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México ha sufrido durante largo tiempo altos niveles de pobreza y exclusión social. Si bien la pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos problemas, el aumento del gasto en programas sociales ha contribuido a disminuir el impacto negativo sobre el empleo, las ventas al por menor y la pobreza. Según un reciente estudio (i) preparado por el personal técnico del FMI, el aumento del gasto y de su eficiencia en programas sociales, educativos y sanitarios reduciría las diferencias socioeconómicas, mitigaría las secuelas económicas de la pandemia y promovería una recuperación inclusiva.

Vulnerabilidades sociales prolongadas

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), aproximadamente el 42% de la población mexicana vivía en 2018 en situación de pobreza , con grandes diferencias entre estados.

La pandemia podría empeorar las vulnerabilidades sociales, debido en parte a la limitada protección social de México. El 40% de los hogares con niños o adolescentes no tenía acceso a protección social antes de la pandemia, un porcentaje superior al promedio de América Latina. Otro factor ha sido el bajo gasto en sanidad y educación públicas, que se sitúa por debajo del promedio de la OCDE.

Pasos hacia la mejora de la inclusión de los programas sociales

El gobierno, reconociendo el desafío que representa la pobreza, introdujo en 2019 importantes cambios en los programas sociales (programas de asistencia social y de política activa del mercado laboral), centrados en la cobertura universal y las pensiones sociales (no contributivas), así como en la asistencia a la población indígena, las personas de edad avanzada y las personas con necesidades especiales. Estos cambios resultaron en un incremento del gasto total en asistencia social, del 1,8% del PIB en 2018 al 2,1% del PIB en 2019. En particular:

• Las pensiones sociales del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumentaron más del triple entre 2018 y 2020, debido a la prevalencia de la pobreza en la vejez y a la limitada cobertura de las pensiones.
• En educación, existen ahora tres programas de acuerdo con los distintos niveles educativos. Uno de ellos, Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez , está dirigido a las familias que viven en situación de pobreza y tienen hijos menores de 15 años. A diferencia de Prospera, el programa interrumpido de transferencias monetarias condicionadas que pagaba por estudiante, el pago se realiza ahora por familia y no está condicionado a revisiones regulares de salud de los estudiantes. El impacto de este cambio debe ser monitorizado para garantizar que las tasas de abandono escolar no aumenten y que la salud y nutrición de los estudiantes no se vean negativamente afectadas.

El impacto de la pandemia

Antes de la pandemia, el gobierno ya había presupuestado aumentos del gasto en programas sociales en 2020. Además, el gobierno respondió a la pandemia con un aumento del 0,7% del PIB del gasto en atención sanitaria y del apoyo presupuestario directo a hogares y empresas, una cantidad modesta en comparación con otras economías de mercados emergentes.

Nuestro análisis por estados sugiere que el aumento en el gasto en programas sociales de 2020 mitigó, hasta cierto punto, el impacto negativo de la pandemia en el empleo, las ventas al por menor y la pobreza laboral (el porcentaje de la población con una renta del trabajo inferior al costo de la canasta alimentaria).

No obstante, las vulnerabilidades sociales se han incrementado con la pandemia. La tasa de pobreza aumentó del 41,9% al 43,9% entre 2018 y 2020, mientras que el número de personas sin acceso a servicios de salud se disparó en 12 puntos porcentuales de la población. De acuerdo con CONEVAL , sin transferencias sociales, los indicadores de pobreza hubieran empeorado aún más, hasta el 45,9%. En otras palabras, las transferencias sociales evitaron que 2,5 millones de personas adicionales cayeran en situación de pobreza. Las familias pobres tienen más probabilidades de verse afectadas por las futuras secuelas económicas de la pandemia (por ejemplo, pérdidas de aprendizaje debidas a las grandes diferencias en el acceso a internet según grupos de ingreso).

La necesidad de aumentar el gasto social

El aumento del gasto social y de su eficiencia sigue siendo fundamental para reducir las diferencias socioeconómicas y garantizar una recuperación inclusiva, en especial si se suma a reformas que mejoren el empleo y reduzcan la informalidad.

Eliminar las deficiencias en la cobertura y limitar la fragmentación de los programas de asistencia social sigue siendo una prioridad. La existencia de un registro único de beneficiarios y el fortalecimiento de la capacidad administrativa podrían reducir los solapamientos y mejorar la focalización del gasto.

Dadas las grandes diferencias entre estados en materia de educación y salud, debe darse prioridad al aumento del acceso a los programas en los estados más pobres y entre la población más desfavorecida. En educación, la inversión en equipos, instalaciones, tecnología de la información e infraestructuras modernas contribuiría a responder a los cambios en la demanda de mano de obra.

Para aliviar los problemas fiscales, el aumento del gasto público podría financiarse con mayores recaudaciones de impuestos a mediano plazo para velar por que la deuda pública disminuya con el tiempo. A mediano plazo, estimamos que las reformas tributarias podrían financiar un gasto de aproximadamente el 2% del PIB en programas sociales, educación y salud, y del 1% del PIB en infraestructuras y otras inversiones públicas.