El informe analiza la forma en que la política fiscal puede fomentar la resiliencia al proteger a los hogares contra grandes pérdidas de empleo y de ingreso. Los gobiernos enfrentan disyuntivas cada vez más difíciles a la hora de abordar las subidas de precios de los alimentos y de la energía cuando los márgenes de maniobra de las políticas prácticamente se han agotado tras dos años de pandemia. Se debe dar prioridad a proteger a los grupos vulnerables con medidas focalizadas de apoyo al tiempo que se mantiene una orientación fiscal restrictiva que ayude a reducir la inflación. Acumular reservas fiscales en épocas normales permitiría a los gobiernos reaccionar de manera rápida y flexible durante las adversidades. Varias herramientas fiscales, como los mecanismos de retención de puestos de trabajo, han servido para preservar el empleo y los ingresos de los trabajadores. Debería ser posible modificar más fácilmente el tamaño de las redes de protección social y mejorar su focalización, aprovechando las tecnologías digitales. El apoyo excepcional a las empresas debe reservarse para situaciones graves, y exige una sólida gestión del riesgo fiscal.