La aprobación de la ley de reforma fiscal fue un paso crítico para el
restablecimiento de la sostenibilidad fiscal. En vista de la difícil
coyuntura externa y las altas necesidades de financiamiento fiscal a
corto plazo,
la plena y oportuna implementación de la reforma fiscal debe ser un
elemento central del programa de políticas. Para reducir las
necesidades de financiamiento a corto plazo y ayudar a que la deuda se
reduzca más rápidamente, se recomienda una consolidación fiscal
adicional, acompañada de medidas para proteger a los sectores más
vulnerables. Otros aspectos del programa de políticas son los
siguientes: continuar con una política monetaria prospectiva y a la vez
incrementar su transparencia y preservar la flexibilidad del tipo de
cambio; reforzar la resiliencia financiera; y aprovechar el proceso de
adhesión a la OCDE para fomentar la competitividad y el crecimiento
inclusivo mediante reformas estructurales.
Contexto
1. Costa Rica enfrentó múltiples choques en 2018, lo que llevó a una
moderación del crecimiento y a un aumento del desempleo. Para 2018 se estima que el crecimiento se desaceleró a 2,7 por ciento,
debido al impacto de la huelga del sector público, la situación en
Nicaragua, el alza de las tasas de interés internacionales, condiciones
financieras internas más restrictivas, y la incertidumbre en torno a la
reforma fiscal. Como consecuencia de esto, y también de un marcado
incremento en la tasa de participación laboral, la tasa de desempleo
aumentó a 12 por ciento en el cuarto trimestre de 2018, y la
correspondiente a los jóvenes superó el 30 por ciento.
2. La aprobación de la ley de reforma fiscal fue un paso crítico,
pero el mercado reaccionó con cautela y los costos de
financiamiento siguen siendo altos.
La reforma fiscal ha venido gestándose durante casi dos décadas, y
la discusión del proyecto de ley condujo a una huelga del sector
público que duró tres meses hasta su aprobación final en diciembre
de 2018. Sin embargo, poco después de la aprobación de la ley, tres
entidades calificadoras de riesgo rebajaron la calificación del
crédito soberano de Costa Rica y anunciaron perspectivas negativas
para el país, citando el continuo deterioro de la dinámica de la
deuda y desafíos significativos en materia de financiamiento en el
corto plazo. Los mercados locales han empezado a normalizarse, y
eso le ha permitido al gobierno conseguir financiamiento a mayores
plazos y canjear parte de la deuda con vencimiento en el corto
plazo por vencimientos más largos, aunque con una tasa de interés
en dólares superior al 9 por ciento. El índice EMBI permanece por
encima de 450 puntos básicos.
3. El gobierno es consciente de los desafíos y está trabajando en
una amplia gama de reformas para complementar el paquete fiscal
y estimular el crecimiento económico.
Las autoridades han solicitado aprobación legislativa para emitir
“eurobonos” y están gestionando financiamiento multilateral. Acceso
al financiamiento externo aliviaría la presión sobre el mercado de
deuda local, reduciría los costos de financiamiento y mejoraría el
perfil de la deuda. Asimismo, el gobierno está planeando reformas
relacionadas con el empleo público, exenciones fiscales y
administración pública. Para fomentar la competitividad y el
empleo, el gobierno está trabajando en una serie de medidas
estructurales complementadas por el proceso de adhesión a la OCDE.
En este contexto, la creación de una comisión especial en la
Asamblea Legislativa dedicada exclusivamente a la legislación
relacionada con el proceso de adhesión es una señal positiva del
consenso político en torno a la importancia del proceso.
Perspectivas y riesgos
4. Se prevé que el crecimiento permanezca moderado a corto plazo y
que a mediano plazo aumente hacia su nivel potencial.
Se espera que debido a la consolidación fiscal y las condiciones
financieras restrictivas el crecimiento siga siendo moderado en
2019-20 (alrededor de 2¾-3 por ciento), a pesar de un repunte de la
inversión pública, los efectos base relacionados con la huelga del
sector público de 2018 y la mejora de los términos de intercambio.
A mediano plazo, los efectos positivos en la confianza y el
progreso de las reformas estructurales, incluyendo las relacionadas
con la adhesión a la OCDE, deberían reducir las primas de riesgo y
estimular la inversión, empujando el crecimiento al 3½ por ciento.
Se espera que la inflación permanezca dentro del rango meta.
5. Los riesgos para el crecimiento están sesgados a la baja.
Entre los principales riesgos a la baja están una implementación
parcial de la reforma fiscal, un agravamiento de las tensiones
comerciales internacionales y un marcado endurecimiento de las
condiciones financieras globales. La materialización de cualquiera
de estos riesgos podría repercutir negativamente en Costa Rica al
deteriorarse repentinamente la actitud de los inversionistas, lo
cual provocaría salidas de capital, presiones sobre el tipo de
cambio, una escalada de las tasas de interés y dificultades de
financiamiento.
Restablecer la sostenibilidad fiscal
6. La reforma fiscal es un paso crítico para restablecer la
sostenibilidad fiscal, pero es fundamental que se implemente en
su totalidad y de forma oportuna.
Se prevé que la reforma —que comprende la conversión del impuesto
general sobre las ventas en un impuesto sobre el valor agregado
(IVA), un aumento de los impuestos sobre la renta, una moderación
salarial y una regla fiscal que frene el crecimiento del gasto—
genere un ahorro equivalente a aproximadamente 4 por ciento del PIB
en el período 2018-23. Además, debería mejorar la progresividad del
sistema tributario y posiblemente reduciría la desigualdad.
7. Se recomienda un ajuste adicional de alrededor de ¾ por ciento
del PIB para reducir aún más la deuda y atenuar las presiones
financieras en el corto plazo. La reforma fiscal permitirá que la deuda del
gobierno central se sitúe en 61½ por ciento del PIB en 2023, para
después disminuir gradualmente. Sin embargo, el gobierno aún
enfrenta necesidades de financiamiento considerables en el corto
plazo. Esto, sumado a la necesidad de recomponer el espacio fiscal
para hacer frente a potenciales choques y cuantiosos pasivos
contingentes (por ejemplo, pensiones), hace vislumbrar la necesidad
de adoptar medidas fiscales adicionales, concentrándolas en la
etapa inicial, para reducir las necesidades de financiamiento y
mejorar la confianza del mercado. El personal técnico del FMI
estima que se necesita un ajuste adicional de ¾ por ciento del GDP
en el período 2019-20 para encauzar la deuda por una firme
trayectoria descendente de modo que para 2030 alcance 50 por ciento
del PIB, cifra acorde con los estudios sobre niveles de deuda
sostenible en los mercados emergentes.
8. Dado que la reforma fiscal se basa en su mayor parte en medidas
de gasto y que la relación impuestos/PIB de Costa Rica es
relativamente baja, el ajuste adicional debería apuntalarse con
medidas de ingreso adecuadamente concebidas, al mismo tiempo
que se protege a los sectores más vulnerables.
Algunas de esas medidas podrían ser las siguientes:
-
Elevar la tasa del IVA
de 13 por ciento a 15 por ciento, más cercano a las normas
regionales y al promedio de la OECD de 19 por ciento.
-
Incrementar los impuestos sobre la propiedad
, cuya recaudación se sitúa en aproximadamente la mitad del
promedio de América Latina, siempre y cuando se diseñe de forma tal
que beneficie las finanzas del gobierno central.
-
Reducir el umbral de exoneración del impuesto sobre la renta de
las personas físicas
, que en la actualidad es equivalente a alrededor del doble del
salario medio, lo cual limita la capacidad redistributiva de la
política tributaria.
-
Incrementar los impuestos selectivos sobre bienes y servicios.
-
Gravar los excedentes de las cooperativas.
9. Las autoridades deben complementar las medidas recientes con
otras para mejorar aún más la eficiencia y la calidad del gasto
público, simplificar la gestión de la deuda y fortalecer el
marco institucional, lo que permitiría que la política fiscal
contribuya mejor al crecimiento y la equidad:
-
Mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público
. La reforma fiscal eliminó de manera significativa la afectación
de ingresos a destinos específicos, mejorando el control del
presupuesto. La baja eficiencia del gasto público —particularmente
en protección social y educación— apunta a la necesidad de
emprender reformas basadas en resultados. El personal técnico del
FMI considera positivos los planes de utilizar tarjetas de débito
como instrumento para canalizar todas las transferencias de
efectivo a los hogares de bajos ingresos. El equipo técnico
recomienda una focalización y coordinación más eficaz de los
programas de asistencia social para mejorar la protección a los
sectores más vulnerables, especialmente en el contexto de las
reformas tributarias en curso.
-
Simplificar la gestión de la deuda pública
. Las autoridades han creado un grupo interinstitucional para
mejorar la coordinación y la división de labores entre los
diferentes responsables de la gestión de la deuda. El personal del
FMI aconseja utilizar solo mecanismos de mercado a medida que
mejoren las condiciones de financiamiento, fortalecer el
descubrimiento de precios y mejorar la comunicación con los
mercados.
-
Introducir un marco plurianual de gasto y un consejo fiscal
. La Asamblea Legislativa está en proceso de aprobación de una
reforma constitucional para introducir un marco plurianual de
gasto. Además, las autoridades están tomando medidas para crear un
consejo fiscal. Un consejo fiscal independiente podría evitar
posibles conflictos entre el Ministerio de Hacienda y la
Contraloría General de la República —que comparten la
responsabilidad de aplicar la regla fiscal— y podría actuar como
órgano de vigilancia. Además, el personal técnico del FMI
recomienda la implementación del marco plurianual consistente con
las mejores prácticas internacionales, algo que ha demostrado ser
una herramienta eficaz que ha permitido a los países de la OCDE
controlar el gasto público a mediano plazo.
Mantener una política monetaria prospectiva y mejorar su transparencia
10. La orientación de la política monetaria es adecuada, y debe
continuar siendo prospectiva. La orientación levemente acomodaticia es adecuada en vista de la
proyectada brecha negativa del producto y de la inflación
persistentemente situada en el límite inferior del rango meta. En
adelante, la política monetaria tendrá que seguir siendo
prospectiva y equilibrar los riesgos a la baja, derivados de la
desaceleración de la actividad económica, y los riesgos al alza,
relacionados con un marcado endurecimiento de las condiciones
financieras. Si el crecimiento es inferior a lo previsto, hay
margen para un mayor estímulo monetario, pero ese margen se vería
limitado si al mismo tiempo surgen presiones fiscales o financieras
que provoquen un deterioro repentino de la actitud de los
inversionistas, salidas de capital y presiones sobre el tipo de
cambio.
11. Las autoridades han logrado avances importantes para afianzar
la credibilidad del marco de metas de inflación.
El personal técnico del FMI considera positivas: (i) la
aprobación de la ley para desvincular la designación del presidente
del banco central del ciclo político y para aclarar las reglas y
los motivos de remoción; y (ii) la mayor flexibilización del tipo
de cambio desde septiembre de 2018, y un uso limitado de
intervenciones cambiarias para hacer frente a episodios de fuerte
volatilidad del tipo de cambio. Para hacer más transparente la
política monetaria se recomienda publicar el calendario de las
reuniones sobre política monetaria y las respectivas actas.
Reforzar la resiliencia del sector financiero
12. Las pruebas de tensión indican que el sistema bancario está
debidamente capitalizado para absorber choques significativos,
pero sigue siendo importante vigilar y abordar las
vulnerabilidades financieras.
Estas últimas están relacionadas con la alta proporción de
préstamos en moneda extranjera concedidos a prestatarios no
generadores de divisas; los elevados pasivos externos netos de los
bancos; el marcado aumento del endeudamiento de los hogares; y la
fuerte exposición al riesgo soberano. A fin de seguir incentivando
la desdolarización, el personal técnico recomienda: (i) revertir
todas las medidas introducidas en junio de 2018 con las que se
relajaron los requisitos para préstamos en moneda extranjera; (ii)
introducir encajes legales diferenciados por tipo de moneda; (iii)
imponer nuevos requerimientos de capital en función de la expansión
de crédito a prestatarios no generadores de divisas; y (iv)
conceder a los bancos privados acceso más competitivo al mercado de
depósitos en moneda nacional.
13.
El personal del FMI elogia los planes del gobierno de impulsar reformas
en el sector financiero alineadas con las recomendaciones de la
Revisión de la Estabilidad del Sistema Financiero de 2018.
Las reformas planeadas por las autoridades a la supervisión consolidada
proporcionan a SUGEF y a CONASSIF herramientas de supervisión esenciales.
Además, fortalecen las reglas de competencia y probidad y ofrecen
protección legal a los supervisores para que cumplan con sus
responsabilidades. La misión recomienda su aprobación expedita. El personal
del FMI ve con beneplácito la implementación por parte del BCCR de un
mecanismo de liquidez de emergencia y recomienda esfuerzos adicionales para
establecer protocolos de gestión de crisis. Es importante la aprobación
rápida del proyecto de ley que establece un fondo de garantía de depósitos.
Además, el personal técnico recomienda considerar la posibilidad de
eliminar la garantía para depósitos en bancos estatales para promover
reglas de juego uniformes para todos los bancos.
Fomentar la competitividad y la inclusión mediante reformas
estructurales
14. Se necesitan reformas estructurales para fomentar la competitividad y la
inclusión, y las autoridades están desarrollando una agenda con este
propósito. Costa Rica presenta puntajes favorables en muchos indicadores
empresariales y sigue siendo un líder regional a la hora de atraer
inversión extranjera directa. No obstante, se necesitan más medidas para
mejorar la competitividad y reducir la desigualdad. El personal técnico del
FMI acoge favorablemente los planes del gobierno para fortalecer el
crecimiento potencial y el consenso político sobre el proceso de adhesión a
la OCDE, y subraya la importancia de aprovechar dicho proceso para ejecutar
reformas estructurales más amplias. Muchos de los planes aún tienen que
cristalizarse en políticas concretas, y sigue estando pendiente una
evaluación de su impacto fiscal. El personal técnico considera que es
prioritario promover la participación femenina en la fuerza laboral—por
ejemplo, mediante la expansión del cuidado infantil—y abordar las
deficiencias en la infraestructura de transporte. Asimismo, el personal
técnico se suma a la recomendación de la OCDE de emprender un examen
profundo de sectores clave (por ejemplo, el de la electricidad) que están
exentos de la ley de competencia, y de adoptar medidas para fomentar la
competencia en el sector bancario.