El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó
el 15 de Julio un Acuerdo Stand-By
por DEG 149.88 millones (aproximadamente USD 207,35 millones) y un acuerdo
en el marco del Servicio de Crédito Stand-By (SCS) por DEG 74.94 millones
(aproximadamente USD 103,78 millones) a favor de Honduras, por un monto
total de DEG 224,8 millones, aproximadamente (USD 311 millones o 90% de la
cuota de Honduras). Las autoridades tienen la intención de asignar al
acuerdo carácter precautorio. Estos acuerdos brindan apoyo al programa de
reforma económica e institucional del gobierno de Honduras en los próximos
dos años.
Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo, el Subdirector
Gerente y Presidente Interino del Directorio, Mitsuhiro Furusawa, realizó
la siguiente declaración:
“Las autoridades hondureñas están ejecutando un programa integral de
medidas económicas y reformas que tienen por objeto preservar la
estabilidad macroeconómica, reducir vulnerabilidades, proteger a los más
vulnerables y fomentar el crecimiento inclusivo.
“El objetivo fundamental del programa es afianzar la posición fiscal y a la
vez proteger la inversión y el gasto social. La aplicación de la Ley de
Responsabilidad Fiscal debe ir acompañada de reformas decisivas para
resolver desafíos estructurales en el sector de la electricidad y nuevos
esfuerzos de movilización de ingresos, incluyendo la revisión de
exoneraciones fiscales. Estas reformas ayudarán a reducir la brecha de
infraestructura e incrementar el gasto social, y al mismo tiempo,
garantizar la sustentabilidad fiscal.
“Las reformas en el sector energético tienen por objeto mejorar la
eficiencia del suministro de electricidad, promover la inversión y afianzar
la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Estas incluirán cambios en el marco institucional, un mecanismo para
establecer tarifas de electricidad por parte de un organismo regulador
independiente y reformas operativas y de gobernanza en la ENEE. Las
autoridades han introducido subsidios para proteger a los más vulnerables
de ajustes tarifarios.
“Se ha asignado prioridad a mejorar la gobernanza y la transparencia, y
continuar la lucha contra la corrupción. Los esfuerzos se dirigirán a
mejorar el marco macroeconómico, incrementar la calidad del gasto publico y
fortalecer el estado de derecho – fundamental para mejorar el clima de
negocios y fomentar la inversión y el empleo.
“La política monetaria continuará enfocándose en controlar la inflación.
Las reformas apuntarán a fortalecer las instituciones monetarias y
financieras para apoyar la transición a un régimen de metas de inflación,
incluso mediante la adopción de un régimen de tipo de cambio más flexible.
La vigilancia en el sector financiero deberá continuar, dado el crecimiento
del crédito en moneda extranjera.
“El programa también promueve iniciativas para proteger a los pobres y
fomentar la igualdad de género. Define el gasto social prioritario que se
protegerá en los próximos años; e incluye un conjunto de intervenciones de
alto impacto con el fin de aliviar la pobreza, promover la inversión en
capital humano y apoyar la participación de la mujer en la actividad
empresarial y en los mercados de trabajo, factores que son críticos para el
crecimiento a largo plazo.”