Washington, DC:
La economía de Chile mantiene su resiliencia, siendo la credibilidad de sus sólidas instituciones de política económica especialmente valiosa para responder a otro shock mundial y particularmente importante para afrontar los desafíos estructurales del país. En caso de que la guerra en el Medio Oriente se prolongue, las prioridades de política a corto plazo incluyen un ajuste de la política monetaria para contener el impacto sobre la inflación dentro del horizonte objetivo del banco central, así como brindar apoyo fiscal a los grupos más vulnerables. A mediano plazo, las prioridades consisten en fortalecer el espacio fiscal y elevar de manera permanente el crecimiento de Chile, en consonancia con los objetivos centrales del gobierno en el marco de su Plan de Reconstrucción Nacional.
La actividad económica, impulsada por la inversión y las exportaciones en 2025, atraviesa un período de elevada incertidumbre.
Las perspectivas de crecimiento para 2026–27 cuentan con el respaldo de mayores precios y producción de cobre, aunque el alza de los precios del petróleo y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales representan factores adversos. Se proyecta que el crecimiento del PIB real alcanzará un 2,2 por ciento en 2026 y un 2,5 por ciento en 2027, bajo el supuesto de una mejora en las condiciones externas y una consolidación fiscal gradual. Se prevé que la inflación superará temporalmente la meta en 2026 y principios de 2027 debido al alza de los precios del petróleo. Se proyecta que el déficit de cuenta corriente se reducirá en 2026, impulsado por mayores precios del cobre, para luego ampliarse, hasta situarse entre 2 y 2,5 por ciento del PIB en el mediano plazo, a medida que los precios reales del cobre retornen hacia su promedio histórico.
Los riesgos para el crecimiento están sesgados a la baja en el corto plazo y son equilibrados en el mediano plazo. Una prolongación del conflicto en el Medio Oriente podría mantener los precios del petróleo en niveles elevados durante más tiempo y pesar considerablemente sobre el crecimiento a través de una menor renta disponible, perturbaciones a la producción y condiciones financieras más restrictivas. Entre otros riesgos externos a la baja, cabe mencionar las tensiones comerciales y las correcciones desordenadas vinculadas a las ganancias de productividad impulsadas por la inteligencia artificial. En sentido contrario, la persistencia de precios elevados del cobre —derivada de una demanda estructuralmente mayor asociada a la transición verde, la infraestructura para la IA y el gasto en defensa— constituye el principal riesgo al alza. En el ámbito interno, el programa del gobierno para facilitar la inversión privada y el empleo mediante la simplificación de trámites, la reducción de los costos laborales y la disminución escalonada del impuesto a la renta de las empresas (IRE), contribuye positivamente al crecimiento a mediano plazo. En un escenario favorable, con precios del cobre sostenidos en el rango de US$ 5,5–6,0 por libra y la implementación de reformas orientadas a potenciar la inversión en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional, el personal técnico del FMI proyecta que el crecimiento podría alcanzar alrededor del 3 por ciento durante 2027–30, con más de la mitad del impulso asociado a los precios del cobre. Sin embargo, recortes generalizados del gasto público destinados a compensar la pérdida de ingresos por reducciones tributarias podrían limitar el espacio para el gasto que favorece la productividad, como el cuidado infantil. En un contexto de elevada desigualdad persistente, el descontento social también constituye un riesgo.
Encauzar la posición fiscal en una trayectoria de consolidación creíble contribuiría a garantizar la sostenibilidad fiscal, al tiempo que permite proteger a los más vulnerables.
El nuevo gobierno ha presentado un ambicioso plan para fortalecer la posición fiscal de Chile. Sobre la base de las políticas actuales, el personal técnico del FMI proyecta que el déficit global en 2026 ascenderá a aproximadamente 2,5 por ciento del PIB. Los recortes del gasto identificados mediante medidas administrativas—equivalentes a alrededor del 0,5 por ciento del PIB en 2026—están íntegramente incorporados en el escenario base del personal técnico. La rápida y decidida limitación del mecanismo de estabilización de precios del petróleo, en favor de un apoyo más focalizado y con menor costo fiscal, subraya el compromiso del gobierno con la contención de las presiones de gasto. No obstante, el shock del precio del petróleo seguirá incidiendo sobre las cuentas fiscales.
A mediano plazo, el objetivo gubernamental de alcanzar una posición estructural ampliamente equilibrada para 2030 y mantener la razón deuda/PIB por debajo del 45 por ciento es bienvenido. Para ello se requerirán esfuerzos fiscales acumulados de 2 a 3 puntos porcentuales del PIB, dada la situación de las cuentas fiscales en 2025. Sin dichos esfuerzos, el personal técnico del FMI proyecta que la razón deuda pública/PIB superaría el 45 por ciento en 2028.
La estrategia fiscal a mediano plazo de las autoridades contempla recortes administrativos del gasto adicionales (0,3 por ciento del PIB) y un paquete integral de ingresos y gastos en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional, cuyo costo fiscal neto estiman en 0,2 por ciento del PIB para 2030, considerando el efecto de las reformas sobre el crecimiento. Por el lado del gasto, el plan incluye, entre otras medidas, la reducción del abuso de licencias médicas en el sector público, la disminución del tamaño del aparato estatal y la eliminación de programas que presentan bajo desempeño. Por el lado de los ingresos, las principales medidas buscan fomentar la inversión mediante una reducción gradual de la tasa del IRE del 27 al 23 por ciento, un crédito tributario para empresas que contraten trabajadores de bajos ingresos y la transición hacia un sistema tributario totalmente integrado. En conjunto, aun considerando las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, que podrían ser algo optimistas, se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y deuda.
En este contexto, el crédito tributario al empleo y la reducción gradual de la tasa del IRE hacia el promedio de la OCDE —que conllevan el mayor costo fiscal— deben ponderarse frente a la necesidad de preservar el espacio fiscal, mantener el gasto público productivo y hacer frente a las presiones de gasto a largo plazo y a los shocks externos. Para facilitar la gestión de este balance, cabría considerar alternativas más focalizadas y de menor costo, como la amortización acelerada del gasto de capital, en particular en el sector no minero, o subsidios más acotados vinculados a la creación neta de empleo. La brecha fiscal adicional generada por el nuevo proyecto de ley deberá compensarse con medidas equivalentes de gasto y/o ingresos. El calendario, la magnitud y el diseño de las medidas no vinculadas directamente a los objetivos de crecimiento y empleo, como las exenciones al impuesto territorial, merecen reconsideración para limitar las presiones fiscales. Por último, la implementación en curso de la Ley de Cumplimiento Tributario sigue siendo importante, debiendo proyectar sus rendimientos de forma conservadora, habida cuenta del desempeño inferior al previsto en materia de ingresos registrado en lo más reciente.
Los encomiables esfuerzos en curso por lograr una mayor eficiencia del gasto idealmente deberían enmarcarse en una revisión integral del mismo. El gasto público total de Chile ha aumentado en la última década, especialmente en salud, educación y protección social, aunque se mantiene relativamente bajo en comparación con sus pares de la OCDE. Si bien el gasto público en salud es razonablemente eficiente en relación con países comparables, existen márgenes para ganancias de eficiencia en términos absolutos, por ejemplo, mediante el fortalecimiento de los procesos de adquisición. En cuanto a la educación terciaria, el gasto público como porcentaje del PIB supera ahora al de la mayoría de los países de la OCDE, y algunas medidas contempladas en el Plan de Reconstrucción Nacional buscan las necesarias ganancias de eficiencia. La continuación de los esfuerzos para crear ventanillas únicas de servicios y consolidar los programas sociales fragmentados podría mejorar su acceso, cobertura y eficacia. La focalización de la pensión garantizada universal (PGU) podría perfeccionarse para proteger mejor a los pensionados de menores ingresos.
El marco fiscal de Chile constituye el sustento institucional de una política fiscal sostenible, y en tiempos turbulentos la credibilidad de las políticas adquiere un valor adicional. No obstante, existe margen para su refinamiento con el fin de mejorar la transparencia, el realismo y la estabilidad de la trayectoria fiscal a mediano plazo en el marco de las dos reglas fiscales vigentes. Los aspectos susceptibles de ajustes técnicos incluyen: la formulación del gasto comprometido en la trayectoria fiscal de mediano plazo, la operacionalización de las acciones correctivas ante desviaciones de las metas fiscales, la estimación de los parámetros estructurales relativos al PIB tendencial y los precios de referencia del cobre, y el tratamiento de las revisiones de las cuentas nacionales.
El banco central debe estar preparado para endurecer la política monetaria si el shock actual genera efectos de segunda ronda sobre la inflación.
El esquema de metas de inflación de Chile ha demostrado consistentemente su eficacia frente a una sucesión de shocks desde la pandemia. Las expectativas de inflación a dos años permanecen bien ancladas y la postura de política monetaria actual es en términos generales neutral. Si bien el alza de los precios del petróleo y la depreciación del peso empujarán temporalmente la inflación por encima de la meta en 2026 y principios de 2027, este repunte de precios no justificaría, por sí solo, un cambio en la tasa de política monetaria. Sin embargo, si los precios del petróleo se mantienen considerablemente por encima del escenario base durante un período prolongado y generan presiones inflacionarias adicionales a través de efectos de segunda ronda sobre los salarios y otros precios, sería necesario adoptar una postura de política monetaria más restrictiva. Por ello, es bienvenido el enfoque del banco central de evaluar la evolución de la tasa de política monetaria reunión por reunión.
Completar el programa de acumulación de reservas internacionales es esencial para fortalecer la resiliencia.
El bien diseñado programa de acumulación de reservas del banco central, puesto en marcha en agosto de 2025, ha funcionado de manera fluida, incrementado las reservas en aproximadamente US$ 4.000 millones hacia finales de abril. La culminación del programa trienal sigue siendo prioritaria para robustecer los colchones externos de Chile y complementar otras fuentes de liquidez en moneda extranjera.
Las políticas del sector financiero deben seguir reforzando la resiliencia, incluida una implementación bien coordinada de la reforma previsional.
El sistema financiero se mantiene sólido y en condiciones de resistir un escenario de estrés severo. Los bancos cuentan con niveles adecuados de capital, liquidez, rentabilidad y provisiones. El personal técnico del FMI celebra la implementación completa de los requisitos de capital y liquidez de Basilea III en 2025. El avance hacia un colchón de capital contracíclico positivo-neutral del 1,0 por ciento de los activos ponderados por riesgo, desde la tasa actual del 0,5 por ciento, deberá ser gradual y considerar la evolución macrofinanciera y la capacidad de crédito de los bancos, conforme a lo previsto por el banco central.
La vulnerabilidad financiera de los hogares y las empresas es en general baja y se redujo levemente en 2025. Sin embargo, persisten vulnerabilidades en los sectores de construcción e inmobiliario, en las empresas más pequeñas con préstamos avalados por el Estado y en los hogares de bajos ingresos endeudados. A pesar del pasado programa de subsidios hipotecarios, las nuevas medidas de apoyo habitacional planificadas y el descenso de las tasas de interés, que facilitan las ventas de vivienda y alivian la carga financiera de las empresas inmobiliarias y de construcción, los ajustes en estos sectores podrían prolongarse debido a los elevados inventarios de vivienda. Los riesgos derivados de la mayor exposición de los fondos de pensiones a swaps de tasa de interés de Estados Unidos han sido abordados por la Superintendencia de Pensiones, que recientemente modificó el límite regulatorio de las posiciones en derivados en función de la exposición al riesgo.
La reforma previsional en curso se beneficiaría de una implementación gradual y bien coordinada para evitar una reasignación abrupta de carteras. El aumento de la tasa de contribución contemplado en la reforma profundizará el mercado de capitales de Chile, pero la reforma también plantea desafíos de implementación, entre ellos la transición del sistema multifondo al sistema de fondos generacionales y la introducción de nuevos mecanismos que promuevan la competencia. Es bienvenido el enfoque de la Superintendencia de Pensiones de considerar explícitamente la mitigación del impacto de mercado en el diseño del nuevo régimen de inversiones, junto con la mejora de su perfil de riesgo-retorno. Se recomienda priorizar una transición fluida, haciendo pleno uso de la flexibilidad de implementación disponible en virtud de la ley de reforma previsional, con el fin de mitigar efectos de anuncio bruscos y comportamientos de negociación anticipatoria por parte de los participantes del mercado.
La continuación de la implementación de las recomendaciones del FSAP de 2021 y otras medidas orientadas a fortalecer la resiliencia sigue siendo importante. Se han registrado avances considerables, entre ellos la implementación de la Ley de Resiliencia del Mercado Financiero y las enmiendas regulatorias conexas para apoyar el desarrollo del mercado de repos. La propuesta de ampliar el acceso al Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real a las instituciones financieras no bancarias mejorará la liquidez sistémica, mientras que las propuestas regulatorias para fortalecer el gobierno corporativo de los bancos y la planificación de la recuperación mejorarán el marco de gestión del riesgo y la preparación para situaciones de crisis. El registro obligatorio en el Registro de Deuda Consolidada, iniciado en abril de 2026, fortalece la gestión del riesgo de crédito, la supervisión y el seguimiento del endeudamiento en materia de estabilidad financiera. En el ámbito de las monedas digitales, es bienvenido el plan del banco central de introducir regulaciones prudenciales para las monedas estables emitidas a nivel nacional. Entre las prioridades pendientes se encuentran la creación de un seguro de depósitos financiado por la industria, la introducción de una nueva Ley de Resolución Bancaria y la supervisión basada en el riesgo de las compañías de seguros. Otorgar independencia presupuestaria a la Comisión para el Mercado Financiero contribuiría a garantizar recursos adecuados, dado que sus responsabilidades se han ampliado y se han vuelto más complejas.
Las medidas de amplia base para impulsar el crecimiento, incluida la racionalización de las regulaciones, son fundamentales, aunque las ganancias de crecimiento probablemente serán graduales y su magnitud es incierta.
El énfasis del gobierno en elevar el crecimiento de manera permanente es importante no solo para aumentar el ingreso de los ciudadanos, sino también para generar espacio que permita hacer frente a las presiones fiscales derivadas del envejecimiento de la población y de un mundo más propenso a los shocks. La evidencia comparativa entre países sugiere que un crecimiento tendencial de alrededor del 2 por ciento anual es un punto de referencia útil para una economía al nivel de ingreso de Chile en el contexto demográfico y global actual. Esto no significa que Chile no deba aspirar a más. Más bien, pone de relieve cuán difícil es elevar el crecimiento tendencial y cuán importante resulta mantener proyecciones de ingresos prudentes.
Son bienvenidos los esfuerzos de política en curso para agilizar los permisos sectoriales y las evaluaciones ambientales, mejorar la coordinación interministerial, brindar mayor certeza regulatoria, clarificar las normas administrativas para la implementación de la ley de la jornada laboral de 40 horas y mantener un salario mínimo competitivo. Asimismo, existen márgenes para ganancias de productividad a partir de una mayor colaboración entre universidades y empresas en materia de I+D, así como de mejoras en infraestructura clave. Un entorno más favorable a la inversión también contribuiría a reducir las brechas de competencias mediante el fortalecimiento de la creación de empleo en el sector industrial, amplificando con ello los incentivos para que los estudiantes adquieran habilidades en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y otras competencias técnicas. El proceso de fijación del salario mínimo se beneficiaría de una mayor participación de un organismo técnico independiente, que ayude a alinear las decisiones en esta materia de manera más firme con los fundamentos económicos y a aislarlas de los ciclos políticos.
En el contexto de una población que envejece, flexibilizar el distorsionante mandato de cuidado infantil basado en el tamaño de la empresa y avanzar hacia un sistema de cuidado infantil más universal podría incrementar la oferta laboral femenina y la productividad. Esto está en línea con el "Informe de la Comisión Marfan" de 2023, que destaca las ganancias en términos de PIB e ingresos derivadas de una mayor participación laboral femenina. Además, el análisis del FMI sugiere que, en comparación con otros países de la OCDE, las mujeres con alta educación en Chile tienen menor probabilidad de trabajar en ocupaciones bien remuneradas, lo que indica una situación de subempleo. Cerrar esta brecha hasta la mediana de la OCDE podría incrementar la productividad agregada en un 3 por ciento mediante una mejor distribución del talento.
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El equipo de la misión del FMI desea agradecer a las autoridades chilenas y demás contrapartes por las discusiones abiertas y constructivas y su hospitalidad.
