Washington, DC: El Directorio
Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el día de hoy la
séptima revisión del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del
FMI (SAF) para Argentina. La decisión del Directorio hace posible un
desembolso inmediato de aproximadamente USD 4.700 millones (o DEG 3.500
millones) para atendar las necesidades de balanza de pagos y apoyar las
medidas en marcha y los firmes compromisos de las autoridades para
restablecer la estabilidad macroeconómica. Con esto, los desembolsos
totales en el marco del acuerdo ascienden a aproximadamente USD 40.600
millones[1].
Al concluir la revisión, el Directorio Ejecutivo determinó que las metas
clave del programa previstas para fines de diciembre de 2023 no se habían
alcanzado por amplios márgenes debido a graves desvíos de la política
económica, razón por la cual fue necesario aprobar dispensas por
incumplimiento. Además, el Directorio aprobó dispensas por incumplimiento
relacionadas con la adopción de medidas temporales que dieron lugar a la
introducción o intensificación de restricciones cambiarias y prácticas de
tipos de cambio múltiples. Las metas del programa fueron modificadas en
función de los ambiciosos planes adoptados para volver a encarrilar el
programa y restaurar la estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo
protegiendo a los más vulnerables. El Directorio también aprobó prorrogar
el acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2024 y recalibrar los desembolsos
previstos dentro de la dotación de recursos del programa vigente.
Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo, la Directora
Gerente y Presidenta del Directorio, Kristalina Georgieva, realizó la
siguiente declaración:
“Tras la finalización de las últimas revisiones, los grandes desequilibrios
y distorsiones de Argentina se agudizaron y el programa se desvió
significativamente, lo que refleja las políticas inconsistentes del
gobierno anterior. En medio de esta difícil herencia (inflación elevada y
creciente, reservas agotadas y altos niveles de pobreza), la nueva
administración está tomando medidas audaces para restaurar la estabilidad
macroeconómica y comenzar a resolver los impedimentos de larga data al
crecimiento. Estas medidas iniciales evitaron una crisis de balanza de
pagos, aunque el camino hacia la estabilización será desafiante.
“El ambicioso plan de estabilización acordado se centra en el
establecimiento de un ancla fiscal fuerte que ponga fin a todo
financiamiento del gobierno por parte del banco central. El logro de un
superávit fiscal primario de alrededor del 2 por ciento del PIB este año se
sustentará en una combinación de impuestos temporales relacionados con las
importaciones y el fortalecimiento de los impuestos a los combustibles,
junto con esfuerzos para racionalizar los subsidios a la energía y el
transporte, los costos administrativos y las políticas de menor prioridad
de gastos discrecionales. También se está reforzando la asistencia social
para apoyar a los más vulnerables y salvaguardar el valor real de las
pensiones. Con el tiempo, se prevén medidas fiscales de mayor calidad para
lograr mejoras estructurales en los ingresos y el gasto y asegurar la
consolidación y una distribución más equitativa de la carga.
“Tras el realineamiento del tipo de cambio, la política cambiaria debería
continuar asegurando los objetivos de acumulación de reservas. Se están
tomando medidas importantes para resolver el desproporcionado saldo de
deuda comercial y crear un sistema de importaciones más transparente y
basado en reglas. Además, las autoridades se han comprometido a eliminar en
el corto plazo las restantes restricciones cambiarias distorsivas y las
prácticas monetarias múltiples, y a desarrollar planes para desmantelar
gradualmente las medidas de gestión de los flujos de capital, según lo
permitan las condiciones.
“La orientación de la política monetaria debería evolucionar para respaldar
la demanda de dinero y la desinflación, mientras que el marco y las
operaciones de la política monetaria se ajustarán para fortalecer su papel
de ancla. Seguir fortaleciendo el balance del banco central sigue siendo
una prioridad.
“Se están realizando esfuerzos para corregir grandes y extensos desajustes
de precios relativos, reformar el sector energético y crear una economía
más simple, basada en reglas y orientada al mercado. Se están abordando las
barreras al crecimiento, el empleo formal y el comercio, mientras se prevé
un marco regulatorio más predecible para impulsar la inversión y liberar el
potencial energético y minero de Argentina.
“Será esencial una formulación de políticas ágil y planificación de
contingencias, y es posible que se necesiten medidas adicionales para
asegurar los objetivos del programa y restaurar la estabilidad de manera
duradera. Sigue siendo imprescindible una comunicación clara y una
asistencia social bien orientada, así como esfuerzos continuos para generar
apoyo social y político para el programa”.
[1]
El acuerdo de 30 meses a favor de Argentina en el marco del SAF, por
un monto de DEG 31.914 millones (equivalentes a USD 44.000 millones,
o aproximadamente 1000% de la cuota), fue aprobado el 25 de marzo
de 2022 (véase el Comunicado de Prensa No. 22/89).