El 30 de mayo de 2018, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV con Honduras.
[1]
Honduras concluyó con éxito su programa económico para el período
2014-2017 respaldado por el Fondo. El programa fue fundamental para
restablecer la confianza de los inversionistas y reducir los
desequilibrios macroeconómicos. Adicionalmente, favoreció a la
implementación de importantes reformas estructurales tales como la
modernización del marco de política fiscal que ahora está fundamentado
en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
La economía creció un 4¾ por ciento en 2017, por encima de las
expectativas, impulsada por la demanda interna, principalmente por el
consumo privado, a su vez respaldado por los flujos récord de remesas y
por la inversión pública. La inflación alcanzó 4¾ por ciento (3¼ por
ciento en 2016) explicado por factores de demanda interna y el aumento
de los precios del petróleo. La posición externa de Honduras se mantuvo
solida evidenciada en un saldo de reservas internacionales equivalente
a 5.3 meses de importaciones de bienes y servicios al cierre de 2017,
niveles de cobertura considerados adecuados por el FMI.
El déficit fiscal aumentó levemente de ½ por ciento del PIB en 2016 a ¾
por ciento del PIB en 2017, por debajo del techo de la LRF (1½ por
ciento del PIB). Los ingresos públicos incrementaron un ½ por ciento
del PIB por las ganancias extraordinarias derivadas de una serie de
amnistías tributarias otorgadas después de la introducción del nuevo
código tributario.
La postura de política monetaria en 2017 influenció el aumento de 9½
por ciento del crédito a la economía. Adicionalmente, en 2017 se
realizaron avances en la modernización del marco operacional de la
política cambiaria que consistió en la reducción gradual del
requerimiento de entrega de divisas por parte de los agentes cambiarios
al BCH, los que se han reducido en 20 por ciento a la fecha. Los
indicadores financieros muestran la solidez del sistema bancario. Al
final de 2017, el coeficiente de adecuación de capital de los bancos
fue de 13¾ por ciento, por encima del mínimo regulatorio y el índice de
préstamos en mora se ubicó en mínimos históricos (2¼ por ciento al
final de 2017).
En 2018-19, se espera que el crecimiento esté alrededor del 3¾ por
ciento, explicado en parte por condiciones externas menos favorables.
El déficit fiscal se mantendría por debajo del límite máximo
establecido en la LRF, lo que refleja la intención de las autoridades
de priorizar el control del incremento de la deuda pública. El déficit
de la cuenta corriente se ubicaría en alrededor de 4 por ciento del PIB
en 2018 y 2019, resultado de la moderación en el crecimiento de las
remesas, menores precios del café y aumento en los del petróleo.
Los riesgos claves incluyen condiciones financieras globales más
restrictivas, debido a la normalización de la política monetaria de
EE.UU. y políticas de migración más restrictivas en los EU. UU.
Adicionalmente, Honduras es vulnerable a la polarización política
interna y a un debilitamiento del marco institucional.
Evaluación del Directorio Ejecutivo
[2]
Los Directores Ejecutivos elogiaron a las autoridades por la exitosa
conclusión del programa respaldado por el Fondo y señalaron como
grandes avances del programa, la reducción de los desequilibrios
macroeconómicos y las mejoras institucionales, en particular el
establecimiento de la LRF, avances que fueron críticos para la actual
perspectiva favorable a mediano plazo. A futuro, los directores
señalaron la importancia de reformas más profundas para consolidar la
estabilidad macroeconómica y colocar a Honduras en una ruta de
crecimiento sostenido e inclusivo.
Los directores respaldaron las políticas macroeconómicas de corto plazo
de las autoridades, en especial, el compromiso de mantener una postura
fiscal más prudente que la exigida por la LRF, que enviará una señal
importante del compromiso del gobierno de mantener la estabilidad
macroeconómica. Los directores reconocieron además la disposición de
las autoridades del BCH de tomar las medidas de política monetaria
necesarias, para anclar las expectativas de inflación y contribuir a la
estabilidad de precios. Los directores hicieron énfasis en que dicha
combinación de políticas es particularmente importante dados los
riesgos al alza, derivados del endurecimiento de las condiciones
financieras internacionales, el empeoramiento de los términos de
intercambio y las incertidumbres relacionadas con las políticas de
inmigración en el extranjero.
Los directores hicieron hincapié en la necesidad de continuar las
ambiciosas reformas fiscales y los esfuerzos de movilización de
ingresos tributarios para impulsar el crecimiento potencial, ampliar
más la red de protección social y reducir la pobreza. Reconocieron los
resultados positivos del programa de transferencias monetarias
condicionadas y su expansión prevista dentro de los límites de la LRF.
Sugirieron además una revisión exhaustiva de las exenciones tributarias
y una racionalización de los gastos. Los directores advirtieron sobre
los efectos adversos de las reiteradas amnistías fiscales sobre el
cumplimiento tributario y los esfuerzos de movilización de ingresos y
afirmaron que es fundamental que se realicen esfuerzos más firmes para
resolver la situación financiera de la compañía estatal eléctrica
(ENEE), optimizar el tamaño de la masa salarial y mejorar la
transparencia y la eficiencia del gasto público.
Los directores reconocieron el progreso realizado hacia la
modernización de la política monetaria, incluidas las reducciones en
los requerimientos de entrega de divisas al BCH y la introducción de
transacciones colateralizadas en el mercado interbancario.
Adicionalmente, recomendaron acelerar la aprobación de la nueva Ley del
Banco Central para establecer la inflación como objetivo primordial de
la política monetaria; continuar con los esfuerzos para profundizar los
mercados de dinero y divisas y apoyar el desarrollo del mercado
nacional de capitales, así como seguir desarrollando el mercado
cambiario con el propósito de respaldar la transición hacia un régimen
cambiario más flexible, que sirva como mecanismo de ajuste contra
choques externos.
Los directores reconocieron con satisfacción la estabilidad del sistema
bancario y elogiaron el progreso realizado hacia la adopción de los
estándares de Basilea III. Recomendaron la implementación sostenida de
las recomendaciones de la misión de Revisión de la Estabilidad del
Sector Financiero realizada en el 2016 por el FMI. Con relación a lo
anterior, sugirieron un continuo monitoreo de la deuda de los hogares,
concentración en créditos de consumo de las carteras de los fondos
públicos de pensiones, así como de la expansión de los bancos de
desarrollo hacia operaciones financieras de primer piso e hicieron
hincapié en un mayor fortalecimiento del marco sobre Lavado de Dinero y
Financiamiento Contra el Terrorismo.
Los directores resaltaron la necesidad de implementar reformas del lado
de la oferta para impulsar la competitividad, el crecimiento y la
creación de empleo. Señalaron que fortalecer el estado de derecho es
fundamental para mejorar el ambiente de negocios. Los directores
reconocieron el progreso continuo en la lucha contra la corrupción en
colaboración con agencias internacionales y recomendaron mejorar la
transparencia del régimen actual de divulgación de activos de los
funcionarios públicos. Los directores hicieron énfasis en continuar los
esfuerzos para simplificar y facilitar los emprendimientos e
iniciativas del sector privado.
Los directores destacaron la importancia de actualizar las estadísticas
nacionales para una formulación de políticas efectiva y reconocieron el
progreso realizado por las autoridades en este tema.