El 22 de junio de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV
[1]
con Nicaragua, y consideró y aprobó la evaluación del personal técnico
conforme al procedimiento de aprobación tácita por vencimiento, sin
celebrar una reunión
[2].
El desempeño económico en 2016 fue sólido. El PIB creció un 4,7% en
términos reales, respaldado por una fuerte demanda interna, mientras
que la inflación se mantuvo moderada en el 3,1% al final de 2016,
debido en gran medida a la contribución de los precios de los
alimentos.
El déficit fiscal aumentó ligeramente en 2016. Los ingresos tributarios
se incrementaron un 0,7% del PIB en 2016 gracias a mejoras en la
administración tributaria y los efectos de la plena aplicación de la
reforma tributaria de 2012. No obstante, el déficit del sector público
consolidado se amplió ligeramente, pasando de 2,2% en 2015 a 2,4% en
2016, debido a los gastos relacionados con las elecciones, el
incremento de la inversión pública y un mayor deterioro de la posición
financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El
coeficiente de deuda del sector público consolidado aumentó
moderadamente, de 40,7% del PIB en 2015 a 41,9% en 2016.
La posición externa mejoró de forma moderada respecto al año anterior.
Se estima que el déficit en cuenta corriente para 2016 se ha reducido a
8,6% del PIB, frente al 9% registrado en 2015. Esta consolidación se
explica en gran medida por las exportaciones de maquila, que se han
registrado con mayor exactitud gracias a mejoras en la compilación de
estadísticas. El déficit en cuenta corriente siguió financiándose con
inversión extranjera directa (IED) y otras entradas de capital de largo
plazo. A pesar del declive en los influjos de cooperación de Venezuela,
las reservas internacionales brutas se mantuvieron en general estables
en USD 2.300 millones al final de 2016, con una cobertura aproximada de
cuatro meses de importaciones distintas de la maquila.
Las condiciones monetarias y financieras siguieron siendo estables. El
crecimiento del crédito al sector privado disminuyó a 17,4% en 2016,
pero se mantuvo por encima del crecimiento del PIB nominal. Los
indicadores de solidez de los bancos siguen siendo robustos: al final
de 2016, los préstamos en mora representaban menos del 1% de la cartera
total préstamos, y el coeficiente de suficiencia de capital era de
13,5% de los activos ponderados por riesgo.
Se espera que el crecimiento del PIB se modere hasta situarse en su
nivel potencial. La proyección de crecimiento del PIB real para 2017 es
de 4,5%, mientras que se espera que la inflación permanezca anclada por
el régimen de deslizamiento cambiario
en torno al 6%. Según las proyecciones, el déficit del sector público
consolidado se moderará ligeramente hasta situarse en torno al 2,3% del
PIB, lo cual implica mantener una orientación fiscal neutra, acorde con
el ancla fiscal de las autoridades económicas. Se estima que el saldo
en cuenta corriente se mantendrá estable en torno al 8,5% del PIB.
Evaluación del Directorio Ejecutivo
Al concluir la Consulta del Artículo IV de 2017 con Nicaragua, los
directores ejecutivos avalaron la evaluación del personal técnico en
los siguientes términos:
La orientación fiscal es en general adecuada para mantener la
estabilidad macroeconómica a corto plazo, pero es necesario contar con
reservas fiscales para afrontar riesgos. Es probable que la necesidad
de financiar los crecientes déficits del INSS y de asumir el control de
algunos programas sociales financiados actualmente a través de la
cooperación con Venezuela intensifiquen las presiones sobre el gasto en
los próximos años. Además, de aprobarse la ley NICA en Estados Unidos,
sus posibles efectos sobre las finanzas públicas podrían ser de
envergadura, siempre y cuando ésta afecte al crecimiento y la
inversión, así como a las tasas de interés de la deuda pública. El
personal técnico recomienda una consolidación fiscal del 1,6% del PIB,
ejecutada en dos años, para mantener la sostenibilidad fiscal a mediano
plazo. Esto se podría lograr principalmente racionalizando los
subsidios y el gasto tributario, en particular las exenciones del IVA.
La reforma del sistema de seguridad social es prioritaria. Las reservas
líquidas del INSS se agotarán de aquí a 2019, lo cual podría obligar a
aumentar las transferencias públicas para financiar las prestaciones de
jubilación y de salud. Es necesario intervenir con urgencia y aplicar
gradualmente, en la medida de lo posible, una combinación de medidas
para mejorar la sostenibilidad.
A mediano plazo, la política fiscal debería apuntar a mejorar la
resistencia y fortaleza frente a posibles shocks externos. Dados los
riesgos derivados de los efectos de contagio de las políticas
estadounidenses, así como la vulnerabilidad al cambio climático y a los
desastres, la política fiscal debería procurar ser más contracíclica.
Un mejor seguimiento de los riesgos fiscales ayudaría a las autoridades
a calibrar de forma adecuada la posición fiscal. En este sentido, las
iniciativas encaminadas a mejorar la supervisión de las empresas
estatales suponen un gran paso adelante.
Las reservas externas y las reservas financieras deberían reforzarse.
El efecto combinado de la reducción del financiamiento proveniente de
instituciones financieras internacionales, en caso de que se apruebe la
Ley NICA, y de una cooperación de Venezuela cada vez menor, podría
ejercer presiones sobre el mercado de divisas. Teniendo en cuenta el
régimen cambiario, sería recomendable contar con una posición de
reservas más sólida para alcanzar el rango de suficiencia sugerido por
el FMI. Los bancos deberían reforzar aún más sus reservas de liquidez,
capital y provisiones a fin de resguardar la estabilidad financiera de
los posibles efectos de un deterioro de la calidad de los activos, una
subida de las tasas de interés y una caída de las remesas.
Las autoridades deberían subsanar las deficiencias en el perímetro de
supervisión. Todas las entidades de depósito, así como las entidades
no-bancarias de importancia sistémica, deberían estar sujetas a una
supervisión basada en riesgos efectiva y un seguimiento de las medidas
de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Se requieren iniciativas adicionales para reforzar la cooperación
regional en materia de regulación financiera. Asimismo, la metodología
de las pruebas de tensión debe mejorarse aún más, conforme a las
mejores prácticas. El Banco Central de Nicaragua continúa publicando
los estados financieros auditados, de conformidad con la Política sobre
salvaguardias. Sin embargo, la aplicación de las Normas Internacionales
de Información Financiera sigue en curso.
Es importante fortalecer las herramientas de gestión de la liquidez
para profundizar los mercados financieros. Los esfuerzos destinados a
afianzar la gestión de la liquidez a corto plazo deben proseguir,
centrando más la atención en la calibración, la selección de
instrumentos y el seguimiento de la evolución de la liquidez. La
introducción de una tasa de política monetaria a corto plazo y un
corredor de referencia reducirá la volatilidad de la tasa de interés,
permitirá la profundización de los mercados financieros y es posible
que, a la larga, sirva para amortiguar shocks externos. La
intensificación del efecto negativo de un shock externo sobre el
producto, la competitividad y las exportaciones debe ponderarse
detenidamente con respecto al ancla de estabilidad de precios que
proporciona el régimen de tipo de cambio móvil.
Mejoras adicionales de la competitividad reducirían la vulnerabilidad
frente a shocks externos y propiciarían una transformación estructural.
Algunas de las medidas clave en este sentido consisten en mantener la
inversión en infraestructura, fomentar el desarrollo del capital humano
y eliminar los obstáculos relacionados con las aptitudes de la fuerza
laboral.
Es necesario que las autoridades sigan mejorando la calidad de los
datos y el alcance de las estadísticas macroeconómicas. Los avances
recientes han sido significativos. No obstante, hay que redoblar
esfuerzos para afianzar las estadísticas básicas, completar el cambio
de base de las cuentas nacionales y mejorar la calidad de los datos
mediante la aplicación de las metodologías de compilación del FMI.