La región debe responder a los shocks energéticos con políticas disciplinadas que protejan a los más vulnerables y refuercen la resiliencia
Europa se encuentra en una encrucijada ya conocida. Un shock energético, de menor magnitud que el de 2022 y esta vez producto de la guerra en Oriente Medio, está lastrando el crecimiento y azuzando la inflación. Antes de la guerra, nuestro pronóstico habría registrado una mejora. Ahora estamos ante una desaceleración del crecimiento. Los datos preliminares ya apuntan a un descenso de la inversión privada y el consumo. Para 2026, se proyecta que las perspectivas de crecimiento sean de apenas el 1,1% en la zona del euro y del 1,3% en la Unión Europea, con un considerable grado de incertidumbre. En un escenario más grave como el descrito en Perspectivas de la economía mundial —un shock persistente de la oferta agravado por el endurecimiento de las condiciones financieras—, la Unión Europea (UE) podría rozar la recesión, con una inflación que se aproximaría al 5%. Ningún país europeo se libra de ello.
Las autoridades están bajo intensa presión: deben actuar con rapidez, de forma visible y en beneficio de todos. A menudo, como se verá en los ejemplos que siguen, esto da lugar a políticas que tienen más desventajas a largo plazo que ventajas a corto plazo. El apoyo selectivo es mucho más eficaz. La respuesta de Europa ante este shock debería basarse en dos imperativos. El primero, contar con una política macroeconómica firme, acorde con un mundo en el que los shocks son frecuentes e impredecibles; y el segundo, una resiliencia que se construya sin malgastar recursos fiscales ni trabar el funcionamiento de los mercados.
El primer imperativo consiste en adoptar políticas monetarias y fiscales acertadas.
Los bancos centrales deben seguir dedicados de lleno a mantener ancladas las expectativas de inflación. El shock inflacionario posterior a la COVID-19 es un recordatorio de la importancia de vigilar los efectos de segunda ronda sobre los precios. En la zona del euro, donde la inflación está cerca del nivel fijado como meta y las expectativas a medio plazo están en general bien ancladas, el Banco Central Europeo dispone de cierto margen para esperar y ver cómo evoluciona el shock antes de actuar. En este momento, prevemos una subida acumulada de 50 puntos básicos en el tipo de interés de referencia de la política monetaria para finales de este año, manteniendo una orientación monetaria neutral en términos generales a la luz del aumento de las expectativas inflacionarias a corto plazo. La respuesta adecuada podría ser mayor o menor, dependiendo de la forma en que evolucionen los mercados mundiales en las próximas semanas y la economía de la zona del euro, lo cual determinará la intensidad de los efectos de segunda ronda.
Un repunte de la inflación subyacente —que excluye los componentes más volátiles, como los alimentos y la energía— o un aumento de las expectativas a medio plazo justificarían una orientación más restrictiva. En el Reino Unido, donde los riesgos de inflación siguen siendo elevados, conviene mantener una orientación restrictiva para evitar que las presiones de los precios de la energía se adhieran a los salarios y los precios. Esto hace pensar que el margen para nuevos recortes de los tipos en 2026 es limitado. En varias economías de Europa Central, Oriental y Sudoriental, donde la inflación aún está por encima del nivel fijado como meta y el crecimiento salarial sigue siendo fuerte, cada vez hay más argumentos a favor de una orientación más restrictiva.
La estabilidad financiera también merece una atención especial. En un escenario grave, la tensión en los mercados de crédito podría extenderse con rapidez. Las autoridades deben vigilar las vulnerabilidades en los sectores bancario y no bancario, deben estar preparadas para recurrir a las reservas de capital si se materializan riesgos sistémicos y deben garantizar que las instituciones puedan acceder a inyecciones de liquidez si lo necesitan y siempre que reúnan los requisitos necesarios.
La política fiscal debe hacer lo suyo, pero respetando el margen presupuestario disponible. Los países muy endeudados que carecen de espacio fiscal no pueden permitirse aumentar el déficit: toda medida relacionada con la energía tiene que estar completamente compensada para no imponer una carga más a las finanzas públicas que ya están al límite en un entorno de mercado más difícil.
Algunos gozan de más margen para amortiguar el shock y apuntalar sus economías, pero aun así se enfrentan a crecientes presiones derivadas del gasto en defensa, el envejecimiento demográfico y la transición energética. Por ejemplo, países como Dinamarca o Suecia, con una deuda relativamente baja, disponen de margen para adoptar políticas fiscales anticíclicas, a diferencia de Francia e Italia.
La trayectoria fiscal incide en la confianza de los inversores: los rendimientos soberanos ya han subido en varios mercados, y los países con un elevado nivel de deuda deben ceñirse a sus planes de consolidación para mantener a raya los costes de financiación y seguir siendo capaces de reaccionar si la situación se deteriora.
Cuando los precios de la energía suben y los ciudadanos y las empresas sufren las consecuencias, las autoridades se ven presionadas a actuar. La tentación es simplemente recurrir a topes de precios, descuentos generales o recortes de los impuestos a los combustibles para impedir que los precios suban. Estas medidas no son aconsejables.
El apoyo no selectivo beneficia de manera desproporcionada a los hogares con mayores ingresos, que consumen más energía. Durante la crisis de 2022, los gobiernos europeos destinaron en promedio un 2,5% del producto interior bruto a programas de ayudas energéticas, de los cuales más de dos tercios no eran selectivos. Según un análisis del FMI, para compensar íntegramente a los hogares en el 40% inferior de la distribución de la renta por el aumento total de los costes energéticos se habría necesitado apenas un 0,9% del PIB.
El coste fiscal es solo una parte del problema. El apoyo generalizado también atenúa la señal de los precios, es decir, el incentivo de mercado que lleva a las personas y las empresas a reducir el consumo, mejorar la eficiencia e invertir en alternativas. Si esa señal se difumina, se retrasa el ajuste que resuelve en definitiva un shock en la oferta. Además, los gobiernos que reprimieron las señales de los precios en 2022 tuvieron que mantener medidas costosas mucho después de que la emergencia hubiera pasado, sin lograr un uso más eficiente de la energía. La estrategia de Alemania —amortiguar el shock sin eliminar la señal de los precios— dio mejores resultados en ambos sentidos.
Al planificar sus respuestas, los países deben esquivar el cometer los mismos errores costosos. Las medidas de apoyo no selectivas y con plazos indefinidos son difíciles de revertir y deben evitarse.
Indicar plazos firmes para la extinción de medidas selectivas impedirá que se malgasten los recursos presupuestarios y garantizará que dichos recursos no desplacen las inversiones necesarias para reforzar el sistema energético europeo y reducir su vulnerabilidad ante futuros shocks.
El segundo imperativo es fomentar la resiliencia, y es incluso más difícil de lograr desde el punto de vista político. Pero los datos al respecto son inequívocos.
Los precios de la energía industrial en la UE prácticamente se han duplicado con respecto a los niveles anteriores a 2022 y son notablemente más altos que los de Estados Unidos, una desventaja crónica que tiene su origen en la dependencia del petróleo y el gas importados y en la fragmentación de los mercados energéticos. Lo bueno es que la solución ya está empezando a vislumbrarse. Más del 50% de la generación de electricidad de la UE procede actualmente de fuentes bajas en carbono, y eso reduce de forma apreciable la exposición a los altibajos del precio del petróleo. Completar el mercado único de la energía, mantener el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE y acelerar la interconexión transfronteriza de las redes eléctricas no son objetivos abstractos, sino la ruta hacia unos costes energéticos estructuralmente más bajos y estables.
Las ventajas del programa más amplio de reformas son igualmente atractivas. El análisis del FMI indica que subsanar por completo las deficiencias de las políticas estructurales de los países e integrar los mercados laborales y de productos hasta alcanzar los niveles observados en Estados Unidos podría incrementar la productividad europea en un 20%, movilizando hasta EUR 800.000 millones en inversión privada adicional a lo largo de diez años. Esto elevaría el producto por persona en 35 puntos porcentuales, lo que demuestra que se puede reducir la brecha de ingresos con Estados Unidos con reformas en ámbitos que están firmemente bajo el control de Europa. Emprenderlas permitiría lograr mejoras duraderas en el nivel de vida y crear los márgenes de maniobra que tanto se necesitan para hacer frente a los shocks. Además, profundizarían la integración financiera y mejorarían aún más la capacidad de Europa para amortiguar shocks.
La decisión que tiene por delante Europa no está entre ayudar a la gente ahora o reformar más adelante. Lo que tiene que decidir es si se adoptan medidas costosas que en realidad no reducen las vulnerabilidades, o si se opta por políticas que protegen a quienes se encuentran más expuestos ahora y que a la vez sientan las bases para un futuro más resiliente.
Las reformas no pueden esperar
Las crisis generan una presión que lleva a aplazar las decisiones difíciles. Europa ya ha sucumbido a este fenómeno en el pasado. Postergar las reformas acarrea el riesgo de frenar el crecimiento, incrementar la deuda y reducir capacidad para tomar medidas cuando se produzca el próximo shock. En un mundo en que los shocks son cada vez más frecuentes y se superponen —perturbaciones geopolíticas, fenómenos climáticos, volatilidad financiera—, la capacidad de respuesta es ya de por sí un activo estratégico. Se desarrolla a base de una gestión macroeconómica sólida, una política fiscal disciplinada y reformas estructurales que reducen las vulnerabilidades subyacentes, en particular ante los shocks de los precios de la energía. Sobre todo ahora, Europa debe mantener el rumbo en la transformación de su sector energético, aumentar la proporción de las energías renovables e integrar el sector energético en toda Europa.
Europa tiene que reformarse bajo presión. El shock actual no es un motivo para postergar las reformas. Es una razón más para impulsar la agenda de reformas.
