El Canal de Panamá con el Puente Centenario al fondo. La pandemia ha pasado factura al comercio en Centroamérica. (foto: Lokibaho by Getty Images)
17 de diciembre de 2020
La COVID-19 no ha perdonado a Centroamérica. Los casos confirmados se han multiplicado hasta muy por encima de los 600.000 en noviembre, y el número de muertos supera los 14.000.
Los países han adoptado con rapidez medidas de contención, siendo las más estrictas las del Triángulo Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras, en una situación de capacidad deficiente de rastreo y pruebas de detección y de limitado acceso a servicios básicos de salud. La capacidad hospitalaria y los equipos de protección insuficientes, el elevado nivel de pobreza y, en algunos casos, la alta densidad de población de las ciudades han empeorado el número de pérdidas humanas. Los bajos niveles de pruebas de detección y la escasa información en algunos países sugieren que la situación podría ser incluso peor de lo que afirman las estadísticas oficiales.
Las pérdidas económicas también han sido grandes. El shock comercial ha sido especialmente fuerte en El Salvador, Nicaragua y Panamá (debido a la fuerte caída de los ingresos derivada del menor tráfico en el Canal).
Las llegadas de turistas cayeron con fuerza en Costa Rica y en la República Dominicana, donde los ingresos por turismo representaban entre el 6 y el 10 por ciento del PIB antes de la pandemia.
En promedio, los confinamientos son la causa de aproximadamente el 70 por ciento de la desaceleración, sobre todo en Panamá, El Salvador y la República Dominicana, como consecuencia de la combinación de la aplicación de medidas de contención más duras y del porcentaje más alto de sectores de contacto intensivo.
Temporada de huracanes
Varios desastres naturales se han sumado a la destrucción económica y han aumentado el riesgo de que empeore la pandemia: dos tormentas tropicales en junio en El Salvador; una grave sequía en Hondura; y recientemente dos huracanes consecutivos de categoría 4 que afectaron con especial dureza a Nicaragua, Guatemala y Honduras.
Diversos factores han contribuido a mitigar el doble shock climático y sanitario, en especial el buen desempeño agrícola y, desde mayo, el importante repunte de las remesas, de las que dependen considerablemente muchos países centroamericanos. El descenso de los precios del petróleo ha beneficiado a la región, que es importadora neta. Las exportaciones de equipos médicos han compensado en parte la caída del turismo en Costa Rica.
No obstante, es poco probable que el turismo y el comercio vuelvan pronto a los niveles anteriores a la pandemia, por lo que se proyecta que el PIB real se contraiga con fuerza en 2020, en cerca de un 6 por ciento, entre un -2 por ciento en Guatemala y un 9 por ciento en El Salvador y Panamá. La velocidad de recuperación dependerá de la exposición de los países a la economía mundial; la dureza de las medidas de contención con el aumento de los contagios; la disponibilidad de vacunas; y su capacidad de mantener políticas de apoyo. El impacto económico de los últimos desastres naturales, que todavía se está evaluando, podría reducir aún más estas estimaciones.
Más con menos
El gran apoyo fiscal y monetario ha contribuido a mitigar el impacto económico y social. La mayoría de los países han aumentado el gasto con la ampliación de los subsidios y las transferencias para llegar al sector informal, que representa más del 60 por ciento del empleo en algunos países (por ejemplo, en Guatemala y Honduras). Los países han otorgado medidas de alivio tributario temporales a los principales sectores económicos y han proporcionado apoyo de liquidez y alivio crediticio mediante recortes de tasas, servicios de préstamo, garantías de crédito y requisitos regulatorios menos estrictos.
El costo fiscal de estas medidas ha sido importante, restringiendo las finanzas públicas, que ya estaban bajo presión, y aumentando la deuda pública. Sin embargo, el apoyo focalizado tendrá que continuar para resolver la emergencia sanitaria, respaldar la incipiente recuperación y evitar que los ya elevados niveles de pobreza, desigualdad y desempleo aumenten aún más.
La asistencia financiera de emergencia del FMI y otras instituciones multilaterales ha proporcionado alivio temporal, y la mayoría de los países emiten deuda en los mercados internacionales. Pero las necesidades de financiamiento son grandes, de un promedio del 9 por ciento del PIB en los próximos tres años, en una situación de endurecimiento de las condiciones de financiamiento. Algunos países ya se han acercado al FMI para solicitar más apoyo; este respaldo podría movilizar financiamiento y anclar los programas de ajuste de estos países.
El camino por delante
En el futuro, será necesario llevar a cabo la consolidación fiscal para reconstruir la salud financiera de los países, y será fundamental un amplio diálogo político y social para elaborar planes graduales, transparentes y sostenibles a mediano plazo. Deben reordenarse las prioridades de gasto para encauzarlo en redes de protección social focalizadas que protejan a la población vulnerable, y en inversiones públicas eficientes en salud, educación, infraestructuras y tecnología que disminuyan la brecha de competencias e infraestructuras existente y fortalezcan la resiliencia ante shocks futuros.
Las medidas de política macroeconómica tendrán que ser complementadas con ambiciosas reformas estructurales que impulsen la competitividad y aumenten el potencial de crecimiento, reduzcan la inestabilidad y la informalidad, respalden una recuperación fuerte y verde y mejoren la resiliencia ante los shocks climáticos. Las autoridades regionales ya se están moviendo en esa dirección, y preparan un plan de reconstrucción que priorice el financiamiento de proyectos para la adaptación y la respuesta a los efectos del cambio climático.
Deberá prestarse atención al sistema financiero, ya que las pérdidas de empleo y los cierres de empresas generalizados probablemente afecten la salud de los bancos. Las autoridades de supervisión tendrán que fomentar un uso flexible de las reservas de capital y liquidez que esté acorde con los estándares internacionales, además de monitorear estrechamente los riesgos para la estabilidad financiera y prepararse para desplegar medidas de apoyo cuando sean pertinentes.
A medida que se recupere de la emergencia sanitaria, la región afrontará diversos retos en el camino hacia una recuperación económica inclusiva y sostenible. Requerirá una retirada gradual prudente de las políticas de emergencia para reducir los riesgos de sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se protejan la incipiente recuperación y el tejido social. Será necesario acceder a nuevos préstamos multilaterales y a financiamiento del mercado para satisfacer las considerables necesidades de financiamiento a mediano plazo.
Este artículo se basa en el trabajo conjunto de los equipos de países del FMI que trabajan en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana.
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