La inversión climática necesaria para evitar una degradación ambiental catastrófica es impactante: se estima en USD 4,5 billones al año para 2030 y aumentará a USD 6 billones al año para 2050. En cambio, hoy en día se gastan simplemente USD 632.000 millones al año. Se trata de unas cifras moderadas, especialmente teniendo en cuenta que en torno al 60% de las necesidades de las economías en desarrollo no se incluyen en sus contribuciones determinadas a nivel nacional, según los compromisos alcanzados en el marco del Acuerdo de París. Así pues, la promesa de contribución de USD 100.000 millones presentada en la COP 15 celebrada en Copenhague en 2009 es vergonzosamente insuficiente.
Además, solo el 7% del financiamiento para el clima se destina actualmente a la resiliencia y la adaptación, si bien la Comisión Global de Adaptación estimó en 2019 que una inversión de USD 1,8 billones en iniciativas como los sistemas de alerta anticipada y las prácticas climáticamente inteligentes durante más de 10 años podían generar USD 7,1 billones en beneficios totales.
Las situaciones difíciles, la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania han dado lugar a una subida de los precios de los alimentos y la energía y al endurecimiento de las condiciones financieras. Estas circunstancias se han sumado a la carga fiscal que soportan las economías de los mercados emergentes y han puesto a prueba su resiliencia socioeconómica y ambiental en un momento en el que las temperaturas están aumentando como nunca. Estos sucesivos acontecimientos han generado una desviación de dinero y recursos de los proyectos de sostenibilidad y una reducción considerable de capital que amenaza con revertir décadas de avances logrados con mucho esfuerzo en materia de desarrollo. El Banco Mundial estima que el cambio climático podría poner en peligro esos avances en materia de desarrollo al sumir a 132 millones de personas en la pobreza para 2030, especialmente en África y Asia meridional.
El costo de la implementación de la agenda climática, en concreto de la adaptación y mitigación, supera con creces los recursos desplegados disponibles. Está claro que se necesitan más fondos. Se considera que, si los bancos multilaterales de desarrollo destinaran todos sus fondos a la transición verde, se recaudaría en torno al 4% del financiamiento necesario (Banco Mundial, 2020). Asimismo, con solo entre el 1% y el 1,5% de los activos mundiales del sector privado, valorados en más de USD 450 billones, se subsanaría el déficit de financiamiento para el clima (CEF, 2021). Las entidades filantrópicas también se encuentran bien posicionadas para prestar ayuda. En los últimos años, los fondos filantrópicos destinados a la acción climática han aumentado rápidamente. En 2020, el financiamiento para la mitigación del cambio climático osciló entre los USD 6.000 millones y los USD 10.000 millones, una cifra que, en perspectiva, es inferior al 2% de todo el financiamiento filantrópico mundial.
Esta urgente necesidad de fondos ha dado lugar al llamamiento internacional para una reestructuración de la arquitectura financiera mundial con el fin de aumentar la acción climática y recaudar inversión privada para los países más necesitados. La Iniciativa de Bridgetown y los marcos de suficiencia de capital del G20 son algunos de los planes más ambiciosos.
El aprovechamiento de las oportunidades financieras y el establecimiento de sinergias entre la acción climática y el desarrollo sostenible impulsaron la preparación de la guía Sharm El-Sheikh Guidebook for Just Financing, que presentó Egipto durante la presidencia de la COP 27. El objetivo de esa guía es ayudar a las partes interesadas a avanzar con mayor eficiencia de las promesas de contribución a la acción identificando a los actores clave, como los proveedores de capital para el clima, y determinando las oportunidades, los riesgos y las posibles asociaciones para un futuro resiliente al clima.
En la guía se introduce la primera definición de "financiamiento justo" para ir más allá de las nociones de justicia climática y transición justa. La iniciativa prioriza a las personas, se centra en la asignación equitativa de beneficios y cargas, y hace hincapié en salvaguardar la dimensión social de la transición hacia un futuro resiliente al clima. En resumidas cuentas, trata de aplicar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas según sus capacidades respectivas abordando las tendencias relativas a la implicación de los países, el acceso, la asequibilidad y la asignación de recursos. También promueve la "adicionalidad" (los beneficios que se atribuyen solamente a una intervención) y el buen gobierno. Junto con los 12 principios rectores correspondientes, el financiamiento justo "representa la responsabilidad histórica por el cambio climático garantizando un acceso equitativo a un financiamiento para el clima suficiente y de calidad para favorecer un desarrollo resiliente sin dejar a nadie atrás".
Se necesitan medidas colectivas y el poder de las asociaciones de múltiples partes interesadas para acelerar la transición hacia un futuro resiliente al clima y con bajas emisiones de carbono. Esto significa que hay que liberar fondos de actores públicos, privados y financieros filantrópicos, e impulsar el financiamiento para el clima destinado a las economías en desarrollo y de mercados emergentes. El problema es que el 77% de las calificaciones crediticias de la deuda soberana de las economías en desarrollo se consideran "sin grado de inversión", por lo que están vinculadas a un riesgo alto. También falta mucha información sobre las oportunidades, el apetito entre los inversionistas y el impacto de las inversiones.
Es indispensable subsanar ese déficit de información tanto para los gobiernos como para los inversionistas, así como para arrojar luz sobre los perfiles de riesgos y beneficios, reducir los costos de transacción, establecer nuevos mecanismos de financiamiento y contribuir a desarrollar proyectos con un gran impacto en los que se pueda invertir y que se ajusten al Acuerdo de París y contribuyan a las prioridades nacionales.
A la hora de pasar a la acción, Egipto es un ejemplo claro con la puesta en marcha de su plataforma nacional para el nexo entre el agua, los alimentos y la energía (NWFE نُوَفِّـــي) durante la COP 27 con el fin de insistir en la identificación del país con el programa y aplicar un enfoque ascendente, programático e impulsado por el país. La plataforma NWFE نُوَفِّـــي (que en árabe significa "cumplir las promesas") introduce el eslabón perdido de los proyectos en los que se puede invertir y subsana la brecha de información. También armoniza las iniciativas y garantiza una interacción sostenible y productiva entre las partes interesadas. A través del diseño, la estructuración y la preparación de proyectos de mitigación y adaptación concretos y viables, la plataforma NWFE logró movilizar financiamiento concesionario y catalizar la inversión privada. Empleó financiamiento innovador, que abarcaba financiamiento combinado y canjes de deuda para la acción climática (Al-Mashat y Berglöf, 2023).
Antes de la COP 28 que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos este año, es importante hacer un balance de las experiencias positivas y promover el intercambio de conocimientos. La guía Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing sirve de referencia para que los países colaboren a la hora de abordar los desafíos relacionados con el clima y catalizar financiamiento para un futuro con bajas emisiones de carbono.
