Credit (photo: Jeff Malet/Newscom)
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El calentamiento del planeta se ha convertido en una amenaza clara y actual. Las medidas y los compromisos adoptados hasta el momento para hacerle frente han sido insuficientes. Cuanto más esperemos, mayor será la pérdida de vidas y el daño a la economía mundial. La función de los ministros de Hacienda a la hora de defender y aplicar políticas fiscales destinadas a frenar el cambio climático es clave. Deben reformar el sistema tributario y las políticas fiscales para desalentar las emisiones de carbono procedentes del carbón y otros combustibles fósiles contaminantes.
El informe Monitor Fiscal ayuda a las autoridades a decidir qué hacer y cómo hacerlo, ya mismo, a nivel nacional e internacional.
Un futuro mejor es posible. Los gobiernos deberán aumentar el precio de las emisiones de carbono para incentivar a personas y empresas a reducir su uso y pasar a fuentes de energía limpia. Los impuestos sobre las emisiones de carbono son los instrumentos más poderosos y eficientes, pero solo si se aplican de forma equitativa y favorable al crecimiento.
Para que los impuestos sobre el carbono sean políticamente viables y económicamente eficiente, los gobiernos deben elegir cómo usar los nuevos ingresos. Entre las opciones está reducir otro tipo de impuestos, respaldar a los hogares y comunidades vulnerables, incrementar la inversión en energías verdes o, simplemente, devolver el dinero a las personas en forma de dividendos.
El precio a pagar
Con el fin de limitar el calentamiento del planeta a 2°C o menos, nivel que los científicos consideran seguro, los países con mayor volumen de emisiones deben adoptar acciones de gran alcance. Por ejemplo, deben establecer un impuesto sobre las emisiones de carbono que aumente rápidamente hasta llegar a USD 75 por tonelada en 2030.
Esto significaría que, en promedio, la cuenta de energía eléctrica de los hogares aumentaría un 45% en total en la próxima década, aumento que sería mayor en los países que más dependen del carbón para generar electricidad. La gasolina costaría, en promedio, un 14% más.
Pero los ingresos provenientes de este impuesto, de entre ½ y 4½ % del PIB (según el país), podrían emplearse para reducir otros tributos, como los impuestos sobre la renta o de nómina, que reducen los incentivos para el empleo y la inversión.
Los gobiernos también pueden utilizar este dinero para brindar apoyo a los trabajadores y las comunidades que se vean desproporcionadamente afectados, como por ejemplo en las zonas de las minas de carbón, o para pagar un dividendo equitativo a la totalidad de la población. Otra posibilidad es que paguen una compensación solo al 40% más pobre de los hogares, lo que dejaría tres cuartos de los ingresos disponibles para invertir más en energías verdes e innovación, o para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible .
Este dinero de los contribuyentes también ayudaría a salvar a más de 700.000 personas por año que actualmente mueren en las economías avanzadas y emergentes por la contaminación atmosférica en el lugar donde viven. Además, el dinero ayudaría a contener el calentamiento mundial futuro, como ha acordado la comunidad internacional.
Los objetivo son alcanzables
Cerca de 50 países tienen algún sistema de fijación del precio del carbono. Pero actualmente el precio medio mundial es de apenas USD 2 por tonelada, muy por debajo de lo que el planeta necesita. El reto está en que más países adopten este tipo de sistema y que aumenten dicho precio.
Suecia ha sentado un buen ejemplo. Su impuesto sobre las emisiones de carbono asciende actualmente a USD 127 por tonelada, y el país ha reducido las emisiones un 25% desde 1995, mientras que la economía creció un 75% en el mismo período.
Al actuar en forma aislada, es posible que los países se resistan a comprometerse a cobrar más por el carbono si, por ejemplo, les preocupa el impacto que tendría el aumento del costo de la energía en la competitividad de sus industrias.
Los gobiernos podrían afrontar estos problemas acordando un precio mínimo del carbono para los países con altos niveles de emisiones. Esto puede hacerse de forma equitativa, estableciendo un precio mínimo más estricto para las economías avanzadas.
Por ejemplo, un precio mínimo del carbono de entre USD 50 y USD 25 por tonelada para los países avanzados y los países en desarrollo del G-20, respectivamente, reduciría las emisiones un 100% más que los compromisos actualmente asumidos por los países en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático de 2015 . Los países que prefieran aplicar políticas diferentes, como regulaciones para reducir las tasas de emisión o limitar el uso del carbón, podrían adherirse al acuerdo sobre precio mínimo si calculan el equivalente de sus políticas en términos de precio del carbono.
El que contamina paga
Los regímenes que combinan derechos y descuentos (feebates) son otra opción a disposición de los responsables de las políticas. Como indica su nombre en inglés (combinación de los términos fee y rebate), en un régimen de este tipo los gobiernos cobran derechos a los responsables de la contaminación y ofrecen descuentos por prácticas de consumo energético eficiente y favorables al medioambiente. Así se incentiva a las personas a reducir las emisiones y que elijan vehículos híbridos de consumo más eficiente de gasolina, o las energías renovables, como la solar o la eólica, en lugar de las basadas en el carbón.
Las políticas deben ir más allá del aumento del precio de las emisiones procedentes de la generación de energía o el transporte interno. También es necesario adoptar sistemas de fijación de precios de otros gases de efecto invernadero, como los resultantes de la silvicultura, la agricultura, la minería, la producción de cemento y el transporte internacional.
Además, los gobiernos deben adoptar medidas para respaldar las inversiones en tecnologías limpias. Entre ellas están las mejoras de las redes eléctricas para adaptarlas a las energías renovables, las actividades de investigación y desarrollo y los incentivos para superar los obstáculos que plantea la adopción de nuevas tecnologías, como el tiempo que requieren las empresas para producir energía limpia de forma eficiente.
El mundo está buscando formas de fomentar un tipo de inversión y crecimiento que genere empleo. Qué mejor forma de hacerlo que invirtiendo en energía limpia, tanto para frenar el cambio climático como para adaptarse a este fenómeno. La transición a la energía limpia puede parecer una tarea abrumadora, pero las autoridades pueden intervenir para cambiar el actual curso del cambio climático. Como Nelson Mandela dijo una vez: “Siempre parece imposible hasta que se hace”.
Para limitar el calentamiento del planeta a 2°C o menos, los países deben establecer ahora un impuesto al carbono que aumente hasta llegar a USD 75 por tonelada de CO2 en 2030.
