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La crisis alimentaria mundial exige medidas de apoyo para las personas, el libre comercio y el aumento de las cosechas locales

Este reto humanitario sin precedentes exige una actuación rápida para aliviar el sufrimiento de quienes no tienen suficiente para comer y proporcionar financiamiento a los países que lo necesiten

La inseguridad alimentaria ha ido en aumento desde 2018. Incluso antes de la invasión de Rusia a Ucrania, se hacían sentir los efectos negativos de la mayor frecuencia e intensidad de los shocks climáticos, los conflictos regionales y la pandemia, que se reflejaban en la perturbación de la producción y distribución de alimentos y en el aumento del costo de alimentación para las personas y las familias.

La situación empeoró aún más con la guerra en Ucrania, y aumentaron en forma más pronunciada los precios de los alimentos y los fertilizantes, lo que perjudicó a los importadores y provocó que varios países impusieran restricciones a la exportación.

 

El resultado son 345 millones de personas, una cifra sin precedentes, cuyas vidas y medios de vida están en peligro inmediato como resultado de la inseguridad alimentaria aguda, y en todo el mundo más de 828 millones de personas se acuestan con hambre todas las noches, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos.

El impacto del shock alimentario se deja sentir en todas partes. El sufrimiento ha empeorado en 48 países, muchos de los cuales tienen una gran dependencia de las importaciones de Ucrania y Rusia, y en su mayoría son países de ingreso bajo. De ellos, alrededor de la mitad son especialmente vulnerables debido a sus graves problemas económicos, sus instituciones deficientes y su fragilidad.

 

Además del costo humano, también están aumentando los costos financieros. Un nuevo estudio del personal técnico del FMI estima que, en 2022 y 2023, el impacto del aumento de los costos de importación de alimentos y fertilizantes en los países con gran exposición a la inseguridad alimentaria incrementará en USD 9.000 millones la presión sobre sus balanzas de pagos. Esta situación erosionará las reservas internacionales de los países y su capacidad de pagar las importaciones de alimentos y fertilizantes.

En muchos lugares, si bien los precios de los alimentos se han moderado en cierta medida respecto a su punto máximo reciente, los precios de los alimentos —y de la energía— siguen altos y han impulsado una crisis del costo de vida que podría aumentar la pobreza y dañar el crecimiento, lo que podría avivar la inestabilidad política.

Como resultado, las autoridades económicas en muchos países han introducido medidas fiscales para proteger a la gente de la actual crisis alimentaria. Solo para este año, estimamos que los países con gran exposición necesitan hasta USD 7.000 millones para ayudar a los hogares más pobres a hacer frente a la situación.

Una rápida respuesta

Para mitigar la crisis alimentaria mundial y evitar el sufrimiento humano, se necesitan medidas de política económica, rápidas y decididas, en cuatro ámbitos.

En primer lugar, un apoyo rápido y adecuado para las personas vulnerables a la inseguridad alimentaria mediante la asistencia humanitaria del Programa Mundial de Alimentos y otros organismos, así como con medidas fiscales nacionales que sean eficaces. Las autoridades económicas de todo el mundo deben priorizar la lucha contra la inflación y la protección de los más vulnerables con el fin de aliviar la carga de la crisis del costo de vida. La asistencia social a corto plazo debe centrarse en proporcionar socorro alimentario de urgencia o transferencias monetarias a la población pobre, como las medidas anunciadas recientemente por Djibouti, Honduras y Sierra Leona. En caso de que esto no sea posible, la aplicación de otras medidas fiscales y subsidios adecuados pueden proporcionar un alivio temporal.

En segundo lugar, mantener el libre comercio, también dentro de las regiones, para permitir que los alimentos circulen desde las zonas con superávit a aquellas que los necesitan. Basándonos en los avances realizados en el contexto de la Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el Mar Negro y en la Duodécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, debemos suprimir de forma urgente las prohibiciones a la exportación impuestas por los principales productores de alimentos. Las medidas proteccionistas solo sirven para empeorar la crisis alimentaria, y son responsables de hasta el 9% del incremento de los precios mundiales del trigo, según el Banco Mundial.

En tercer lugar, aumentar la producción de alimentos y mejorar su distribución, también procurando un acceso a los fertilizantes adecuado y la diversificación de cultivos. Aumentar el financiamiento comercial y reforzar las cadenas de suministro es vital para hacer frente al actual shock de precios de los alimentos. El Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo desempeñan un papel fundamental al suministrar un mayor  financiamiento comercial para las materias primas agrícolas y otros productos alimenticios, así como al apoyar a los países en los ámbitos de logística crítica y modernización de infraestructuras.

En cuarto lugar, invertir en agricultura resiliente al clima será crucial para aumentar las cosechas futuras. La intensidad e imprevisibilidad de los fenómenos climáticos, cada vez mayores, está aumentando la inseguridad alimentaria. Los países de ingreso bajo, en especial en África subsahariana, se encuentran entre los menos preparados para hacer frente a los efectos del cambio climático. Las soluciones deben estar adaptadas a las circunstancias de cada país, con especial atención a las medidas de bajo costo y alto impacto, tales como la inversión en nuevas variedades de cultivo, la mejora de la gestión del agua y la divulgación de información. Por ejemplo, Etiopía, Kenya y Rwanda utilizan la tecnología móvil para facilitar las predicciones de precipitaciones a los agricultores, con el fin de optimizar la plantación de cultivos y la compra de seguros de cosechas.

Actuar con decisión

La comunidad internacional también debe actuar con decisión de forma que el financiamiento necesario esté disponible para hacer frente a la crisis inmediata y fortalecer la seguridad alimentaria a mediano y largo plazo.

Las instituciones especializadas en seguridad alimentaria, como el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, deben contar con el financiamiento adecuado, ya que desempeñan un papel vital con su presencia local en muchas naciones y un énfasis firme en el costo humano de la inseguridad alimentaria aguda.

Se necesitan más donaciones y financiamiento concesionario de donantes y organizaciones internacionales que apoyen la asistencia monetaria y en especie dirigida a las personas que más sufren de inseguridad alimentaria. En algunos países, también será necesario el alivio de la deuda.

Como línea de defensa adicional, el financiamiento del FMI ayuda a los países a satisfacer sus  necesidades de financiamiento externo asociadas con el shock alimentario mundial. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, los nuevos programas económicos respaldados por el FMI en Benin, Cabo Verde, Georgia, Mozambique, Tanzanía y Zambia han incluido políticas para hacer frente al impacto de la crisis alimentaria. En los programas ya existentes en Jordania, Moldova, Pakistán y Senegal, se ha suministrado nuevo financiamiento para apoyar las medidas adicionales de fortalecimiento de las redes de protección social y para hacer frente a la inseguridad alimentaria.

Se prevé que nuestro Directorio Ejecutivo del FMI apruebe esta semana una nueva ventanilla para shocks alimentarios en el marco del financiamiento de emergencia que proporciona el FMI. La ventanilla propuesta aumentará el acceso a financiamiento de emergencia durante un año para los países más vulnerables. En caso de que las donaciones y el financiamiento concesionario de los socios no sean suficiente, o no sea posible aplicar un programa respaldado por el FMI, esta ventanilla ofrecerá un nuevo canal de apoyo del FMI.

Esta crisis alimentaria mundial tiene un impacto humanitario abrumador y grandes costos financieros.  Exige un enfoque integral y con coordinación adecuada para garantizar la complementariedad y la máxima eficacia en el uso de los recursos. Recientemente, junto con el Banco Mundial y nuestros socios internacionales, emitimos una segunda declaración conjunta exhortando a tomar medidas sobre la inseguridad alimentaria mundial.

Para aliviar el sufrimiento de quienes padecen hambre, debemos actuar ahora y brindar el apoyo financiero que necesitan los países que adoptan medidas de política sólidas.

—  Este blog también refleja las contribuciones de Guillaume Chabert, Daehaeng Kim, Lukas Kohler, Gaëlle Pierre, Naoya Kato, Majdi Debbich y Chiara Castrovillari.

 

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Kristalina Georgieva (biografía en el enlace)

Björn Rother se unió al FMI en 2002, y actualmente es Jefe de la División de Préstamos Concesionarios del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación (SPR). Anteriormente fue Evaluador Principal en SPR, jefe de misión en Túnez y Turkmenistán, y jefe de las Unidades de Estrategia del Departamento del Oriente Medio y Asia Central, así como del Departamento de Recursos Humanos. Sus principales intereses son el desarrollo económico, las transformaciones económicas y políticas, el impacto económico de los conflictos y los determinantes políticos de las crisis cambiarias, tema sobre el que publicó un libro en 2009. Antes de incorporarse al FMI, fue consultor en McKinsey. Björn tiene un doctorado en Economía de la Universidad Libre de Berlín y diplomas universitarios de la London School of Economics y Sciences Po en París.

Sebastián Sosa es actualmente Subjefe de la División de Política de Préstamos y Unidad de Estrategia del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI (SPR). Anteriormente se desempeñó como Representante Residente del FMI en Serbia y Macedonia del Norte. Asimismo, se ha ocupado de varios países en diversas regiones, como ser España, Chile, México, Bolivia, Uruguay y Líbano, y trabajó en la División de Estudios Regionales del Departamento del Hemisferio Occidental, en la que estuvo a cargo de elaborar investigaciones comparativas de varios países y análisis macroeconómicos sobre América Latina y el  Caribe. Antes de incorporarse al FMI en 2006, fue profesor de macroeconomía en la Universidad de la República del Uruguay e investigador en el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) en Uruguay. Entre sus temas de especialización e investigación, cabe mencionar la macroeconomía y las finanzas internacionales. Ha publicado varios estudios académicos y de política económica en libros y revistas de Economía. En 2006 obtuvo su doctorado en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).