacto de los proyectos; mejorar la coordinación entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno central; fortalecer la capacidad de las autoridades regionales y locales para formular e implementar proyectos; reemplazar transferencias discrecionales por transferencias basadas en reglas; hacer un seguimiento exhaustivo del uso final de los gastos transferidos a nivel local; y mejorar la rendición de cuentas y supervisión desde el gobierno central.
Las fórmulas de distribución de ingresos provenientes de recursos naturales deberían rediseñarse. La participación de los ingresos por recursos naturales asignados a gobiernos subnacionales es relativamente alta comparada con otros países. Las fórmulas deberían revisarse para que una parte de estos ingresos cofinancie, junto con el gobierno central, proyectos regionales de alto impacto; que los beneficios se distribuyan más equitativamente más allá de los distritos productores; y que se reduzca la volatilidad de estos ingresos.
Las reformas estructurales son urgentes para elevar de forma sostenible el crecimiento potencial. Las iniciativas de las autoridades para desbloquear grandes proyectos de infraestructura de transporte e irrigación son bienvenidas. No obstante, se requieren esfuerzos adicionales para reducir la inseguridad, que aunque aún es baja viene aumentando; reformar regulaciones laborales y tributarias que imponen altos costos para la formalización y el crecimiento empresarial; fortalecer la independencia e integridad del sistema judicial y mejorar las herramientas para combatir la impunidad frente a la corrupción; y construir resiliencia frente a desastres naturales. El proceso de acceso a la OCDE brinda una hoja de ruta clara para implementar reformas adicionales que mejoren el clima de negocios, reduzcan la informalidad y fortalezcan la función pública.
La misión agradece a las autoridades peruanas su cooperación y las fructíferas discusiones sostenidas durante nuestra visita.
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