Washington, DC:
Evolución reciente, perspectivas y riesgos
1.
La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente al Perú en
2020.
Al inicio de la pandemia, la capacidad limitada del
sistema de salud obligó a las autoridades a imponer medidas muy
rigurosas de confinamiento. Debido a la gran cantidad de sectores de
contacto intensivo y la capacidad limitada de teletrabajo, las medidas
de contención del virus frenaron la economía, causando una profunda
recesión a pesar de las fuertes políticas de estímulo. Sin embargo, las
medidas tomadas no pudieron detener la expansión de los contagios.
Esto, sumado a las debilidades del sistema de salud, provocó un grave
aumento de la tasa de mortalidad, una de las más altas del mundo.
2.
La amplia respuesta de la política fiscal fue fundamental para
limitar el impacto de la pandemia.
El paquete de políticas incluyó medidas de apoyo directo al sistema de
salud, los hogares y las empresas; así como un programa de garantías de
crédito de gran envergadura para promover los préstamos a empresas ( Reactiva Perú). Este último tuvo mucho éxito en brindar ayuda
a numerosas empresas, incluidas las pequeñas. Sin embargo, el apoyo a
los ingresos de los hogares fue limitado y su entrega se vio
obstaculizada inicialmente por problemas administrativos. Otras
medidas, como la autorización para efectuar retiros de las cuentas de
fondos privados de pensiones, no fueron tan efectivas en aliviar a los
grupos más vulnerables y, al mismo tiempo, comprometieron la integridad
del sistema de pensiones.
3.
Una política ágil de expansión monetaria ayudó a estabilizar los
mercados financieros.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo la tasa de
referencia a un mínimo sin precedentes e inyectó abundante liquidez,
principalmente mediante la implementación de operaciones de recompra de
instrumentos de crédito con garantía en el marco del programa Reactiva
Perú, ampliando el importe y el vencimiento de las operaciones de
recompra de títulos valores y divisas, promoviendo la reprogramación de
créditos a través de operaciones de recompra y reduciendo el encaje
legal. Asimismo, el BCRP proporcionó liquidez en moneda extranjera
durante períodos de tensión y cerró un acuerdo con el Banco de la
Reserva Federal de Nueva York para acceder a un acuerdo de recompra de
dólares. Junto con la aprobación de una Línea de Crédito Flexible del
FMI en mayo, estas medidas llevaron tranquilidad a los mercados,
limitando el aumento de los diferenciales de riesgo y la depreciación
del tipo de cambio.
4.
Actualmente el Perú atraviesa una segunda ola de la pandemia, que
probablemente desacelere la recuperación económica.
Las infecciones comenzaron a aumentar nuevamente en enero de 2021 y la
cantidad de fallecimientos adicionales subió a niveles no vistos desde
mayo de 2020. La capacidad del sistema de salud está volviendo a
saturarse y las autoridades están tomando medidas específicas para
contener las infecciones con un impacto más limitado de la actividad
económica. Si la emergencia sanitaria logra
controlarse hacia finales de marzo, las restricciones podrían volver a
flexibilizarse gradualmente en el segundo trimestre y la actividad
económica podría recobrar dinamismo impulsado por la demanda interna,
en un contexto de términos de intercambio históricamente favorables.
Con estos supuestos, el crecimiento del PIB alcanzaría 8,5 por ciento
en 2021. La crisis está causando daños considerables y la producción
probablemente recobre los niveles anteriores a la pandemia en 2022. Se
espera que la brecha negativa del producto continúe siendo
significativa y frene las presiones inflacionarias.
Tras un leve superávit en 2020, se proyecta que el saldo en la cuenta
corriente vuelva a ser deficitario: 1,6 por ciento del PIB a mediano
plazo.
5.
El panorama es muy incierto y prevalecen los riesgos de
contracción, pero el país cuenta con amplios amortiguadores.
La segunda ola de la pandemia podría ser más aguda y más prolongada de
lo esperado, debido a la persistente debilidad del sistema de salud y a
las demoras en los planes de vacunación, lo que exige medidas de
contención más amplias y rigurosas. La incertidumbre política y la
inestabilidad social podrían frenar la inversión; y existe el riesgo de
cambios institucionales que debiliten la efectividad de las políticas,
lo cual tendría consecuencias importantes a mediano plazo. En el frente
externo, los principales riesgos incluyen una reversión global de la
integración comercial, un cambio repentino en la confianza de los
inversionistas extranjeros y el agravamiento de los desastres naturales
en el mediano plazo a causa del cambio climático. Los riesgos al alza
incluyen un aumento significativo de la ejecución de la inversión
pública. El Perú tiene amplios amortiguadores para mitigar estos
riesgos; entre ellos un alto nivel de reservas internacionales (más del
37 por ciento del PIB), una deuda pública baja, acceso a la Línea de
Crédito Flexible de dos años acordada con el FMI y otras fuentes de
financiamiento, además de un sector financiero sólido.
Recomendaciones en materia de políticas macroeconómicas
El aumento de los riesgos sanitarios y la menor actividad económica
exigen políticas macroeconómicas de apoyo. Al hacer uso del amplio
espacio fiscal disponible, la política fiscal debería responder a
la nueva emergencia sanitaria y continuar respaldando los ingresos
de los hogares para reducir la pobreza y protegerse de los riesgos
a la baja del crecimiento. En ausencia de presiones inflacionarias,
las condiciones monetarias deberían seguir siendo expansivas. Las
reformas estructurales deben enfocarse en las debilidades que ha
expuesto la pandemia, con énfasis en políticas que aumenten la
productividad, mejoren la gestión de gobierno y fortalezcan la red
de seguridad social.
Política fiscal
6.
Pese a haberse deteriorado en 2020, la posición fiscal sigue siendo
sólida.
Se prevé que el déficit fiscal disminuya de 9 por ciento del PIB a 5,2
por ciento del PIB en 2021. La deuda pública alcanzaría un pico de
aproximadamente 38 por ciento del PIB en 2025, para luego descender a
tasa constante hacia el límite legal de 30 por ciento del PIB. Los
indicadores de deuda bruta y carga de deuda se sitúan muy por debajo de
los indicadores de referencia para las economías emergentes y se espera
que sigan siendo sostenibles bajo choques convencionales. El país tiene
un amplio acceso al mercado, como quedó evidenciado con la emisión de
bonos a 100 años en noviembre. Según indicadores convencionales, Perú
tiene espacio para proporcionar un mayor apoyo fiscal.
7.
Debido al considerable espacio fiscal, deben mantenerse las
políticas de apoyo hasta que la pandemia esté totalmente bajo
control y la recuperación económica se consolide.
En vista de la segunda ola de la pandemia y de los grandes riesgos a la
baja en torno a las perspectivas, no se recomienda un retiro prematuro
del estímulo fiscal. Más aún, se necesita ayuda adicional para los
hogares a fin de aliviar el impacto de la pandemia en la mayoría de los
grupos vulnerables. Según las estimaciones preliminares del Banco
Mundial, la pobreza aumentó significativamente en 2020. Una tercera
ronda del Bono Universal ayudaría a reducir la pobreza a los niveles
anteriores a la pandemia. Más aún, el gobierno debe preparar medidas de
contingencia ante una materialización de los posibles riesgos a la
baja. Estas medidas incluyen una mayor aceleración en la ejecución de
las inversiones públicas que contribuyeron en gran medida a la
recuperación de la actividad económica en el segundo semestre de 2020.
En particular, las autoridades deben concluir lo antes posible los
proyectos especiales iniciados en el sector de salud. Podrían
considerarse vehículos similares para la inversión en agua, sanidad y
vivienda.
8.
El anclaje de la política fiscal a un marco de mediano plazo viable
sigue siendo fundamental.
Tras la suspensión de las reglas fiscales en 2020-21, volver a
converger hacia los objetivos llevará tiempo en un contexto que
inicialmente estará signado por una incertidumbre extrema. Será
fundamental contar con un nuevo Marco Macroeconómico Multianual (MMM)
basado en proyecciones conservadoras de crecimiento y apoyado por
medidas adecuadas a fin de guiar la adaptación del presupuesto de 2022.
El nuevo MMM debe también identificar medidas de contingencia en
función del análisis de los riesgos. La pandemia ha puesto de
manifiesto las necesidades de gasto a mediano plazo en varias áreas,
como la salud, la red de seguridad social, el sistema de pensiones y la
infraestructura digital y de otros tipos. En este sentido, será
importante cerrar la brecha de ingresos de 0,7 por ciento del PIB,
identificada en el reciente informe preelectoral, mediante la
definición de medidas específicas de política tributaria,
administración de ingresos públicos y racionalización del gasto.
Políticas monetaria y cambiaria
9.
Es necesario mantener el apoyo monetario.
En la orientación prospectiva dada a conocer en diciembre, el BCRP ha
recalcado que las condiciones de relajación monetaria probablemente
continúen durante un período prolongado. En ausencia de presiones
inflacionarias, una expansión monetaria continuada facilitaría el
restablecimiento gradual de la normalidad a medida que se disipa el
impacto de las medidas extraordinarias tomadas en 2020. Asimismo, el
BCRP ha creado nuevos acuerdos de recompra de títulos que dependen de
la ampliación de los préstamos a largo plazo, lo que puede potenciar el
mecanismo de transmisión de la política monetaria y permitir, de ser
necesario, una mayor relajación de las condiciones monetarias.
10.
El banco central continuará moderando el exceso de liquidez en
los mercados cambiarios, pero probablemente la necesidad de
intervención disminuya en el mediano plazo.
El BCRP, que cuenta con reservas adecuadas para fines preventivos,
ha intervenido como comprador y vendedor en el mercado cambiario
desde comienzos de la pandemia, sin impedir que se depreciara el
tipo de cambio, pero contribuyendo a reducir su volatilidad en
comparación con países de la región similares al Perú. Con la
continua disminución de la dolarización, la necesidad de
intervención cambiaria también se ha reducido, dejando margen para
que el tipo de cambio cumpla la función de amortiguación de choques
y los mercados financieros puedan seguir desarrollándose.
Políticas del sector financiero
11.
Las autoridades han dado pasos significativos para fortalecer la
supervisión financiera, pero las vulnerabilidades han aumentado en
algunos segmentos.
Las reformas implementadas total o parcialmente incluyen la ampliación
de la supervisión de las cooperativas financieras por parte de la
Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS), el seguimiento de las
exposiciones extracontables de los bancos, la introducción de nuevas
herramientas de seguimiento de riesgos, la implementación de la
supervisión basada en el riesgo para todas las aseguradoras y
corredores, el fortalecimiento de la preparación para las crisis y su
gestión, y mejoras en el marco de la provisión de liquidez de
emergencia. Se vienen preparando varias medidas, especialmente mayores
requerimientos de capital para bancos de importancia sistémica, mayor
supervisión de los grupos financieros y requisitos para el programa de
recuperación y resolución de bancos y grupos financieros nacionales de
importancia sistémica. Las pruebas de estrés agregadas ( top-down) muestran un sistema financiero resiliente con
problemas de solvencia limitados, incluso en escenarios adversos. No
obstante, se prevé que las tasas de incumplimiento crezcan
significativamente en el sector microfinanciero. Pese a haberse
debilitado en 2020, los resultados del sector corporativo del Perú en
2020 se han mantenido robustos, en particular en relación con las
tendencias regionales y mundiales.
12.
Las políticas macroprudenciales podrían comenzar a inducir a los
bancos poner mayor énfasis en la viabilidad de los clientes.
Al inicio de la pandemia, la SBS redujo los amortiguadores de capital
contracíclicos de las instituciones financieras y les permitió adecuar
los términos y condiciones de los préstamos a hogares y empresas sin
modificar la clasificación de los préstamos. Si se tiene en cuenta el
ciclo de crédito y las vulnerabilidades financieras, las políticas
macroprudenciales podrían comenzar a alentar a los bancos a centrarse
en la viabilidad de las empresas y dirigir recursos hacia empresas
viables que carezcan de liquidez. En el caso de empresas inviables, se
necesitarán marcos efectivos de resolución quiebras. En este sentido,
las autoridades deben procurar reducir los procedimientos
administrativos y promover las reestructuraciones extrajudiciales.
Reformas estructurales
13.
Las prioridades en el programa de reformas deben tener en cuenta
las importantes fragilidades estructurales que han quedado
expuestas por la pandemia.
Las debilidades en el sector de la salud contribuyeron a una alta
letalidad, lo que hizo necesario tomar medidas de contención más
rigurosas que afectaron gravemente al crecimiento económico. La
pobreza, la baja inclusión financiera, el alto grado de informalidad y
la inestabilidad política menoscabaron los esfuerzos de las autoridades
para llevar alivio a los hogares y frenar los contagios. El bajo grado
de digitalización, sumado a la gran proporción de sectores de contacto
intensivo y la capacidad limitada de teletrabajo, agravó el impacto
económico del confinamiento. En este contexto, una estrategia de
múltiples frentes para resolver estas fragilidades debe enfocarse en:
a)
Aumentar la productividad,
incluso mejorando la salud y la educación, potenciando la
infraestructura, facilitando la redistribución de la mano de obra y
mejorando el clima de negocios, en línea con el Plan Nacional de
Competitividad y Productividad lanzado en 2019. Si bien la nueva ley de
promoción agrícola y sus reglamentos eliminan gradualmente los
incentivos fiscales para crear igualdad de condiciones, deben preservar
la flexibilidad de los contratos de trabajo, que ha sido un elemento
fundamental del éxito del sector agroexportador.
b)
Aumentar la protección social al tiempo que se reducen los
incentivos a la informalidad
creados por el sistema de beneficios tributarios. La inversión en
salud, educación y seguridad social adecuada, incluido el sistema de
pensiones, es fundamental, pero la adopción de un sistema de salud
universal debe estar acompañada de medidas que reduzcan su impacto
adverso en los incentivos.
c)
Fortalecer la gestión de gobierno
. Mayor transparencia en el sector público, incluso a nivel local, y la
aplicación de políticas anticorrupción, mejorarían el clima de
negocios. En este sentido, sería importante que las Oficinas de
Integridad Institucional recientemente creadas cuenten con recursos
suficientes y capacitación adecuada.
El equipo de la misión desea agradecer a las autoridades por su
generosa hospitalidad y por el diálogo franco y constructivo que
tuvo lugar entre el 18 y el 29 de enero de 2021.