Washington, DC:
En respuesta a una solicitud de las autoridades costarricenses, una misión
del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigida por la Sra. Manuela
Goretti, celebró reuniones virtuales del 11 al 21 de enero en las que se
abordaron dos tareas: analizar el apoyo financiero del FMI al programa de
reforma económica formulado por las autoridades para promover una
recuperación sólida y sostenible tras la pandemia, y llevar a cabo la
Consulta del Artículo IV correspondiente a 2021. Al término de la misión
virtual, la Sra. Goretti emitió la siguiente declaración:
«Me complace anunciar que las autoridades costarricenses y el equipo de la
misión del FMI han llegado a un acuerdo a nivel del personal técnico en
torno a políticas y reformas de carácter económico y estructural que
servirán como base para un acuerdo de tres años en el marco del Servicio
Ampliado del FMI (SAF) por un monto de aproximadamente USD 1.750 millones.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de la gerencia del FMI y del
Directorio Ejecutivo de la institución, previstos para las próximas
semanas. El programa apoyará los planes de reforma fiscal con los que las
autoridades pretenden generar gradualmente un superávit primario y situar
la deuda pública en una trayectoria descendente, además de abordar las
necesidades inmediatas de financiamiento y sentar las bases para una
recuperación sólida, duradera e inclusiva. Se espera asimismo que el
acuerdo catalice apoyo financiero adicional de entidades bilaterales y
multilaterales.
«Al igual que todos los países de la región, Costa Rica se ha visto
gravemente afectada por la pandemia de COVID-19, a pesar de la respuesta
proactiva del gobierno y del sólido sistema nacional de salud universal. La
pandemia ha tenido un fuerte impacto socioeconómico, que ha agudizado
desequilibrios preexistentes y ha fragilizado aún más las perspectivas
económicas, dando lugar a una disminución de la actividad económica y a un
aumento del desempleo, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes. La
inmediata y amplia respuesta de las autoridades ha ayudado a evitar una
crisis más profunda, pero se prevé que la recuperación tomará tiempo, y se
estima que la economía crezca 2,6% en 2021, tras haber registrado una
contracción en 2020. Además, el shock ha socavado aún más la posición
fiscal del país, lo cual ha dificultado el logro de los resultados
previstos de la amplia reforma fiscal emprendida a finales de 2018 y ha
generado una importante brecha de financiamiento. El financiamiento de
emergencia proporcionado por el FMI mediante el Instrumento de
Financiamiento Rápido (IFR) —ratificado por la Asamblea Legislativa de
Costa Rica en agosto de 2020— aportó los recursos que tanto se necesitaban
para ayudar a mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia, y además
ayudó a catalizar el apoyo financiero de otros socios oficiales. No
obstante, las necesidades de financiamiento siguen siendo considerables a
mediano plazo.
«Además de apoyar la recuperación tras la pandemia, el programa adoptado
por el país y respaldado por el FMI también busca alcanzar la estabilidad
macroeconómica e impulsar una serie de reformas que propicien un
crecimiento vigoroso, duradero e inclusivo en Costa Rica. Las iniciativas
de reforma de las autoridades se asentarán sobre tres pilares
fundamentales: i) ejecutar reformas fiscales equitativas para garantizar la
sostenibilidad de la deuda, sin dejar de proteger a los sectores pobres y
más vulnerables; ii) preservar la estabilidad monetaria y financiera, al
tiempo que se siguen fortaleciendo la autonomía y gobernanza del Banco
Central y abordando vulnerabilidades financieras estructurales; y iii)
impulsar reformas estructurales a favor de la inclusión, y a la vez
estimular la productividad de la mano de obra, en el marco del firme
compromiso del gobierno para combatir el cambio climático.
«Conforme cede la pandemia y se afianza la recuperación económica, y sobre
la base de un diálogo social con diversos sectores y la reforma fiscal de
2018, el gobierno está adoptando medidas para lograr un superávit primario
de 1% del PIB en 2023 y situar la deuda pública en una trayectoria
descendente. La consolidación fiscal estará impulsada por una combinación
equilibrada de medidas para racionalizar el gasto —en función de la regla
fiscal— y para movilizar ingresos de forma equitativa, manteniendo un
margen que permita destinar en 2021 un adecuado nivel de gasto a cuestiones
relacionadas con la pandemia, y sin dejar de brindar apoyo a los más
vulnerables. Los esfuerzos que el gobierno está realizando para mejorar la
cobertura y focalización de los programas de asistencia social pueden
ayudar a limitar las secuelas económicas de la crisis de la COVID-19 y,
junto con las reformas previstas en el Proyecto de Ley de Empleo Público
que se está debatiendo, también pueden mejorar la equidad y eficiencia del
gasto público.
«La orientación de la política monetaria del Banco Central de Costa Rica
(BCCR) sigue siendo adecuadamente acomodaticia y ha de seguir basándose en
datos y ser de carácter prospectivo. En respuesta a la crisis, el BCCR
redujo la tasa de interés de política monetaria y adoptó otras medidas, en
consonancia con sus regímenes de metas de inflación y de tipo de cambio
flexible, y ha comunicado sus decisiones de forma adecuada y transparente.
Desarrollar más ampliamente el mercado cambiario ayudará a facilitar una
gestión eficaz del riesgo y a promover la intermediación en colones, en
tanto que los planes para seguir afianzando la ley del Banco Central
durante el período del programa reforzarán aún más la autonomía operativa y
la gestión de gobernanza del BCCR.
«Las autoridades adoptaron rápidamente medidas contundentes para apoyar al
sector financiero frente al shock de la COVID-19, y han proporcionado
alivio para los créditos de las empresas y los hogares afectados. Estas
medidas siguen siendo temporales, transparentes y están bien focalizadas, y
algunas de ellas están siendo replegadas gradualmente conforme mejoran las
condiciones. Si bien el sistema financiero parece ser resistente a diversos
shocks, las autoridades han intensificado el seguimiento y la supervisión
de las carteras de crédito, dada la importante proporción de préstamos
reestructurados y el alto grado de incertidumbre en torno a la crisis, a
fin de garantizar que los bancos sigan estando debidamente capitalizados.
Para afianzar aún más la estabilidad financiera habría que seguir
fortaleciendo tanto los marcos regulatorios y de supervisión como la red de
protección financiera, y promover una mayor inclusión financiera.
«Un programa estructural de gran alcance destinado a elevar el crecimiento
potencial y abordar la desigualdad dependerá de que se mejore la educación,
se impulse la innovación, se reduzcan los trámites burocráticos y se
aproveche más a fondo la digitalización. Promover la formalización, por
ejemplo mediante iniciativas reforzadas para fomentar la participación de
la mujer en la fuerza laboral, también ayudaría a elevar ampliamente la
productividad y los niveles de vida.
Por último, los encomiables esfuerzos de Costa Rica para incrementar aún
más la resiliencia al cambio climático y descarbonizar totalmente la
economía hacen del país un pionero a escala mundial, y ayudarán a generar
nuevas y sostenibles oportunidades económicas y de crecimiento.
«El equipo del FMI desea agradecer a las autoridades de Costa Rica y a
otros interlocutores por los diálogos francos y constructivos que se
entablaron».
