Observaciones de las misiones

Principado de Andorra: Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2022

7 de abril de 2022

Andorra La Vella:

Perspectivas económicas

La economía andorrana está recuperándose significativamente de la profunda recesión causada por la pandemia. En 2021 el PIB real creció en 8,9 por ciento gracias a un crecimiento económico mayor al esperado en la segunda mitad del año a pesar de la aparición de la variante Ómicron. Las condiciones del mercado laboral han mejorado y Andorra mantiene una de las tasas de desempleo más bajas en Europa. La inflación general se aceleró como resultado de los elevados precios de la energía, aunque las presiones inflacionarias se han mantenido por debajo de las de los países vecinos gracias a los contratos a largo plazo con proveedores de energía extranjeros. Aunque el gobierno retiró gradualmente las medidas de apoyo por la COVID, el conjunto de políticas fiscal y monetaria continuó dando soporte durante el 2021.

Se espera que el ritmo de crecimiento económico siga firme en 2022 pero predominan los riesgos tendentes a la baja. Se prevé que la actividad económica recupere los niveles anteriores a la crisis en la segunda mitad del año con una proyección de crecimiento del 4,5 por ciento en 2022. Existen riesgos considerables a las perspectivas económicas relacionados con la repercusión económica en Europa de la guerra en Ucrania y el aumento considerable de los precios de las materias primas, la evolución de la pandemia, una más lenta recuperación en los países vecinos y el endurecimiento de las condiciones financieras. A la vez, unas cuentas fiscales sólidas, un amplio superávit de cuenta corriente, la reciente acumulación de reservas internacionales, y un sistema bancario con liquidez y bien capitalizado, ayudarán en este entorno de gran incertidumbre. No obstante, la temporada turística perdida en el invierno 2020-21 y la fuerte contracción de la inversión durante la pandemia causaron una pérdida de ingresos permanente estimada en aproximadamente un 3 por ciento del PIB. Se espera que el crecimiento del PIB real convergerá hacia su potencial del 1,5 por ciento en el mediano plazo. Del mismo modo que en los países vecinos, es probable que persista una inflación elevada en 2022 y principios de 2023 a causa de los altos precios de la energía, pero se anticipa que las presiones inflacionarias disminuirán a partir de entonces.

Equilibrar la prudencia fiscal con un gasto que promueva el crecimiento económico

A la luz de la fuerte recuperación económica, en 2021 se procedió a retirar las medidas de apoyo y la prioridad ahora ha pasado a ser, con acierto, la reconstrucción del espacio fiscal para otras políticas públicas. Las proyecciones presupuestarias para 2022 implican un déficit del 0,3 por ciento del PIB. No obstante, si las condiciones empeoran, debería reimplantarse el apoyo fiscal de forma flexible y oportuna a fin de ayudar a aquellos sectores que más lo necesitan y prevenir pérdidas económicas duraderas. Gracias a la disciplina fiscal y a una estrategia proactiva de gestión de la deuda, se prevé que la tasa de endeudamiento disminuya rápidamente a niveles pre-pandémicos después de 2022 y que en 2024 alcance la meta de la regla fiscal del 40 por ciento del PIB. Sin embargo, es importante balancear la rápida consolidación para cumplir las metas de la regla fiscal con políticas fiscales que promuevan un mayor crecimiento económico. Existe una amplia evidencia de la existencia de brechas de inversión en todos los sectores, por lo que la capacidad fiscal disponible podría aprovecharse para aumentar la inversión pública. Una estrategia de inversión bien diseñada ayudaría a incrementar el crecimiento potencial y reducir los desequilibrios externos, sin comprometer la prudencia del marco fiscal.

Reformar el sistema de pensiones es una prioridad clave para garantizar su sostenibilidad y reducir futuras obligaciones para el sector público. Con una población cada vez más envejecida y un sistema de pensiones caracterizado por porcentajes de cotización bajos, el sistema de seguridad social andorrano acumulará déficits a partir de 2024 y agotará su fondo de reserva en 2039. El Parlamento andorrano ha nombrado una comisión especial para que elabore un plan de reforma del sistema de pensiones antes de finales de 2022. Dada la magnitud de la reforma necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema, es necesaria una intervención temprana que considere todas las opciones disponibles (incluyendo aumentar la cotización, las tasas de conversión y la edad de jubilación), velando por la equidad social.

Las autoridades han actuado para incrementar las reservas internacionales con carácter preventivo. La asignación de derechos especiales de giro (DEG) del FMI en 2021 incrementó las reservas internacionales en 96 millones de euros, alcanzando aproximadamente un 5 por ciento del PIB. Por otra parte, las autoridades asignaron 100 millones de euros de la deuda emitida en 2021 (equivalente al 3,6 por ciento del PIB) a reservas internacionales.

Políticas financieras para garantizar la resiliencia

Las medidas recientes son una buena base sobre la que seguir fortaleciendo el sector bancario ya que los bancos andorranos siguen afrontando riesgos considerables a pesar de haber superado la pandemia con balances sólidos. Los bancos, con activos por valor del 600 por ciento del PIB y activos bajo gestión fuera del balance de una gran magnitud, son de importancia sistemática para la economía andorrana. Salieron de la crisis con una posición sólida, bien capitalizados, con mucha liquidez y con una reducción en la ratio de morosidad. Aún así, como en muchos otros países pequeños con un sector bancario grande, los riesgos pueden ser considerables. El modelo de banca privada y la estrategia de internacionalización han desembocado en una ratio de eficiencia más elevada y en una dependencia excesiva de la financiación exterior, especialmente de los depósitos de no residentes, que pueden llegar a ser menos estables. Las grandes exposiciones y los préstamos a partes vinculadas generan aún más riesgos. La Autoridad Financiera Andorrana (AFA) adoptó medidas para incentivar a los bancos a reducir su exposición a partes vinculadas a menos de un 15 por ciento del capital. Además, transpuso en su marco legal la normativa de la UE que limita las grandes exposiciones a menos de un 25 por ciento del capital de la entidad bancaria. Asegurar el cumplimiento de esta normativa es esencial para minimizar riesgos.

Un seguimiento constante y una supervisión más estricta son necesarios para garantizar la continua resiliencia del sector bancario. Dada la retirada de las medidas de apoyo por la COVID, es clave detectar cualquier deterioro en la calidad de los activos con anticipación. También es importante continuar fortaleciendo la supervisión de liquidez dado el riesgo significativo que conlleva depender en exceso de los depósitos de los no residentes. Fortalecer el papel supervisor de la AFA, dotándola de mayor financiación y personal, ayudaría a avanzar en esta dirección. Además, con la consolidación en curso del sistema bancario, la AFA debería mantenerse alerta ante los efectos negativos derivados de una menor competencia.

Reformas estructurales e inversión para impulsar el crecimiento a mediano plazo

Incrementar el crecimiento potencial de Andorra exige un enfoque holístico que priorice la diversificación de la economía, el fomento de la inversión y el fortalecimiento del capital humano. La economía afronta múltiples retos estructurales, particularmente la difícil accesibilidad geográfica, la escasez de viviendas asequibles y un mercado interno pequeño. La recesión provocada por la pandemia evidenció la vulnerabilidad de la economía andorrana ante los shocks exógenos y la elevada estacionalidad debido a la marcada dependencia de unos pocos sectores económicos y de los países vecinos. Las pérdidas económicas sufridas durante la pandemia son considerables. Las políticas necesarias para diversificar la economía deberían abordarse con un enfoque holístico e incrementar la inversión productiva. Reducir los trámites burocráticos y las rigideces administrativas que dificultan la iniciativa privada, favorecer el acceso a créditos y a fuentes alternativas de financiación, y facilitar los requisitos de inmigración ayudarían a diversificar la economía y a impulsar el crecimiento a mediano plazo. El programa de digitalización en curso es un avance bienvenido en esta dirección. Diseñar las medidas adecuadas para evitar las fricciones y los cuellos de botella, sobre todo en el mercado de la vivienda, ayudará a atraer a trabajadores altamente cualificados. Asimismo, medidas que mejoren la formación favorecerán la acumulación de capital humano. Las negociaciones en curso sobre un Acuerdo de Asociación con la UE tienen el potencial para desbloquear beneficios considerables para la economía andorrana. Dichas reformas facilitarán la inversión en sectores de alto valor añadido. La vulnerabilidad de Andorra ante los fenómenos naturales requiere que se continúe aumentando la resiliencia al cambio climático, a través de acciones que hagan la movilidad y la energía más ecológicas y que reduzcan la dependencia de la energía importada.

Mantener el impulso en la reforma de la gobernanza para fomentar la confianza de los inversores

Fortalecer aún más la gobernanza económica es importante para asentar la presencia de Andorra en los mercados financieros internacionales. Desde que Andorra se incorporó al FMI en octubre de 2020, las autoridades andorranas han hecho grandes avances, cerrando brechas estadísticas y perfeccionando el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante un seguimiento mejorado y más regular de los flujos transfronterizos. Los avances significativos que se han logrado hasta ahora deberían continuar. Los esfuerzos por mejorar la calidad y la cobertura de los datos estadísticos y por conseguir que el marco de anticorrupción en Andorra se equipare a los estándares internacionales deberían persistir. Esto implica ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, trazar una estrategia anticorrupción, avanzar en la reforma del marco de contratación pública y publicar información sobre el beneficiario efectivo. Andorra debe continuar sus esfuerzos para cerrar las brechas estadísticas, adoptando el Sistema General de Divulgación de Datos Reforzado (e-GDDS), mejorando la información de la Balanza de Pagos recientemente creada, y avanzando en la producción de datos estadísticos de la economía real y de los sectores financiero y externo que son necesarios para una supervisión eficaz de la economía.

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La misión agradece a las autoridades y a todas nuestras contrapartes por un diálogo constructivo sobre políticas públicas, por entablar una colaboración productiva y transparente, y por su hospitalidad durante la primera visita oficial del FMI a Andorra.