Comunicado de prensa No. 17/31

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Uruguay correspondiente a 2016

1 de febrero de 2017

El 9 de enero de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó la Consulta del Artículo IV^[1] con Uruguay, y consideró y aprobó la evaluación del personal técnico sin celebrar una reunión^[2]. 

Uruguay muestra resiliencia en un contexto de recesión en sus vecinos más grandes. La desaceleración económica llegó a su punto mínimo en 2016, y hay algunos indicios de que la economía se encuentra en una trayectoria de recuperación incipiente. Se estima que el crecimiento real de 2016 será del 1,2%, y, según las proyecciones, llegaría al 1,4% en 2017, a medida que mejoren el contexto externo y el consumo privado. 

El peso se apreció respecto del dólar de EE.UU. entre abril y octubre de 2016, pero las presiones de depreciación se incrementaron en noviembre luego de las elecciones de Estados Unidos. Se espera que el déficit en cuenta corriente se mantenga cerca del 2¼% del PIB en 2016, y llegaría al 2½% a mediano plazo, a medida que se recupere la demanda interna. 

A pesar de la desaceleración de la actividad, la inflación se mantiene en niveles superiores a la banda fijada como meta por el banco central. Se proyecta que la inflación se desacelere y se mantenga muy por debajo del 9% en 2017, y que luego se reduzca a aproximadamente un 6%, a mediano plazo, mientras la brecha del producto va cerrándose poco a poco. La política monetaria sigue siendo relativamente restrictiva, pero su transmisión se vio atenuada por la alta dolarización y el bajo nivel de crédito en pesos en Uruguay. 

En términos generales, la política fiscal fue neutral en 2016, y se estima que el déficit del sector público fue del 3,8% del PIB en el año. En consonancia con el objetivo del gobierno de alcanzar un déficit del 2,5% antes de 2019, el Parlamento aprobó aumentos de impuestos y recortes del gasto para 2017. 

Los riesgos en torno a las perspectivas económicas son tanto externos como internos, pero se ven atenuados por las sólidas reservas de liquidez y el tipo de cambio flexible de Uruguay. Una recuperación más lenta que la esperada en Argentina y Brasil y un crecimiento débil en China afectarían la economía de Uruguay, mientras que el deterioro de las condiciones financieras mundiales elevaría el costo del financiamiento. Además, dado el margen reducido para aplicar políticas contracíclicas, un crecimiento más lento que el esperado en 2017 acentuaría la relación de compensación entre los planes de consolidación fiscal anunciados por las autoridades y la tarea de evitar una orientación demasiado procíclica que exacerbe la desaceleración. De cualquier modo, las sólidas reservas de liquidez de Uruguay, los altos niveles de reservas brutas y el régimen de tipo de cambio flexible permitirían al país situarse en una buena posición para enfrentar esos shocks. 

Los riesgos para la estabilidad financiera son reducidos. El nivel de préstamos en mora es relativamente bajo (un 3,5% del total de préstamos), y el nivel de provisiones es elevado. 

Evaluación del Directorio Ejecutivo 

Al concluir la Consulta del Artículo IV de 2016 con Uruguay, los directores ejecutivos avalaron la evaluación del personal técnico en los siguientes términos: 

Uruguay está gestionando adecuadamente el contexto de profunda recesión en sus vecinos más grandes. Tras una clara desaceleración, el crecimiento comenzó a recuperarse en el tercer trimestre de 2016. La inversión y el consumo llegaron a su punto mínimo a mediados de 2016, mientras la inflación se estabilizaba y el tipo de cambio dejaba de depreciarse. El déficit de cuenta corriente se recortó a la mitad desde 2014, y las reservas internacionales se estabilizaron muy por encima del nivel que exigen las normas prudenciales. Todo indica que el tipo de cambio efectivo real está alineado con las variables fundamentales y las políticas que se consideran adecuadas. 

El contexto externo sigue siendo una fuente de riesgos. La continua debilidad en Argentina y Brasil, y la desaceleración de la demanda mundial, afectarían negativamente las exportaciones, mientras que un aumento de las tasas de interés elevaría el costo de financiamiento, y la volatilidad de los flujos de capital podría complicar la gestión de la política monetaria. No obstante, el tipo de cambio flexible y las sólidas reservas de liquidez de Uruguay deberían hacer posible un ajuste ordenado ante shocks. 

Las autoridades demostraron un compromiso claro con la sostenibilidad de las finanzas públicas. La ampliación del déficit fiscal de 2016 fue una respuesta útil para moderar una desaceleración más marcada que la esperada. Al mismo tiempo, el gobierno fijó aumentos de impuestos para 2017, en función de su compromiso de llevar el déficit fiscal a un 2,5% del PIB antes de 2019, el cual se proyecta que permita encauzar la deuda en una trayectoria descendente. El esfuerzo de consolidación fiscal es esencial para proteger la credibilidad ante los inversionistas internacionales que Uruguay ha ganado con tanto esfuerzo, y enfrentar las dificultades fiscales a largo plazo que implica el envejecimiento de la población. Es preciso que los estabilizadores fiscales automáticos funcionen a lo largo de la trayectoria de consolidación estructural. La credibilidad y la contraciclicidad a largo plazo de la política fiscal también podrían mejorarse a través de un anclaje fiscal bien diseñado y más sólido. 

Las políticas futuras deben proteger el aumento anunciado en la inversión en infraestructura. La inversión pública se redujo significativamente en 2015, y las asociaciones público-privadas están despegando lentamente, mientras que existe una clara necesidad de mejoras de infraestructura, en especial en el área de transporte. Con nuevas mejoras en la rentabilidad de las empresas públicas y con nuevos esfuerzos para controlar el gasto público corriente, es posible crear margen para el gasto de capital. 

Uno de los prerrequisitos para la reducción de la dolarización es una menor inflación. El nivel elevado de dolarización de los depósitos limita la oferta de créditos en pesos y la eficacia de la política monetaria, y exige un escrutinio más atento de las exposiciones a riesgos de crédito de los bancos. Un compromiso con una inflación baja, respaldado por incentivos regulatorios (como el uso de encajes legales para distintas monedas) e iniciativas tendientes a profundizar los mercados de capitales en moneda local, puede promover una desdolarización gradual de la economía. 

Se necesitará una política monetaria restrictiva para orientar la inflación hacia la banda fijada como meta. La inflación superó la banda fijada como meta por el banco central de manera constante en los últimos seis años, y se ubicó transitoriamente en niveles de dos dígitos a mediados de 2016. La orientación de la política monetaria debería ser restringida más en caso de que la actividad profundizará su recuperación durante 2017, a fin de sostener el proceso desinflacionario. 

También será importante contener la inflación mediante el proceso de fijación de salarios. En este contexto, la iniciativa actual a favor de los aumentos salariales estipulados en términos nominales es muy útil. A futuro, es preciso reducir más la inercia inflacionaria a través de distintos pasos para eliminar totalmente la indexación retrospectiva de la inflación. 

Las reformas estructurales en la educación y la liberalización del comercio ayudarían a profundizar las mejoras en términos sociales de la última década y a impulsar el crecimiento potencial. Los esfuerzos tendientes a promover el libre comercio dentro del Mercosur y a garantizar el acceso a los mercados de otros países son bienvenidos. La reforma educativa también es necesaria para desarrollar las habilidades que fortalecerán la competitividad de Uruguay en los mercados internacionales.