Washington, DC: El 11 de noviembre de 2020,
el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)
concluyó la Consulta del Artículo IV
[1]
con España.
La pandemia de COVID-19 ha afectado profundamente a la economía y la
sociedad de España, tras cinco años de fuerte crecimiento generador de
empleo. En el primer semestre del año, España sufría la mayor
contracción (12,8%) entre las grandes economías avanzadas. La magnitud
de la caída refleja la escala de la propagación de los contagios, que
exigió medidas estrictas de confinamiento, y las características
estructurales que hacen que la economía sea más vulnerable ante
disrupciones, como el gran predominio de pequeñas y medianas empresas,
la importancia del turismo y el uso generalizado de los contratos
temporales. El relajamiento gradual de las medidas de confinamiento
insufló algo de vida a la actividad durante el verano, pero la gravedad
de la segunda ola de contagios es preocupante.
Un paquete de medidas de mantenimiento de rentas y apoyo a la liquidez
ha contenido los efectos económicos de la pandemia. El régimen de
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha sido fundamental
para limitar el impacto sobre el desempleo. El sector bancario
—respaldado por medidas de política como avales con fondos públicos y
la política monetaria expansiva del BCE— ha continuado su apoyo a la
economía real con actividades de intermediación de crédito, a
diferencia de la crisis financiera mundial. Mitigar el impacto sobre la
economía está afectando significativamente las finanzas públicas: se
espera que el coeficiente de deuda pública aumente hasta
aproximadamente el 120% del PIB en 2020.
En el marco de un escenario de referencia sin nuevas medidas estrictas
de confinamiento generalizadas, se prevé que la actividad se contraiga
aproximadamente un 12% en 2020, y que se recupere parcialmente en 2021
en aproximadamente un 7%. La recuperación depende de un fuerte repunte
del consumo privado y un incremento sustancial de la inversión pública
financiada principalmente con fondos anticipados por el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia de la UE (MRR). La incertidumbre sobre las
perspectivas es muy elevada. Los riesgos se decantan marcadamente a la
baja, y dependerán fundamentalmente de la contención de la segunda ola
de contagios, del tamaño, los plazos y la composición del gasto
adicional financiado por la UE, así como del éxito de las medidas de
política en la mitigación de las cicatrices sobre el tejido productivo.
Evaluación del Directorio Ejecutivo
[2]
Los directores ejecutivos observaron que la pandemia de COVID-19 ha
afectado profundamente a la economía y la sociedad de España,
provocando la trágica pérdida de vidas, el aumento del desempleo y una
pronunciada recesión económica. La recuperación será dilatada y estará
sujeta a importantes riesgos e incertidumbre. Las perspectivas a corto
plazo dependerán fundamentalmente de la efectividad de las nuevas
medidas de contención y la preparación del sistema sanitario.
Los directores elogiaron a las autoridades por su rápida y contundente
implementación de medidas de mantenimiento de rentas y apoyo a la
liquidez para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia.
Subrayaron la importancia de continuar con las medidas de apoyo de
política económica hasta que la recuperación se encuentre firmemente
encauzada, al mismo tiempo que se mantiene la flexibilidad para adaptar
ese apoyo a la evolución de los acontecimientos. Los directores
coincidieron en que, a medida que la pandemia retroceda, el apoyo
fiscal deberá focalizarse cada vez más en los grupos vulnerables y las
empresas viables, facilitando la reasignación de recursos hacia
sectores en expansión.
Los directores subrayaron la urgencia de abordar las vulnerabilidades
del sector empresarial. Recomendaron priorizar el apoyo de capital
focalizado en las empresas viables, con una estrategia de salida bien
diseñada. Alentaron a que continúen los esfuerzos para fortalecer los
marcos de resolución de deuda privada y ampliar la capacidad de los
juzgados de lo mercantil.
Los directores observaron la fortaleza del sistema financiero, que ha
contribuido a mitigar el impacto de la crisis. Hicieron hincapié en la
necesidad de mantener una sólida supervisión, junto con medidas de
alivio y políticas prudentes en materia de dividendos. Los directores
celebraron los esfuerzos para fortalecer el marco de lucha contra el
lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (LFT).
También alentaron a que se potencien los marcos de gestión de crisis,
tanto a nivel nacional como europeo, abordando las carencias existentes
en los regímenes de resolución y liquidación.
Los directores celebraron la intención de las autoridades de utilizar
fondos europeos para respaldar la recuperación económica a corto plazo
y fomentar un cambio estructural hacia una economía más productiva, más
verde y digital, en consonancia con las prioridades de política de los
planes de recuperación nacionales. Subrayaron la necesidad de
eficiencia en la coordinación, la ejecución y la supervisión de los
planes.
Los directores coincidieron en que, a medio plazo, será necesaria la
consolidación fiscal para reconstruir los colchones fiscales y situar
la deuda en una senda a la baja. Celebraron los esfuerzos en curso para
mejorar la progresividad de los impuestos y la capacidad de recaudación
de impuestos, y alentaron nuevas reformas del sistema de pensiones.
Los directores observaron que la pandemia ha agravado las ya altas
disparidades socioeconómicas en España. Celebraron los esfuerzos para
fortalecer la red de seguridad en el ámbito social con la introducción
del régimen de ingreso mínimo. Alentaron una mayor recapacitación y
rentrenamiento para los trabajadores desplazados, la actualización de
las prestaciones por desempleo, que se aborde la dualidad del mercado
laboral y la mejora de la igualdad de género.