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(foto: Anson/iStock by Getty Images)[/caption]
(English)
La crisis de COVID-19 ha devastado vidas, empleos y empresas. Para amortiguar el golpe, los gobiernos han tomado medidas contundentes que ascienden a un total alarmante de USD 12 billones a escala mundial. Estas ayudas han salvado vidas y medios de subsistencia. Pero son costosas y, combinadas con la fuerte caída de la recaudación tributaria a raíz de la recesión, han empujado a la deuda pública mundial a un máximo sin precedentes que ronda el 100% del PIB.
En vista de que muchos trabajadores aún están sin empleo, que las pequeñas empresas atraviesan dificultades y que entre 80 millones y 90 millones de personas quizá queden sumidas en la pobreza extrema en 2020 como consecuencia de la pandemia, incluso tras haber recibido asistencia social adicional, es demasiado pronto para que los gobiernos eliminen el apoyo excepcional. Aun así, muchos países tendrán que hacer más con menos, debido a las limitaciones cada vez mayores de sus presupuestos.
En la edición de octubre de 2020 del Monitor Fiscal se examinan las experiencias de los países en la gestión de la crisis y se analiza lo que los gobiernos pueden hacer en las distintas etapas de la pandemia para salvar vidas, reducir el impacto de la recesión y reactivar el crecimiento y la creación de empleo.
Políticas durante la fase de confinamiento
Desde el comienzo de la crisis de COVID-19, los gobiernos se han centrado en hacer todo lo que esté a su alcance para limitar las consecuencias. El apoyo fiscal masivo proporcionado desde el comienzo de la crisis de COVID-19 ha logrado proteger a las personas y preservar el empleo.
Las medidas de salud pública que han contenido la propagación del virus, como las pruebas de detección a gran escala, el rastreo y las campañas de información pública, han ayudado a restablecer la confianza y han creado las condiciones para una reapertura segura de la actividad.
Las prestaciones de desempleo y los subsidios salariales (como en la mayoría de las economías europeas) han ayudado a preservar empleos y niveles de vida. Las transferencias monetarias han sido especialmente útiles para apoyar a los trabajadores pobres e informales y a los trabajadores autónomos que perdieron su empleo. El apoyo de liquidez a las empresas ha evitado una ola de incumplimientos y despidos masivos. Esto reviste especial importancia para las pequeñas y medianas empresas que generan la mayor proporción del empleo.
La respuesta fiscal a la crisis a escala mundial no ha tenido precedentes, pero la respuesta de cada país ha dependido de su acceso al endeudamiento y de los niveles de deuda pública y privada que tenían al iniciarse la crisis.
En las economías avanzadas y en algunas economías de mercados emergentes, las compras de deuda pública por parte de los bancos centrales han ayudado a mantener las tasas de interés en mínimos históricos y han facilitado el endeudamiento público. En estas economías, la respuesta fiscal a la crisis ha sido enorme.
En las economías avanzadas y en algunas economías de mercados emergentes, las compras de deuda pública por parte de los bancos centrales han ayudado a mantener las tasas de interés en mínimos históricos y han facilitado el endeudamiento público. En estas economías, la respuesta fiscal a la crisis ha sido enorme.
Un plan fiscal para la recuperación
A medida que las economías reabren tentativamente, pero la incertidumbre sobre el recorrido de la pandemia sigue vigente, los gobiernos deben asegurarse de no retirar el apoyo fiscal demasiado rápido. No obstante, deben ser más selectivos y no ser un obstáculo en las reasignaciones sectoriales que sean necesarias al reiniciarse la actividad económica. El apoyo debe reorientarse gradualmente de proteger los antiguos empleos a facilitar la vuelta al trabajo, por ejemplo, reduciendo los programas de retención de empleo (subsidios salariales), reintroduciendo los requisitos de búsqueda de empleo y capacitando en la adquisición de nuevas aptitudes, además de ayudar a empresas viables, pero aún vulnerables, a reabrir de manera segura. En un contexto de tasas bajas de interés y alto desempleo, el impulso a la inversión pública —comenzando por proyectos para mantener y ampliar la capacidad— puede crear empleo y estimular el crecimiento económico.
Las economías de mercados emergentes y de bajo ingreso con fuertes limitaciones de financiamiento tendrán que generar más con menos, reordenando las prioridades del gasto y mejorando su eficiencia. Algunas posiblemente necesiten apoyo financiero oficial y alivio de la deuda.
Los gobiernos deben asimismo tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. Los ingresos resultantes contribuirían a pagar servicios críticos, como las redes de salud y de protección social, durante una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad.
Una vez que la pandemia esté controlada, los gobiernos tendrán que promover la recuperación y, al mismo tiempo, resolver los legados de la crisis, lo que incluye grandes déficits fiscales y altos niveles de endeudamiento público.
- Los países con espacio fiscal e importantes daños perdurables de la crisis, como un gran desempleo a largo plazo, deben proporcionar estímulo fiscal temporal mientras planifican un ajuste a mediano plazo.
- Los países con altos niveles de deuda y menos acceso al financiamiento también tendrán que realizar ajustes a mediano plazo, procurando proteger la inversión pública y las transferencias a hogares de más bajo ingreso.
Replanteamiento posterior a la pandemia
En el futuro, los países tendrán que dar prioridad a la inversión en sistemas de salud pública y en educación. Deben también fortalecer las redes de protección social para ayudar a que todas las personas tengan acceso a alimentos y otros bienes y servicios básicos.
A medida que las economías comiencen a recuperarse, los gobiernos deben aprovechar este momento para tomar distancia del modelo de crecimiento anterior a la crisis y acelerar la transición hacia una economía digital y con bajas emisiones de carbono. La tarificación del carbono debe ser un elemento clave de esta transición porque alienta a las personas a reducir el uso de la energía y a optar por alternativas menos contaminantes; y, además, genera ingresos que pueden usarse en parte para respaldar a los grupos más vulnerables.
A medida que los gobiernos incrementan la inversión pública y otras medidas fiscales para estimular la recuperación, las políticas que elijan tendrán efectos duraderos. Deben avanzar de manera decisiva para que las economías sean más inclusivas y resilientes, y frenar el calentamiento mundial con medidas verdes que también impulsen el crecimiento y el empleo.
